Nacional: Inconformidades ante “gasolinazo”

enero 13, 2017
Infografía @TeleSurTV

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El pasado 1 de enero se incrementó de un 20% el precio de la gasolina y el diesel en México. Dicho incremento fue de la mano de un aumento en otros bienes y servicios, afectando significativamente el nivel de vida de las y los mexicanos. Detonó movilizaciones y acciones en al menos 25 estados de la República Mexicana, dejando, a la fecha, un saldo de tres fallecidos y 600 detenidos. Las protestas “más numerosas” se llevaron a cabo en Jalisco, Puebla, Chiapas, Sinaloa, Nuevo León, Hidalgo, Aguascalientes, Zacatecas, Colima, Chihuahua y el estado de México.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha defendido este aumento, argumentando que “era una medida necesaria para la estabilidad de la economía del país”. Planteó que dicha medida “viene del exterior” debido al aumento internacional del precio del petróleo. Afirmó que de no haber aumentado el precio hubiera implicado un gasto de más de 200.000 millones de pesos (9.328 millones de dólares) equivalente a suspender por cuatro meses todas las actividades del Seguro Social o interrumpir por dos años el programa Prospera, o cancelar por tres años el Seguro Popular.

Este aumento del precio de los combustibles es el mayor que se haya dado en México en casi 2 décadas. Desde el anuncio de esta alza, organizaciones sociales, asociaciones de transportistas y sindicatos de transporte han llamado a trancar autopistas, carreteras, peajes, entre otras formas de protestas.

Para más información:

Astillero (La Jornada, 9 de enero de 2017)

Mega-gasolinazo desata protestas en al menos 25 estados de México (EDUCA, 9 de enero de 2016)

El enojo acumulado salió a la calle (Proceso, 7 de enero de 2017)

El gasolinazo en México (TeleSur, 6 de enero de 2017)

Para más información de SIPAZ:

Nacional : cuarto informe del gobierno de Peña Nieto (12 de septiembre de 2016)

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Chiapas : Frayba presenta su informe anual “Los caminos de la resistencia”

diciembre 20, 2016

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El 19 de diciembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) presentó su “Informe anual: Los caminos de la resistencia”, en un evento que contó con la participación de Marina Pagés, coordinadora del Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ); Ana Valadez Ortega, integrante del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM); Rafael Landerreche Morín, integrante del Equipo Pastoral de Chenalhó; Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel y coordinador de la Pastoral Social de la Provincia de Chiapas, así como Pedro Faro Navarro, director del CDHFBC.

El objetivo del libro es “hacer visibles a hombres y mujeres, pueblos y comunidades organizadas en la construcción de sueños y esperanzas que agrietan el sistema, generan vida y dignidad, caminos de resistencia frente a esta realidad cruel y sanguinaria que vivimos en México”.

Cuenta con cinco capítulos: “Despojo y megaproyectos, impactos a los derechos humanos”, “El desplazamiento forzado en un contexto de guerra”, “De la desacreditación a la represión” (enfocado en defensoras y defensores de derechos humanos), “Del conflicto armado interno a una violencia generalizada”, y “En medio del silbido de las montañas, el llamado a la verdad y la justicia” (sobre memoria histórica y la “Otra Justicia”).

Para más información :

Informe completo “Los caminos de la Resistencia” (CDHFBC, diciembre de 2016)

Lucha de EZLN por DH de indígenas, blanco de ataques: Frayba (La Jornada, 20 de diciembre de 2016)

« Andamos los caminos de la resistencia » (Boletín de prensa, CDHFBC, 19 de diciembre de 2016)

Persisten violaciones a derechos a 19 años de masacre de Acteal: Frayba (Proceso, 19 de diciembre de 2016)

Los caminos de la resistencia: Informe Frayba 2016 (Audios, Radio Zapatista, 19 de diciembre de 2016)

Documenta Frayba, despojos, megaproyectos y ataques contra defensores de DH; en Chiapas, “ocasionadas por el Estado mexicano” (Revolucion 3.0, 20 de diciembre de 2016)

