Nacional : Pobres resultados diez años después de iniciar la guerra contra el crimen organizado ; El Ejército seguirá en las calles, EPN

Manifestación en la Ciudad de México a 10 años del inicio de la guerra contra la delincuencia organizada (@La Jornada)

 

Este 11 de diciembre se cumplió una década del inicio de la guerra contra la delincuencia lanzada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). Diez años después, los saldos de la violencia son alarmantes: 186 mil muertos, más de 28 mil desaparecidos, decenas de miles de personas desplazadas según las cifras oficiales, un saldo comparable al de los conflictos armados de América Central en los 80s. En el plazo, según medios, se ha gastado más de un billón de pesos sin que se logre reducir la inseguridad y las afectaciones a civiles con un significativo aumento de violaciones a los derechos humanos. Por lo demás, el consumo interno de drogas ha aumentado y, si bien se han detenido a algunos capos, siguen operando nueve cárteles del crimen organizado y 37 células delictivas.

Organizaciones civiles sentenciaron que “el endurecimiento de las medidas de seguridad no ha logrado ni logrará disminuir la violencia en el país. Hoy vivimos en un país mucho más inseguro, con instituciones más débiles y un sistema de justicia penal que no termina de funcionar correctamente”. Uno de los actores más cuestionado en la estrategia contra la delincuencia ha sido el Ejército, que, fuera de su mandato constitucional, ha sido desplegado para desempeñar tareas de seguridad. Del primero de diciembre de 2006 a finales de octubre pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un total de 158 recomendaciones a las fuerzas armadas, de las cuales 121 fueron dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las 37 restantes a la Secretaría de Marina. La mayoría de estas recomendaciones se emitieron por actos violatorios, como cateos y detenciones arbitrarias; uso excesivo, desproporcionado y arbitrario de la fuerza; lesiones, y también por privación de la vida o ejecuciones arbitrarias; desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles e inhumanos, así como por imputar indebidamente hechos a detenidos.

En conferencia de prensa, el secretario de la Defensa Nacional, general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, fue directo: “Los militares no estudian para perseguir delincuentes”. Y ante la falta de un marco legal “nuestros soldados ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos (de la delincuencia), con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer, entonces les sale más barato”. Expresó: “Estamos pidiendo que se regularice la actuación de las Fuerzas Armadas”, (que se defina) “qué quieren los mexicanos que hagan las Fuerzas Armadas. Si quieren que estemos en los cuarteles, adelante. Yo sería el primero en levantar no una, sino las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales… (…) Nosotros no pedimos estar aquí… no nos sentimos a gusto, los que estamos aquí con ustedes no estudiamos para perseguir delincuentes… Estamos haciendo funciones que no nos corresponden, todo porque no hay quien las deba de hacer o no están capacitados”. Dijo también: “ falta compromiso de muchos sectores para que esto pueda caminar. No es un asunto que se va a resolver a balazos, requiere de otros componentes que tampoco ha habido los esfuerzos importantes necesarios y presupuestos para atender estas situaciones”.

En este marco, la cúpula empresarial demandó que el Ejército mexicano no regrese a los cuarteles hasta que los gobiernos de los estados tengan la capacidad de enfrentar al crimen organizado, para lo cual urgió al poder legislativo a que apruebe leyes que den mayor certeza jurídica a las fuerzas armadas.

Al finalizar el Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia 2016, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que no se ha logrado el objetivo trazado y afirmó que los soldados seguirán en las calles “en tanto logramos el objetivo de esta asignatura aún pendiente, no solo de ahora, sino desde hace ya varias décadas, de tener un país en condiciones de mayor paz y mayor tranquilidad”.

