Chiapas: Denuncias por intimidación y por proyecto contaminante en el municipio de Tila

Placas del PUDEE en Jolnixtie © SIPAZ

El 24 de junio, fue difundida una denuncia pública de los representantes de la organización Kichán Kichañob sobre las altas tarifas de energía eléctrica que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) así como sobre las amenazas de la CFE de cortarles el servicio. Por su parte, representantes de la organización Pueblos Unidos en la Defensa de la Energía Eléctrica (PUDEE) y autoridades ejidales de la comunidad Jolnixtie 1a Sección, en una denuncia pública fechada el día 30 de junio, alertan sobre el proyecto de drenaje y captación de aguas negras al aire libre, mismo que tendría como efecto que ya no se podría usar el agua para uso humano, entre otros.

Según la denuncia de los representantes de Kichán Kichañob, en las comunidades de Limar, Nuevo Limar, Usipá, Cruz Palenque y Jol-Ako, todas en la zona baja del municipio de Tila, la CFE está cobrando tarifas altas que no corresponden al consumo de la población. Comentan que la CFE “al no pagar ya nos intimidan” con la fuerza pública y amenazas de cortes masivos. Los representantes de la organización exigen respeto a su “derecho de estar en la resistencia de no pago por la razón de las altas tarifas”.

En Jolnixtie 1a Sección, otra comunidad de la zona baja del municipio de Tila, los representantes del PUDEE y autoridades ejidales, denuncian el proyecto de construcción de drenaje con captación de aguas negras al aire libre en la comunidad vecina de Libertad Jolnixtie 2a Sección, que contaminaría el arroyo que pasa por Jolnixtie 1a Sección, “afectando y contaminando kilómetros de ríos, arroyos manantiales y mantos acuíferos, que provocará contaminación al medio ambiente, y afectar[ía] los diversos especies de planta y animales que ya están en peligros de extinción, de igual manera dejaremos de utilizar nuestras aguas para preparar nuestros alimentos, lavar la ropa, utilizar para bañarse, que se verá afectadas mas de mil familias, entre ellas las escuelas de nivel básico (preescolar, primaria)“. Explican que este proyecto del actual presidente municipal de Tila, Limber Gutiérrez Gómez, tiene el respaldo de las autoridades ejidales de Libertad Jolnixtie 2a Sección, además de personas que ellos identifican como parte de la organización de corte paramilitar “Paz y Justicia”, vinculados al Partido de la Revolución Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM). “[L]a construcción afectará un predio de una hectárea de terreno cultivado propiedad del Sr. Francisco García Hernández, [al que] llegaron estos grupos paramilitares a limpiar sin respeto y autorización del propietario, dejaron tirado árboles frutales y maderales que tenia sembrado. Insultaron y amenazaron de expulsar en la comunidad si no dejará de construir en su terreno”. Los ejidatarios exigen a las autoridades competentes que cancelen la obra, además alegan que no fueron consultadas sobre dicho proyecto, lo que contraviene lo definido en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la misma materia.

Para más información:

Denuncia completa de los representantes de Kichán Kichañob

Denuncia completa de representantes del PUDEE y autoridades ejidales de Jolnixtie 1a Sección

Cuarto Poder: Señalan intimidaciones por parte de CFE; choles en “resistencia”

Cuarto Poder: Sistema de drenaje vs. medio ambiente, dicen

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México: Liberación de los doce presos de Atenco

El 30 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de los 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, que enfrentaban penas de 31 a 112 años de prisión, por el secuestro de policías en mayo de 2006 durante las protestas por un desalojo de vendedores de flores en el Estado de México.

La decisión de la Corte fue tomada por considerar que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) fincó las acusaciones contra los detenidos a partir de premisas falsas y endebles, además de que utilizó pruebas ilícitas para imputarles el delito de secuestro equiparado. Incluso, el ministro Juan Silva Meza afirmó que las sentencias se podían considerar “como una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social, como una forma de castigar el ser oposición”.

