Guerrero : Arturo Campos ¿ a un paso de la libertad?

marzo 2, 2017
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Arturo Campos Herrera, injustamente preso en el centro penitenciario de Ayutla, Foto@: Tlachinollan

El 14 de febrero, el Juez Sexto de Distrito de Acapulco, determinó que Arturo Campos que pertenece a la Coordinación Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC – PC) no cometió el delito de secuestro que le imputaron hace más de tres años. Arturo fue acusado de haber secuestrado y extorsionado a cinco personas pero, en un careo con las supuestamente 5 víctimas, ninguna pudo sostener esas acusaciones. En una declaración que emitió Arturo ese mismo día expresó que “Yo sé que eso lo inventó el gobierno. […] Los secuestros que dicen que cometemos los policías comunitarios son pura jalada de ellos solo para tenerme encerrado. […] Al gobierno no le gusta que los pueblos trabajemos derecho, mucho menos permite que le quitemos el negocio que tienen con la delincuencia. A nosotros nos quiere acabar, quiere vernos derrotados en la cárcel y ganas no le faltan para desaparecernos.”

Arturo pertenece a un sistema de justicia comunitario bajo el amparo de varias leyes y convenios nacionales e internacionales que garantizan el derecho a la indeterminación de los pueblos y comunidades indígenas (ley 701, de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero; convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); Articulo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Sin embargo, varias autoridades de policías comunitarias, al aplicar su derecho a la autodeterminación deteniendo delincuentes en sus territorios, han sido acusadas de secuestro, arrestadas y encarceladas.

Arturo explicó en su declaración que como policía comunitaria se organizan para defenderse de las inseguridad que ha llegado en sus comunidades “por culpa del mismo gobierno que no hace nada por los pueblos.” Afirmó que saliendo de la cárcel continuará impulsando la organización : “Seguiremos luchando contra la inseguridad y contra el gobierno que es cómplice de la delincuencia y es el causante de todo lo que está pasando en el estado. Muchos políticos, que si son delincuentes son los que deberían de estar en mi lugar, pero son intocables porque gozan de impunidad y son parte de la mafia.”

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que acompaña a Arturo en su proceso penal en su comunicado intitulado Las Batallas por la libertad de Arturo consideró que “en el camino hacia la búsqueda de justicia se ha dado un paso más para demostrar no sólo inocencia sino también las técnicas del Estado para criminalizar el modelo de justicia comunitario de la CRAC-PC”.

Tlachinollan aseguró que “en estricto apego a los principios de legalidad y justicia el juez de la causa está obligado a emitir la libertad inmediata de Arturo Campos Herrera“. Por ello exhortó al Juez de Primera Instancia en materia Penal y al Poder Judicial del Estado (PJEG) que se apeguen a la legalidad.

Para más información:
Las batallas por la libertad de Arturo(Centro de derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 17 de febrero de 2017)
Me declaro policía comunitario: inocente, no delincuente”(Centro de derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 17 de febrero de 2017)

Para más información de Sipaz:
Guerrero : Testigos de cargo del caso de Arturo Campos Herrera reconocen que no cometió el delito de secuestro por lo cual se encuentra preso (9 de diciembre de 2016)
Guerrero : exigen liberación de Arturo Campos Herrera, integrante de la CRAC PC ( 03 de diciembre de 2016)
Guerrero : marchan en Chilpancingo por la libertad de los presos de la Policía Comunitaria (14 de octubre de 2016)

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Oaxaca/Chiapas: Agresión armada en los Chimalapas deja heridos

marzo 2, 2017
Foto @NVINoticias

Foto @NVINoticias

 

El 24 de febrero, integrantes del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Territorio Chimalapa (CNDCTCh) denunciaron que “fueron atacados con armas de fuego comuneros del paraje “El patio”, que pertenece a Santa María Chimalapa”, el saldo siendo de cuatro heridos y seis comuneros desaparecidos. El presidente municipal de Santa María Chimalapa, Víctor Zárate, confirmó los hechos y señaló que fueron atacados por “aproximadamente por 70 hombres armados con machetes y armas de fuego, provenientes [de Cintalapa] del estado de Chiapas, con un saldo hasta el momento de 4 heridos y 6 comuneros desaparecidos’“, una situación que deriva del histórico conflicto agrario entre Oaxaca y Chiapas en los Chimalapas.

