Chiapas: El Colectivo de Mujeres (Colem) cumple 25 años

Foto de archivo @ SIPAZ

El Colectivo de Mujeres (Colem) de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, cumplió 25 años de trabajo en defensa de los derechos humanos y contra la violencia hacia las mujeres, sobre todo indígenas. Martha Figueroa Mier, fundadora del Colem, relató que el grupo se inicia con una marcha el 10 de mayo de 1989, en San Cristóbal, en la que 186 mujeres firman en contra de la violencia sexual. El Colem, cuenta Figueroa, “fue el único movimiento social que en la conferencia de la ONU de Pekín sobre las mujeres en 1995, advirtió que el reconocimiento de las tradiciones, usos y costumbres de los indígenas debía hacerse con precaución” y logró que a nivel mundial se le impusiera una condición: “siempre y cuando no violen derechos de las mujeres”.

Martha Figueroa recordó que en diciembre del 94 el Centro de Investigación y Capacitación de la Mujeres editó el libro Chiapas ¿Y las mujeres qué?, en el cual se cuestionaba que se pretendía hacer una revolución sin las mujeres, en este caso, después del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Señala que “el levantamiento armado reconoce las carencias sociales, es la revolución adelantada o atrasada como quieran, de los movimientos sociales, sobre todo de los indígenas, pero las mujeres fueron hechas a un lado y prueba de ello fueron los acuerdos de San Andrés, en los que quedamos reducidas a un mínimo de tres renglones, en un rollo bastante asistencial y dizque de protección a las mujeres”.

El grupo de mujeres creó un Feminario para reflexionar qué es eso del feminismo y los derechos de las mujeres; cuestionó los temas que implantaron las financiadoras internacionales, como Ford o McArthur, trabajando los temas de derechos sexuales y reproductivos, y la salud materna. En el Colem, expresó Figueroa, “hemos sido partícipes activas con las propuestas de la visión cultural de la perspectiva de género y las mujeres indígenas desde la perspectiva social para poner género, nombre y rostro a otra forma de justicia”. Además, el grupo busca formar abogadas, con o sin título, para que litiguen casos de mujeres con perspectiva de género.

Para más información:

No democrática, la revolución que excluye a las mujeres: Colem (La Jornada, 19 de mayo de 2014)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Niegan alerta de género sin investigación previa (14 de enero de 2014)

Chiapas: Mujeres decretan alerta de violencia de género (9 de julio de 2013)

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Chiapas: Organizaciones Sociales y Civiles denuncian secuestro “simulado” de Julia Carabias

Montes Azules (@todochiapas.mx)

El Movimiento de Organizaciones Sociales y Civiles en el Estado de Chiapas se pronunció respecto a la persecución con disparos y detención el 15 de mayo pasado del profesor Gabriel Montoya Oseguera por agentes de la Policía Judicial. El asesor de los Bienes Comunales de la Comunidad Zona Lacandonaes acusado, entre otros delitos, de haber sido autor intelectual del supuesto secuestro de Julia Carabias. En su escrito, el Movimiento defiende la inocencia de Montoya y señala que Julia Carabias “por más de 20 años ha realizado proyectos en la Estación Chajul localizada en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules (REBIMA)”. Denuncia que su supuesto secuestro fue “simulado con el objetivo de manipular y confundir” en el proceso de cambio de autoridades de la Comunidad Zona Lacandona.

El 19 de mayo, indígenas lacandones, choles y tzeltales iniciaron un bloqueo por tiempo indefinido en la carretera transfronteriza, tramo Palenque-Benemérito de las Américas, para exigir la liberación de Gabriel Montoya.

Montoya fue aprehendido un día antes de que se llevara a cabo la asamblea para elegir a las nuevas autoridades de Bienes Comunales. En dicha asamblea, a la que asistieron mil 360 de los mil 678 comuneros (lacandones, choles y tzeltales), fue elegido como presidente de Bienes Comunales, Emilio Bolom Gómez, tseltal de Nueva Palestina, siendo la primera vez que es elegido como presidente de Bienes Comunales a un indígena no lacandón.

Por otro lado, comuneros de Metzabok, Nahá y Lacanjá Chansayab denuncian que el ex presidente de los Bienes Comunales, Chankin Kimbor y Gabriel Montoya han promovido las invasiones en la reserva Montes Azules, y manipularon la designación de las nuevas autoridades comunales.

Cabe señalar que en las mismas fechas de lo denunciado hacia Julia Carabias, se llevaba a cabo la firma del Acuerdo entre los Bienes Comunales de la Zona Lacandona y de la ARIC Unión de Uniones Independiente y Democrática, que permitiría avanzar en la regularización agraria de los poblados no lacandones Nuevo San Gregorio, Ranchería Corozal y Salvador Allende, localizados dentro del polígono de la Comunidad Zona Lacandona (CZL).

Para más información:

Indígenas bloquean carretera en Chiapas; exigen liberar a Montoya Oseguera (La Jornada, 19 de mayo de 2014)

Comunicado de Bienes Comunales de Zona Lacandona (19 de mayo de 2014)

Políticas conservacionistas y megaproyectos causan desplazamiento forzado en Chiapas (Voces Mesoamericanas, 19 de mayo de 2014)

Pronunciamiento-ARIC-ID-OS-CZL (15 de mayo de 2014)

Acusan a Julia Carabias de simular secuestro para reventar asamblea lacandona (Chiapas Paralelo, 20 de mayo de 2014)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Gobiernos Federal y Estatal anuncian ordenamiento territorial de la Selva Lacandona (16 de mayo de 2014)

Chiapas: acuerdo histórico en la Zona Lacandona (02 de mayo de 2014)

Chiapas: Pobladores de la Selva Lacandona en alerta ante avance de trabajos de brecheo (15 de marzo de 2014)

Guerrero: Denuncian a Estado mexicano por no cumplir con sus obligaciones en el caso Rosendo Radilla Pacheco

A casi 40 años de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco y 5 de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) dictara sentencia sobre el caso, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), denunciaron que el Gobierno de la República ha incumplido su obligación de dar con el paradero del desaparecido y continúa sin investigar a los responsables de la desaparición: “la investigación no se ha conducido con la debida diligencia de manera que no ha logrado identificar a los responsables de la desaparición ni mucho menos procesarlos. A ello se suma que la PGR [Procuraduría General de la República] también ha incumplido con su obligación de entregar a los familiares del señor Radilla copia de la averiguación previa en una versión que sea compatible con los derechos de las víctimas, tal como lo ordenó la propia CoIDH. Por ambas omisiones se viola reiteradamente el derecho de los familiares y la sociedad en su conjunto, a conocer la verdad de los hechos, contexto y circunstancias en las que se cometió el delito”.

El pasado mes de abril, CMDPDH y AFADEM presentaron observaciones al décimo primer informe del Gobierno de la República sobre el cumplimiento de la sentencia del caso, entre las que cabe señalar que “[el Congreso de la Unión] Tampoco ha modificado el Código Penal Federal para tipificar adecuadamente el delito de desaparición forzada de personas”.

Rosendo Radilla Pacheco, líder social del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, fue desaparecido por elementos del Ejército en 1974. En 2009 la CoIDH emitió sentencia sobre el caso en la que se condenaba al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos.

Para más información:

Impunidad y negación: respuestas del Estado mexicano sobre Caso Radilla (CMDPDH, 23 de abril de 2014)

Exige Afadem pesquisa seria sobre los desaparecidos de la guerra sucia (La Jornada de Guerrero, 14 de mayo de 2014)

Caso Rosendo Radilla Pacheco (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Homenaje a Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido por elementos del Éjercito (05 de marzo de 2014)

Guerrero: Hostigan militares a Tita Radilla en Atoyac (15 de noviembre de 2013)

Guerrero/Nacional: Afirma SCJN haber cumplido sentencias de las CIDH en los casos Radilla y Cantú; Campaña contra la Impunidad militar. (25 de septiembre de 2012)

Guerrero: Incumplimiento de sentencia por parte del Estado en caso Radilla (26 de junio de 2012)

Chiapas: Gobiernos Federal y Estatal anuncian ordenamiento territorial de la Selva Lacandona

Población en la Selva Lacandona. Foto (@Sipaz)

Los gobiernos de la República y del Estado de Chiapas han realizado un pronunciamiento en el que expresan la necesidad prioritaria de proceder a un ordenamiento territorial de la Selva Lacandona, Reserva de la Biosfera Montes Azules (REBIMA) y áreas naturales protegidas: “El Gobierno de la República y del Estado de Chiapas expresan su convencimiento de que es prioritario el ORDENAMIENTO TERRITORIAL para otorgar las condiciones necesarias para el desarrollo pleno de la Comunidad Lacandona y los ejidos adyacentes para mejorar la calidad de vida de sus habitantes con apego al marco jurídico, privilegiando la consolidación de las áreas naturales protegidas y el desarrollo sustentable de estas zonas. Así mismo de conformidad con lo que establece Ia Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su Articulo 46, que a Ia letra dice «En las áreas naturales protegidas no podrá autorizarse Ia fundación de nuevos centros de población»;  no podrán regularizarse los asentamientos irregulares existentes dentro de Ia Reserva de Ia Biosfera Montes Azules, ni en los que en un futuro puedan asentarse en ésta, así como en ninguna otra área natural protegida.  Por lo tanto no podrá llevarse a cabo ningún tipo de proceso de indemnización, pues no hay, ni habrá, ningún programa ni recursos destinados a este fin”.

Eduardo Ramírez Aguilar, secretario general de Gobierno, señaló que el Gobierno Estatal y Federal buscarán una solución de reubicación para los asentamientos irregulares que actualmente existen en la REBIMA.

En 1972 una decisión presidencial adjudicó 614 mil hectáreas de selva a 66 familias lacandonas, sin tener en cuenta a miles de personas indígenas de otras etnias que también habitaban ese territorio y que desde entonces permanecen en amenaza de ser desalojados de sus tierras.

Recientemente en abril, se logró un acuerdo entre la Comunidad Zona Lacandona y la ARIC UU-ID (Asociación Rural de Interés Colectivo – Unión de Uniones Independiente y Democrática) que permite el reconocimiento de tres pueblos ubicados en la REBIMA y sus límites, en agosto de 2013 ya fueron reconocidos otros dos. Este acuerdo fue fruto de un proceso de diálogo iniciado entre las partes directamente involucradas, sin participación del gobierno, debido a la falta de voluntad del mismo en resolver el conflicto, afirmaron representantes de la ARIC en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en San Cristóbal de Las Casas el 1ero de mayo.

Para más información:

Pronunciamiento del gobierno federal y estatal, respecto de la Selva Lacandona (Chiapas Paralelo, 13 de mayo de 2014)

No más asentamientos en Montes Azules: ERA (Diario de Chiapas, 14 de mayo de 2014)

Instauran siete reservas naturales protegidas en la Selva Lacandona (Meganoticias, 14 de mayo de 2014)

El fin de la hegemonía lacandona en la Selva de Chiapas (Chiapas Paralelo, 14 de mayo de 2014)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: acuerdo histórico en la Zona Lacandona (02 de mayo de 2014)

Chiapas: Pobladores de la Selva Lacandona en alerta ante avance de trabajos de brecheo (15 de marzo de 2014)

Chiapas: Conferencia de prensa sobre poblados amenazados con desalojo en Montes Azules (22 de junio de 2012)

Chiapas: Congreso local aprueba iniciativa sobre el “uso legítimo de la fuerza”

Congreso local (@Gobierno del estado de Chiapas)

El 15 de mayo, el Congreso de Chiapas aprobó la iniciativa presentada por el gobernador Manuel Velasco sobre el Código de uso legítimo de la fuerza pública con 26 votos a favor, cuatro en contra y una abstención. Regulará las respuestas que pueden dar los cuerpos de seguridad pública ante protestas sociales y posibles disturbios, así como el uso de armas no letales para dispersar manifestaciones violentas.

Esta reforma ha sido considerada por defensores de derechos humanos y legisladores de oposición como “un retroceso más en materia de derechos humanos” en la entidad. El nuevo Código considera que una manifestación es violenta cuando un grupo de personas se encuentra armado, o bien cuando se hace uso de amenazas para intimidar u obligar a resolver en el sentido que se deseen, o se incita a la comisión de un delito o se perturba la paz pública y la seguridad ciudadana. En caso de manifestaciones pacíficas se podrán armar operativos preventivos para, entre otros, resguardar bienes de terceros en caso de que la protesta se torne violenta.

En la tribuna del Congreso, Hortensia Zúñiga, coordinadora de la fracción del PRD, denunció, “es acallar las protestas y limitar la libre expresión que tienen los ciudadanos para pedirle a los gobernantes en turno que cumplan con sus compromisos y que generen mejores condiciones de vida para sus gobernados. Con esto se pretende criminalizar la protesta social, regular las marchas y las manifestaciones, por lo que de votarse a favor en sus términos sería tanto como dar salvoconducto a la impunidad del Estado”.

Entrevistado en medios, el defensor de los derechos humanos, Miguel Ángel de los Santos Cruz, dijo que “(e)n realidad, la iniciativa de código pretende legalizar los atropellos que ya cometen las policías y aumentar las posibilidades legales en que pueden vulnerar nuestros derechos en el contexto de las manifestaciones públicas”.

Para más información:

Aprueban diputados ley que “criminaliza la protesta” en Chiapas (Proceso, 15 de mayo de 2014)

Aprueba el Congreso de Chiapas el uso de la fuerza contra protestas (La Jornada, 16 de mayo de 2014)

Aprueban uso legítimo de la Fuerza Pública (Cuarto Poder, 16 de mayo de 2014)

Aprueba Congreso el Código de Uso Legítimo de la Fuerza Pública, uso de Armas y control de manifestaciones (Chiapas Paralelo, 16 de mayo de 2014)

Para más información de SIPAZ:

Nacional: Creación del Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social (12 de abril de 2014)

Oaxaca: Tras acuerdo con autoridades finaliza huelga de hambre por los asesinatos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola

Omar Esparza, esposo de Betty Cariño, y otras personas solidarias que permanecían en huelga de hambre frente a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México, finalizaron su protesta después de 16 días, luego que autoridades de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la PGR y la Procuraduría del Estado de Oaxaca firmaron una minuta de acuerdo en el que se comprometen a detener a los 12 responsables de los asesinatos de Betty y Jiri Jaakkola, y a dar protección a los testigos del homicidio.

“En esencia, la minuta es un compromiso para realizar acciones operativas de protección a los testigos del asesinato y detención de los responsables. Las autoridades nunca nos habían dicho que no harían su trabajo, pero todo se quedaba en discursos y buenas intenciones; ahora lo tenemos firmado, por escrito, y eso nos da mucha certeza y tranquilidad”, dijo Karla Michel Salas, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.

Esparza, que afirmó: “Esto es una pequeña victoria, pero no es el final. Más bien es un comienzo y vamos a estar atentos de que las autoridades comprometidas realicen su trabajo. Es un primer paso para visibilizar la impunidad que se mantenía sobre el caso”, mantendrá reuniones mensuales con la SEGOB para evaluar los avances del caso.

Por otra parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), se comprometió con Esparza a seguir dando seguimiento al caso e hizo un llamamiento al gobierno de Enrique Peña Nieto y al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, “a impulsar las acciones pertinentes para restablecer el diálogo y reconstruir el tejido social en la comunidad de San Juan de Copala con el fin de superar las causas que han conducido a la actual situación”.

Para más información:

Activistas levantarán huelga de hambre; acuerdan acciones para capturar a asesinos de Betty Cariño (SDP noticias, 14 de mayo de 2014)

Cumplen 15 días en huelga de hambre (Noticias, 14 de mayo de 2014)

Levantan familiares de Bety Cariño el plantón frente a instalaciones de la PGR (La Jornada, 15 de mayo de 2014)

ONU-DH toma nota de acciones de apoyo por huelga de hambre de Omar Esparza (Grupo Fórmula, 15 de mayo de 2014)

Insta ONU a Peña y Cué a solucionar el conflicto en Copala (Proceso, 15 de mayo de 2014)

Video: 13 dias en huelga de hambre exigiendo justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola (Serapaz, 14 de mayo de 2014)

Para más información de SIPAZ:

Nacional/Oaxaca: Madres de víctimas de desapareción forzada se solidarizan con Omar Esparza y su familia en huelga de hambre (12 de mayo de 2014)

Oaxaca: A 4 años de impunidad, huelga de hambre y protestas por los asesinatos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola (28 de abril de 2014)

Oaxaca: Continúa impunidad a tres años de los asesinatos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola (30 de abril de 2013)

Guerrero: Gobierno del Estado presenta iniciativa de legalización del aborto

Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero, presentó una iniciativa de ley, que enviará al Congreso local en breve, para legalizar el aborto en el Estado.

La medida ha sido respaldada por numerosas organizaciones civiles y de derechos humanos que recalcan el derecho de las mujeres a poder decidir de forma libre sobre sus cuerpos y la reproducción, tal como lo acredita distintos acuerdos internacionales sobre derechos sexuales y reproductivos, además de poder abortar de manera segura.

 “El hecho de que se despenalice la interrupción del embarazo no quiere decir que se obligue a que las mujeres embarazadas aborten. Se dan garantías, las condiciones para que aquella mujer que decida interrumpirlo lo pueda hacer“, indicó María Luisa Garfias, del Instituto Guerrerense de Derechos Humanos (IGDHAC).

Según datos aportados por el Gobierno de Guerrero,entre 2000 y 2008, hubo 141 mujeres muertas y 100 mil hospitalizadas, por abortar en condiciones insalubres o de manera clandestina. Sólo en 2010, unas 5000 mujeres fueron hospitalizadas en el estado por abortos mal practicados, afirma el IGDHAC. Para las integrantes de las organizaciones la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser) y de la organización de mujeres indígenas, Zihuame Xotlametzin “Lo que menos se quiere es que las mujeres lleguen al aborto, pero si lo hacen que lo hagan en condiciones médicas adecuadas”.

Organizaciones de derechos humanos y de mujeres han acusado a la Iglesia católica, contraria a la iniciativa de despenalización del aborto, de haber iniciado una campaña de desinformación sobre el tema, que está generando confrontación entre los guerrerenses.

Libni Dircio, de Zihuame Xotlametzin, exhortó a los diputados locales, encargados de aprobar o no la iniciativa, a que decidan desde una motivación pública y no religiosa, haciendo prevalecer el Estado laico, los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: “Ellos son representantes públicos y por lo tanto no pueden actuar con sesgo religioso. Lo religioso que lo manifiesten en sus casas”.

El relator especial de salud de Naciones Unidas enfatiza que las leyes penales que castigan y restringen la interrupción voluntaria del embarazo son una barrera inaceptable que impide a las mujeres ejercer su derecho a la salud y, por consiguiente, deben eliminarse.

Para más información:

Ángel Aguirre busca despenalizar el aborto en Guerrero (Animal político, 06 de mayo de 2014)

Despenalización del aborto, nuevo debate en Guerrero (El Universal, 07 de mayo de 2014)

Confía ONG que diputados del PRD avalen despenalización del aborto (La Jornada, 07 de mayo de 2014)

Guerrero inicia un debate “histórico” sobre la legalización del aborto (CNN México, 09 de mayo de 2014)

Chocan posturas sobre el aborto en Guerrero (El Universal, 13 de mayo de 2014)

La Iglesia presiona a ciudadanos para firmar contra la despenalización: ONG (La Jornada, 13 de mayo de 2014)