Para más información de SIPAZ :

Nacional : presentación del informe “Defender los derechos humanos en México, la normalización de la represión política” (31 de agosto de 2016)


Nacional : cierre de año legislativo con agenda polémica en el Congreso

diciembre 18, 2016
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Congreso de la Unión (@ADN Político)

El cierre del año legislativo fue marcado por una agenda particularmente sensible en materia de derechos humanos en el Congreso de la Unión. Al fin y al cabo, se aprobaron las reformas a la Ley General de Víctimas. Por otro lado, si bien fueron aprobadas por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se frenaron, en lo inmediato las leyes sobre trata, tortura, y la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, que regula la declaratoria de Estado de excepción en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro fenómeno que ponga en grave peligro o conflicto a la sociedad .

Todos estos temas han sido fuentes de fuertes controversias por sus contenidos y posibles impactos. La reforma de la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ha sido cuestionado por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos por sus modificaciones « regresivas ». Fue criticada en particular una modificación que impediría que un funcionario acusado de tortura fuera separado del cargo.

La iniciativa que generó mayor revuelo fue la posible aprobación de un dictamen para una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional. El debate se volvió aún más intenso después de las declaraciones del Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos quien urgió a que se definiera un marco legal a la actuación de los militares en el combate contra la delincuencia organizada. La Red Todos los Derechos para Todas y Todos exigió una discusión pública sobre este proyecto. Afirmó : « Las iniciativas legislativas que se han planteado en la dirección de normalizar la presencia e intervención militar en el país preocupan. Se pretende normalizar lo que en cualquier democracia sería una excepción: el involucramiento del ejército en tareas de seguridad públicas –desde patrullaje, detenciones hasta la investigación del delito-. Dotar de marco jurídico a las Fuerzas Armadas es, sin duda, importante. Las Fuerzas Armadas han realizado un trabajo que las autoridades civiles no han podido o querido hacer, tareas que constitucionalmente no les corresponden y que no están entrenados para realizar. Esto ha puesto a sus miembros en una situación de vulnerabilidad jurídica. Sin embargo, dicho marco jurídico no puede simplemente plantear -como hacen las propuestas legislativas de Seguridad Interior propuestas por Roberto Gil Zuarth (PAN) y por Cesar Camacho (PRI)- que se normalice y haga permanente lo que hoy sucede de forma inconstitucional. Tampoco se debe abogar por suspender las garantías individuales para que el ejército pueda realizar sin controles y sin transparencia la tarea que corresponde a la autoridad civil ».

Para más información :

Golpe de Estado silencioso (Proceso, 3 de diciembre de 2016)

Debatir el modelo de seguridad, SIDIDH, 5 de diciembre de 2016

Sociedad civil exige a Diputados no militarizar al país ni legislar sin discusión la suspensión de garantías (Red Todos los Derechos para Todos, 11 de diciembre de 2016)

ONG instan a no apresurar ley sobre militares (La Jornada, 11 de septiembre)

ONG piden al Congreso frenar iniciativas que normalicen presencia militar para seguridad pública (Animal Político, 11 de diciembre de 2016)

Una Ley de Tortura sin contradicciones y que respete ddhh (Animal Político, 12 de diciembre de 2012)

A marchas forzadas, aprueban Ley contra Tortura y de Trata de Personas (Quadratín, 13 de diciembre de 2016)
Cuestiona la ONU cambios a legislación (El Economista, 14 de diciembre de 2016)

Aprueban diputados reforma a Ley General de Víctimas (Aristegui Noticias, 14 de diciembre de 2016)

PRI cierra las puertas a expertos internacionales al aprobarse Ley de Víctimas (Proceso, 14 de diciembre de 2016)

Retira PRI dictamen de reforma a ley de trata y tortura (La Jornada, 14 de diciembre de 2016)

Urgen en Sedena a aprobar la Ley de Seguridad Interior (Proceso, 14 de diciembre de 2016)

