Oaxaca: atentado contra líder sindical Marcelino Coache

El 10 de mayo, Marcelino Coache Verano, activista de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y secretario del sindicato de trabajadores del ayuntamiento de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, fue amenazado de muerte por dos desconocidos armados que irrumpieron en las oficinas gremiales. Uno lo hirió con un cuchillo en el abdomen y en una pierna, pero no de gravedad. Más adelante en la semana anunció que la (PGR) había atraído las investigaciones para dar con autores de la agresión. Cabe recordar que Coache ha temido por su integridad desde su detención en el 2006 junto con otros líderes de la APPO, agresiones físicas y detención en enero del 2008, así como el secuestro y tortura de los que fue víctima en marzo del 2009 por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares en mayo de 2009.

Para más información:

Atentado contra líder sindical en Oaxaca (Jornada, 12 de mayo)

Acusa Marcelino Coache a URO de intentar asesinarlo (Frente Popular.wordpress.com, 12 de mayo)

Más información de SIPAZ:

Oaxaca: Breves- movilización policiaca/ nuevas agresiones a Centro de Derechos Humanos/Medidas cautelares a favor de activista y de su familia (13 de Mayo de 2009)

Oaxaca: nuevas amenazas en el caso Marcelino Coache (27 de abril de 2009)

Foto: /www.diariopm.com

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Chiapas: Cinco bases de apoyo zapatistas puestos en libertad por falta de prueba

Cinco campesinos tzeltales, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se encontraban detenidos en la cárcel municipal de Ocosingo desde el 11 de mayo, fueron liberados al día siguiente, sin cargos, por las autoridades. Inicialmente habían sido aprehendidos por pobladores del ejido Peña Limonar, y luego trasladados por la Policía Estatal Preventiva para ser puestos a disposición del Ministerio Público.

Los cinco indígenas, Ebelio Montejo Hernández, de 35 años; Manuel Gutiérrez López, de 42, promotor de salud; Luis Gutiérrez Vázquez de 15, Pedro Gutiérrez Hernández, de 18 y Narciso Gutiérrez Jiménez, de 63, bases de apoyo del EZLN, fueron detenidos por pobladores del ejido de Peña Limonar el 10 de mayo, acusados por ellos de haber violado a cinco mujeres.

La Junta de Buen Gobierno (JBG) de La Garrucha, ubicada en el municipio de Ocosingo, había denunciado su detención el 10 de mayo así como la desaparición de 9 zapatistas más de la comunidad de Amaytic. En el comunicado, la JBG responsabilizó “a los tres niveles de GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL y MUNICIPAL por no haber hecho caso de solucionar esta problema”.

El conflicto se remonta a por lo menos agosto de 2002, momento en el que fueron asesinadas dos autoridades zapatistas después de lo que los victimarios señalados por estos hechos fueron a vivir a Peña Limonar. Según denunciado por La Garrucha, en marzo de 2010 quisieron regresar a Amaytic, ocupando a la fuerza terrenos y generando un clima de hostilidad.

Para más información:

– Liberan por falta de cargos a 5 bases de apoyo zapatistas (La Jornada, 13 de mayo)

– Entregan a los cinco retenidos del EZLN (Cuarto Poder, 13 de mayo)

– Comunidado del Caracol III “Resistencia hacia un nuevo amanecer” (La Garrucha, 10 de mayo)

Para más información de SIPAZ:

– Chiapas: denuncia pública de la JBG de la Garrucha sobre Ranchería Amaytic (18 de marzo de 2010)

Cinco campesinos tzeltales, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se encontraban detenidos en la cárcel municipal de Ocosingo desde el 11 de mayo, fueron liberados al día siguiente, sin cargos, por las autoridades. Inicialmente habían sido aprehendidos por pobladores del ejido Peña Limonar, y luego trasladados por la Policía Estatal Preventiva para ser puestos a disposición del Ministerio Público.

Los cinco indígenas, Ebelio Montejo Hernández, de 35 años; Manuel Gutiérrez López, de 42, promotor de salud; Luis Gutiérrez Vázquez de 15, Pedro Gutiérrez Hernández, de 18 y Narciso Gutiérrez Jiménez, de 63, bases de apoyo del EZLN, fueron detenidos por pobladores del ejido de Peña Limonar el l10 de mayo, acusados de haber violado a cinco mujeres.

La Junta de Buen Gobierno (JBG) de La Garrucha, ubicada en el municipio de Ocosingo, había denunciado su detención el 10 de mayo así como la desaparición de 9 zapatistas más de la comunidad de Amaytic. En el comunicado, la JBG responsabilizó “a los tres niveles de GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL y MUNICIPAL por no haber hecho caso de solucionar esta problema”.

