Chiapas: Las Abejas indignadas por la liberación de 15 responsables de la masacre de Acteal

El viernes 22 de octubre, en el marco de la conmemoración mensual de la masacre de 1997, se llevó a cabo una conferencia de prensa de la asociación civil Las Abejas en Acteal. Durante la conferencia, el presidente de la mesa directiva de Las Abejas, José Alfredo Jiménez, dio a conocer un pronunciamiento de la asociación acerca de la liberación reciente de 15 personas que ratificaron fueron autores materiales de la masacre en Acteal del 22 de diciembre de 1997. La masacre dejó un total de 49 personas indígenas asesinadas, 4 de ellas aún no nacidas. Los liberados fueron beneficiados con la remisión parcial de la pena, y se les otorgó la libertad anticipada. El pronunciamiento de Las Abejas expresa su indignación por la decisión del “mal gobierno de Juan Sabines y Felipe Calderón” mencionando que: “está muy claro que les urge liberar a los autores materiales de la masacre, porque hay una preocupación y miedo de parte de los autores intelectuales que los paramilitares presos confiesen que la orden que recibieron de atacar y meter terror en las comunidades Abejas y zapatistas, venían desde el mal gobierno de Ernesto Zedillo, Emilio Chuayfet y sus cómplices”.

Con la liberación de 34 presos por los mismos hechos el año pasado, ya 49 personas fueron excarcelados del total de los más de 80 detenidos entre 1997 y 1998. Las Abejas denunciaron que estas excarcelaciones han implicado el regreso de varias de estas personas en Acteal o cerca de la comunidad, lo que ha significado el aumento del sentido de inseguridad de las y los sobrevivientes de la masacre. En el pronunciamiento Las Abejas comentaron: “Con esta situación no sabemos lo que nos puede pasar, porque les molesta que seguimos denunciando a los paramilitares y el mundo sabe que las armas que usaron en la masacre ahí están enterradas en las comunidades, porque el gobierno nunca hizo el desarme que tanto exigimos”.

Por su parte, el 21 de octubre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas  emitió un comunicado al respecto,  señalando la estrategia del gobierno de sepultar lo ocurrido en Acteal: “la protección del Estado mexicano hacia los perpetradores de la masacre es clara y contundente, ante la insistencia de sepultar los sucesos del 22 de diciembre de 1997, día en que se cometió este Crimen de Estado, y como consecuencia negar la acción paramilitar en las zonas de los Altos y Norte de Chiapas en el marco del Conflicto Armado Interno no Resuelto, donde la estrategia de contrainsurgencia quedó evidenciada ante estos hechos”. De igual manera, el Centro señaló la falta de voluntad de los funcionarios públicos de investigar los sucesos: “La protección se extiende en la nula investigación hacia los autores intelectuales de la masacre, todos funcionarios públicos de ese entonces: Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de la República; Emilio Chuayfett, Secretario de Gobernación; Mario Renán Castillo, Comandante de la Séptima Región Militar; Gral. Enrique Cervantes, Secretario de la Defensa Nacional; Julio Cesar Ruiz Ferro, Gobernador del Estado de Chiapas; Homero Tovilla Cristiani, Secretario de Gobierno del Estado de Chiapas; Uriel Jarquín Gálvez, Subsecretario de Gobierno del Estado de Chiapas; entre otros”.

Para más información:

Las Abejas de Acteal dan su palabra sobre recientes liberaciones de autores materiales de la masacre de Acteal (Las Abejas, 22 de octubre)

Excarcelan a 15 personas responsables materiales de la masacre de Acteal (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 21 de octubre)

Vídeo de la conferencia de prensa de Las Abejas: http://acteal.blogspot.com/

Llaman Las Abejas a evitar la liberación de más autores de la matanza en Acteal (La Jornada, 23 de octubre)

Critica Arizmendi la progresiva liberación de indígenas sentenciados por el caso de Acteal (Noticias México, 17 de octubre)

Logran liberación de 15 indígenas más (Cuarto Poder, 15 de octubre)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Jornada de Las Abejas por la justicia y la verdad (18 de agosto)

Boletín informativo especial sobre el Caso Acteal (30 de agosto 2009)

Chiapas: Comunicado de las Abejas de Actea en el marco de la conmemoración mensual de la masacre (25 de junio)

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Chiapas: sigue prevaleciendo la violencia en Mitzitón