Las dos iniciativas de ley de seguridad interior (Aristegui Noticias, 14 de diciembre de 2016)

Para más información de SIPAZ :

Nacional : Pobres resultados diez años después de iniciar la guerra contra el crimen organizado ; El Ejército seguirá en las calles, EPN (16 de diciembre de 2016)

Nacional: Organizaciones sociales se pronuncian sobre ley de tortura (31 de mayo de 2016)

Nacional: Gobierno rechazó visita del relator para la tortura de la ONU (31 de marzo de 2016)

Nacional: Dudas de organismos de la sociedad civil por la iniciativa de Ley contra la Tortura (9 de febrero de 2016)

México: Publicación de la Ley General de Atención a Víctimas (10 de enero de 2013)


Nacional : Pobres resultados diez años después de iniciar la guerra contra el crimen organizado ; El Ejército seguirá en las calles, EPN

diciembre 16, 2016

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Manifestación en la Ciudad de México a 10 años del inicio de la guerra contra la delincuencia organizada (@La Jornada)

 

Este 11 de diciembre se cumplió una década del inicio de la guerra contra la delincuencia lanzada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). Diez años después, los saldos de la violencia son alarmantes: 186 mil muertos, más de 28 mil desaparecidos, decenas de miles de personas desplazadas según las cifras oficiales, un saldo comparable al de los conflictos armados de América Central en los 80s. En el plazo, según medios, se ha gastado más de un billón de pesos sin que se logre reducir la inseguridad y las afectaciones a civiles con un significativo aumento de violaciones a los derechos humanos. Por lo demás, el consumo interno de drogas ha aumentado y, si bien se han detenido a algunos capos, siguen operando nueve cárteles del crimen organizado y 37 células delictivas.

Organizaciones civiles sentenciaron que “el endurecimiento de las medidas de seguridad no ha logrado ni logrará disminuir la violencia en el país. Hoy vivimos en un país mucho más inseguro, con instituciones más débiles y un sistema de justicia penal que no termina de funcionar correctamente”. Uno de los actores más cuestionado en la estrategia contra la delincuencia ha sido el Ejército, que, fuera de su mandato constitucional, ha sido desplegado para desempeñar tareas de seguridad. Del primero de diciembre de 2006 a finales de octubre pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un total de 158 recomendaciones a las fuerzas armadas, de las cuales 121 fueron dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las 37 restantes a la Secretaría de Marina. La mayoría de estas recomendaciones se emitieron por actos violatorios, como cateos y detenciones arbitrarias; uso excesivo, desproporcionado y arbitrario de la fuerza; lesiones, y también por privación de la vida o ejecuciones arbitrarias; desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles e inhumanos, así como por imputar indebidamente hechos a detenidos.

En conferencia de prensa, el secretario de la Defensa Nacional, general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, fue directo: “Los militares no estudian para perseguir delincuentes”. Y ante la falta de un marco legal “nuestros soldados ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos (de la delincuencia), con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer, entonces les sale más barato”. Expresó: “Estamos pidiendo que se regularice la actuación de las Fuerzas Armadas”, (que se defina) “qué quieren los mexicanos que hagan las Fuerzas Armadas. Si quieren que estemos en los cuarteles, adelante. Yo sería el primero en levantar no una, sino las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales… (…) Nosotros no pedimos estar aquí… no nos sentimos a gusto, los que estamos aquí con ustedes no estudiamos para perseguir delincuentes… Estamos haciendo funciones que no nos corresponden, todo porque no hay quien las deba de hacer o no están capacitados”. Dijo también: “ falta compromiso de muchos sectores para que esto pueda caminar. No es un asunto que se va a resolver a balazos, requiere de otros componentes que tampoco ha habido los esfuerzos importantes necesarios y presupuestos para atender estas situaciones”.

