Guerrero: Impunidad tras un año de 16 desapariciones forzadas en Chilapa

Marcha del grupo ciudadano armado que tomó Chilapa a inicios de mayo de 2015. Foto:@Agencia SubVersiones

En un comunicado conjunto, más de 80 organizaciones sociales denunciaron la “ineficacia en investigación y persistencia de la impunidad” tras un año de la desaparición forzada de por lo menos 16 personas en Chilapa, Guerrero. Estas desapariciones se dieron a inicios de mayo de 2015, tras la toma de la ciudad durante 6 días por parte de un grupo ciudadano armado constituido por unas 300 personas, que presuntamente irrumpió en la ciudad para buscar y detener al líder del grupo delictivo “Los Rojos”. El grupo ciudadano, que se autodenominó de policía comunitaria, patrulló la cabecera municipal “amenazando, deteniendo gente que consideraban sospechosa de pertenecer a ‘Los Rojos’, quienes posteriormente eran torturados, interrogados y desaparecidos”, según La Jornada de Guerrero. El mismo grupo fue señalado por familiares de los desaparecidos de tener vínculos con “Los Ardillos”, otro grupo delictivo que opera en la región. Noticias MVS publicó que estos dos grupos del crimen organizado “se disputan la zona para el control de la amapola, de la cual se obtiene heroína que más tarde se trafica en Estados Unidos”.

En el comunicado las organizaciones sociales señalaron que “la desaparición forzada se dio en presencia y con anuencia del ejército, gendarmería, policías federales y policías estatales”, pues los hechos violentos se dieron “mientras la gendarmería yacía resguardada” en un hotel cercano, además de que “[l]as autoridades de todos los niveles han simulado atender el caso”. Asimismo, afirmaron que el grupo ciudadano armado sigue incursionando en las cabeceras municipales de Zitlala y Chilapa “sin que nadie se los impida o los detengan”, mientras que el gobernador del estado, Héctor Astudillo, declaró que en Chilapa se ha restablecido la normalidad y “no hay ningún problema en este momento”. Sumado a ello, las familias de víctimas de desaparición dejaron de recibir apoyo por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), por lo que condenaron “enérgicamente la falta de voluntad política y omisión de todos los niveles de Gobierno, para dar con el paradero de estas personas y apoyar a las familias a través de sus Instituciones”.

Las organizaciones firmantes exigieron el cumplimiento del “derecho a la verdad, justicia y reparación del daño a los familiares de los desaparecidos” y realizaron un “llamamiento a los grupos de familiares de desaparecidos del Estado de Guerrero a hacer un frente común para realizar acciones coordinadas”. Este frente tendría las exigencias a las autoridades de la realización de búsquedas con resultados claros; la creación de una Fiscalía Especial de Desaparición de Personas; la garantía al derecho a la verdad, justicia y reparación del daño a los familiares de las víctimas de desaparición forzada; legislación en materia de declaración de ausencia para los casos de desaparición y el apoyo de la CEAV a las familias sin “trabas burocráticas”. Cabe recordar que tras esta desaparición forzada múltiple en mayo del pasado año, se constituyó la organización de familiares de personas desaparecidas “Siempre Vivos, A.C.”, en la que se integraron familiares personas desaparecidas desde 2011. Este grupo tiene registradas 100 desapariciones en Chilapa en un año y medio, de las cuales sólo 60 se han denunciado formalmente.

Para más información:

“No hay problemas en este momento” en Chilapa, asegura Héctor Astudillo Flores (La Jornada Guerrero, 9 de mayo de 2016)

BOLETÍN | A un año de desaparición forzada múltiple en Chilapa, ineficacia en investigación y persistencia de la impunidad. (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 8 de mayo de 2016)

Hace un año que civiles armados tomaron y desaparecieron a personas en Chilapa (La Jornada Guerrero, 8 de mayo de 2016)

A un año de la desaparición de 16 personas en Chilapa, denuncian investigación ineficaz (Noticias MVS, 8 de mayo de 2016)

Chilapa, entre la violencia y el poder del narco (Agencia SubVersiones, 19 de mayo de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Amenazas hacia integrante de “Los Otros Desaparecidos” (5 de abril de 2016)

Guerrero: Asesinan en Iguala a la activista Norma Angélica Bruno (24 de febrero de 2016)

Nacional/Guerrero: Informes poco favorables sobre corrupción y derechos humanos en México (3 de febrero de 2016)

Guererro: Se cumplen 4 años de desaparición forzada de campesinos ecologistas de la Costa Grande (8 de diciembre de 2015)

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Oaxaca: Defensoría abrió expedientes por la desaparición de seis mujeres en abril