Ejidatarios de Mitzitón, adherentes de la Otra Campaña, han seguido denunciando la tala de árboles, nuevas agresiones y “actos delictivos y de provocación” que atribuyen a seguidores de la organización evangélica Ejército de Dios. Incluso respondieron con su propia carta a la que envió el dirigente evangélico Esdras Alonso González hace un mes al secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora. En la misma, afirmaron que “autoridades y funcionarios tienen conocimiento de las amenazas de muerte, los secuestros, torturas, disparos al aire, el asesinato de Aurelio Díaz Hernández, intentos de violación a nuestras compañeras, cicatrizadas por las agresiones con armas blancas, la tala clandestina y el tráfico de personas que han llenado las manos de sangre y los bolsillos de dinero a los paramilitares del Ejército de Dios”.

Por otro lado, los ejidatarios levantaron una denuncia por la tala clandestina de árboles, razón por la cual el Ministerio Público llegó a Mitzitón el martes 19 de octubre a dar fe de ese delito. La asamblea ejidal explicó: “22 compañeros los acompañaron para que constaten lo ocurrido y con la intención de medir los troncos tumbados. Cuatro indígenas, que cuidaban sobre el camino el vehículo del MP, fueron agredidos por 10 paramilitares, que los golpearon salvajemente con la llave de rueda de la camioneta. Además, los amarraron, les pusieron una soga en el cuello como mostrando que los van a colgar y les robaron sus pertenencias. Al vehículo del MP le poncharon las cuatro llantas, con una piedra rompieron el tablero y lo desvalijaron por completo. Veinte minutos después, una comisión de ejidatarios acompañó al MP hasta las afueras de la zona militar de Rancho Nuevo, vecina de Mitzitón. Ahí llegaron los paramilitares y confundieron a dos soldados vestidos de civil con los del MP. Los golpearon, amarraron, y también les pusieron soga en el cuello”.

Dos camiones del Ejército con aproximadamente 24 efectivos lograron rescatar a los soldados. Los ejidatarios de Mitzitón adherentes a la Otra Campaña denunciaron: “Lo que vemos mal es que no rescataron a nuestros compañeros. Hemos escuchado al presidente Felipe Calderón en las noticias diciendo que el Ejército trabaja para nuestra seguridad y para terminar con la delincuencia organizada. Entonces ¿por qué no detuvieron a esos delincuentes que trafican con personas, talan madera, torturan, matan y tantas agresiones cometen? ¿Por qué no rescataron a nuestros compañeros, que su único delito es luchar por defender su tierra, su territorio, sus derechos, su vida y su dignidad?”

Para más información:

• Denuncia del Pueblo organizado de Mitzitón (13 de octubre de 2010)

• Pronunciamiento: Mitzitón denuncia hechos sucedidos en los últimos días (Pueblo Organizado de Mitzitón Adherente a La Otra Campaña. 21 de octubre de 2010)

• Adherentes de la Otra Campaña denuncian agresiones de paramilitares (La Jornada, 18 de octubre)
• Se agrava el conflicto en el ejido chiapaneco de Mitzitón (La Jornada, 19 de octubre)
• Indígenas envían misiva a Blake Mora para denunciar las agresiones de paramilitares (La Jornada, 20 de octubre)
• Evangélicos secuestran por error a dos soldados en Rancho Nuevo, Chiapas (La Jornada, 21 de octubre)

Para más información de SIPAZ:

– Chiapas: CDH Fray Bartolomé de Las Casas denuncia criminalización de su trabajo (7 de octubre de 2010)

– Chiapas: Nuevo choque en Mitzitón (8 de septiembre de 2010)

Chiapas: Aceptan indígenas tzeltales violadas por el Ejército Mexicano “reparación del daño” con condiciones

El 4 de junio de 1994, tres hermanas, de 12, 13 y 14 años de edad, fueron detenidas junto con su madre, Delia Pérez de González, por un grupo de militares en un retén del municipio de Altamirano. Fueron golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares mientras su madre fue torturada y obligada a presenciar la violación sexual cometida contra sus hijas.

El 30 de junio de 1994, las hermanas presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República que declinó su competencia y envió el expediente a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM). La Secretaría de la Defensa Nacional negó los hechos y se archivó el caso en 1996 bajo el argumeno que no se habían cumplido las diligencias necesarias para continuar con las investigaciones.

