Chiapas: intimidación a integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) por policías y militares

Militares frente a presidencia municipal de Acacoyagua (@FPDS)

En un comunicado publicado del 8 de mayo, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) denunció que este mismo día, cuando llegaban a la reunión a la que los había citado el presidente municipal de Acacoyagua, Patricio Eli Matías Salas, fueron “recibidos” por unos diez policías vestidos de civil “posicionados alrededor del parque y vigilándonos”.

Informó que poco después “llegó un camión de rutina del Ejército en el que andaban unos veinte militares. Tres de ellos bajaron del vehículo para resguardarlo. Uno de ellos se dirigió hacia la comandancia de la policía municipal visiblemente para pedir información sobre nosotros y nosotras. Nos tomaron fotos sin pedirnos permiso y sin hablarnos. Se retiraron después de que las valientes mujeres del FPDS les dijeran que no tenían por qué estar allí”.

Ante estos hechos, afirmó que estos hechos constituyen “un acto de intimidación en contra del FPDS ya que nuestra presencia no la justificaba en términos de seguridad. Éramos alrededor de cincuenta personas, habitantes de la cabecera de Acacoyagua y de las comunidades Castañas, Jalapa, Los Amates, San Marcos y La Cadena, esperando calmamente que se abrieran las puertas para que una delegación del FPDS entrara a dialogar con el presidente municipal y su cabildo. Veníamos en son de paz, sin ninguna arma más que nuestra palabra y una manta que decía ‘No a la minería’”.

El FDPS concluyó : « Rechazamos rotundamente la presencia del ejército y de la policía en esa cita. La defensa del territorio ante la minería que estamos llevando desde el 2015 no nos hace criminales y ninguna de nuestras acciones justifica la intervención de las fuerzas de seguridad. Además, el gobierno debería gastar más dinero en proteger la salud de sus habitantes afectados por la minería que en reprimirlos ».

Unos días después, la Red Mexicana de Afectados por la minería, refiriéndose a este y varios otros casos en el país refirió: “hay un patrón de conducta en el que se alinean medios de información, empresas, instancias del estado y diversos grupos armados legales e ilegales quienes buscan intimidar y estigmatizar la defensa del territorio contra la minería. Amenazan, golpean, detienen, intimidan, siembran pruebas e inventan expedientes para deslegitimizar tanto a los grupos que acompañan a los pueblos como a los propios habitantes que aspiran a una vida digna”.

Para más información:

Comunicado de prensa del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS, 8 de mayo de 2017)

Mineras generan conflictividad en Oaxaca y Chiapas (Contralínea, 11 de mayo de 2017)

Pronunciamiento de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA, 13 de mayo de 2017)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas : FDPS suspende diálogo con el gobierno hasta que cierren mina de la empresa El Puntal S.A. de C.V. y se deroguen otras concesiones (22 de febrero de 2017)

Chiapas : desde hace más de 15 días, habitantes del Soconusco mantienen bloqueo carretero contra proyectos mineros(12 de octubre de 2016)

Chiapas: nueve municipios declaran sus territorios libres de minería e hidroeléctricas (11 de diciembre de 2015)

Anuncios

Chiapas : Liberan a 236 normalistas detenidos por presuntos actos vandálicos en el marco de protesta contra reforma educativa

Detención normalistas, mayo de 2017 (@Cuartoscuro)

El 4 de mayo, policías estatales y municipales detuvieron a unos 236 jóvenes de la Coordinación de Estudiantes Normalistas del Estado de Chiapas (CENECH) que realizaban una acción política en el marco de la jornada de lucha de tres días realizada en Tuxtla Gutiérrez por el magisterio chiapaneco en contra de la reforma educativa. Vídeos grabados por testigos del operativo muestran que los jóvenes fueron golpeados por los uniformados. La mayoría de ellos pertenecen a la Escuela Normal del Estado y a la Escuela Normal Superior, ambas en Tuxtla Gutiérrez.

Fueron acusados de actos de vandalismo y, aunque fueron liberados al día siguiente, siguen bajo investigación por los delitos de daños, robo con violencia y pandillerismo, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La Fiscalía que encabeza estas investigaciones informó que los 144 hombres y 92 mujeres fueron detenidos en el momento en que saqueaban diferentes vehículos propiedad de las empresas Sonric´s, Lala y Coca-Cola; y que otro grupo de jóvenes se trasladaba a bordo de tres autobuses de las empresas OCC y Aury, que habían sido robados. Indicó hacer asegurado en estos vehículos productos que igualmente fueron robados de una tienda Oxxo, así como diversas bombas molotov.

