El 5 de octubre, en conferencia de prensa, jueces internacionales que integraron una Misión de Observación en México dieron a conocer sus primeras conclusiones respecto al estado de justicia en el país. En los cinco días previos, entrevistaron a diferentes actores de la sociedad civil, autoridades y poderes judiciales, de diferentes entidades federativas para poder “elaborar un panorama cualitativo del estado de la justicia México”. En sus principales conclusiones si bien destacaron avances como la aprobación reciente de la reforma en Derechos Humanos de junio de 2011, o los avances impulsados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en particular los que acotan el fuero militar, enumeraron no obstante una larga serie de fallas y deficiencias en el aparato de administración de justicia mexicano incluyendo entre otros: la figura del arraigo (que “además de atentatorio de los derechos de los justiciables, es absolutamente ineficiente para la persecución penal”); la no priorización del enfoque de derechos humanos en la propuesta de políticas públicas de las reformas al sistema de justicia penal; las pobres condiciones carcelarias de las personas privadas de libertad; la “cultura de corrupción” en los poderes judiciales de las entidades mexicanas; la falta de autonomía e independencia de los poderes judiciales de los estados federados e incluso la ausencia de separación de poderes en muchas entidades federativas; la falta de mecanismos expeditos de rendición de cuentas en materia del sistema judicial; la ausencia de un adecuado mecanismo de reclutamiento de nuevos jueces y juezas; o bien la persistencia de existe tortura, malos tratos y tratos indignos y degradantes de manera institucionalizada en los procesos penales.
Afirmaron que “el actual modelo de justicia del trabajo, (…) se encuentra en un estado que no permite, estructuralmente, constituirse en una verdadera jurisdicción que proteja a los trabajadores y trabajadoras mexicanas. Señalamos que el actual proyecto de reforma laboral (…), de aprobarse dejará aún más en la indefensión a millones de personas que verán frustradas sus aspiraciones de una vida mejor y gravemente comprometida la seguridad social existente”. Señalaron también “el altísimo grado de vulneración de derechos que significa la ley de migración”. De manera general notaron que el Estado mexicano “ha intentado construir una política de seguridad, englobando a la justicia, degradando la seguridad en una estrategia policial y militar que impide/construir concepciones integrales de políticas de seguridad humana necesarias para un estado democrático celoso de los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas”.
Finalmente, señalaron algunos casos concretos de criminalización de los movimientos sociales en México, como por ejemplo los casos de Francisco Jiménez Pablo y Eric Bautista Gómez, dirigente y vocero respectivamente del MOCRI-CNPA-MN. Así como “el patrón que se está desarrollando por parte del estado de Chiapas en relación a la adjudicación de tierras a organizaciones comunitarias sobre territorio recuperado por las bases de apoyo del EZLN, como el caso concreto y actual de la comunidad Comandante Abel. Los comisionados llaman a que las autoridades y comunidades entren en un proceso de diálogo y no continúe el estado propiciando el enfrentamiento entre comunidades”.
Para más información:
Boletín de prensa completo (Misión de observación de la Justicia en México de La Red Iberoamericana de Jueces, 5 de octubre de 2012)
Video Conferencia de Prensa: Jueces Internacionales dan a conocer las Conclusiones de la Observación del Estado de Justicia en México (CENCOS, 5 de octubre de 2011)
Para más información de SIPAZ:
México: conclusiones preliminares de la relatora especial para la Independencia de los Magistrados y Abogados |(16 de octubre de 2010)

Escrito por SIPAZ 