Después de un día de desaparecido, Norberto Ruiz González, comunero de Nuevo San Andrés de Santa María Chimalapa, fue localizado por comuneros dentro del territorio oaxaqueño. De acuerdo con las autoridades, el joven “presentaba algunos golpes” y según su versión, fue perseguido por una hora hasta internarse en el monte, donde pudo perder a sus atacantes”. Hasta la fecha, los cinco otros desaparecidos fueron encontrados con vida y sin lesiones. En el ataque fue herido de gravedad Abner Ruiz y dos comuneros más fueron golpeados.

Para más información:

Ataque paramilitar a congregación en Los Chimalapas deja heridos y desaparecidos (EDUCA, 27 de febrero de 2017)

Narran comuneros agresión armada en Chimalapas (NVI Noticias, 27 de febrero de 2017)

Crece tensión en Chimalapas por invasores de Chiapas (NVI Noticias, 27 de febrero de 2017)

Rescatan a comuneros desaparecidos después de ataque en Los Chimalapas (EDUCA, 2 de marzo de 2017)

Comuneros de congregación zoque piden medidas cautelares ante amenazas (Itsmo Press, 2 de marzo de 2017)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas/Oaxaca: Caravana de Observación Civil y Solidaridad por los Chimalapas (14 de enero de 2016)

Oaxaca/Chiapas: nuevo enfrentamiento en los Chimalapas deja dos heridos y 4 detenidos. (21 de mayo de 2015)

Chiapas/Oaxaca: Continúan agresiones en conflicto Chimalapas (19 de febrero de 2014)

Oaxaca/Chiapas: reunión de gobernadores en Gobernación por caso Chimalapas (10 de mayo de 2012)


Oaxaca: Parlamentarias europeas vuelven a denunciar impunidad en el caso del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola

marzo 2, 2017

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A casi siete años del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola (finlandés) –cometido en abril de 2010 en la zona triqui de Oaxaca cuando participaban en una caravana humanitaria–, y en el marco de su décima visita a México buscando su esclarecimiento, la eurodiputada Ska Keller (Alemania) y Satu Hassi, parlamentaria de Finlandia declararon que “Siete años es mucho tiempo para esclarecer un homicidio”, y que “Esto hace que crezca la desconfianza en la voluntad de las autoridades. Luego de tantos años la resolución del caso es una idea muy remota”.

Ambas legisladoras subrayaron que, en todas sus visitas, han escuchado promesas de diversos funcionarios públicos tanto en Oaxaca como a nivel federal pero que siguen sin llevarse a la práctica. “El nuevo gobernador de Oaxaca (Alejandro Murat, quien las recibió en reunión privada) nos aseguró que va a resolver el asesinato y a hacer justicia, pero lo que queremos es ver cómo ese compromiso se traduce en acciones concretas. El compromiso es muy importante, pero falta saber cómo lo van a demostrar en los hechos”, resaltó Ska Keller en entrevista con La Jornada.

Recordaron que de los presuntos responsables del asesinato, uno ya murió, ocho están en libertad y cinco se encuentran en prisión sin sentencia; dos de las testigos claves que presenciaron los hechos son amenazadas; el abogado de los acusados es también el intérprete de las familias de las víctimas; y el caso se lleva en Huajuapan en la misma región triqui, lo que resulta inseguro para los testigos.

En conferencia de prensa, las parlamentarias aclararon que “venimos acá no solo para resolver el crimen de un ciudadano de Finlandia sino para ayudar a romper el círculo de la impunidad. En estas visitas hemos aprendido mucho de las graves violaciones a derechos humanos que se cometen en México y es increíble y es muy triste porque creemos que rompiendo la impunidad es la clave para el desarrollo y debería estar en el interés en todo este país”.