Para más información :

236 normalistas detenidos por la Policía de Chiapas (La Jornada, 4 de mayo de 2017)

Policía de Chiapas detiene a 236 normalistas por « daños, robos y pandillerismo » (Proceso, 4 de mayo de 2017)

Detienen a 236 normalistas por supuesto vandalismo en Chiapas (Aristegui Noticias, 4 de mayo de 2017)

236 normalistas son detenidos en Chiapas por toma de autobuses y saqueo; protestan en la FGE (VIDEOS) (Sin Embargo, 4 de mayo de 2017)

Liberan a los 236 normalistas detenidos por actos vandálicos en Chiapas (Proceso, 5 de mayo de 2017)

Oaxaca: COPUVO denuncia clima de hostigamiento de parte de autoridades municipales y de empresa minera

Valle Ocotlán (@COPUVO)

En un comunicado publicado el 9 de mayo, la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) denunció hostigamientos y amenazas cuando buscaba realizar una reunión regional contra la minería en San José del Progreso, “donde desde hace ocho años [los habitantes] han defendido su territorio frente al proyecto minero “San José”, impulsado por la empresa Cuzcatlán S.A. de C.V., filial de la canadiense Fortuna Silver Mines”.

Informó que antes de dicha reunión, el actual presidente municipal de San José del Progreso, Servando Díaz Vásquez, “amenazó públicamente a nuestra organización, comunidades de la región y organizaciones civiles” planteando el “no permitir la entrada a la población para la realización de un foro”. Agregó que Díaz Vásquez solicitó a la policía estatal y federal “poner un cerco de elementos y un filtro en la entrada de la población para que este próximo 7 de mayo impidan el ingreso de las organizaciones…”.

Por lo mismo, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) solicitó medidas cautelares a favor de las y los defensores de derechos humanos de las diversas organizaciones civiles y comunitarias que asistirían a dicha reunión, “por lo que hubo presencia de la Policía Estatal y Agentes Estatales de Investigación durante el 06 y 07 de mayo en la comunidad; es importante mencionar que la Policía Estatal también estuvo protegiendo al proyecto minero con elementos de seguridad durante estas fechas”.

La COPUVO denunció que “detrás de la campaña de amenazas y hostigamiento hacia nuestro movimiento, se encuentra involucrada la empresa minera Fortuna Silver Mines, quién en su pretensión de expandirse hacia otros ejidos y comunidades de la región ha criminalizado y violentado nuestros derechos a la autonomía, al territorio, a la libre manifestación, entre los más importantes. Dicha empresa ha extraído de manera irracional nuestros bienes comunes y generado violencia, destruyendo la paz y armonía que existía entre nuestros pueblos”.

Para más información:

COPUVO denuncia amenazas por parte de empresa minera y autoridades de San José del Progreso (COPUVO, 9 de mayo de 2017)

Mineras generan conflictividad en Oaxaca y Chiapas (Contralínea, 11 de mayo de 2017)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Se exige justicia para el defensor comunitario Bernardo Vásquez Sánchez, asesinado hace 5 años (23 de marzo de 2017)

Oaxaca: Comunidades afectadas por el proyecto minero “San José” toman oficinas de SEMARNAT (1 de marzo de 2017)

Chiapas: Robo a albergue para migrantes en San Cristóbal de Las Casas

Apertura del Albergue para Migrantes San Martín de Porres en San Cristóbal de Las Casas (@Oye Chipas)

El 7 de mayo pasado, el obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, denunció que el día anterior, fue allanado el albergue para migrantes San Martín de Porres, ubicado en esa ciudad. Indicó que cuando llegaron quienes atienden este lugar ubicado en Prolongación Insurgentes Número 87, se percataron que desconocidos habían entrado la noche anterior: “Forzaron puertas y se llevaron, entre otras cosas de menos valor, una computadora que contenía los datos de los migrantes, una cámara con fotos de migrantes, y un poco de dinero en efectivo que había. Se acudió al Ministerio Publico para levantar la denuncia correspondiente”.

Felipe Arizmendi indicó que no es el único caso de robos de este tipo, ya que se han documentado otros en casas para migrantes que la diócesis también tiene abiertas en Palenque, Salto de Agua, Comitán y Frontera Comalapa.