En el caso de nueve de los pobladores de Atenco recluidos en el penal estatal de Molino de Las Flores, con penas menores, la liberación fue inmediata. A cambio en el caso de los tres líderes recluidos en el penal federal del Altiplano, el 1ero de julio, la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) informó que Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, permanecerían en prisión al enfrentar todavía cuatro procesos penales más por los delitos de robo agravado, lesiones y daño en los bienes públicos, despojo, y ataques a las vías de comunicación y medios de transporte.

Finalmente fueron liberados llegando a Atenco el 2 de julio, donde unas 500 personas esperaban su llegada acompañados de los otros nueve integrantes del FPDT liberados desde el 30. No asistió la hija de Ignacio del Valle, América del Valle, quien apenas el pasado 24 de junio acudió a la embajada de Venezuela para solicitar asilo político por las dos órdenes de aprensión en su contra por los mismos hechos de 2006.

El gobernador Enrique Peña Nieto dijo que su administración tendrá “absoluto respeto” con la resolución de la Corte de liberar a los presos de Atenco. En entrevista posterior, rechazó que se tratara de un revés para su gobierno y agregó que el interés “no era otro sino el restablecimiento del orden y la paz… y por eso las sanciones a quienes participaron en términos de ley y conforme a la ley se actuó, y conforme a la ley se sancionó”.

Por otro lado, Amnistía Internacional (AI) exigió que se investigara a fondo a los funcionarios que participaron en las indagatorias relacionadas con el caso Atenco, al quedar en evidencia, con la resolución de la Corte, que usaron de manera indebida el sistema de justicia y con ello provocaron la violación del debido proceso de los 12 detenidos por esos hechos.

Para más información

Liberan a los doce presos atenquenses (La Jornada, 1 de julio)

Corte ordena libertad para presos de Atenco (El Universal, 2 de julio)

Continuarán presos tres líderes de Atenco: SSP (Proceso, 1 de julio)

Castigo a funcionarios por caso Atenco, exige AI (Proceso, 1ero de julio)

Reciben en Atenco a los líderes excarcelados del FPDT (La Jornada, 2 de julio)

Para más información de SIPAZ:

Ciudad de México: Arranca segunda fase de la Campaña “Primero Nuestros Presos y Presas” (13 de Mayo de 2010)

Atenco: a 4 años de la represión en San Salvador Atenco (6 de mayo de 2010)

Guerrero: Breves – CECOP recibe medidas cautelares; Informe sobre derechos humanos; Organizaciones civiles siguen pidiendo liberación de Raúl Hernández

El 1ero de julio, se llevó a cabo la primera audiencia ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del juicio de nulidad que los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP) interpusieron. Piden la anulación de la asamblea que el 28 de abril de este año aprobó la expropiación de mil 300 hectáreas para trabajos relacionados con la construcción de la presa La Parota. El TUA otorgó medidas cautelares que impiden iniciar trabajos relacionado a dicho proyecto hidroeléctrico.

El mismo 1ero de julio, un informe sobre la situación de los derechos humanos en Guerrero fue presentado públicamente en Chilpancingo. Organizaciones civiles denunciaron nuevas amenazas contra defensores de derechos humanos ante organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH). El presidente del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, mencionó que en Guerrero 178 defensores de derechos humanos han recibido medidas cautelares, reflejando la situación crítica en la que se encuentran. Estuvieron presentes varias organizaciones como la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. A cambio, los funcionarios de gobierno que fueron invitados al evento no asistieron. Abel Barrera lamentó esta falta de diálogo del gobierno estatal con las organizaciones de la sociedad civil. En este marco, los presentes volvieron a exigir la liberación inmediata de Raúl Hernández, quien sigue preso en el cárcel de Ayutla a pesar de que ya se demostró su inocencia.

De hecho, el miércoles 30 de junio, Tlachinollan y la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) emitieron un comunicado conjunto, pidiendo a la Procuraduría Estatal de presentar conclusiones no acusatorias en el caso contra Raúl Hernández. El documento incluyó una Acción Urgente en la que las dos organizaciones pidieron enviar cartas a la Procuraduría Estatal de Guerrero con el fin de presionar hacia un fallo favorable para Hernández.