Mario Patrón, director del Centro Agustín Pro DH ha cuestionado que “en vez de acometer con seriedad el diseño de un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad -como lo han propuesto los mecanismos internacionales en la materia-, se reaviva la idea de generar un marco legal ad hoc para el Ejército y la Marina normalizando el estado de excepción bajo el concepto de la seguridad interior”. Por lo mismo, decenas de organizaciones civiles, académicos e investigadores pidieron a la Cámara de Diputados –que estaban debatiendo este tema en estos mismos días- “a que no apruebe de forma apresurada” la permanencia militar en tareas de seguridad pública y la suspensión de garantías para la población.

Para más información :

El tamaño del fracaso: 186 mil muertos en una década de guerra en México, según datos oficiales (Sin Embargo, 5 de diciembre de 2016)

Diez años de guerra contra las drogas: Civiles se organizan para responder al fracaso del Estado (Sin Embargo, 7 de diciembre de 2016)

Militares no estudiamos para perseguir delincuentes: Cienfuegos (Aristegui Noticias, 8 de diciembre de 2016)

Reprocha Cienfuegos falta de apoyo de Segob; “no estamos a gusto persiguiendo delincuentes”, dice (Proceso, 8 de diciembre de 2016)

Exige Cienfuegos regularizar función de las fuerzas armadas (La Jornada, 9 de diciembre de 2016)

Pide CCE aprobar leyes que den certeza jurídica a fuerzas armadas (La Jornada, 9 de diciembre de 2016)

El baño de sangre en 10 años deja más consumidores de drogas, más cárteles y más líderes criminales (Sin Embargo, 9 de diciembre de 2016)

El Ejército seguirá en las calles: Peña Nieto (El Heraldo de Chiapas, 10 de diciembre de 2016)

Activistas protestan ante “guerra contra el narco” (La Jornada, 11 de diciembre de 2016)

Violencia, dudas y la sombra de la corrupción marcan los 10 años de la guerra contra el narco (Animal Político, 11 de diciembre de 2016)

Con Felipe Calderón, se generó un tsunami de sangre que no teníamos: especialista (Revolucion 3.0, 12 de diciembre de 2016)

Sedena, la que más recomendaciones ha recibido de la CNDH en 10 años (La Jornada, 12 de diciembre de 2016)

Seguridad pública, función de civiles, dice CNDH (La Jornada, 12 de diciembre de 2016)

Especial 10 años de la guerra contra el narco (Vice News, diciembre de 2016)

Para más información de SIPAZ :

Nacional: La CNDH presentó su informe sobre recomendaciones por violaciones a derechos humanos (28 de septiembre de 2016)

Nacional: “Violencia del narco” ha desplazado a 281 mil personas (22 de julio de 2016)

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Chiapas : Roban oficinas de la Casa de la Mujer Ixim Antsetic en Palenque

La madrugada del 8 de diciembre, en Palenque, fueron allanadas las oficinas de la Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic A.C. (CAM), organización dedicada a promover procesos formativos con mujeres indígenas y mestizas de los medios rural y urbano popular de la Sierra Norte de Chiapas.

La organización Artículo 19 informó: « De la oficina fue sustraída una computadora portátil, una caja de seguridad que contenía alrededor de $10,000.00, así como un disco duro con información sobre la organización . (…) al momento no hay sospecha alguna sobre la forma en la que operaron las o los perpetradores ».

Por lo mismo, Artículo 19 exigió « a las autoridades municipales y estatales conducir sus actuaciones con estricto apego a la legalidad, realizando debidamente las diligencias necesarias para garantizar el derecho al acceso a la justicia de las integrantes de la organización, e impedir que se repitan esta o cualquier otra agresión que pueda inhibir su labor en favor de los derechos de las mujeres ».

Para más información :

Roban oficinas de la organización Casa de la Mujer Ixim Ansetic, en Chiapas (Artículo 19, 9 de diciembre de 2016)

 

Chiapas: “Foro sobre Defensa de la Tierra, Vida y Territorio” se pronuncia contra la presencia de la Gendarmería ambiental en la Selva Lacandona

Foro en Amador Hernández (@Noé Pineda)

El pasado 5 de diciembre, se llevó a cabo el “Foro sobre Defensa de la Tierra, Vida y Territorio” en el ejido de Amador Hernández, en el Municipio de Ocosingo, Selva Lacandona. Alrededor de mil personas provenientes de comunidades de la región analizaron los problemas que experimentan, entre ellos, varios conflictos de carácter agrario.