En este marco, la cúpula empresarial demandó que el Ejército mexicano no regrese a los cuarteles hasta que los gobiernos de los estados tengan la capacidad de enfrentar al crimen organizado, para lo cual urgió al poder legislativo a que apruebe leyes que den mayor certeza jurídica a las fuerzas armadas.

Al finalizar el Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia 2016, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que no se ha logrado el objetivo trazado y afirmó que los soldados seguirán en las calles “en tanto logramos el objetivo de esta asignatura aún pendiente, no solo de ahora, sino desde hace ya varias décadas, de tener un país en condiciones de mayor paz y mayor tranquilidad”.

Mario Patrón, director del Centro Agustín Pro DH ha cuestionado que “en vez de acometer con seriedad el diseño de un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad -como lo han propuesto los mecanismos internacionales en la materia-, se reaviva la idea de generar un marco legal ad hoc para el Ejército y la Marina normalizando el estado de excepción bajo el concepto de la seguridad interior”. Por lo mismo, decenas de organizaciones civiles, académicos e investigadores pidieron a la Cámara de Diputados –que estaban debatiendo este tema en estos mismos días- “a que no apruebe de forma apresurada” la permanencia militar en tareas de seguridad pública y la suspensión de garantías para la población.

Para más información :

El tamaño del fracaso: 186 mil muertos en una década de guerra en México, según datos oficiales (Sin Embargo, 5 de diciembre de 2016)

Diez años de guerra contra las drogas: Civiles se organizan para responder al fracaso del Estado (Sin Embargo, 7 de diciembre de 2016)

Militares no estudiamos para perseguir delincuentes: Cienfuegos (Aristegui Noticias, 8 de diciembre de 2016)

Reprocha Cienfuegos falta de apoyo de Segob; “no estamos a gusto persiguiendo delincuentes”, dice (Proceso, 8 de diciembre de 2016)

Exige Cienfuegos regularizar función de las fuerzas armadas (La Jornada, 9 de diciembre de 2016)

Pide CCE aprobar leyes que den certeza jurídica a fuerzas armadas (La Jornada, 9 de diciembre de 2016)

El baño de sangre en 10 años deja más consumidores de drogas, más cárteles y más líderes criminales (Sin Embargo, 9 de diciembre de 2016)

El Ejército seguirá en las calles: Peña Nieto (El Heraldo de Chiapas, 10 de diciembre de 2016)

Activistas protestan ante “guerra contra el narco” (La Jornada, 11 de diciembre de 2016)

Violencia, dudas y la sombra de la corrupción marcan los 10 años de la guerra contra el narco (Animal Político, 11 de diciembre de 2016)

Con Felipe Calderón, se generó un tsunami de sangre que no teníamos: especialista (Revolucion 3.0, 12 de diciembre de 2016)

Sedena, la que más recomendaciones ha recibido de la CNDH en 10 años (La Jornada, 12 de diciembre de 2016)

Seguridad pública, función de civiles, dice CNDH (La Jornada, 12 de diciembre de 2016)

Especial 10 años de la guerra contra el narco (Vice News, diciembre de 2016)

Para más información de SIPAZ :

Nacional: La CNDH presentó su informe sobre recomendaciones por violaciones a derechos humanos (28 de septiembre de 2016)

Nacional: “Violencia del narco” ha desplazado a 281 mil personas (22 de julio de 2016)


Guerrero: Levantan en Tixtla a integrante de la CRAC-PC

noviembre 25, 2016
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(@Tlachinollan)

El 23 de noviembre, Irineo Salmerón Dircio, profesor de educación primaria, coordinador del Comité de Enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), adscrito a San Luis Acatlán, fue privado de su libertad en Tixtla por tres hombres armados, cuando iba rumbo a su trabajo. Ante lo ocurrido, integrantes de la CRAC bloquearon una carretera federal durante seis horas para exigir a las autoridades estatales la búsqueda y presentación con vida de su compañero de 48 años.