Dos años después el caso fue presentado ante la CIDH que lo admitió en noviembre de 1999. En abril de 2001 señaló al Estado mexicano como responsable y le recomendó que investigara los hechos completa, imparcial y efectivamente en la jurisdicción penal ordinaria mexicana (civil), para determinar la responsabilidad de los militares, así como la reparación del daño. Como explicó Mercedes Olivera Bustamante, fundadora y asesora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, en la conferencia de prensa, la CIHD no envió al Gobierno de México una orden sino una recomendación, ya que México aceptó la jurisdicción de la CIDH hasta 1998, dos años antes de haberse radicado la queja. Nueve años después, dicha recomendación no se ha cumplido.

Dieciséis años después después de los hechos, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, ofreció 500 mil pesos a cada una de las hermanas para reparar el daño, además de programas como seguro médico permanente, becas de estudio para sus hijos y otros proyectos.

Las hermanas González Pérez plantearon frente a esta propuesta “Aceptaremos esa propuesta como la única prueba que tenemos de que el gobierno mexicano reconoce públicamente su responsabilidad en la violación a nuestros cuerpos, a nuestros derechos y a nuestra dignidad. Sin embargo la condicionamos a que también se reconozcan los daños causados a nuestra madre”. Agregaron “ No aceptaremos estar presentes en ningún acto público para que el gobierno no use nuestra palabra a su favor. Tampoco aceptaremos los programas que ofrece porque no resuelven los problemas reales del pueblo, nosotras ya estamos organizadas en nuestras comunidades para resolverlos. (…) Exigimos y exigiremos siempre que se castigue a los militares que nos hicieron daño, que se investigue y se determine su responsabilidad por jueces del fuero común y no por militares, como hasta ahora se ha hecho. (…) Exigimos también la salida inmediata de los militares de nuestros pueblos y comunidades en Chiapas, porque siguen violando a las mujeres, traen prostitución, causan terror y daños a las personas”.

Concluyeron finalmente: “Ahora, como en 1994, condenamos fuertemente los actos cometidos por el Ejército en contra de nuestros cuerpos y nuestros corazones, cuando pasamos por el retén contrainsurgente en Altamirano, Chiapas. Estos actos, que violan nuestros derechos, demuestran la política de terror que ha usado el ejército en contra del pueblo chiapaneco, utilizando a las mujeres como objetivo de guerra. Por lo cual seguimos y seguiremos luchando en contra de todas las acciones del gobierno que quieren silenciar las justas demandas de nuestros compañeros y compañeras. No dejaremos de exigir que los actos del ejército en contra de los derechos de la población se juzguen por autoridades civiles, porque es la única forma en que reconocerán su culpabilidad. Exigimos que se les castigue como corresponde de acuerdo a la ley y ya no se encubra su culpa con el pretexto de proteger al país. Esto es necesario para evitar que el ejército siga violentando los derechos de nuestros pueblos  y su autonomía”.

Para más información:

– Comunicado de prensa (Carta firmada por las hermanas González Pérez y su madre, 20 de octubre de 2010)

– Indígenas aceptan oferta de gobierno (Cuarto Poder, 21 de octubre)

– La historia de tres niñas indígenas violadas por militares (Proceso, 20 de octubre de 2010)

– Sitio Web del Comité Hermanas Gónzalez Pérez: https://hermanasgonzalez.org/

México: Controvertida, la iniciativa de Calderón para reformar el fuero militar



El 18 de octubre, el presidente Felipe Calderón envió al Senado de la República una iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar que modificaría el fuero castrense de tal forma que los elementos de las Fuerzas Armadas que cometen los delitos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, serían juzgados en tribunales civiles. Organizaciones de derechos humanos criticaron la iniciativa como insuficiente, pues no acabaría con la impunidad prevaleciente en lo que se refiere a violaciones cometidas por las fuerzas armadas, además de dejar fuera otros tipos de violaciones a derechos humanos.

La iniciativa del Ejecutivo federal contempla que la persecución de los delitos de tortura, violación y desaparición forzada esté a cargo del Ministerio Público federal. Para su investigación, se crearía la Policía Ministerial Militar, subordinada y bajo el mando de la primera. Los servidores públicos que cometan el delito de desaparición forzada, enfrentarían una condena de 20 a 50 años, sin posibilidad de amnistía, indulto o beneficio de preliberación.

Organismos de derechos humanos internacionales criticaron que la reforma impulsada es insuficiente. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México consideró que la iniciativa abre el camino para cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos de Rosendo Radilla (desaparición forzada) y Valentina Rosendo e Inés Fernández (violaciones sexuales cometidas por elementos del Ejército), sin embargo, indicó, se queda corto ya que no abarca todos los delitos cometidos por militares en contra de la población civil, valoración con la que coincidió Amnistía Internacional. En el mismo sentido, la relatora especial de Naciones Unidas para la independencia de Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, criticó que no estén incluidos delitos igualmente graves como el de la ejecución extrajudicial.