En marzo de este año ocuparon a la fuerza terrenos en Amaytic, lo que generó un clima de hostilidad entre los diferentes grupos.

Desde el 16 de marzo, bases de apoyo zapatistas de la ranchería Amaytik, en el municipio autónomo Ricardo Flores Magón, se encuentran perseguidas y amenazadas de desalojo y muerte por unos 200 miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic). La Junta de Buen Gobierno (JBG) El camino del futuro, del caracol de La Garrucha, denunció que priístas opddiques, con armas de fuego, están persiguiendo a nuestros compañeros queriéndolos agarrar, y las mujeres están solas en sus casas, las están amenazando que los van a matar a todos sus animales, y que van a ser desalojadas.

Todo esto ocurrió en el contexto de un conflicto en Amaytic, en el noroeste de la selva Lacandona, que data de agosto de 2002, momento en el que fueron asesinados dos autoridades zapatistas

Ante la impunidad que entonces el gobierno de Pablo Salazar Mandiguchía otorgó a los asesinos, las autoridades autónomas los sancionaron. Después, los victimarios se establecieron con sus familias en Peña Limonar, hasta que en marzo de este año ocuparon por la fuerza terrenos de Amaytic, edificaron viviendas y propiciaron un ambiente de amenaza y hostilidad. Esto fue denunciado por la JBG el pasado 16 de marzo.

Para más información:

– Liberan por falta de cargos a 5 bases de apoyo zapatistas (La Jornada, 13 de mayo)

– Entregan a los cinco retenidos del EZLN (Cuarto Poder, 13 de mayo)

– Denuncian en La Garrucha secuestro de nueve zapatistas; otros 5 están detenidos (La Jornada, 12 de mayo)

– Comunidado del Caracol III “Resistencia hacia un nuevo amanecer” (La Garrucha, 10 de mayo)

Para más información de SIPAZ:

– Chiapas: denuncia pública de la JBG de la Garrucha sobre Ranchería Amaytic (18 de marzo de 2010)

Atenco: a 4 años de la represión en San Salvador Atenco

El 3 de mayo, se cumplieron cuatro años de los operativos policiacos contra pobladores de San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, perpetrados los 3 y 4 de mayo de 2006. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció en febrero de 2009 que se cometieron graves violaciones a las garantías individuales de los pobladores de la región durante esos hechos. Cabe recordar que fueron arrestadas más de 200 personas, de las cuales 12 permanecen en prisión a la fecha. De hecho y justamente al acercarse las fechas del aniversario, los tres principales dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco (FPDT), Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, presos en el penal del Altiplano y sentenciados a 112 (el primero) y 67 años de prisión, respectivamente, fueron notificados de nuevas órdenes de aprehensión en su contra.

Por otro lado, el fallo de la SCJN reconoció que los policías emplearon excesiva y brutalmente la fuerza pública mediante actos diversos, como la tortura sexual en agravio de 28 mujeres. 11 mujeres denunciantes de tortura sexual, acompañadas por el Centro de derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), han presentado desde abril de 2008 una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 10 de diciembre de 2009 la CIDH trasladó la petición al gobierno mexicano concediéndole dos meses para presentar sus observaciones. A la fecha, el Estado ha sido omiso en dar una respuesta.

En un evento en la ciudad de México del 3 de mayo, Alberto Herrera, director de Amnistía Internacional, sección México, manifestó “Después de cuatro años de los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, donde fueron detenidas 240 personas y 28 mujeres violadas por policías, estamos aquí para no olvidar, para decirles que la única forma como se puede dar vuelta a la página es encontrando justicia”. Desde el 2 de mayo, se iniciaron actividades conmemorativas de la represión en San Salvador Atenco. Un plantón se mantuvo los días 3 y 4 de mayo mientras se realizaban acciones dislocadas en la Ciudad de México y otras ciudades del país.

Finalmente, se lanzó tercera fase de la Campaña Libertad y justicia para Atenco. El comunicado marcando dicho lanzamiento subraya: “Duelen nuestros 12 presos y todas y todos los presos políticos del país. Atenco representa un caso emblemático y nacional. Representa la aplicación y creación de nuevos delitos como el de secuestro equiparado, que es una afrenta y arbitrariedad, aplicable para todas las luchas sociales como dispositivo de control y represión. El operativo represivo en Atenco simboliza además la impunidad, el avasallamiento a través de la violencia y el rompimiento de la legalidad por parte del Estado. Atenco representa una herida abierta para todo el país, para toda la sociedad civil, para todas y todos los que luchan por la libertad y la justicia”.