En una Acción Urgente, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan contextualizó: “el municipio de Tixtla ha sido escenario en los últimos años pero sobre todo en los últimos meses, de una escalada de violencia generalizada, caracterizada por la actuación impune de grupos armados supuestamente vinculados a bandas del crimen organizado que se disputan el control de territorio y vías de comunicación. El pasado fin de semana, 19 y 20 de noviembre, fueron encontrados nueve cuerpos decapitados y desmembrados con señales de violencia física en el distribuidor vial que conecta a este municipio con Chilpancingo, Chilapa y Atliaca. Sin embargo, es también obvio y muy preocupante que esa violencia ha afectado a las organizaciones sociales y miembros del sector educativo en la región”.

En un comunicado, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) aludió al protocolo que indica que las autoridades deben esperar 72 horas : “Es inaceptable que conociendo que un comando de hombres armados fue responsable de la privación de libertad de Irineo Salmerón, se tengan que esperar 72 horas para comenzar con las investigaciones, cuando podría tratarse claramente de un secuestro o desaparición”

Para más información:

Acción Urgente RIESGO GRAVE PARA LA VIDA, LIBERTAD E INTEGRIDAD DE IRINEO SALMERON DIRCIO, PROFESOR Y COORDINADOR DEL COMITÉ DE ENLACE DE LA CRAC-PC EN TIXTLA CON LA CASA MATRIZ DE SAN LUIS ACATLÁN (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 23 de noviembre de 2016)

Levantan al coordinador de la CRAC?en Tixtla; comunitarios bloquean seis horas la carretera (El Sur, 24 de noviembre de 2016)

La violencia en Guerrero deja al menos 34 muertos en tres días (La Jornada, 22 de noviembre de 2016)

Se reúne la CRAC con funcionarios estatales para buscar al coordinador levantado en Tixtla (El Sur, 25 de noviembre de 2015)


Oaxaca: Denuncia de hostigamiento y difamación contra defensora de derechos humanos, Rubí Jazmín Cortés Salazar

noviembre 4, 2016
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Protesta en Oaxaca en junio de 2016 Foto @Front Line Defenders

El 26 de octubre, la organización internacional Front Line Defenders, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, el programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH -, la Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C. hicieron un llamado urgente frente a la agudización del hostigamiento contra la defensora de los derechos humanos de la Nación Ñuu Savi, en la Mixteca, Rubí Jazmín Cortés Salazar.

Rubí es una defensora de Derechos Humanos, feminista de origen Mixteco e integrante de la Alianza Multicultural de Mujeres Originarias y Radicadas en Tlaxiaco (AMMOR). Ella formó parte de la primera generación del Diplomado de estudios de las mujeres, feminismos y descolonización organizado por la Asociación Civil Lunas del Sur. También es presidenta del Comité de Defensa de la Educación Pública del Sector 01 Tlaxiaco y ha jugado un papel fundamental en la información y coordinación con los padres de familia de Tlaxiaco en la lucha para condiciones y acceso a la educación de niñas y niños.

El llamado urgente refiere que Rubí ha sufrido distintos ataques en los últimos meses. El último ocurrió el 19 de octubre pasado, cuando se publicó en redes sociales un fotomontaje donde aparecen tres cuerpos en ropa interior sentados en una cama, dos de mujeres y uno de hombre. En los cuerpos de mujeres, fueron cortadas y pegadas fotos de la defensora Rubí Cortés y de su madre; en el cuerpo del hombre, se usó una foto del presidente municipal de Tlaxiaco, Alejandro Aparicio. Este fotomontaje ha circulado en Facebook desde la cuenta del usuario “trolls”.  Muchas de las personas que siguen esta página se encuentran en la ciudad de Tlaxiaco, justamente donde vive y lleva a cabo su labor la defensora Rubí. El llamado urgente enfatiza que esta difamación tiene un matiz sexista, machista y misógino generando un alto impacto en la seguridad de Rubí.