Para más información:

Concede el TUA medidas cautelares para impedir a la CFE construir La Parota (La Jornada, 2 de julio)

Concede el TUA medida cautelar para impedir a la CFE que inicie los trabajos de La Parota (Sur de Acapulco, 2 de julio)

Organizaciones: persisten amenazas contra defensores de garantías (La Jornada, 2 de julio)

Comunicado conjunto Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y OPIM: Demanda que la Procuraduría General de Justicia de Guerrero presente conclusiones no acusatorias (1ero de julio) – Incluye una Acción Urgente

Para más información de SIPAZ:

Guerrero – Breves: Detienen integrante del FODEG, Raúl Hernández recibe amenazas y anuncio de conmemoración masacre Aguas Blancas (25 de junio)

Chiapas: conflicto pre-electoral en Nachig, Zinacantán deja saldo de dos muertos

El 26 de junio, en la comunidad de Nachig, municipio de Zinacantán, cerca de San Cristóbal de Las Casas en los Altos de Chiapas, hechos violentos provocaron la muerte de dos personas, dos decenas de lesionados, 15 casas y unos 30 vehículos quemados. Detrás del conflicto se encuentra la disputa por la presidencia municipal con elecciones programadas para el próximo 4 de julio. A la fecha Zinacantán está gobernada por el PRD y Nachig es de las comunidades más grandes de este municipio.

El sábado 26 en la mañana, un acto proselitista del candidato a la presidencia municipal por el PRD, Domingo Hernández Peréz, derivó en un enfrentamiento con diversos objetos (supuestamente por parte del PRI) antes de convertirse en una agresión a balazos (presuntamente por parte del PRD). Murieron dos personas en los hechos: Martín López Sanchez (PRI) y Antonio Pérez López (PRD). Después de estos hechos, alrededor de mil 500 simpatizantes del PRI quemaron al menos 12 casas y 30 vehículos, y mantuvieron acordonado una casa en donde permanecían 57 simpatizantes del PRD, a quienes amenazaban con linchar. Cientos de policías tuvieron que intervenir para rescatarlos. La Procuraduría General de Justicia del Estado inició una averiguación previa por los delitos de Homicidio y Lesiones. Se detuvieron a 61 personas en calidad de presentadas, entre ellas José Pérez Conde, primo y asesor del alcalde perredista de Zinacantán, Antonio Conde Vázquez.

Dos días después, el PRD estatal emitió un comunicado asegurando que los hechos fueron provocados por los priistas y que la noche anterior el candidato a la presidencia municipal de su partido había denunciado que se preparaba una agresión en su contra. Los priístas reiteraron por su parte que fueron los perredistas quienes llegaron a provocar “porque saben que van a perder las elecciones del 4 de julio.”

El 1 de julio, perredistas de Zinacantán exigieron la liberación de 5 de sus simpatizantes, quienes siguen presos por presunta participación en los enfrentamientos en Nachig. También solicitaron a las autoridades brindar las condiciones de seguridad para el retorno de las más de 400 personas perredistas, quienes tras los enfrentamientos se vieron obligados a salir de la comunidad de Nachig, por haber recibido supuestas amenazas por parte de simpatizantes del PRI.

Para más información:

Tras duelo: 61 presentados (Cuarto Poder, 27 de junio)

La Jornada: Encendido clima electoral en Nachig (La Jornada, 28 de junio)

Exigen perrredistas la liberación de sus compañeros presos (Cuarto Poder, 2 de julio)

Chiapas: A 14 años de la desaparición forzada de Minerva Pérez Torres por paramilitares de Paz y Justicia

Don Sebastián Pérez, padre de Minerva © CDHFBC

El 20 de junio de 1996, fue víctima de desaparición forzada la joven Minerva Guadalupe Pérez Torres, originaria de Masojá Shucjá, municipio de Tila, delito por el que se encuentran señalados 30 integrantes del grupo de corte paramilitar Paz y Justicia en la comunidad Miguel Alemán. 14 años después, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC)  recordó ésta y otras desapariciones forzadas, señalando que el Estado no ha cumplido con la obligación de aclarecer estos crímenes, tipificados como de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional.