En su declaración final, expresaron: “nos pronunciamos en contra de la implementación de la Gendarmería Ambiental y su entrada a nuestro territorio. Desde ahora  manifestamos que en caso de que las autoridades correspondientes no tomen en consideración nuestra inconformidad (…), realizaremos más acciones en contra de la implementación de la Gendarmería Ambiental hasta que seamos escuchados.”

Cuestionaron que la presencia de la Gendarmería Ambiental “para el supuesto cuidado y conservación del medio ambiente” responde a otros objetivos: “Nosotros sabemos que el verdadero objetivo de este cuerpo de seguridad, constituye una estrategia para la destrucción de nuestras comunidades, de nuestras culturas y nuestras organizaciones, representa la violación a nuestros derechos yo que su verdadera intencionalidad es garantizar el ingreso de empresas transnacionales dedicadas a la extracción de recursos naturales en beneficio del gran capital.

Según las autoridades, la Gendarmería  ambiental tendrá « la misión de prevenir los delitos y faltas administrativas en materia ambiental, debido a su modelo de seguridad y operación policial. » Tiene contemplado instalarse en 61 puntos del país entre otros la Selva Lacandona, la reserva de Montes Azules y de la mariposa monarca, el Pico de Orizaba, el Nevado de Toluca y Tulum.  

Es de mencionar que este mismo día, el presidente Enrique Peña Nieta se encontraba en la Selva Lacandona en el marco de una actividad parte de la COP (Conferencias de las Partes) 13 bajo el lema “Integrando la biodiversidad para el bienestar”. En ese marco, dio instrucciones a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de evitar la regularización de asentamientos irregulares; y a las secretarías de Energía y de Economía, garantizar que no se realicen exploraciones o explotaciones de hidrocarburos o mineras en la región.

Para más información :

Con la amenaza de la instalación de la Gendarmería Ambiental se realiza Foro sobre Defensa de la Tierra en Amador Hernández, Chiapas (Serapaz, 7 de diciembre de 2016)

Pueblos de Chiapas dicen no a la Gendarmería Ambiental (Somos el Medio, 8 de diciembre de 2016)

Se pronuncian en contra de la Gendarmería Ambiental comunidades de la Selva Lacandona y Montes Azules (Desinformémonos, 8 de diciembre de 2016)

Peña Nieto destaca acciones para preservar la Selva Lacandona (La Jornada, 5 de de diciembre de 2016)

Los de abajo (Artículo de opinión, La Jornada, 10 de diciembre de 2016)

COP 13- Conservación y áreas de salvaguarda, la cara más reciente del modelo extractivo en México (Otros Mundos, 8 de diciembre de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Nacional: Despliegue de elementos de la División de Gendarmería en 6 estados de México (3 de septiembre de 2014)

Guerrero : La CNDH y la ONU-DH realizan una misión conjunta en el estado

Miembros de la CNDH, de la ONU-DH y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan durante la sesión de cierre de la misión Foto:@ Tlachinollan

Los días 6 y 7 de diciembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) realizaron una misión conjunta en el estado de Guerrero durante la cual sostuvieron diversas reuniones con víctimas, defensores de derechos humanos y autoridades. Al final de esa misión, ambas instituciones reafirmaron su preocupación por «  la situación de inseguridad en el Estado, la impunidad en que se encuentran los casos de violaciones a los derechos humanos, particularmente las desapariciones, la falta del acceso a la justicia, la reiteradas amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos, y el desplazamiento forzado interno ». Reiteraron « la necesidad de atender la situación en el estado de Guerrero de manera integral a fin de que las soluciones que se propongan en materia de seguridad también atiendan el problema de acceso a la justicia. »