Por lo mismo, las organizaciones que denunciaron los hechos llamaron a:

– Que el Gobierno del Estado reconozca públicamente la importancia de la labor de las defensoras de derechos humanos en Oaxaca, y en particular la labor de la defensora de derechos humanos Rubí Jazmín Cortés Salazar.
– Que se investigue y se sancione de manera inmediata a quienes resulten responsables de los diversos ataques en contra de la defensora, así como de los responsables de la campaña de difamación que busca deslegitimar su trayectoria.
– La implementación inmediata de medidas de protección que garanticen la integridad física y psicológica de Rubí Jazmín Cortés Salazar y de sus familiares.

Para más información:

LLAMADO URGENTE: Denuncia de hostigamiento y difamación contra defensora Ñuu Savi Rubí Jazmín Cortés Salazar (Consorcio, a 26 de octubre 2016)

ONG exigen protección para defensora oaxaqueña (CIMAC Noticias, 26 de octubre de 2016)

Denuncian difamación contra defensora Rubí Cortés Salazar (Despertar de Oaxaca, 27 de octubre de 2016)

 


Chiapas/Nacional/Internacional: Paro nacional de mujeres

octubre 25, 2016

 

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Evento contra la violencia hacia las mujeres, San Cristóbal de las Casas, octubre de 2016 @Sipaz

El 19 de octubre, se realizaron manifestaciones en distintos países de América Latina para protestar contra las feminicidios y la violencia hacia la mujer.En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el evento reunió a unas 200 personas.

El detonante de estas manifestaciones fueron varios feminicidios ocurridos en fechas recientes en varias latitudes: el de la joven argentina Lucía Pérez, de 16 años, quien fue drogada, violada y asesinada en Mar del Plata, Argentina. El de Paola, una mujer transexual, ocurrido el 30 de septiembre en la colonia Buenavista, Ciudad de México; el ataque en la casa de Itzel Durán, que derivó en el asesinato de la joven de 19 años en Comitán, Chiapas, el 8 de octubre, y el feminicidio de la integrante de la Red de Jóvenes Trans, Alessa Flores, activista y trabajadora sexual encontrada muerta en un hotel de calzada de Tlalpan en la Ciudad de México el 13 del presente. Desde Argentina, el hermano de Lucía Pérez plantea: “esta vez le tocó a Lucía…, pero la próxima te puede pasar a vos, o a la persona que más amas en el mundo”.

El llamado a un paro de mujeres se difundió a nivel regional, impulsado a través de redes y animando a tomar las plazas públicas en marchas o movilizaciones en las que participen hombres y mujeres.

En la manifestación de Naucalpan, Estado de México las mujeres que participaban en el evento fueron reprimidas: según Radio Zapote, una patrulla de la policía municipal arribó al palacio de la cual bajaron dos uniformados y a punta de pistola detuvieron a dos mujeres que se manifestaban contra las violencias machistas.

Según del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), en la República Mexicana, ocurren siete asesinatos de mujeres al día y de “(…) 3 mil 892 casos que fueron documentados por el OCNF entre 2012 y 2013, únicamente 613 (15.75%) fueron investigados como feminicidios”.

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Foto @Sipaz

 Para más información:

Gritar todos juntos “Ni una Menos” evitará que maten a miles de Lucías más: hermano de Lucía Pérez, víctima de feminicidio en Argentina (Desinformémonos, a 19 de octubre 2016)

Dejen de matarnos”, exigen mujeres en México en apoyo al Paro Nacional contra el feminicidio (Desinformémonos, a 19 de octubre 2016)

América Latina, la región con mayor violencia hacia las mujeres, en paro para protestar (Desinformémonos, a 18 de octubre 2016)

Convocan a paro nacional contra los feminicidios en México (Proceso, a 18 de octubre 2016)

Testimonio Miercoles Negro (Soundcloud, Radio Zapote, a 19 de octubre 2016)

Para más información de Sipaz:

Chiapas: nueva movilización contra los Feminicidios y por el Asesinato de Itzel

Oaxaca: En 2016 continúan los feminicidios

Chiapas: Feminicidios a la alza: seis víctimas en menos de diez días