Para más información:

Remota”, la justicia para activistas asesinadas en Oaxaca hace siete años: parlamentaria finlandesa (Proceso, 23 de febrero de 2017)

Hay omisión en caso de activistas asesinados en San Juan Copala, Oaxaca: Eurodiputadas (NVI Noticias, 24 de febrero de 2017)

Eurodiputadas piden a Peña Nieto menos palabras y más hechos para terminar círculo de impunidad (Página3,mx, 25 de febrero de 2016)

Pendiente, la justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola (La Jornada, 26 de febrero de 2017)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca/Internacional : Suman 5 detenidos en el caso del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola (2010) (15 de octubre de 2016)

Oaxaca: PGR archiva el caso del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola (28 de abril de 2016)

Oaxaca: Gobierno del estado no recibe a eurodiputadas por “falta de voluntad” hacia el caso de Bety y Jyri (2 de octubre de 2015)


Chiapas : denuncian criminalización de defensores de la Madre Tierra en zona zoque

marzo 1, 2017

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En un comunicado de prensa hecho público el 23 de febrero pasado, miembros del movimiento magisterial y popular denunciaron la persecución por parte del gobierno estatal en contra del proceso de organización comunitaria del municipio de Tectapan hacia la defensa del territorio, mismoque pertenece al Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia (MOPOR), y que a su vez, forma parte del Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas”.

Recordaron que a partir de la intención de la Secretaría de Energía (gobierno federal) de llevar a cabo un proceso de información y consulta para el otorgamiento de dichas concesiones”, se inició un proceso de articulación con comunidades de municipios “que también serán afectados por las más de 80,000 hectáreas que contempla la licitación de la Ronda 2.2”.

Denunciaron que “desde el 7 de septiembre un personaje muy interesado en que se lleve a cabo el proceso de licitación para los pozos de extracción de hidrocarburos, ha sido el presidente municipal de Tecpatan, Armando Pastrana Jiménez del Partido Verde. (…) desde el ayuntamiento municipal de Tecpatan se han dado a la tarea de intimidar a las comunidades para que acepten el proceso de licitación.

El comunicado agrega que las inconformidades hacia la “deficiente” administración municipal rebasan además el tema de la licitación, por lo que habitantes de los barrios de la cabecera municipal y de las comunidades, el día 13 de febrero pasado, se presentaron al edificio que alberga la presidencia municipal para exigir una audiencia con el presidente municipal, en la cual se pretendía presentar una serie de demandas y necesidades que no han sido atendidas”.

Este mismo día, denunciaron el presidente municipal para poder salir del edificio del ayuntamiento sin atender a la población del municipio, provocó que grupos afines a él, incendiaran la presidencia municipal para que, resguardado por la policía municipal (quienes activaron sus armas de fuego), pudiera, literalmente, huir de sus responsabilidades adquiridas como presidente municipal. No sin antes amenazar e intimidar a quienes se manifestaron pacíficamente ese día”.

Derivado estos hechos, el 21 de febrero, Silvia Juárez Juárez, de la cabecera municipal de Tectapan y parte del Comité Regional de padres y madres de familia del Estado de Chiapas, fue detenida en Tuxtla Gutiérrez, acusada de secuestro. 32 otras personas están siendo señalados en una denuncia radicada ante el Fiscal del Ministerio Público de Chiapa de Corzo. El boletín finaliza llamando a la solidaridad para exigir la liberación inmediata e incondicional de Silvia Juárez Juárez y la cancelación de posibles ordenes de aprehensión, además de ratificando su postura en contra de los pozos de extracción de hidrocarburo.

