(@Fundación Heinrich Böll)
El 27 de febrero, las académicas Gisela Zaremberg (FLACSO México) y Valeria Guarneros-Meza (De Montfort University), como integrantes del proyecto “Conversando con Goliat: Participación, movilización y represión en torno a conflictos neoextractivistas y ambientales”, presentaron un mapeo de 879 conflictos que derivaron de la implementación de 304 megaproyectos, durante las administraciones de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). Las 304 obras identificadas estaban relacionadas con las industrias minera, eólica, hidroeléctrica, petrolera y de infraestructura de gasoductos.
Sus principales hallazgos, basados en notas periodísticas, revelan que los estados con más hechos violentos asociados a la minería son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Puebla, Coahuila, Sonora, Durango y Michoacán; mientras los campos petroleros han ocasionado conflictividad en Tabasco, Chiapas y Veracruz. En cuanto a los gasoductos, los tramos con más hechos violentos reportados son Puebla-Tlaxcala-Morelos, Sonora-Sinaloa y Chihuahua-Sinaloa. Las instalaciones hidroeléctricas generaron violencia en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero; y los proyectos eólicos, en Oaxaca y Yucatán.
Gisela Zaremberg expuso que en “términos absolutos”, los datos analizados arrojan que la minería es la actividad que ocasiona el mayor número de conflictos, le sigue la extracción de hidrocarburos (campos petroleros y gasoductos), las hidroeléctricas y finalmente las eólicas.
Los datos recabados muestran que, contrariamente a lo que se suele pensar, las comunidades que se oponen a un megaproyecto recurren principalmente a la acción “institucionalizada” (como los juicios y recursos de amparo); en cambio, las que combinan este tipo de acciones con otras “no institucionalizadas” (toma de instalaciones, de oficinas públicas o de las empresas, retención de funcionarios) son las comunidades que buscan la negociación de beneficios. Por su parte, los actores gubernamentales, en combinación con las empresas, son los que más frecuentemente aparecen mencionados en relación a acciones informales e ilegales.
Las notas periodísticas de recopiladas en la base de datos fueron escritas por un total de 373 periodistas. El 18% de ellos ha recibido amenazas o agresiones. Sin embargo, no es posible establecer si las amenazas tenían que ver con su cobertura de conflictos socio-ambientales o por otros asuntos. Los principales estados en los que se presentaron amenazas o agresiones a comunicadores en la investigación fueron Puebla, Guerrero, Oaxaca, Ciudad de Mexico, Chiapas y Veracruz.
Para más información:
Minería y energía detonan 879 conflictos en México; los ligan al crimen, empresas y gobiernos (Sin Embargo, 2 de marzo de 2019)
Oaxaca, entre los estados con más violencia por conflictos medioambientales (El Universal, 2 de marzo de 2019)
Más de 800 conflictos socioambientales por megaproyectos mineros y energéticos (Contralínea, 27 de febrero de 2019)
Identifican más de 800 conflictos socioambientales generados por proyectos mineros y energéticos en los últimos 12 años (Fundación Heinrich Böll, 27 de febrero de 2019)
Presentación Powerpoint (FLACSO México, 27 de febrero de 2019)
Para más información de SIPAZ:
Oaxaca: Hacen público dictamen final del juicio popular comunitario contra empresas mineras y el Estado mexicana (15 de diciembre de 2018)
Guerrero/Nacional : 13 Encuentro de MAPDER en Cacahuatepec (19 de noviembre de 2018)
Nacional/Internacional : Global Witness publica informe « ¿A qué precio ? Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2017 » (30 de julio de 2018)
Nacional : CEMDA publica informe 2017 que indica incremento de la vulnerabilidad de defensores ambientalistas (7 de marzo de 2018)
Escrito por SIPAZ 