Por su parte, diferentes organizaciones de derechos humanos nacionales manifestaron en un boletín conjunto que la reforma del Código de Justicia Militar mantiene las condiciones que favorecen la impunidad en cuanto a abusos de las fuerzas armadas en contra de civiles. Explicaron que la propuesta no armoniza la legislación interna con los tratados internacionales en la materia. Las organizaciones destacan que las sentencias de la CoIDH no serían acatadas con esta reforma, ya que en los fallos emitidos por la instancia interamericana “se precisa la reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar bajo la consideración de que el fuero militar no es competente para juzgar, bajo ninguna circunstancia, sobre ningún delito cometido por elementos de las fuerzas armadas en el que estén involucrados civiles“. Por su parte, el día 21 de octubre, organizaciones civiles y sociales del estado de Guerrero emitieron un pronunciamiento acerca del tema, recordando “que las cuatro sentencias [de la CoIDH] en contra de México (Caso campo algodonero; Caso Rosendo Radilla; Casos Inés Fernández y Valentina Rosendo) están relacionadas con efectivos militares violadores de derechos humanos y tres de estos cuatro procesos tuvieron lugar en el estado de Guerrero.

Para más información:

• La Jornada: Envía Calderón al Senado iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar (19/10/2010)
• La Jornada: Trunca, la iniciativa de Calderón sobre el fuero militar: ONU, AI y WOLA (20/10/2010)
• El Universal: ONU: iniciativa sobre fuero militar es limitada(20/10/2010)
• La Jornada: La propuesta de Calderón no afecta las condiciones de impunidad militar: ONG (20/10/2010)
• La Jornada: La iniciativa servirá para reforzar los derechos humanos, señala Poiré (20/10/2010)
• Incompleta y lesiva la iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar (Pronunciamiento de organizaciones mexicanas sobre la propuesta de reforma (19/10/2010)
• Comunicado de organizaciones civiles y sociales de Guerrero sobre el fuero militar (21/10/2010))

Más información de SIPAZ:

• México: conclusiones preliminares de la relatora especial para la Independencia de los Magistrados y Abogados (16/10/2010)
• Guerrero: Corte Interamericana condena Estado mexicano por violaciones sexuales sufridas por dos mujeres indígenas me’phaa (06/10/2010)
• Guerrero: breves – Director Tlachinollan recibe premio Kennedy; Código de Justicia Militar será modificado : Blake; evento – Foro Social Indígena; evento – Aniversario Policía Comunitaria (25/09/2010)
  

Oaxaca: liberación de comuneros zapotecos y integrante de UCIZONI secuestrados en el Istmo de Tehuantepec

El 14 de octubre fue liberado Eugenio Angel Molina, Secretario Municipal de San Juan Jaltepec Yaveo, Oaxaca, y responsable de las oficinas de La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) en María Lombardo, tras haber sido secuestrado el 8 de octubre por individuos que, según Carlos Beas Torres, dirigente de UCIZONI, fueron encabezados por el “narcoganadero” Guillermo Bautista.  Pedro Franco y Andrés Pacheco, comuneros simpatizantes de UCIZONI e indígenas zapotecos, también habían sido secuestrados el 8 de octubre, aunque fueron liberados antes de que se liberara a Angel Molina.

Estas agresiones parecen tener su raíz en conflictos agrarios acerca de unos 6.600 hectáreas que se ubican en la zona de San Juan Jaltepec.  Según Beas Torres, el conflicto ha llegado a que grupos armados han cortado el suministro de energía eléctrica desde  junio pasado, lo cual ha afectado a más de 5.000 habitantes de tres poblaciones indígenas de los municipios de Yaveo y Cotzcon.  Estos grupos armados también han mantenido cerrado el camino de acceso a San Juan y a la cabecera municipal desde marzo, impidiendo entre otras cosas que la ayuda humanitaria internacional destinada a los habitantes de la zona damnificados por la depresión tropical Matthew sea entregada.  UCIZONI exigió que el gobierno estatal dejara de apoyar a la “banda de sicarios” que tiene cercado San Juan.