Según el boletín del CDHFBC, “[a] pesar de sus obligaciones, el Estado no ha cumplido y sigue negando la existencia de grupos paramilitares en Chiapas, lo cual contradice el contenido del informe Grupos Subversivos y Delictivos con presencia en Chiapas, con membrete de General de Gobierno del estado de Chiapas, de fecha 27 de mayo del 2009, donde aparece una ficha descriptiva del grupo paramilitar Paz y Justicia, sus vínculos con el Estado a través del Ejército Mexicano y el financiamiento con recursos públicos provenientes de del Campo y de Desarrollo Social de Chiapas. El informe evidencia porqué creó esos grupos y las relaciones con operadores políticos del Estado quienes han participado y participan con esa política en contra de los pueblos indígenas¹”.

¹Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Derechos Humanos en Chiapas, Frayba, Balance Anual 2009, véase en: http://www.frayba.org.mx/archivo/informes/100609_balance_anual_2009_digital.pdf

Para más información:

Boletín completo del CDHFBC (pdf) (23/06/2010)

Más información de SIPAZ:

Chiapas : conmemoración en memoria de las víctimas de Paz y Justicia en Masojá Shucjá (03/09/2009)

Chiapas: enfrentamiento en San Juan Cancuc deja 1 muerto

El 21 de junio, indígenas de la comunidad El Pozo, del municipio de San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, se enfrentaron, a balazos dejando un saldo de un muerto y 9 heridos (4 de balas). La confrontación se produjo cuando habitantes de El Pozo pretendieron suspender el suministro de agua potable y energía eléctrica a simpatizantes zapatistas, que se encuentran en resistencia por lo que se niegan a pagar esos servicios. En la agresión murió Sebastián Hernández Pérez, de 28 años.

El 23 de junio, la Junta de Buen Gobierno (JBG) Corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo, desde el caracol de Oventic, publicó un comunicado explicando: “no fue un enfrentamiento así como manipulan los diferentes medios de comunicación. Ni mucho menos fue una agresión provocada por los bases de apoyo zapatistas como acusan los medios de comunicación. Ante la agresión, los compañeros tuvieron que defenderse de alguna forma, utilizando sus últimos recursos para su legítima defensa”.

Detalló que el 21 de junio a las 10.30 horas aproximadamente los priístas y perredistas “se organizaron y se dividieron en cuatro grupos, cada uno de 60 personas con actitud agresiva y armados con machetes, piedras, palos, azadones, picos, palas y pinzas para cortar el servicio de luz y de agua a nueve familias bases de apoyo zapatista”. Reconocieron: “en esta agresión hubo un muerto de los agresores por lo que fue el que encabezaba la agresión. Nuestros bases de apoyo tuvieron que defenderse”. Comentaron también: “Cómo es posible que el mal gobierno actúe de esta manera, deteniendo a nuestros compañeros y están en calidad de presentados, mientras nuestras bases de apoyo fueron agredidos, golpeados y varios se encuentran gravemente heridos y otros lesionados.”

El 23 de Junio, la Procuraduría General de Justicia de Chiapas, informó que fueron detenidas tres personas involucradas en el enfrentamiento. Este mismo día, el presidente municipal de San Juan Cancuc, Cirilo Vázquez Cruz (del PRD), informó que presuntamente por temor a ser agredidas, 25 familias bases de apoyo abandonaron sus casas en las comunidad El Pozo. Aseguró que la situación en El Pozo es de tranquilidad, aunque todavía permanecen 15 agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) para resguardar el orden conjuntamente con la Policía Municipal.