La CNDH y la ONU-DH concordaron en que para reducir los niveles de violencia debe ponerse fin a la impunidad. En este contexto, ambas instituciones reiteraron su preocupación por la falta de recursos humanos y materiales con los que cuentan la Fiscalía General de Justicia y otras instituciones para hacer frente a la preocupante situación en materia de derechos humanos que atraviesa el estado. Afirmaron que « se requiere que los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, se involucren activa y efectivamente especialmente en el ámbito de procuración de justicia. »

En la sesión de cierre de la misión, ambas instituciones enviaron un mensaje de solidaridad a las familias y víctimas de violaciones de derechos humanos y reafirmaron su disposición para brindar su apoyo a las mismas en su búsqueda de verdad, justicia y reparación. Asimismo, expresaron su permanente disposición para asistir técnicamente al estado de Guerrero en materia de derechos humanos.

Para más información:
Termina misión conjunta de CNDH y ONU-DH México al estado de Guerrero (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, a 8 de diciembre de 2016)

ONU-DH y CNDH instan a atender derechos humanos en Guerrero ( La Jornada, a 7 de diciembre de 2016)
Termina misión conjunta de CNDH y ONU-DH México al estado de Guerrero ( Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a 7 de diciembre de 2016)

Guerrero : Testigos de cargo del caso de Arturo Campos Herrera reconocen que no cometió el delito de secuestro por lo cual se encuentra preso

Detención arbitraria de Arturo Campos Herrero Foto: @ Tlachinollan

El 7 de diciembre, el preso político y promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC – PC), Arturo Campos Herrera, tuvo un careo con quienes lo acusaron. Arturo fue detenido el 1 de diciembre de 2013, acusado por el supuesto delito de secuestro agravado.

Durante el careo, los cinco principales testigos de cargo del caso de Arturo no pudieron sostener las acusaciones. Aceptaron expresamente que Arturo Campos no cometió el delito de secuestro contra ellos y que tampoco les pidió dinero para ponerlos en libertad como dijeron en sus primeras declaraciones.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que acompaña al líder de la CRAC – PC destaca en su ultimo comunicado que « existen en el proceso penal pruebas documentales y periciales que corroboran que Arturo Campos es Consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) y que nunca secuestró a nadie, por el contrario formaba parte de una institución de seguridad y justicia del Pueblo Tun Savi de Ayutla, que con su trabajo decidido contribuyó a forjar la tranquilidad comunitaria de ese Municipio y otras partes del Estado. »

Tlachinollan afirma que la causa penal de Arturo presenta fisuras legales e inconsistencias de origen que la hacen insostenible. Cabe recordar que en agosto, seis autoridades de la CRAC-PC, acusados del mismo delito, fueron liberados porque un Juez de Distrito resolvió que no se acreditaba el secuestro al ser autoridades comunitarias reconocidas por la Ley. De igual forma, la misma resolución sirvió para la liberación de Nestora Salgado en marzo de este año .

Tlachinollan considera claro que la «  injusta detención de Arturo Campos Herrera es por consigna política del gobierno Federal y Estatal y tiene el propósito de atacar y medrar los sistemas normativos de los Pueblos Indígenas y todos sus derechos ganados que establecen los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución Política Federal y la Ley 701 del Estado de Guerrero. » Concluye su último comunicado recordando que ya « no existen razones de ningún tipo para seguir manteniendo en prisión al luchador social Arturo Campos Herrera » por lo que exige su libertad inmediata e incondicional.