Para más información :

Obispo denuncia asalto a albergue para migrantes de San Cristóbal de las Casas (Proceso, 8 de mayo de 2017)

Obispo Arizmendi denuncia robo en albergue parte migrantes (La Jornada, 7 de mayo de 2017)

Asaltan casa migrante en San Cristóbal de las Casas (Radio Formula, 7 de mayo de 2017)

Chiapas : Encuentro de Pueblos para el intercambio de experiencias ante las amenazas de despojo de nuestros territorios por los megaproyectos

Del 4 al 6 de mayo, se llevó a cabo el Encuentro de Pueblos para el intercambio de experiencias ante las amenazas de despojo de nuestros territorios por los megaproyectos, en la cabecera municipal de Chicomuselo, Chiapas, mismo que fue co-convocado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ) y por el Comité de para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz, bajo un proyecto conjunto de Pax Christi Internacional.

En un pronunciamiento final, las y los participantes originarios de Chiapas y Oaxaca denunciaron que los procesos de defensa de la Tierra y el Territorio de los que son parte les han traído como “consecuencia la represión, la intimidación, la amenaza, la persecución, el encarcelamiento y el asesinato de defensores y defensoras comunitarias de derechos humanos. Quienes hemos decidido defender la vida y la Madre Tierra estamos en un riesgo constante bajo las amenazas de empresarios, de la delincuencia organizada y el Estado en sus tres niveles de gobierno que solo favorecen los caminos de la impunidad, la injusticia, la desigualdad, el despojo, la explotación, el desprecio en contra de nuestros pueblos originarios, comunidades y ejidos”.

Exigieron por lo mismo:

“• Se respete la autonomía y la autodeterminación de los pueblos en Chiapas y Oaxaca fundamentada en el Artículo 2o Constitucional y en convenios internacionales, así como también se garantice la integridad física de quienes defendemos la vida, la Madre Tierra y la naturaleza.

• Se cancelen los proyectos de muerte en nuestros territorios que solo traen destrucción, despojo, pobreza, enfermedades, conflictos comunitarios y divisiones.

• Que se cancelen las órdenes de aprehensión, denuncias penales, procesos judiciales en contra de los y las defensores de la Tierra y el Territorio como es el caso de los compañeros y compañeras de Acacoyagua, Chicoasén y Tecpatán”.

Finalmente, invitaron “a los pueblos, comunidades, ejidos, organizaciones de base, a los hombres y mujeres de este país, a que mantengan firmen su lucha, su resistencia y que se organicen, que no claudiquen, no se vendan, y no se dejen engañar. Es importante articular nuestras luchas en cualquier geografía contra este sistema capitalista y sistema de muerte. La tierra es una herencia de nuestros ancestros, y hay que cuidarla y defenderla. Nuestros pueblos y organizaciones hemos decidido firmemente defender la vida, el territorio y el medio ambiente, porque está en riesgo el futuro de nuestro país”.

Para más información :

Pronunciamiento completo (Chicomuselo, 6 de mayo de 2017)

Para más información de SIPAZ :

Pronunciamiento de participantes en Taller/Encuentro sobre la Transformación No-violenta de Conflictos en Defensa de Nuestros Territorios (19 de abril de 2016)

Chiapas: CIDH determina responsabilidad en ejecución extrajuidicial en el marco del plan de Campaña Chiapas 94

Conferencia de Prensa en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 3 de mayo de 2017 Foto: @Sipaz

El 3 de mayo, se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) en la que informó que, en el caso de la ejecución extrajudicial del indígena tzeltal Gilberto Jiménez Hernández ocurrida en febrero de 1995 en la comunidad La Grandeza, municipio de Altamirano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó “la responsabilidad del Estado mexicano por la violación al derecho a la vida y al principio de igualdad y no discriminación, a la integridad personal y a las garantías judiciales y protección judicial, en el marco de la implementación de la estrategia contrainsurgente diseñada dentro del Plan de Campaña Chiapas 94.”

A 22 años del operativo militar en dicha comunidad , el Boletín de Prensa del CDHFBC recordó: “El 20 de febrero de 1995, en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas, la población recibió la alerta del operativo militar realizado por la patrulla de reconocimiento del 17º Batallón de Infantería, comisionados en la Fuerza de Tarea “Arcoiris” en el Agrupamiento “Yabur”, compuesta por 65 agentes militares quienes portaban armamento 3 MP5 Cal. 9mm y 62 G-3 Cal. 7.62mm. Al mismo tiempo aviones del Ejército sobrevolaban en la región. La población del ejido La Grandeza, conformada, en su mayoría, por mujeres, niñas, niños y ancianas/os se desplazó forzadamente hacía la montaña para salvar su vida, mientras en el poblado, los militares quemaban las pertenencias de las personas desplazadas. El señor Gilberto Jiménez Hernández, indígena tseltal de 43 años de edad, fue ejecutado extrajudicialmente por un militar mientras huía con su familia a la montaña. El soldado le ordenó que se detuviera, se tendiera al suelo y sin importar que llevara su hija de cinco años atada con un chal en la espalda, le disparó.”