Madres de mujeres desaparecidas marchan en la Ciudad de México. Foto: @Octavio Gómez

El 4 de mayo, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) informó en un boletín que ha solicitado a la Fiscalía General del estado la adopción de una medida cautelar para realizar la búsqueda de al menos dos mujeres adolescentes y cuatro adultas que han sido reportadas como desaparecidas a lo largo del mes de abril en el estado de Oaxaca. Arturo Peimbert, ombudsman estatal, dijo que se ha exigido un informe al secretario de Seguridad, Jorge Ruiz, y al fiscal General de Justicia, Joaquín Carrillo. El defensor temió que “bandas del crimen organizado dedicadas al rapto y a la trata pudieran tener relación con la desaparición de las víctimas”. La DDHPO quiere dar seguimiento a los casos y por eso solicitó un informe detallado y completo de las diligencias realizadas dentro de cada una de las desapariciones, así como de toda aquella documentación considerada como “indispensable” para profundizar el seguimiento. Finalmente, la Defensoría informó que mantiene en trámite cinco medidas cautelares y seis cuadernos de antecedentes por las seis desapariciones.

Al respecto, el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C. señaló que en la administración actual, en la entidad han desaparecido 172 mujeres, cuyos procesos de búsqueda se encuentran estancados, ante “la inacción del Estado en el tema de violencia contra las mujeres”. Bárbara García Chávez, integrante del Movimiento Amplio de Mujeres, aseguró que “la administración de Gabino Cué Monteagudo, lejos de cumplir con su promesa de ‘transversalizar‘ la perspectiva de género en las políticas públicas, ha dado pasos atrás con las recientes acciones implementadas para prevenir la violencia hacia las mujeres”. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los últimos cuatro años, en México han desaparecido un total de 7,060 mujeres.

Para más información:

Defensoría de Oaxaca emite alerta por desaparición de 6 mujeres (Milenio, 5 de mayo de 2016)

Pide Defensoría efectuar búsqueda de seis mujeres reportadas como desaparecidas en abril, Boletín No. 410 (Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, 4 de mayo de 2016)

Defensoría de Oaxaca abre expedientes por la desaparición de seis mujeres (Proceso, 4 de mayo de 2016)

Desapariciones de mujeres en Oaxaca, en la opacidad (NVI Noticias, 13 de abril de 2016)

Demandan activistas emitir alerta de género en Oaxaca (Despertar de Oaxaca, 9 de marzo de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: En 2016 continúan los feminicidios (25 de febrero de 2016)

Nacional/Oaxaca/Chiapas: Gira nacional: desaparición forzada en México (6 de marzo de 2015)

Oaxaca: organizaciones entregan al Congreso Agenda Legislativa que fomentaría la equidad de género (6 de febrero de 2015)

Guerrero: Heridos siete integrantes del Cecop

Movilización en rechazo a la presa La Parota en la comunidad de Aguacaliente, abril de 2011. Foto: @Tlachinollan

El pasado 30 de abril, siete comuneras y comuneros miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) de la comunidad Los Ilamos, zona rural de Acapulco, Guerrero, “resultaron heridos de bala, golpes y pedradas por dos jóvenes originarios del poblado La Concepción la noche del 30 de abril, durante el festejo del santo patrono de la comunidad Rancho Las Marías”, informó La Jornada. Según el mismo medio, los agresores están supuestamente relacionados con empresarios gravilleros contra quienes parte de la comunidad mantiene una disputa jurídica por la explotación del río Papagayo. Uno de los voceros del Cecop, Marco Antonio Suástegui, declaró que durante el traslado de las y los heridos al hospital en su camioneta fue encañonado “pero el arma del agresor no llevaba tiros”. Las y los heridos señalaron que cerca del lugar donde se efectuó el ataque, había vigilancia de la policía rural de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) municipal, quienes huyeron al escuchar los balazos.

Por su parte, Suástegui expresó que “se nos hace sospechoso que los siete heridos sean opositores a la presa La Parota”. Además, señaló la participación en los hechos de 15 miembros de una pandilla y afirmó que el pandillerismo ha ido en aumento en los poblados a orillas del río Papagayo, donde la Policía Comunitaria hace presencia para inhibir los delitos. Este cuerpo de seguridad comunitaria iniciará un proceso de reconciliación y resarcimiento de daños con los agresores identificados.

Cabe mencionar que la semana anterior a la agresión, el Cecop convocó a mesas de pacificación en los bienes comunales de Cacahuatepec, Guerrero, con la intención de llegar a acuerdos entre opositores y simpatizantes de la presa La Parota.