Para más información:

Denuncian persecución política en Chiapas por oponerse a despojo de tierras (Proceso, 23 de febrero de 2017)

Boletín de prensa de la Asamblea Estatal de Organizaciones Sociales de Chiapas (23 de febrero de 2017)

Exigen la libertad de activista detenida en Tecpatán por participar en el movimiento contra el despojo de la tierra y el territorio (Chiapas Paralelo, 28 de febrero de 2017)

Para más información de SIPAZ :

Chiapas : comunidades zoques se oponen a extracción de hidrocarburos en el norte de Chiapas (20 de octubre de 2016)


Chiapas: Familias desplazadas de Banavil recuerdan el fallecimiento de la niña Antonia López Luna

marzo 1, 2017
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Del 21 al 23 de febrero, las familias desplazadas de Banavil, municipio de Tenejapa, retornaron provisionalmente a sus casas para visitar la tumba de Antonia López Méndez, hija de una de las familias, quién falleció, en condiciones de desplazamiento forzado el 21 de febrero 2015 a la edad de 11 años.

En un pronunciamiento, denunciaron que en los 5 años y dos meses que llevan desplazadas, el gobierno tampoco se ha preocupado “del sufrimiento de las demás niños y niñas que están desplazadas en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas” y que “como Antonia hay muchas niñas, niños muertos, por el mal gobierno y no han esclarecido ni investigado, como en las niñas y niños masacrados en Acteal”.

Para más información:

Pronunciamiento de las familias desplazadas de Banavil (20 de febrero de 2017)

Los desplazados de Chiapas, entre la impunidad y la fe en el papa (Animal Político, a 16 de febrero de 2016)
Para más información de Sipaz:

Chiapas: Desplazados de Banavil siguen exigiendo justicia tras 5 años de desplazamiento forzado

Chiapas: Familias desplazadas de Banavil anuncian retorno provisional a su comunidad para el día de muertos

Chiapas: Inauguración de exposición fotográfica de familias desplazadas de Banavil

Chiapas: Desplazados y desplazadas de Banavil, 4 años de impunidad

Chiapas: Retorno provisional de las familias desplazadas de Banavil para Día de Muertos

 


Oaxaca: Comunidades afectadas por el proyecto minero “San José” toman oficinas de SEMARNAT

marzo 1, 2017

 

Comunidades afectadas por proyecto minero toman SEMARNAT Foto @EDUCA

El día 28 de febrero, comisariados de varias comunidades integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo) y del Comité de Defensa de Magdalena Ocotlán contra la Minería, exigieron un alto a los trabajos de la empresa minera Fortuna Silver Mines (FSM) a través de una manifestación en las oficinas centrales de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Lograron ser atendidos por el delegado de la SEMARNAT, Tomás González Illescas, que aseguró que la instancia que él dirige “no ha otorgado permiso alguno a la minera y que por tanto correspondería a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el establecimiento de una investigación y en su caso sanciones que podrían llegar hasta la cancelación de concesión”. Por su parte, un representante de la comunidad de San Martín de los Cansecos advirtió: “Las comunidades y ejidos nos estamos organizando, y no vamos a permitir que de hagan exploraciones y se expanda el proyecto minero”.

Cabe mencionar que desde 2014 la empresa minera FSM, a través de su filial Cuzcatlán, “realiza trabajos ilegales de exploración del proyecto minero “San José”, toda vez que la SEMARNAT aseguró no haber otorgado permisos para estas acciones”. Por tal razón, el 8 de noviembre de 2015, en una asamblea regional, declararon sus territorios libres de minería y decidieron no permitir ningún trabajo de exploración y explotación minera en sus ejidos. A pesar de esto, el pasado 24 de noviembre, “la empresa FSM promovió ante la Semarnat un estudio técnico con el objetivo de realizar exploraciones mineras directas en zonas de uso agrícola dentro de la concesión minera Progreso II”. La zona donde la empresa minera pretende realizar exploraciones también es un área de recarga de los mantos acuíferos, por lo que la autorización de permisos para realizar exploraciones constituye una grave amenaza en términos ambientales. Ante tal situación, las comunidades afectadas presentaron un escrito ante la Semarnat el 1 de diciembre pasado, “exigiendo que dicha autoridad niegue la autorización (…) por la afectación que dichos trabajos producirían en nuestras comunidades”, que hasta hoy no ha recibido respuesta.

