Chiapas: Sector salud denuncia criminalización en su contra

En un comunicado publicado el 18 de enero, el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa expresó públicamente su condena a la represión y criminalización emprendida por el gobierno del estado en contra de trabajadores del sector salud, “quienes con su lucha pública y pacífica [en abril y mayo de 2017] han evidenciado la enorme corrupción en la Secretaría de Salud así como las enormes carencias y abandono con que opera el sector salud en el Estado de Chiapas violando el elemental derecho a la vida y salud de millones de chiapanecos y chiapanecas”.

Desde el 15 de enero, trabajadores de la Sección 50 del Sector Salud en Chiapas denunciaron que el 9 de enero de este año fue detenido Límbano Domínguez Alegría, quien fue integrante de la Comisión Negociadora del movimiento de enfermeras que el año pasado realizó dos huelgas de hambre en Tuxtla Gutiérrez « para exigir al gobierno del estado pago de las prestaciones salariales adeudadas, que mantengan de manera permanente el abasto de los medicamentos, material de curación y quirúrgico así como el mantenimiento y reparación de los equipos médicos ». También indicaron que existen órdenes de aprehensión contra María de Jesús Espinosa de los Santos y Víctor Hugo Zavaleta Ruíz, todos ellos acusados del delito de motín.

Ante ello, la Sección 50 exigió “ cese a la persecución política contra los trabajadores de salud de la Sección 50” y “cese a todo acto de represión y cancelación de las órdenes de aprehensión”.

Para más información:

Denuncian persecución policíaca contra trabajadores de la salud en Chiapas (Comunicado de la Sección 50 del Sector Salud, 15 de enero de 2018)

Paradoja en Chiapas, gobierno encarcela  a trabajadores que luchan por mejorar el sector salud (Tribuna Chiapas, 21 de enero de 2018)

Reprimen y criminalizan a quienes evidencian corrupción en la SS (Oye Chiapas, 21 de enero de 2018)

Gobierno de Chiapas encarcela a trabajadores que luchan por mejorar el sector salud (Chiapas en contacto, 22 de enero de 2018)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Acuerdan terminar segunda huelga de hambre de enfermeras en Chiapas (29 de mayo de 2017)

Chiapas : Enfermeras retoman huelga de hambre y denuncian incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno del estado (2 de mayo de 2017)

Chiapas : Enfermeras levantan huelga de hambre tras llegar a acuerdos (17 de abril de 2017)

Chiapas : Siguen en huelga de hambre ocho enfermeras en Tuxtla Gutiérrez (11 de abril de 2017)

Chiapas : Cinco enfermeras inician huelga de hambre en Tuxtla Gutiérrez (3 de abril de 2017)

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Oaxaca : Medidas cautelares de la CIDH para proteger a Bettina Cruz, defensora de derechos humanos en el Istmo de Tehuantepec

Bettina Cruz (@SIPAZ archivo)

El 19 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a México “proteger de forma inmediata la vida e integridad personal de la luchadora social Bettina Cruz y su núcleo familiar”, ello tras acreditar la situación de riesgo que enfrenta por su trabajo en defensa de los derechos de los pueblos indígenas que se oponen a la construcción de proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec. Cabe recordar que en la actualidad funcionan 21 parque eólicas en esta zona generando fuertes procesos de rechazo en un contexto de incremento de riesgo debido a la aprobación de la reforma energética, la declaración de esta región de Oaxaca como Zona Económica Especial (ZEE) y la militarización de la región, entre otras cosas.

La Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Washington que tramitó la solicitud de medidas cautelares a nombre de Bettina Cruz subrayó en un comunicado que “la petición de medidas cautelares en favor de la activista es una fuerte advertencia y a la vez una oportunidad para que el Estado y el sector privado finalmente tomen en serio el trabajo de defensa territorial indígena y cumplan con sus obligaciones internacionales”. También destacó que la decisión de la CIDH se suma a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitida hace unos días, de ejercer su facultad de atracción para conocer el caso de la construcción del proyecto Eólica del Sur en la que se ha denunciado la ausencia de una consulta libre, previa e informada.

Bettina Cruz declaró por su parte que “defender nuestra tierra ha sido difícil. Cada vez que presentamos un recurso nacional o internacional, nuestra vida y la de nuestras comunidades corre peligro. Cada vez que lo ganamos, el riesgo aumenta. Y lo que se torna inaceptable es que, a pesar de contar en distintos momentos con decisiones claras sobre el riesgo social y ambiental del proyecto y la violación al derecho a la consulta a nuestras comunidades, el gobierno y las empresas siguen desarrollándolo sin vergüenza”.

Para más información :

La CIDH ordena a Peña proteger la vida e integridad personal de la activista Bettina Cruz (Proceso, 19 de enero de 2018)

Ordena CIDH a México proteger a la luchadora social Bettina Cruz (La Jornada, 20 de enero de 2018)

Pide CIDH a México proteger vida de activista zapoteca Bettina Cruz (Aristegui Noticias, 20 de enero de 2018)

Bettina Cruz, perseguida por su oposición a proyectos eólicos (La Jornada, 21 de enero de 2018)

Para más información de SIPAZ :

Oaxaca: indígenas zapotecas ganan amparo contra instalaciones de energía eólica (12 de enero de 2018)

Oaxaca: Serie de amenazas a los defensores de Derechos Humanos Rodrigo Flores Peñaloza y Bettina Cruz Velázquez (3 de mayo de 2017)

Oaxaca: Se amparan pueblos del Istmo contra Zona Económica Especial (ZEE) (23 de marzo de 2017)

Oaxaca: Agresión contra integrantes de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) a manos de constructores ligados a la Empresa Eólica del Sur (8 de mayo de 2015)

Oaxaca : Denuncia Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad agresiones en su contra

Conferencia de prensa (@Consorcio Oaxaca)

En el marco de una conferencia de prensa realizada el 18 de enero, la organización feminista Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca denunció una serie de agresiones en su contra que conforman un « patron sistemático de ataques » que incluyen, entre otros, intimidaciones, seguimientos, vigilancia, campañas de desprestigio, allanamientos y robos en las propias oficinas de la organización e incluso en las casas de sus integrantes.

Subrayaron que del 2011 a la fecha han sufrido 11 allanamientos, seis de ellos bajo el gobernador actual. El más reciente sucedió el pasado 5 de enero : « durante la madrugada fue allanado el domicilio de la defensora e integrante del Equipo Directivo, Yesica Sánchez Maya, cortando la cerca de seguridad, desactivando alarmas, destruyendo chapas, robándose su computadora, pantallas y material de seguridad de la casa incluyendo videograbadora y modem de internet, cabe destacar que fueron dejados otros objetos de valor ».

Cabe destacar por otro lado que « de las tres denuncias que se han interpuesto durante este sexenio no existe resultado alguno, la primera de ellas se interpuso el 2 de diciembre del 2016, la segunda el 6 de abril del 2017 y la tercera el 5 de enero del 2017, de las cuales no hemos tenido ningún tipo de información, el único contacto ha sido tomar la denuncia y hacer algunas periciales. No hay resultados eficaces en la investigación, lo que sin duda ha dado el mensaje de anuencia y complicidad de este Gobierno para seguir atacando a Consorcio Oaxaca ».

Cabe destacar además que pese a que desde el año 2012, la organización es beneficiaria de medidas cautelares, no han sido cumplidas a cabalidad, ello a pesar de las reiteradas comunicaciones en las que « hemos alertado frente a dicho incumplimiento y al aumento de riesgo. Más grave aun, las autoridades responsables de brindar protección han buscado levantar las medidas cautelares(…), alegando que no había riesgo (…) o que sus elementos no estaban disponibles al estar atendiendo situaciones de conflictos sociales, bloqueos o marchas ».

Con base en datos de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, se registra en Oaxaca el 58% del total de agresiones a mujeres defensoras a nivel nacional.

Para más información :

Denuncia Consorcio Oaxaca 6 allanamientos en su contra durante sexenio de Alejandro Murat (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, 18 de enero de 2018 con aceso vídeo a la conferencia de prensa)

Denuncia ONG hostigamiento (El Imparcial de Oaxaca, 19 de enero de 2018)

Denuncia Consorcio allanamientos en su contra durante sexenio de Alejandro Murat (SDP Noticias, 18 de enero de 2018)

Para más información de SIPAZ :

Oaxaca: Allanan por 2º vez las oficinas de Consorcio

Marzo 6, 2012

Oaxaca: Allanamiento y robo de las oficinas de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad (5 de noviembre de 2011)

Internacional/Nacional : Human Rights Watch publica informe sobre la situación de derechos humanos en México y el mundo

En su más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, Human Rights Watch, organización con sede en Washington, Estados Unidos, resaltó en el caso de México los abusos de miembros de las fuerzas armadas, la impunidad en casos emblemáticos (como Tlatlaya y Ayotzinapa), el uso habitual de la tortura, la Ley de Seguridad Interior y la violencia en contra de defensores y periodistas, entre otros aspectos.

El documento señala que “durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, que se inició en 2012,miembros de las fuerzas de seguridad han estado implicados en graves y reiteradas violaciones de derechos humanos—incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y tortura— en el marco de acciones contra el crimen organizado”. Además de que “el gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el expresidente Felipe Calderón comenzó en 2006 la “guerra contra el narcotráfico” en México”.