Descartó que los hechos sangrientos del 21 de junio vayan a afectar las elecciones del 4 de julio, aunque, afirmó, “el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quiere utilizarlos diciendo que el abanderado de la alianza que encabeza el Partido de la Revolución Democrática (PRD) está apoyando a los zapatistas, pero la misma comunidad lo ha rechazado porque bien saben que los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional no tienen nada qué ver en la elección porque no son de partidos políticos”.

Para más información:

Reportan enfrentamiento en zona zapatista, dos muertos (La Jornada, 21 de junio)

Trifulca en Chiapas deja un muerto (El Universal, 21 de junio)

PGJ de Chiapas investiga choque entre grupos en San Juan Cancuc (Milenio, 21 de junio)

Consigna PGJE a tres implicados en homicidio de la comunidad “El Pozo”, San Juan Cancuc (Comunicado de la PGJE, 23 de junio)

Comunicado completo de la Junta de Buen Gobierno de Oventic (23 de junio)

JBG repudia ataque realizado en El Pozo (Cuarto Poder, 23 de junio)

En El Pozo sólo nos defendimos de una agresión, sostienen zapatistas (La Jornada, 24 de junio)

Bases zapatistas huyen por temor a violencia (La Jornada, 24 de junio)

Oaxaca: detención de religioso tras asesinatos de funcionarios príistas en San José el Progreso

Mina San José El Progreso (@elenemigocomun.net)

El pasado 19 de junio, se presentó un enfrentamiento entre las autoridades municipales y habitantes de las comunidades de San José del Progreso, El Cuajilote y Maguey Largo, en el municipio de San José del Progreso, Ocotlán, que resultó en la muerte de dos personas, incluyendo el presidente municipal príista, Óscar Venancio Martínez, y el regidor responsable de la salud, Félix Misael Hernández, más dos heridos y doce detenidos.  Martín Octavio García Ortiz, cura de la zona, fue también detenido cuando iba a celebrar misa en San José el Progreso y fue entregado a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que acusó al sacerdote de instigar los asesinatos cometidos el 19.

Habitantes de San José El Progreso se han organizando a través de de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Valle de Ocotlán en Defensa de la Naturaleza y la Autonomía Popular y se han manifestado en torno a la defensa de sus territorio y de sus recursos naturales, así como en contra de la explotación de la mina La Trinidad, propiedad de la empresa mexicana-canadiense Cuzcatlán.

La Comisión Diocesana de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (Barca) y la Iniciativa Ciudadana Oaxaca han condenado la emboscada que resultó en la detención de Martín Octavio García y han negado que tenga que ver con los homicidios.  En un comunicado emitido el mismo día 19, Barca contextualizó los hechos en el marco del conflicto que se ha vivido en la zona debido a las divisiones en torno a la cuestión de la explotación minera por parte de la empresa Cuzcatlán.  Barca destacó que dentro de este contexto se ha buscado señalar a Martín Octavio García por su apoyo a los procesos de oposición a la operación de la mina como “alborotador” y “agitador,” hasta se le ha acusado de tener vínculos con el Ejército Popular Revolucionario (EPR). José Luis Chávez Botello, arzobispo de Oaxaca-Antequera, ha declarado su apoyo a Octavio García, como lo han hecho varios representantes de la Iglesia Católica en el pasado frente llamados pidiendo su despido, y se ha comprometido a demostrar su inocencia en el presente caso.

Para más información:

Acción Urgente Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (19 de junio)

Alcalde de San José del Progreso muere en gresca con pobladores (La Jornada, 20 de junio)

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PGJE: hay 10 detenidos por emboscada a ediles (Universal, 21 de junio)

Ordenan arraigar a cura señalado por asesinato de edil y regidor oaxaqueños (La Jornada, 24 de junio)

Oaxaca: rechaza cura acusación de homicidio (La Jornada, 25 de junio)

Exigen la liberación inmediata del padre de San José del Progreso, Martín García Ortiz (ADN Sureste, 25 de junio)

Arzobispo pide indagar la verdad sobre acusaciones a párroco (Crónica de Hoy, 25 de junio)

Minerïa en Oaxaca: Raíz de la violencia (Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios)