Chiapas: Denuncia Alejandro Díaz Santiz malos tratos hacia los reclusos

Denuncia de Alejandro Díaz Santiz. Foto: @Chiapas Denuncia.

El injustamente preso Alejandro Díaz Santiz, actualmente privado de su libertad en el penal federal n°15 de Villa Comaltitlán, Tapachula, Chiapas, denunció amenazas, abuso de poder por parte de las y los custodios, así como humillaciones verbales y físicas. Mediante una carta, el adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) e integrante del grupo “Solidarios de la Voz del Amate”, afirmó que “[e]n las carceles de nuestro pais y estados los presos en diferentes penales o ceferesos sufren malos tratos por parte de las autoridades”, ejemplificando que “[m]ucho de mis compañeros an cido golpiados casi sin motivos” (sic). En su carta detalló el maltrato físico propinado a un interno de unos 60 años de edad, completamente desnudo, por tener vasos desechables en su celda. La carta de Díaz Santiz finalizó pidiendo al Presidente de la República exhortar a los gobernadores de Veracruz por su libertad, además de exigir al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, “que cumpla su promesa donde el se comprometio ver mi caso ante las autoridades de veracruz” (sic), la cual tiene casi 3 años sin ser cumplida.

Cabe recordar que Alejandro lleva más de 17 años en encierro por “un homicidio que no cometió”, además de que en el “momento del arresto no hablaba español, fue torturado, nunca tuvo acceso a un traductor y no podía contar con dinero suficiente para una defensa legal adecuada”, según los Solidarios de la Voz del Amate. En septiembre del pasado año fue trasladado de un penal estatal a un penal de máxima seguridad, aunque el delito por el que cumple condena no pertenece al fuero federal ni es un interno de alta peligrosidad. El Grupo de Trabajo “No Estamos Todxs” calificó este traslado de “venganza política” por “apoyar y concientizar a los demás presos y no callarse ante los abusos de las autoridades penitenciarias”. Actualmente está pendiente la resolución de un amparo que podría excarcelar a Díaz Santiz por remisión parcial de la pena.

Desde inicios del año en curso hasta mayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 800 quejas por el funcionamiento del sistema penitenciario nacional y centros de internamiento, según La Jornada. El mismo medio apuntó que las quejas son por “deficiente atención médica, tortura y malos tratos, deficiente alimentación, actividades laborales y educativas insuficientes, instalaciones con carencias y falta de higiene”. Asimismo, dicho organismo señaló que Chiapas se encuentra entre los seis estados en los cuales se concentran un 80% de las quejas recibidas.

Para más información:

Malos tratos en el CEFERESO 15 de Villa Comaltitlán (Chiapas Denuncia Pública, 6 de junio de 2016)

“Siempre estamos bajo amenazas, humillaciones físicas y verbales”, preso tsotsil de Chiapas, Alejandro Díaz Santiz. (Pozol Colectivo, 6 de junio de 2016)

Preso indígena denuncia “malos tratos” en penal de Chiapas (La Jornada en línea, 7 de junio de 2016)

La CNDH ha recibido este año 800 quejas contra el sistema penitenciario (La Jornada, 30 de mayo de 2016)

El profundo descuido del sistema penitenciario en México (Animal Político, 15 de febrero de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Alejandro Díaz Santiz ayuna por 17 años de encarcelamiento (13 de mayo de 2016)

Chiapas: Jornada por la liberación de Alejandro Díaz Santiz y las y los presos políticos (19 de abril de 2016)

Chiapas: Exigen la liberación de Alejandro Díaz Santiz (11 de marzo de 2016)

Chiapas: Trasladan a Alejandro Díaz Sántiz, junto a 386 presos, a penal de alta seguridad (15 de septiembre de 2016)

Anuncios

Guerrero: Inconformidad tras un año del asesinato de Antonio Vivar

Multitudinario funeral de Antonio Vivar en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en junio de 2015. Foto: @SIDIDH.

A un año del asesinato de Antonio Vivar, decenas de organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron la falta de investigación en torno a los hechos ocurridos durante la jornada electoral en el estado de Guerrero, en junio del pasado año. Durante la jornada fue “ejecutado arbitrariamente el joven activista Antonio Vivar Díaz y decenas de personas fueron objeto de detenciones arbitrarias y tratos crueles e inhumanos”, según apuntó el Sistema Integral de Información en Derechos Humanos (SIDIDH). Las organizaciones defensoras recordaron que la conflictividad social en el estado “no encontró canales de diálogo” y llegaron a darse “una serie de hechos violentos entre elementos de las fuerzas policiales y castrenses junto a grupos de personas armadas vinculadas a partidos políticos, que se enfrentaron con integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) en la ciudad de Tlapa de Comonfort”.

Asimismo, señalaron que la investigación del asesinato de Antonio Vivar “no ha tenido avances significativos y ha omitido realizar diligencias de especial importancia, además de que no ha integrado la información que la Comisión Nacional de Derechos Humanos obtuvo sobre la participación de las fuerzas federales”. Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan dijo, “el ministerio público de la federación desestimó esta acción delincuencial de los policías federales y se avocó a recabar sus testimonios, desvirtuando los hechos para que aparecieran como agraviados”. En un comunicado detallaron que los policías federales declararon no haber portado armas de fuego, afirman haber sido retenidos por varias horas en una capilla y haber sabido del asesinato hasta el siguiente día, a través de la prensa. Sumado a ello, denunciaron que la Procuraduría General de la República (PGR) intentó archivar el caso en febrero sin notificar a la familia del integrante del MPG. Ante ello, las organizaciones firmantes urgieron a la PGR iniciar una investigación diligente e identificar la responsabilidad de los elementos de la policía federal.

Para más información:

Tlachinollan | Exigen investigación diligente a un año de violencia electoral del 7 de junio en Guerrero (Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, 6 de junio de 2016)

Denuncian organizaciones falta de investigación por el asesinato del activista Antonio Díaz (Sistema Integral de Información en Derechos Humanos, 7 de junio de 2016)

ONG de Tlapa bloquean puente para exigir que resuelvan el caso de Toño Vivar (La Jornada Guerrero, 6 de junio de 2016)

OPINIÓN | Permiso para matar (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 6 de junio de 2016)

OPINIÓN | Pelear contra la impunidad y la desigualdad en la Montaña de Guerrero (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 8 de junio de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Marchan en Tlapa de Comonfort a un mes del asesinato de Antonio Vivar Díaz (10 de julio de 2015)

Guerrero: Gana PRI elecciones en contexto de violencia (9 de junio de 2015)

Chiapas: Muere un maestro en los enfrentamientos de oposición a la evaluación magisterial (10 de diciembre de 2015)

Guerrero: Se moviliza el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero para el cumplimiento de acuerdos

Movilización del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero. Foto: @Desinformémonos

El pasado 31 de mayo, las comunidades que integran el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero iniciaron la “Jornada Contra la Desigualdad y la Discriminación”, ante “el incumplimiento del Gobierno Federal de darle continuidad a la propuesta del consejo denominada ‘Que llueva maíz en la montaña‘”, afirmó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Estas comunidades, afectadas por el paso del huracán Ingrid y la tormenta Manuel en 2013, están en “crisis alimentaria” por la “devastación de la base productiva […] y la ausencia de políticas públicas de parte de las autoridades”, según Tlachinollan.

Alrededor de 4 mil personas de las 186 comunidades que conforman el Consejo se movilizaron para exigir al gobierno el cumplimiento de los acuerdos tomados con la federación, que incluían el abastecimiento de granos básicos de 16 mil familias por un año, según el Sistema Integral de Información en Derechos Humanos (SIDIDH). Asimismo, demandaron que se promueva “una estrategia integral que combata de raíz la pobreza, recuperando las prácticas agrícolas ancestrales que garantizaron a los pueblos indígenas una alimentación adecuada y suficiente”. En vez de ello, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, estuvo de gira en Acapulco inaugurando comedores comunitarios en un programa que pretende implementar 1,200 en todo el estado de Guerrero.

Tras dos días de movilizaciones, se acordó una reunión de trabajo a celebrarse el próximo 7 de junio, para la que exigieron la presentación del calendario de cumplimiento de los acuerdos, previo a que la temporada de lluvias vuelva a devastar sus territorios. El Consejo denunció “el desdén de las autoridades federales ante su exigencia de ser partícipes de la creación e implementación de las políticas de desarrollo que les afecta directamente y que – como en el caso del proyecto ‘Que llueva Maíz en la Montaña‘ – ellas mismas pueden diseñar y gestionar”, ante lo que urgió a la sociedad civil a mantenerse al pendiente de la situación de los pueblos entre los más excluidos y discriminados del país.

Para más información:

Concluye protesta indígena en Guerrero; exigen a Gobierno federal cumplimiento de acuerdos sobre alimentación (Sistema Integral de Información en Derechos Humanos, 2 de junio de 2016)

NOTA INFORMATIVA | Jornada Contra la Desigualdad y la Discriminación. (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 31 de mayo de 2016)

NOTA INFORMATIVA | Continúan su lucha por la participación de los pueblos indígenas en la construcción de verdaderas políticas públicas de desarrollo. (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 1 de junio de 2016)

Dan inicio a Jornada Contra la Desigualdad y la Discriminación (Desinformémonos, 1 de junio de 2016)

Bloquean carreteras federales más de 4 mil damnificados de Manuel en La Montaña (La Jornada Guerrero, 1 de junio de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Marchan 3 mil integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero contra el hambre y el olvido (1 de abril de 2016)

Guerrero: Marcha de familias damnificadas a un año de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid (15 de septiembre de 2014)

Guerrero: Se logra acuerdo para implementación de un programa de abastecimiento de granos básicos para los damnificados de la Montaña (22 de febrero de 2014)

Guerrero: Damnificados de la Montaña realizan “Peregrinación del Hambre” por falta de apoyo gubernamental (5 de febrero de 2014)

Guerrero: Damnificados de las tormentas migran para poder subsistir (22 de octubre de 2013)

Nacional: Actualización de las protestas magisteriales y comunicado de apoyo del EZLN

Marcha magisterial en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Foto: @Colectivo del Periódico El Zenzontle.

Desde el pasado 15 de mayo, maestras y maestros disidentes adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y a varias secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) iniciaron una huelga nacional indefinida en rechazo a la reforma educativa. Desde esa fecha, múltiples han sido las movilizaciones del magisterio opositor en varios estados de la República mexicana.

En Chiapas, tras quince días del inicio de las protestas, se han llevado a cabo acciones en los 122 municipios de la entidad, mientras que los gobiernos federal y estatal siguen sin establecer una mesa de negociación, argumentando que no habrá marcha atrás en la reforma educativa. Las acciones más destacadas fueron la toma de 90 alcaldías, según la CNTE, en exigencia de canales de diálogo con el gobierno y la salida de la Policía Federal del estado; el intento de bloqueo de la carretera de Tuxtla Gutiérrez al aeropuerto Ángel Albino Corzo, ante lo que fuerzas federales y estatales replegaron a las y los inconformes con gases lacrimógenos; la expulsión de la policía federal de Chiapa de Corzo por parte de sus habitantes o las marchas en más de 30 municipios en el estado en solidaridad con el magisterio. Asimismo, hay constantes bloqueos carreteros, hubo toma de radiodifusoras y gasolineras en Tuxtla por parte de las y los opositores a la reforma y varias escenas de represión con uso de balas de goma, gases lacrimógenos y sobrevuelos en la zona del plantón magisterial por fuerzas estatales y federales. Por otro lado, en Comitán de Domínguez seis directores y supervisores de escuelas fueron rapados y evidenciados públicamente con carteles con sus nombres y acusaciones como “traidores” o “charros”. Chiapas Paralelo apuntó que integrantes de grupos como el Movimiento Popular Comiteco (MPC), el Frente Democrático Regional de Obreros y Campesinos (FDROC) y la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPIEZ) estuvieron detrás de los hechos, motivados por haberles encontrado listas de las y los docentes que no se están sumando a las protestas. Una de las maestras rapadas declaró recibir presiones por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para reportar lo que está sucediendo en el paro magisterial: “[n]os están pidiendo la documentación de los compañeros que no entraron al paro, que no están haciendo guardias”. Por el momento, hay anunciados 1,134 despidos de docentes y personal no docente que ha participado en el paro.

En Oaxaca, miles de madres y padres de familia junto con docentes participaron en una megamarcha en rechazo a la reforma educativa. En ella denunciaron la campaña de desprestigio que está promoviendo el Insituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) contra las y los profesores en paro. La SEP declaró que el paro magisterial no está teniendo eco entre las y los docentes, calculando que 97% continúan laborando, mientras que la disidencia magisterial asegura que 90% de las escuelas federalizadas están cerradas. En ese estado, el magisterio mantiene el plantón en el zócalo de la capital, Oaxaca de Juárez, también en exigencia de una mesa de diálogo con las y los mandatarios, la liberación de 11 presos del movimiento magisterial y la cancelación de órdenes de aprehensión pendientes de ejecución. También hubo bloqueos carreteros, entre ellos al acceso terrestre del aeropuerto de la entidad, retirada de propaganda las elecciones próximas de realizar, tomas de oficinas y centros comerciales. En ese estado, 3,360 son las y los docentes cesados por no presentar la evaluación magisterial, para quienes se está exigiendo su reinstalación.

En Guerrero también han sido múltiples las acciones. Miles de personas marcharon en reiteradas ocasiones en diferentes municipios en solidaridad con el magisterio, en exigencia de la derogación de la reforma educativa y por la garantía de condiciones laborales dignas para las y los profesores. En Chilpancingo hubo toma del ayuntamiento por parte de integrantes de la CNTE y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), a la vez que se bloqueó en varias ocasiones la autopista del Sol. Asimismo, interpusieron 500 amparos contra los despidos anunciados por la SEP, mientras que la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) comenzó a aplicar descuentos salariales a las y los paristas. Destacó el impedimento por parte de fuerzas gubernamentales a las protestas magisteriales cerca de el poblado Tres Palos, donde el presidente Enrique Peña Nieto estaba realizando un evento.

Muchas han sido las muestras de apoyo y solidaridad con la lucha magisterial. Por su parte, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) publicó un comunicado firmado por los Subcomandantes Insurgentes Moisés y Galeano. En él denunciaron que “[l]a mal llamada ‘reforma educativa’ no es educativa, es laboral”, que “dice defender a la constitución (la reforma educativa), violando la constitución” y que los medios de comunicación no muestran la realidad de la situación sino que difunden que la mayoría del magisterio está trabajando. El EZLN opinó que las y los maestros no están exigiendo privilegios sino que están peleando condiciones básicas de trabajo, para evitar “el objetivo de la reforma educativa”, el cual, valoran, “es privatizar la educación”. Asimismo, denunciaron la criminalización de la lucha magisterial desaprobando que se califique de “holgazanes” a las y los maestros y desmitificando que “no quieren prepararse”. Según aportes de una “escucha”, “la gente en las casas le grita de apoyo a los maestros y las maestras. Y en la calle les dan agua, frutas. Se mira que los quieren a esos maestros que luchan”.

Para más información:

MAYO: ENTRE EL AUTORITARISMO Y LA RESISTENCIA. (Enlace Zapatista, 30 de mayo de 2016)

Organizaciones sociales agreden a maestros que no participan en el paro laboral (Chiapas Paralelo, 31 de mayo de 2016)

Chiapas, 15 días de rebelión magisterial (Chiapas Paralelo, 29 de mayo de 2016)

Como nunca tras Reforma Educativa, padres y organizaciones se solidarizan con magisterio (videos) (Servicios para una Educación Alternativa, 30 de mayo de 2016)

Organizaciones sociales y familias de Guerrero, contra la reforma educativa (Sistema Integral de Información en Derechos Humanos, 1 de junio de 2016)

Cetegistas protestaron cerca de donde el Presidente hacía una gira de trabajo (La Jornada Guerrero, 31 de mayo de 2016)

Marcha Ceteg en Iguala contra la reforma educativa; rechaza la evaluación docente (La Jornada Guerrero, 25 de mayo de 2016)

Aplicó la SEG descuentos a maestros en paro estatal, denuncia líder de la Ceteg (La Jornada Guerrero, 28 de mayo de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Nacional: Paro laboral indefinido del magisterio disidente a la reforma laboral (19 de mayo de 2016)

Chiapas/Oaxaca/Guerrero/Nacional: Criminalización de la protesta social (19 de abril de 2016)

Chiapas/Oaxaca/Guerrero: Protestas del magisterio contra la reforma educativa en varios estados (25 de febrero de 2016)

Chiapas: Muere un maestro en los enfrentamientos de oposición a la evaluación magisterial (10 de diciembre de 2015)

Nacional: Organizaciones sociales se pronuncian sobre ley de tortura

Manifestación en solidaridad con víctimas y sobrevivientes de tortura. Foto de archivo: @Cuartoscuro.

Más de cuatro meses más tarde del plazo otorgado al Congreso de la Unión para expedir una ley de tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, aún no se cuenta con legislación en la materia. En un comunicado, decenas de organizaciones sociales señalaron el retraso de las y los legisladores en la elaboración de dicha ley, a la vez que denunciaron la reticencia a abordar la llamada “miscelánea penal”, un conjunto de iniciativas de reforma a varios códigos y leyes. Organizaciones que colaboraron durante nueve meses en el diseño de una propuesta de ley, opinaron que “varias de ellas alientan las violaciones a derechos humanos”, según Proceso. Concretamente rechazaron la legalización de no poner las personas detenidas a disposición de la autoridad ministerial de la localidad de la detención, según el comunicado legalizando “‘la paseada’, es decir la retención inconstitucional y prolongada durante la cual ocurren actos de tortura”; la suspensión del plazo máximo de la prisión preventiva para personas imputadas que denuncien tortura, “medida que provocará que las víctimas de tortura simplemente se desistan de su denuncia”; y la eliminación del derecho al desahogo de pruebas en la audiencia inicial, por lo que una persona podría ser encarcelada a pesar de tener pruebas desde un inicio que demostraran su inocencia.

El comunicado recordó la fabricación de declaraciones bajo tortura para sustentar la “verdad histórica” de Ayotzinapa o en el caso Tlatlaya. Asimismo, mencionó como ejemplos los vídeos virales que mostraron a agentes federales y estatales torturando a una mujer en Guerrero y el de un funcionario de la Procuraduría del Estado de México que “reconoce que la fabricación de delitos es una práctica ‘de toda la vida’”. Ante ello, hicieron un “enérgico llamado al Senado a no aprobar las propuestas realizadas […] para que demuestre un claro compromiso con la erradicación de la tortura como prioridad legislativa”. “Para un país como México, en donde los patrones de tortura y otros tratos crueles han ido a la alza en los últimos años, se vuelve fundamental contar con normas que garanticen la protección máxima de las personas ante posibles abusos de las autoridades”, publicó Animal Político.

Para más información:

Miscelánea Penal: propuestas inconstitucionales que fomentan la tortura (Comisión Mexicana en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 23 de mayo de 2016)

Exigen ONG que Senado aborde ley de tortura en periodo extra (Proceso, 23 de mayo de 2016)

4 puntos que no se deben olvidar para la ley contra la tortura (Animal Político, 24 de mayo de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero/Nacional: Reacciones ante vídeo de participación de fuerzas públicas en tortura (22 de abril de 2016)

Nacional: Juez absuelve militares implicados en la masacre de Tlatlaya (18 de mayo de 2016)

Nacional: Gobierno rechazó visita del relator para la tortura de la ONU (31 de marzo de 2016)

Nacional: Dudas de organismos de la sociedad civil por la iniciativa de Ley contra la Tortura (9 de febrero de 2016)

Chiapas: Riesgo de más violencia en Chenalhó después de secuestro y cambio de alcalde

Situación violenta por impacto de armas de fuego en el municipio de Chenalhó. Foto: @NTX

El 25 de mayo un grupo de pobladores encapuchados del municipio de Chenalhó, en Los Altos de Chiapas, irrumpió violentamente en la sede de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas y retuvo a Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del estado, al diputado Carlos Penagos y a un conductor. En ese momento se estaba llevando a cabo un diálogo entre representantes de la Comisión de Paz y Transparencia de Chenalhó, una representación de la legislatura encabezada por Ramírez Aguilar y el vicario de justicia y paz Gonzalo Ituarte, como interlocutor de la diócesis de San Cristóbal. La Comisión de Paz y Transparencia de Chenalhó reclamaba la destitución de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, electa por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señalada de no cumplir las promesas electorales y acusada de “corrupción, abuso de poder y de desviar recursos”.

Los retenidos fueron llevados a Chenalhó y exhibidos en la plaza central de la cabecera municipial, donde escucharon las demandas de las y los pobladores. Para ello, Ramírez Aguilar fue vestido con el traje regional de las mujeres como “acto de humillación”, según Chiapas Paralelo. En la mañana del día siguiente, tras varias horas de diálogo y negociación, los funcionarios fueron liberados luego de que el Congreso local aceptara la renuncia de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez y se nombrara a Manuel Sántiz Álvarez como edil sustituto. Juan Carlos Gómez Aranda, secretario de Gobierno de Chiapas, dijo en entrevista con Radio Fórmula que se llegó a un acuerdo para evitar confrontaciones: la renuncia de Rosa Pérez Pérez a cambio de la liberación de los legisladores.

Cabe mencionar que las confrontaciones siguieron en el municipio. El 27 de mayo medios publicaron la noticia de la muerte de dos personas, una de ellas menor de edad, que había resultado herida por un impacto de bala en una disputa entre dos grupos políticos. Esta agresión, de acuerdo a datos preliminares, se derivó de la toma de posesión de Miguel Sántiz Álvarez como presidente municipal sustituto. Asimismo, por los niveles de violencia resultaron desplazadas unas 80 familias del Ejido Puebla, municipio de Chenalhó, porque “inconformes por la renuncia de Rosa Pérez Pérez, les quemaron sus casas y los agredieron”. Según un comunicado del Movimiento Pedrano Chenalhó, opositores a Pérez Pérez, fueron atacados con “armas de fuego, palos, piedras y machetes, en una emboscada orquestada por gente simpatizante a la ex presidenta”. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al gobierno estatal de Chiapas la aplicación de medidas urgentes y cautelares a las personas desplazadas para cubrir de inmediato sus necesidades básicas. La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas firmó una carta alertando sobre el riesgo de más violencia en el municipio de Los Altos. “Nos preocupan las reacciones de violencia entre los grupos opositores dentro del mismo municipio […]. hay rencores y divisiones no superados, y existen armas sin control. Hacemos un atento llamado a los grupos contrarios a respetarse como hermanos, a no quemar casas ni utilizar armas y otros objetos para dañar a los demás”, indicó la carta.

Para más información:

La CNDH pide medidas urgentes por violencia en Chenalhó (Informador, 31 de mayo de 2016)

Alerta diócesis de San Cristóbal sobre riesgo de más violencia en Chenalhó (Proceso, 29 de mayo de 2016)

Violencia por la disputa del gobierno en Chenalhó desplaza a familias en Chiapas (Animal Político, 29 de mayo de 2016)

Detiene PGJE a dos sujetos por muerte de menor en Chenalhó (Comunicado PGJE, 27 de mayo de 2016)

Alcaldesa de Chenalhó renuncia para evitar confrontación; pobladores liberan a legisladores (Animal Político, 26 de mayo de 2016)

Liberan a los diputados retenidos ayer por indígenas de Chenalhó; tienen nuevo alcalde (Chiapas Paralelo, 26 de mayo de 2016)

Pobladores de Chenalhó retienen a dos legisladores de Chiapas (La Jornada, 25 de mayo de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Protestas post electorales en el municipio de Chenalhó (6 de mayo de 2016)

Chiapas: Comunidades de Chicomuselo denuncian incursiones de empresas mineras

Foto @Desinformémonos

 

El 17 de mayo, representantes de comunidades del municipio de Chicomuselo publicaron un boletín de prensa ante la intención de varias empresas mineras de instalar proyectos en sus territorios. Además, las y los denunciantes solicitaron la intervención urgente de las autoridades estatales y federales para evitar que “a cambio de dinero y por medio de engaños y la división de los pueblos, las corporaciones consigan la aceptación a sus obras”. En el boletín dieron a conocer que pobladoras y pobladores de las comunidades de Chicomuselo detuvieron a cuatro personas que se identificaron como empresarios mineros y que llegaron a la región para “promover uno de sus proyectos” en el ejido Grecia. Los cuatro detenidos “se encuentran resguardados por las comunidades”, las cuales están en resistencia desde el asesinato de Mariano Abarca Roblero, quien defendió los recursos naturales ante la explotación minera por la empresa canadiense BlackFire.

Cabe mencionar que desde 2014 se suscribieron varios acuerdos con representantes del gobierno del estado y de las instancias medioambientales, mediante los cuales se ratificó la postura por la no explotación de los recursos minerales en Chicomuselo y la región Sierra de Chiapas. Por otra parte, se firmaron varias minutas de trabajo entre las comunidades y el actual ayuntamiento municipal y de la delegación de gobierno de Frontera Comalapa.

A pesar de esto, según las y los representantes, “las empresas mineras continúan ofreciendo dinero a cambio de que acepten el proyecto, engañan a la gente y dividen a nuestras comunidades, situación que pedimos atender de manera urgente ya que de otra manera las comunidades buscarán los medios necesarios para detener esta problemática social”. Las y los habitantes del municipio de Chicomuselo solicitaron que el gobierno intervenga de forma urgente en la solución del problema, con el fin de prevenir la posible acción de las empresas sobre las comunidades que por años permanecen en resistencia.

Para más información:

Comunidades de Chicomuselo denuncian incursiones de empresas mineras en su territorio (Chiapas Denuncia Pública, 19 de mayo de 2016)

Chicomuselo Chiapas: “Empresas mineras engañan a la gente y dividen a nuestras comunidades” (Radio Pozol, 19 de mayo de 2016)

Empresas mineras continúan con amenazas de proyectos en Chicomuselo (Desinformémonos, 20 de mayo de 2016)

Habitantes de Chicomuselo Detienen y resguardan a 4 promotores mineros (Espoir Chiapas, 20 de noviembre de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Denuncian reinicio ilegal de actividades mineras en Chicomuselo (29 de enero de 2014)

Chiapas: Denuncian renovación de actividades mineras en Chicomuselo (16 de agosto de 2013)