En cuanto a desaparición forzada, indicó que “es habitual que agentes del Ministerio Público y policías no tomen medidas de investigación básicas para identificar a los responsables de desapariciones forzadas, y a menudo indican a los familiares de personas ausentes que deben investigar por su cuenta. En general, las autoridades no han identificado restos o partes de cuerpos humanos hallados en distintos sitios del país, incluidas fosas clandestinas”, lo anterior, a pesar de que “el gobierno federal ha impulsado iniciativas potencialmente prometedoras para encontrar a personas cuyo paradero se desconoce”.

En cuanto al acceso a la justicia, el informe subraya que “es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. La tortura se aplica más frecuentemente en el período entre que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, y hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público. Durante este tiempo, las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegales”. También agrega que “es habitual que el sistema de justicia penal no proporcione justicia a las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos. Esto se debe a motivos que incluyen corrupción, falta de capacitación y recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos”.

Para más información :

Informe Mundial 2018 (Human Rights Watch, enero de 2018)

Human Rights Watch condena impunidad en abusos de fuerzas de seguridad en México (Proceso, 18 de enero de 2018)

Con Peña, “graves y reiteradas violaciones de derechos humanos”: HRW (Aristegui Noticias, 18 de enero de 2018)

Señalan impunidad en México (NVI Noticias, 19 de enero de 2018).

Para más información de SIPAZ :

Nacional/Guerrero: Informes poco favorables sobre corrupción y derechos humanos en México (3 de febrero de 2016)

Nacional : ONU se pronuncia ante entrada en vigor de Ley sobre Desaparición forzada

(@Regeneración, archivo)

El 16 de enero, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU emitió un comunicado desde Ginebra saludando la entrada en vigor de la Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares en México. El Grupo de Trabajo reconoció al Estado mexicano por atender la recomendación que se le había formulado uego de su visita de trabajo en 2011. Asimismo, celebró “la apertura de las autoridades para garantizar la participación de las familias de personas desaparecidas, así como otras organizaciones de la sociedad civil”, experiencia que, consideró, debería ser imitada por otros países.

Por otro lado, urgió al Estado mexicano a canalizar “todos los esfuerzos y recursos” para “que se garantice una búsqueda eficaz e inmediata de las miles de personas desaparecidas, principal reclamo de las familias que anhelan saber el destino o paradero de sus seres queridos”.

Recalcó que para que la legislación “impacte en la realidad, especialmente en las necesidades de las víctimas”, se debe de dar paso a un “proceso de selección de los funcionarios encargados de implementar la Ley”, mismo que debe “garantizar la idoneidad de los perfiles, ser transparente, e incluir la participación de los colectivos de víctimas y especialistas de la sociedad civil”. Alentó a que la nueva ley “dé lugar al desarrollo de estrategias eficaces y no fragmentadas de investigación para llevar a la justicia a los responsables y terminar con la impunidad prevaleciente en relación con la desaparición de personas en México”. Alertó: “es imprescindible que las fiscalías lleven adelante investigaciones exhaustivas y diligentes y que cuenten con recursos y apoyo político para ello. De otra manera, si no se avanza en la lucha contra la impunidad, será imposible detener este flagelo”.

Por último, los integrantes del Grupo de Trabajo expresaron su interés por dar seguimiento a la implementación de la nueva ley y reiteraron su ofrecimiento de “seguir colaborando con el Estado mexicano hacia la prevención y erradicación de la desaparición forzada de personas”.

Para más información :

Ley sobre desaparición forzada sólo será efectiva si se combate la impunidad: ONU (Proceso, 16 de enero de 2018)

Pide ONU garantizar participación de familias en búsquedas, para lograr implementación de Ley sobre Desapariciones (Aristegui Noticias, 16 de enero de 2018)

Para más información de SIPAZ :

Nacional: Promulgan Ley contra la Desaparición forzada (25 de noviembre de 2017)

Nacional: aprueban Ley de Desaparición forzada (17 de octubre de 2017)

México : Pronunciamientos y acciones en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (5 de septiembre de 2017)

Chiapas: Las Abejas desmienten versión gubernamental de lo sucedido en Los Chorros

Intervención de mujeres de las Abejas hacia la liberación de detenidos en Río Jordán (@CDHFBC)

En un comunicado publicado el 13 de enero, la organización Sociedad Civil Las Abejas aclaró que sus nueve compañeros detenidos en la comunidad Río Jordán, de la colonia Miguel Utrilla Los Chorros del municipio de Chenalhó, hace poco, no se debió a incumplimientos con cargos comunitarios, como lo manifestó la subsecretaría Regional de la Secretaría de Gobierno en un documento difundido a través de la página oficial del Gobierno del estado. Declaró que fue “por oponerse a aceptar una obra de drenaje porque están en la resistencia de los proyectos del mal gobierno que lo disfrazan de “proyectos de desarrollo”, que en realidad son para dividir a los pueblos en resistencia.

Aclaró por lo demás que no fue una retención sino un secuestro en condiciones que pusieron en riesgo la salud de sus compañeros. Desmintió también que fue “después de una mesa de diálogo entre las autoridades tradicionales de la comunidad (que) fueron puestos en libertad además de que les fueron restablecidos el servicio de agua y de luz”. Expresó a cambio que “nuestros compañeros siguen sin energía eléctrica y agua entubada. Además la gente de Río Jordán después de la liberación de nuestros compañeros andan diciendo que en algún momento tienen qué pagar su multa y no los van a permitir vivir en paz en la comunidad”.

Recordó finalmente que “en varias ocasiones denunciamos que en esta comunidad existen paramilitares y uno de los que conforma el “comité de Participación Ciudadana” de esta comunidad de nombre Víctor López López es uno de los autores materiales de la masacre de Acteal y liberado gracias a los ministros corruptos de la mal llamada “Suprema Corte de Justicia de la Nación” y que ha manifestado en varias ocasiones que puede volver a matar si quiere, porque el gobierno de México premia con casas, dinero y vehículos si es matar a la gente que lucha en contra del sistema del mal gobierno”.

Para más información:

DESMENTIMOS declaración pública del señor Gustavo Moscoso Zenteno sobre liberación de nuestros 9 compañeros de “Río Jordán” (Sociedad Civil Las Abejas 13 de enero de 2018)

Artículo del Heraldo de Chiapas (16 de enero de 2018)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: detención arbitraria y riesgo de desplazamiento forzado en Río Jordan, Chenalhó (10 de enero de 2018)

Chiapas : a 20 años de la masacre de Acteal (26 de diciembre de 2017)

Chiapas : Se mantienen amenazas contra Abejas de Los Chorros, municipio de Chenalhó (21 de abril de 2017)

Chiapas : Indígenas tseltales de Amador Hernández expulsan a 17 soldados por incursionar en su comunidad sin permiso

Militarización en la Selva Lacandona (@SIPAZ archivo)

El 9 de enero, indígenas tseltales de Amador Hernández, municipio de Ocosingo en la Selva Lacandona, expulsaron de su comunidad a 17 elementos de la Marina que incursionaron en sus territorios sin su permiso. A las 2 de la tarde, dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevolaron la comunidad. Posteriormente, al intentar aterrizar un helicóptero, destruyó una vivienda y dañó otra. Al menos 17 elementos de la Marina que afirmaron que sobrevolaban la zona porque les reportaron que había caído una aeronave privada e iban en su búsqueda.

Las autoridades comunitarias les explicó « que no podían pasar ya que existe un acuerdo comunitario que prohíbe la entrada del Ejercito a la comunidad. Poco a poco se juntaron alrededor de 300 personas de la comunidad, con la mujeres en primera fila, que llevaron pacíficamente a los militares hacia la carretera para que regresaran al 38º Batallón de Infantería ubicado en el poblado de San Quintín, en Ocosingo, de donde provenían ».

Después de los hechos, la comunidad y otras organizaciones denunciaron « que la explicación que nos dieron los militares no justifica un despliegue tan importante del Ejército(…). Pensamos que se trataba de una operación de vigilancia y de control de nuestras comunidades en el marco de la implementación de la Gendarmería Ambiental anunciada en el 2016. Se trata de un nuevo cuerpo de la Policía Federal encargado oficialmente de “garantizar y salvaguardar las áreas naturales protegidas” y oficiosamente de controlar y reprimir a la población para conservar los intereses del gobierno y las empresas. Bien sabemos que somos una molestia para el gobierno, ya que estamos organizados contra el saqueo de nuestros bienes comunes naturales, en el Movimiento Reddeldía de los Montes Azules, en rechazo a los proyectos de Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD) y todos los proyectos extractivos de biodiversidad ».

Refiriéndose a la aprobación y promulgación de la Ley de Seguridad Interior, expresaron que rechazan « rotundamente la política mexicana que consiste en otorgar cada vez más poder a las fuerzas armadas y cada vez menos a nosotros los pueblos que defendemos legítimamente los territorios y nuestros derechos ».

Para más información :

Tseltales expulsan de la Selva Lacandona a 17 marinos que entraron en su territorio sin permiso (Proceso, 9 de enero de 2018)

Denunciamos el hostigamiento del Ejército Mexicano contra las comunidades de los Montes Azules (Reddeldía y OCS, 10 de enero de 2018)

Para más información de SIPAZ :

Chiapas: “Foro sobre Defensa de la Tierra, Vida y Territorio” se pronuncia contra la presencia de la Gendarmería ambiental en la Selva Lacandona (10 de diciembre de 2016)