Para más información:

Agreden a balazos a siete opositores a la presa La Parota durante festejo religioso (La Jornada Guerrero, 2 de mayo de 2016)

Siete integrantes del Cecop heridos en un ataque en la feria patronal en Rancho Las Marías (El Sur, 2 de mayo de 2016)

Hieren a 7 integrantes del Cecop en ataque armado (Quadratín Guerrero, 2 de mayo de 2016)

Movimientos sociales están en grave riesgo, advierte el Cecop (La Jornada Guerrero, 2 de mayo de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Liberan a vocero del CECOP, Marco Antonio Suástegui (24 de agosto de 2015)

Guerrero: Ataque a integrantes del CECOP deja saldo de 5 muertos (19 de noviembre de 2014)

Guerrero: Detención de María de la Cruz Dorantes, miembro del CECOP (13 de octubre de 2014)

Chiapas: “Jornada nacional contra el terrorismo del estado en Chiapas” del FNLS

Marcha-mitin en la Plaza Catedral. Foto: @SIPAZ

El 29 de abril, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) de Chiapas terminó su “Jornada nacional contra el terrorismo de estado en Chiapas y presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos en México” con una marcha-mitin en la Plaza Catedral en San Cristóbal de Las Casas. Unas 50 personas marcharon exigiendo al gobierno mexicano la presentación con vida de las y los desparecidos, la liberación de todas las y los detenidos que se encuentran recluidos en diferentes penales del país y un alto al “terrorismo en México”.

El FNLS reportó la reciente desaparición forzada de Fidencio Gómez Sántiz, integrante del ejido Las Perlas, municipio de Altamirano, y uno de sus militantes y miembros activistas. Según el FNLS, Gómez Sántiz “fue objeto de una detención-desaparición forzada desde el pasado 5 de marzo, en la cabecera municipal de Ocosingo”. Asimismo exigieron justicia para el asesinato de Héctor Sántiz López el 29 de septiembre del pasado año, perteneciente a la comunidad El Carrizal, municipio de Ocosingo. El asesinato del integrante de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (OCEZ-FNLS), defensor del territorio y de los derechos del pueblo, sigue en la impunidad. Según La Jornada, la OCEZ “responsabilizó de los hechos a integrantes de un grupo al que identifica como Los Petules, y califica de paramilitar”. Al dar la lectura a un comunicado durante la marcha-mitin detallaron que el municipio de Ocosingo es asediado por “intereses oligarcas” por su abundancia de recursos naturales, impulsado a través de los políticos de oficio y “en lo que va del mandato del actual presidente municipal de ese municipio se han registrado 5 ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz ocurrida el pasado 5 de marzo de 2016”.

Además, valoraron que es “importante mencionar el inminente despojo violento, ejecución de crímenes de lesa humanidad contra los compañeros que resisten y defienden las tierras ejidales comunales”. Ven la violencia en ese municipio como “un fenómeno planeado por los gobiernos municipal y estatal para crear las condiciones y reprimir de forma masiva, […] y dar paso a la militarización y paramilitarización de la región”.

Para más información:

A 7 meses del asesinato político del compañero Héctor Sántiz López (FNLS, 30 de abril de 2016)

Video. Denuncian Desaparición Forzada de Indígena Tzeltal (FNLS, 30 de abril de 2016)

Denuncia FNLS desaparición forzada de uno de sus militantes en Chiapas (Proceso, 24 de marzo de 2016)

FNLS realizan mitin en la Plaza Catedral (Oye Chiapas, 21 de abril de 2016)

Comunicado del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (Manifesto de Chiapas, 20 de abril de 2016)

FNLS exige castigo para responsables del asesinato de campesino (La Jornada, 8 de octubre de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: FNLS levanta plantón de dos meses en San Cristóbal sin obtener respuestas a sus demandas (1 de junio de 2012)

Chiapas: Una persona emboscada y otra desaparecida ambos integrantes del OCEZ-FNLS. Aparece con vida, preso y con signos de tortura (17 de abril de 2012)

Oaxaca: Se llevó a cabo Foro Regional “La minería en Oaxaca. Impactos sociales y ambientales”

Invitación al evento

El 24 y 25 de abril se reunieron organizaciones sociales y autoridades municipales y comunales de la Sierra Juárez en la comunidad de Santa María Zoogochí, municipio de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, donde llevaron a cabo el Foro Regional “La minería en Oaxaca. Impactos sociales y ambientales”. En él manifestaron su oposición a las concesiones mineras El Roble y El Roble II, autorizadas por el gobierno federal sin el consentimiento del pueblo, en el año 2010. “Nuestras comunidades no fueron informadas en ningún momento por ninguna institución del gobierno federal, que en el año 2010 se otorgaron las concesiones mineras El Roble y el Roble II, que abarcan 21,072 hectáreas […], mismas que afectan nuestras tierras y territorios. El gobierno federal, […] ha violado nuestro derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado”, aclararon en un pronunciamiento. Durante el Foro analizaron información sobre las repercusiones sociales y ambientales que ha provocado la minería en Oaxaca y en otros estados.

Observaron que “es práctica común de las empresas mineras despojar de sus tierras a las comunidades donde pretenden establecer sus proyectos, a partir de su privatización; para lo que cuentan con el apoyo de funcionarios públicos que implementan los programas Procede o Fanar”. Por el “acoso y pretensión de despojo” que viven las y los participantes en sus comunidades se pronunciaron en rechazo total “a la minería, por todos los daños ambientales, sociales, culturales y a la salud humana que trae consigo esa industria”, así como “a la privatización de nuestras tierras comunales”.

Para más información:

Pronunciamiento: Foro Regional “La minería en Oaxaca. Impactos sociales y ambientales” (EDUCA, 27 de abril de 2016)

Realizan Foro Regional “La minería en Oaxaca, impactos sociales y ambientales” (NSS Oaxaca, 28 de abril de 2016)

Rechazan indígenas de Oaxaca concesiones mineras en la Sierra Juárez (Proceso, 28 de abril de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Encuentro estatal de comunidades y organizaciones en resistencia a proyectos mineros (4 de febrero de 2016)

Oaxaca: Ejidos y comunidades de Valles Centrales declaran sus territorios libres de minería (4 de diciembre de 2015)

Oaxaca: Presenta ONU publicación sobre derecho a la consulta y megaproyectos (29 de junio de 2011)

Guerrero/México: GIEI concluye su trabajo México entregando un segundo informe.

El 24 de abril, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014, concluyó su trabajo de más de un año con la presentación de un segundo informe. La etapa final del trabajo que realizó el GIEI en México se dio en medio de una campaña mediática de desprestigio de sus integrantes y de su labor. Hace unas semanas, también fue difundida una denuncia contra el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, por presunto fraude en perjuicio de la Federación por casi 2 millones de dólares entregados por el gobierno federal para la investigación del caso Ayotzinapa. Las madres y padres de familia de los normalistas consideraron que el grupo de expertos “ha sido echado del país” por el gobierno federal, pues su trabajo no ha concluido y no se han localizado a los 43. El gobierno por su parte argumenta que la presencia del GIEI se acordó con una temporalidad, que incluso fue ampliada a un segundo periodo de seis meses.

Desde su primer informe, el GIEI concluyó que no hay evidencia científica para respaldar la versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR) que planteó que los normalistas desaparecidos fueron ejecutados e incinerados en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero. Ello, presuntamente a manos de policías municipales en colusión con integrantes del crimen organizado.

En el segundo informe (de más de 600 páginas), se revelaron varias inconsistencias y omisiones del expediente de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso Ayotzinapa. Señaló que “la investigación tuvo dificultades que no son imputadas de manera exclusiva a la simple complejidad del caso. La lentitud en las respuestas a las solicitudes del GIEI, la demora en la práctica de muchas pruebas, las respuestas formales y no sustanciales a muchas de las inquietudes, la no investigación de otras líneas de investigación, no pueden leerse como simples obstáculos improvisados o parciales. Muestran barreras estructurales”. En las líneas de investigación no agotadas se encuentran los teléfonos celulares de algunos normalistas que siguieron funcionando horas o hasta días después de lo sucedido, la participación de policías de otras localidades así como un quinto autobús que los normalistas habían tomado y que no estaba siendo investigado. Todas estas líneas podrían dar más pistas en torno a lo que pasó.

El documento también aportó pruebas que confirmaron la participación de elementos de la Policía Federal en el evento y la responsabilidad mínimamente por omisión del 27 Batallón militar de Iguala. Planteó que al menos 17 de los 61 detenidos por las autoridades estatales y federales fueron torturados. Otro dato que generó preguntas fue la presencia del director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, el domingo 28 de octubre de 2014 en el lecho del río San Juan, un día antes de que se conociera la “versión oficial” sobre el hallazgo de los supuestos restos de algunos de los estudiantes en ese mismo río y en el basurero de Cocula. El GIEI comentó que “No encontramos ningún informe sobre esos hechos, ninguna diligencia el día 28. Toda la información oficial empieza el 29 de octubre”.

Para más información:

Los 10 puntos explosivos del informe #GIEIAyotzinapa (Proceso, 26 de abril de 2016)

Mostró el GIEI un sistema judicial corrupto y brutal: NYT (La Jornada, 26 de abril de 2016)

Padres reciben con tristeza informe GIEI, nos sentimos desamparados: voc. Con Ricardo Rocha (Radio Formula, 26 de abril de 2016)

Evita Osorio Chong reunirse con integrantes del GIEI; los remite con Campa Cifrián (Proceso, 26 de abril de 2016)

9 ‘huecos’ del expediente Ayotzinapa detectados en el informe final del GIEI (Expansión CNN, 25 de abril de 2016)

Remata el GIEI: evidencias manipuladas, omisiones y torturas en caso Ayotzinapa (Proceso, 24 de abril de 2016)

Confrontado con el gobierno, concluye el GIEI trabajo en México (La Jornada, 24 de abril de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero/ Nacional: EAAF y GIEI reaccionan ante conclusiones sobre fuego en el basurero de Cocula (11 de abril de 2016)

Guerrero: ONG y expertos en derechos humanos respaldan labor del GIEI en caso Ayotzinapa (25 de enero de 2016)

Nacional/Internacional : PGR abre investigación contra Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la CIDH (31 de marzo de 2016)

Oaxaca: PGR archiva el caso del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola

Jyri Jaakkola y Beti Cariño. Foto: @EDUCA

El 27 de abril se cumplen seis años del asesinato de la defensora los derechos humanos, Bety Cariño Trujillo y el defensor finlandés Jyri Antero Jaakkola, cuando se dirigían a una Caravana Humanitaria en San Juan Copala en el año 2010. Hace tres días, la Procuraduría General de la República (PGR) archivó el caso tras la detención de Mauro Vásquez Ramírez, uno de los 14 implicados en el asesinato de los activistas. Ello fue denunciado por familiares de los asesinados durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la ciudad de Oaxaca, acompañados por la abogada Karla Micheel Salas y el abogado David Peña del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, A.C.

El 22 de abril, un día antes de que el gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, se reuniera con las familias de los asesinados, fue detenido Vásquez Ramírez, ex líder de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) como presunto responsable de la muerte de los activistas. “Ayer, la PGR nos notificó formalmente que el expediente había sido reservado”, señaló el abogado David Peña. “El término reserva, se ocupa jurídicamente para dejar de investigar un caso y encarpetarlo, lo cual es lamentable porque se cuenta con testimonios, videos, fotos y demás evidencias que muestran el ataque de los paramilitares relacionados con el Partido Revolucionario Institucional“, subrayó Peña. Omar Esparza Zárate, viudo de Bety Cariño, dijo que “no existe justicia por el caso Bety-Jyri, pues hasta este momento sólo son cuatro las personas detenidas y aún continúan libres nueve personas que se pasean libremente por las calles y que son parte de los involucrados en el homicidio”. Turo Jaakkola, hermano de Jyri, evidenció que “el proceso ha sido lento, que las autoridades abren y cierran el caso, y que se ha tornado complicado y cansado para la familia”.

La decisión de la PGR se comunicará a los relatores de la ONU en materia de Libertad de Expresión, Personas Defensoras de los Derechos Humanos, de Pueblos Indígenas y de Ejecuciones Extrajudiciales. “Esperamos que en los informes anuales el Gobierno mexicano rinda cuentas a los organismos de Naciones Unidas sobre esta lamentable, triste y decepcionante decisión de la PGR sobre los hechos del 27 de abril”.

Para más información:

Hace 6 años mataron a Bety y Jyri, siguen libres 9 involucrados (La Minuta EDUCA, 27 de abril de 2016)

PGR archiva caso de Bety y Jyri, decepciona incapacidad institucional: abogados (La Minuta EDUCA, 26 de abril de 2016)

PGR “reserva” caso de Bety Cariño y Jyri Jaakkola,decepciona incapacidad institucional: abogados (Voces Oaxaca, 25 de abril de 2016)

La PGR asegura que capturó al presunto asesino de los activistas Jyri Jaakola y Bety Cariño (Sin Embargo, 23 de abril de 2016)

PGR archiva caso de Bety Cariño y Jyri Jaakola; temen impunidad si regresa el PRI (NVI Noticias, 23 de abril de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Gobierno del estado no recibe a eurodiputadas por “falta de voluntad” hacia el caso de Bety y Jyri (2 de octubre de 2015)

Oaxaca: Omar Esparza denuncia grupo contratado para asesinarlo; amenazas para abogados del caso Bety y Jyri (3 de junio de 2015)

Oaxaca: A 5 años del asesinato de los defensores de derechos humanos Bety Cariño y Jyri Jaakkola (28 de abril de 2015)