Para más información:

NIEGAN SEMARNAT Y PROFEPA PROTEGER TERRITORIOS EN OCOTLÁN Y EJUTLA FRENTE A PROYECTO MINERO (EDUCA, 28 de febrero de 2017)

Toman SEMARNAT comunidades afectadas por proyecto minero San José (EDUCA, 28 de febrero de 2017)

Denuncian zapotecos indolencia oficial frente al avance de proyectos mineros en Oaxaca (Proceso, 28 de febrero de 2017)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: A 3 años del asesinato de Bernardo Vásquez, Fortuna Silver espera mayores ganancias (26 de mayo de 2015)

Oaxaca: presentan el informe “Justicia para San José del Progreso” (11 de marzo de 2014)

Oaxaca: Misión Civil de Observación a San José del Progreso (Noviembre de 2012)

Oaxaca: Asesinato del vocero de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (17 de marzo de 2012)


Nacional: PGR ofrece disculpa pública a mujeres indígenas encarceladas injustamente por 3 años

febrero 28, 2017

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El 21 de febrero, tres mujeres indígenas Hñähñú recibieron una disculpa pública por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) después pasar injustamente más de tres años en prisión.

Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio vendían agua fresca en un tianguis de Querétaro. En 2006, fueron detenidas tras ser acusadas de haber “privado de la libertad a seis agentes de la PGR durante un zafarrancho que los funcionarios de la Procuraduría sostuvieron con comerciantes informales tres meses antes, luego de que los policías intentaron despojarlos de mercancía, en un operativo para el cual carecían de autorización.

Jacinta -madre de seis hijos- fue “sentenciada a pasar 21 años en prisión, con un juicio en el que nunca se presentaron pruebas en su contra y en el que la indígena otomí careció de la asistencia de un intérprete”, lo que resulta violatorio de derechos humanos “ya que en el momento del proceso penal Jacinta apenas entendía el español”.

Su defensa demostró que a Jacinta se le atribuyó una declaración fabricada, escrita en español, que ella no pudo haber realizado por su incomprensión de dicha lengua en aquel entonces. También se demostró que era materialmente imposible que Jacinta, junto con las otras dos mujeres indígenas, pudieran privar de su libertad a seis agentes.

Por esas razones, el “Tribunal Unitario revocó la sentencia de 21 años de cárcel y ordenó reponer el proceso en contra de la indígena otomí, ante lo cual la PGR decidió no ejercer nuevas acciones en su contra y Jacinta pudo recuperar la libertad.

La revista Animal Político explica que “desde mayo de 2014, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) falló a favor de la demanda de resarcimiento moral y material, interpuesta por Jacinta Francisco Marcial y las otras dos mujeres indígenas en contra de la PGR “y que el “fallo del TFJFA establece que la PGR hizo mal su trabajo por lo que a Jacinta se le debe reparar el daño”.  La misma revista declara que “aún cuando Jacinta recuperó la libertad desde 2009, hasta la fecha su inocencia no había sido oficialmente reconocida y los responsables de los abusos cometidos en su contra no habían sido sancionados.”

Para el Centro Prodh, la importancia de este acto está en que es el primer evento de este tipo que responde a una sentencia emitida por tribunales nacionales (otros han sido ordenados por organismos internacionales), al mismo tiempo que pone en el centro la lucha de estas mujeres por su propia dignidad y por sentar un precedente para otras víctimas.

 Para más información:

Para Jacinta, Alberta y Teresa, una disculpa “cosmética” (Proceso, a 27 de febrero de 2017)
La PGR ofrecerá una disculpa pública a tres indígenas que fueron encarceladas (Animal Politico, a 21 de febrero de 2017)
Disculpa pública de PGR a tres indígenas detenidas injustamente (La Jornada, a 22 de febrero de 2017)