Para más información:

Mexico: UCIZONI exige la aparición con vida de Eugenio Ángel (Kaos en la Red, 10 de octubre)

Liberan a comuneros zapotecas secuestrados (Comunicado de prensa de UCIZONI, 15 de octubre)

Se moviliza UCIZONI en el Istmo (Notimex, 11 de octubre)

Guerrero: Encuentro Nacional por la Justicia y la Seguridad de los Pueblos – XV años de la CRAC-PC

Fotos @SIPAZ

Del 13 al 16 de octubre, en el marco de su XV aniversario, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), conjuntamente con la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (UNISUR), convocó a un Encuentro Nacional por la Justicia y la Seguridad de los Pueblos en San Luis Acatlán. Acudieron más de 3 mil personas, lo cual rebasó las expectativas de los organizadores, según nos comentó Valentín Hernández, coordinador de la CRAC, antes de agregar contento: “El objetivo del encuentro de generar articulación en el movimiento social se cumplió”. Los temas que se discutieron en las 10 mesas de trabajo fueron, entre otros: Seguridad, justicia y reeducación; Derechos y culturas indígenas y procesos de consulta, Derechos de las mujeres y procesos organizativos; Radio y comunicación comunitaria.

El trabajo conjunto dio lugar a un pronunciamiento final denunciando entre otros “Que los aparatos de seguridad y justicia del estado, están permeados por la corrupción siendo totalmente incapaces de brindar seguridad e impartir justicia para el pueblo. Que su utilización ha sido facciosa con el fin de diezmar, desarticular y reprimir a las organizaciones sociales y comunidades que con dignidad han decidido alzar la voz para denunciar los abusos y atropellos del gobierno y del sistema capitalista.” De igual manera se denunció que “los programas sociales de este gobierno más que una solución a la pobreza y marginación constituyen una herramienta de cooptación y manipulación política, que diezma nuestra identidad y organización comunitaria”. Este pronunciamiento llamó, entre muchas otras propuestas, “a no legitimar las leyes, programas, políticas públicas y megaproyectos que nos desconocen de origen, como es el caso de la reforma a la constitución que impulsa la cúpula de poder en Guerrero”. Sobre este asunto, Valentín Hernández comentó a SIPAZ que “la CRAC-PC exige que se respete la consulta pero no necesitamos la ley. Con ley o sin ley vamos a seguir con la construcción de la autonomía”. En el marco del debate nacional sobre la policía única, resumió la postura de la CRAC-PC como sigue: “Policía Única: nuestra policía comunitaria. Mando Único, el pueblo”.

En la mesa sobre los derechos de las mujeres se habló específicamente sobre el rol de las mujeres dentro del sistema de la Policía Comunitaria. Las mujeres participando en la mesa expresaron su decepción con el escaso reconocimiento que ellas reciben, pues siempre han jugado un papel importante dentro del sistema. En entrevista, doña Asunción Ponce Ramos, coordinadora de la CRAC, mencionó las dificultades que las mujeres encuentran en su participación en el sistema: “Hay que ser necia para poder estar en las asambleas [de la PC], hay hombres machos que no permiten la participación de mujeres. Por eso hay que revisar los reglamientos de la CRAC. No soy la primera mujer en la CRAC, han habido otras mujeres pero a veces se da discriminación o las expulsan a las mujeres. Hay las que se quedaron uno o dos años, ninguna ha hecho sus tres años. A mi me han dado mis tres años y espero que no tenga problemas”. La mesa sobre los derechos de las mujeres contó con la presencia de unos 10 hombres de l@s alrededor de 80 participantes en total, pues los hombres fueron específicamente invitados para participar en esta mesa. Durante la mesa fue mencionado reiteradamente la importancia de que hombres sean informados sobre los derechos de las mujeres y que participen en capacitaciones acerca de los temas de género, derechos de las mujeres y salud reproductiva.

El día 15 de octubre, el Padre de San Luis Acatlán inició la misa, afirmando “esta parroquia, las parroquias vecinas y la diócesis de Acapulco, estamos con ustedes”. Luego, el Padre Mario de Xalpatlahuac comentó sobre el contexto de gran inseguridad que llevó a la creación de  la Policía Comunitaria: “pensábamos que la solución estaba afuera. ¡A cuantas instancias gubernamentales hemos acudido hasta darnos cuenta que la solución estaba en el pueblo mismo! Que sólo el pueblo puede defender al pueblo”. Y, mientras los opositores a este proceso señalan el uso de las armas para criminalizar a la Policía Comunitaria, él afirmó: “el objetivo no es las armas, el objetivo es la paz. La mejor arma es la conciencia, la organización y la unidad. Esas armas que tienen ustedes no son un crimen, son coadyuvantes para la paz”. Denunció “la lógica -si quieres la paz, prepara la guerra- en la que está México ahora y que no da resultados ¡30 mil muertos no es la paz!”, y terminó comentando las bienaventuranzas: “ustedes queridos policías son los constructores de la paz en la lógica de la fe, no en la lógica de la guerra”. Esta misa también fue momento para recordar a los 4 policías comunitarios que perdieron la vida en el marco de su servicio.