El Director del CDHFBC, Pedro Faro, recalcó que “hasta el día de hoy el fuero militar ha servido para asegurar la impunidad. Las investigaciones del presente caso se han enmarcado en la falta de debida diligencia para encubrir al Ejército mexicano, el expediente se encuentra extraviado por las autoridades de procuración de justicia desde 1997. El derecho de acceso a la justicia para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los responsables no existe en México”.

Rubén Moreno, abogado del Centro explicó por su parte que la familia de Jiménez Hernández decidió no recibir ninguna reparación económica por el daño, sino que optó porque se hiciera público el informe de la CIDH.

Para más información:

Estado mexicano responsable de crímenes de lesa humanidad: CIDH (CDH Fray Bartolomé de Las Casas, a 3 de Mayo de 2017)

CIDH culpa al Estado por muerte de tzetzal: Frayba (La Jornada, 3 de mayo de 2017)

CIDH culpa al Estado mexicano por ejecución extrajudicial de indígena tzeltal (Proceso, 3 de mayo de 2017)

Determinan responsabilidad del Estado en muerte de indígena (Cuarto Poder, 4 de mayo de 2017)

Oaxaca: Serie de amenazas a los defensores de Derechos Humanos Rodrigo Flores Peñaloza y Bettina Cruz Velázquez

En el centro Bettina Cruz Velázquez (@tierrayterritorio.wordpress.com)

Los Defensores de Derechos Humanos Rodrigo Flores Peñaloza y Bettina Cruz Velázquez quienes pertenecen a Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y a la Articulación de Pueblos Originarios Del Istmo En Defensa Del Territorio (APOYO), denunciaron una serie de amenazas en su contra en los últimos dos meses.

En el caso de Rodrigo Peñaloza Flores, en más de cinco ocasiones ha experimentado vigilancia, un asalto con arma de fuego saliendo de su trabajo el 10 de febrero, la llegada de un hombre armado a este mismo lugar preguntando reiteradamente por él el 24 de febrero y, el 26 de abril, al salir de su domicilio, encontró una amenaza de muerte en el parabrisas de su vehículo.

En el caso de Bettina Cruz Velázquez, denunció igualmente vigilancia en por lo menos dos ocasiones y ambos fueron objeto de agresiones verbales el pasado 19 de abril en un programa difundido por una estación de radio de Juchitán.

En una Acción Urgente buscando garantizar su vida e integridad física, se plantean varios antecedentes que pudieran explicar esta serie de amenazas y hostigamiento: “coincide con las intensas movilizaciones realizadas para la exigencia del esclarecimiento del asesinato de José Alberto Toledo Villalobos de Chahuites, defensor del derecho humano a la energía eléctrica y ex compañero de Rodrigo y Bettina; Además del apoyo activo a la defensa del cerro Iguú llevada adelante por las comunidades indígenas zapoteca de Puente Madera, Rancho Llano y Loma Bonita de San Blas Atempa, ante la construcción de la subestación eléctrica de la SEDENA. Cabe destacar también la reciente presentación del amparo colectivo interpuesto ante el Juzgado Sexto de Distrito ante el nombramiento de la región como Zona Económica Especial, la segunda fase de proyectos eólicos y las concesiones mineras; y el hecho reciente de que un ministro ha mostrado interés en atraer el caso de Eólica del Sur a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Para más información :

Acción Urgente | Peligro de vida e integridad física de los Defensores de DH Rodrigo Flores Peñaloza y Bettina Cruz Velázquez (OSC, 2 de mayo de 2017)

En Oaxaca, denuncian hostigamiento contra activistas que se oponen a Zona Económica Especial (Revolucion 3.0, 2 de mayo de 2017)

Ong denuncia amenazas en contra de defensor de la tierra y territorio en el Istmo (Istmo Press, 29 de abril de 2017)

Defensor de Derechos Humanos en el istmo es amenazado por la defensa del territorio (IstmoPress, 28 de abril de 2017)

DENUNCIA URGENTE. Amenazan al compañero Rodrigo Flores de la APIIDTT, APOYO y de la Red Nacional de Resistencia Civil. (APIIDTT, 27 de abril de 2017)

Para más información de SIPAZ :

Oaxaca: Se amparan pueblos del Istmo contra Zona Económica Especial (ZEE) (23 de marzo de 2017)

Oaxaca: Agresión contra integrantes de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) a manos de constructores ligados a la Empresa Eólica del Sur (8 de mayo de 2015)