Para más información :

Se debilita acusación contra el luchador social Arturo Campos ( Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinollan, a 8 de diciembre de 2016)

Se desvanecieron dos procesos penales por secuestro contra Arturo Campos, informa Tlachinollan ( El Sur Acapulco, a 09 de diciembre 2016)

Para más información de Sipaz :
Guerrero : exigen liberación de Arturo Campos Herrera, integrante de la CRAC PC ( 03 de diciembre de 2016)
Guerrero : marchan en Chilpancingo por la libertad de los presos de la Policía Comunitaria (14 de octubre de 2016)
Guerrero: En libertad seis presos de la CRAC-PC (13 de mayo de 2016)

 

Chiapas: Ciudadanxs de Tuxtla Gutiérrez están preocupados por el tema del agua potable

Foro “Los Principios relativos a la libertad de Expresión y el derecho al Agua” en Tuxtla Gutiérrez. Foto archivo @ChiapasParalelo

El 6 de diciembre, el Comité Promotor del Observatorio Ciudadano “Aguas SMAPA con el Agua”, por la Defensa de la Vida, la Tierra y el Territorio publicó un pronunciamiento alertando sobre la privatización del agua en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Dicho Comité está integrado por un grupo de ciudadanas y ciudadanos, académicos e integrantes de organizaciones civiles y sociales. Busca constituir para 2017 un observatorio ciudadano del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez (SMAPA) con el fin de “monitorear y vigilar el funcionamiento de la dependencia municipal, además del cumplimiento al derecho humano al agua potable.” Señaló que “en Tuxtla cerca de 60 colonias de las 500 que la conforman no cuentan con el servicio universal de agua potable lo que viola los derechos humanos.”

En un pronunciamiento, los integrantes del Comité Promotor denunciaron: “Sabemos de la crisis financiera del SMAPA, generada por el robo, el saqueo, la corrupción y desvío de recursos, con lo cual pretenden justificar el servicio deficiente y su privatización; ésta, a modo hormiga avanza bajo la moderna estrategia mercantil denominada “outsourcing” que no es más que la “subcontratación de un servicio”, esto consiste en transferir los recursos y las responsabilidades de ciertas tareas a un tercero, como ejemplo tenemos la concesión de la instalación y manejo de los medidores a la empresa CISSA”.

Alertaron que: “El servicio de agua es malo porque es una estrategia de las autoridades para fastidiarnos y hacernos creer que es necesaria una privatización, pero pasaría lo mismo que con Proactiva [para el manejo de la basura] y fracasaría”. Por lo mismo, manifestaron su “total rechazo a cualquier forma de privatización del agua y los sistemas operadores”.

Para más información:

“SMAPA ya privatizó los medidores de agua de Tuxtla”: Ciudadanos (Chiapas Paralelo, a 6 de diciembre de 2016)

Contra la privatización del agua crean un observatorio ciudadano del agua en Tuxtla (Espoir Chiapas, a 6 de diciembre de 2016)

Para más información de Sipaz:

Chiapas : Sigue el movimiento en contra de la privatización del agua en Tuxtla

 

Chiapas: Denuncia de las y los ejidatarios de Tila

Conferencia de prensa en San Cristóbal de las Casas Foto @Sipaz

En una denuncia publica, emitida el día 24 de noviembre,  los y las ejidatarios de Tila, adherentes a la Sexta declaración de la Selva Lacanona, dan a conocer las amenazas e intimidaciones que siguen padeciendo. Delatan especialmente la intimidación que sufrio un ejidatario el día 22 de noviembre y las amenazas que recibió el parroco de Tila  Heriberto Cruz Vera a pesar de que ” no tiene nada que ver en la lucha Ejidal.” Denuncia a un “grupo minoritario de aprox. 150 personas (…) lanzando piedras intimidando a los transeuntes y una sarta de groserías en contra de los ejidatarios .”

En su denuncia las y los ejidatarios enuncia  su postura no violenta aclarando que le apuestan a “la paz y la tranquilidad.”

Concluyen su denuncia alertando “a las organizaciones sociales no gubernamentales a estar pendientes de lo que vaya acontecer en el ejido de tila” y responsabilizando “al gobierno del estado de Chiapas, al congreso del estado, al registro publico de la propiedad y ayuntamiento municipal por ser los responsables que engañaron a la gente por un supuesto fundo legal violando el Art. 74 de la legislación agraria al tratar de modificar el plano definitivo del ejido siendo inconstitucional.”