El mismo día desfilaron 600 policías comunitarios acompañados y aplaudidos por todos los presentes y también por gente de la cabecera de San Luis Acatlán. De hecho, Valentín Hernández comentó que “una de las ganancias del encuentro fue la integración de la gente de la cabecera al trabajo de la Policía Comunitaria porque no tenemos mucha base en la cabecera pero hoy la población está presente incluso en la cocina y en la marcha”.

Para más información:

Instan a radios comunitarias y la CRAC a la defensa contra el enemigo común (La Jornada, 14 de octubre)

Pronunciamiento conjunto de las organizaciones y comunidades asistentes al “Encuentro Nacional por la Justicia y la Seguridad de los Pueblos” (16 de octubre)

Página web de la Policía Comunitaria: http://policiacomunitaria.org/

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: breves – Director Tlachinollan recibe premio Kennedy; Código de justicia militar será modificado: Blake; evento – Foro Social Indígena; evento – Aniversario Policía Comunitaria (25 de septiembre de 2010)

Oaxaca: represión masiva de manifestaciones juveniles en marco del aniversario de la matanza de Tlatelolco

Durante la tarde del 2 de octubre pasado, centenares de jóvenes oaxaqueñ@s se manifestaron en Oaxaca de Juárez en marco del 42° aniversario de la matanza de Tlatelolco, en la que se estima que fueron asesinad@s unos 300 estudiantes y otros inconformes.  Dichas manifestaciones pretendían denunciar la impunidad en la que se encuentra el caso de Tlatelolco, además de la que goza el actual gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz, por su papel en la represión del movimiento popular de oposición del 2006. Un enfrentamientos entre manifestantes y elementos policiacos estatales derivó en la detención de 75 personas, según las declaraciones de las mismas instancias policiacas estatales; de 118 individuos, según la organización social Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL).  Que se trate de 75 o de 118 el número total de detenid@s representa la cifra más alta de personas detenidas por el Estado oaxaqueño en un sólo día desde el 25 de noviembre de 2006.

La manifestación juvenil se convocó para las 4 de la tarde, saliendo desde la universidad estatal (UABJO).  El operativo policiaco empezó poco tiempo después del inicio de la marcha. La policía estatal asevera que intervinieron elementos policiacos tras la destrucción de la agencia automotriz Volkswagen, McDonald’s y el Acuario, por parte de un centenar de jóvenes.  Según la policía, jóvenes “anarchopunks” atacaron el cristal que separa los vehículos Volkswagen de la calle con palos y piedras antes de pasar a asustar a los clientes de McDonald’s y saquear la instalación del Acuario.  En contraste con esta versión, la Coordinadora de la Juventud Libertaria sostiene que la represión de la policía se desató durante el trayecto de una marcha “por más pacifica“. También denunció que  los detenid@s sufrieron golpes y agresión sexual por parte de la policía, y que jóvenes que ni estaban participando en las manifestaciones también terminaron detenid@s.

L@s detenid@s fueron trasladad@s al cuartel de la policía estatal ubicado en el municipio de San Bartolo Coyotepec, y que la mayoría fueron liberad@s el mismo día, menos 7 jóvenes trasladados a la cárcel de la UMAN-PGR, acusados de posesión de drogas.  Estos siete también fueron liberados al día siguiente, aunque un joven, con el nombre de Ramón, siguió preso hasta el 4 de octubre. La Coordinadora de Juventud Libertaria ha convocado una llamada “marcha contra la brutalidad policiaca” para el sábado 23 de octubre.

Para más información:

Denuncia VOCAL sobre la represión el 2 de octubre (4 de octubre de 2010)

Confirma la Policía 75 detenidos por vandalismo (Realidad Oaxaca, 3 de octubre de 2010)

Blog Coordinadora de Juventud Libertaria

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: desalojo violento de vendedores vinculados a la APPO en Oaxaca de Juárez (22 de julio de 2010)