Además de exigir que la SCJN se pronuncie a favor de la revocación inmediata de las sentencias condenatorias de los 12 presos, el comunicado invitó a realizar acciones de difusión, movilización y protestas pacíficas y a registrar sus acciones como parte de la campaña para mayo y junio. Por su parte el Comité organizador anunció múltiples actividades y llamó a realizar el próximo 7 de julio “un día de acción global por la libertad de los presos políticos de Atenco”.

Para más información:

AI y otras ONG exigen justicia y castigo a responsables de los hechos de Atenco (La Jornada, 3 de mayo)

Notifican nuevas órdenes de aprehensión a los atenquenses Del Valle, Álvarez y Galindo (La Jornada, 3 de mayo)

Sin justificar, la estancia de tres presos de Atenco en un penal de máxima seguridad (La Jornada, 3 de mayo)

A líderes de Atenco les imputan más delitos (El Universal, 3 de mayo)

Incumplida, petición de la CIDH sobre violaciones y torturas a mujeres en Atenco (La Jornada, 4 de mayo)

Obispo Vera pide a SCJN libere a presos de Atenco (El Universal, 4 de mayo)

Declaración a 4 años de los hechos represivos en San Salvador Atenco. Convocatoria a la tercera fase de la Campaña Libertad y justicia para Atenco (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Comité Libertad y Justicia para Atenco)

Para más información de SIPAZ:

Atenco: arranca la Campaña “Libertad y Justicia para Atenco (20 de Febrero de 2009)

Chiapas: JBG de La Realidad denuncia que habrá más desalojos en zonas zapatistas

La Junta de Buen Gobierno “Hacia La Esperanza”, zona selva fronteriza, ubicada en la Realidad denunció en un comunicado: del 30 de abril  “que Calderón organiza nuevos desalojos en comunidades zapatistas haciendo una brecha que encierra la biosfera de Montes Azules, son planes de las tres instancias del mal Gobierno Municipal, Estatal, Federal”. Aclaró que: “La Tierra se ama, se cuida, se trabaja y se defiende; como de lugar estamos dispuestos de defenderlo cueste lo que cueste”.

En un artículo del periódico La Jornada, Hermann Belinghausen se refirió al contexto en el que se presenta esta denuncia explicando: “Apenas el pasado 28 de abril, el delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Ricardo Alonso Frías, había anunciado que una “comisión interinstitucional” negociaba con “siete asentamientos, para lograr su reubicación mediante el diálogo, y dejen la superficie en la Comunidad Zona Lacandona y Reserva de la Biosfera Montes Azules”. La Profepa especificó para la agencia Notimex que estos poblados “suman menos de 3 mil hectáreas y son: Salvador Allende, Ranchería Corozal, San Gregorio, Nuevo Limar, Agua Dulce, Ojo de Agua La Pimienta y Nuevo Villaflores”. Mencionó “entre las ofertas o propuestas” una “contraprestación, es decir, el otorgamiento de una ayuda económica para su salida del sitio”.

La JBG planteó en su comunicado …” para nosotr@s La Tierra es de quien la trabaja, por eso, la Junta de Buen Gobierno denuncia públicamente los hechos que están ocurriendo y ante esta situación les ponemos a sus conocimiento que como EZLN no permitiremos un desalojo más, no vamos a tolerar estas acciones y mucho menos que no vamos a dejar; vamos a defender nuestras tierras pase lo que pase, porque para nosotros la tierra, No se renta, No se alquila y mucho menos lo ponemos como un objeto de venta”.

Unos desalojos donde participaron diferentes fuerzas tanto policíacas como militares se dieron en enero de este año. Tras el desalojo forzado de las comunidades Laguna El Suspiro (también conocida como El Semental) y Laguna San Pedro (conocida San Pedro Guanil), ambas ubicadas en el municipio de Ocosingo, distintas garantías y derechos fundamentales fueron violentadas atentando así, contra la integridad de niños, mujeres y hombres que han ocupado la zona desde tiempos ancestrales.

Para más información:

Denuncia de JBG de la Realidad

Denuncian que habrá más desalojos en áreas zapatistas (La Jornada 3 de mayo)

Mas información de SIPAZ

Chiapas: Desalojos en Montes Azules ponen en riesgo la Paz en Chiapas

Oaxaca: Actualización de información sobre ataque a caravana de observación

Imagen del municipio autónomo San Juan Copala en su 2° aniversario © zapateando.wordpress.com

A dos días de haber ocurrido el ataque a una caravana de observación en la zona triqui, del estado de Oaxaca, las cuatro personas que inicialmente se reportaron desaparecidas lograron salir de la región. Dos de ellas presentaron heridas de balas por la agresión. Mientras tanto, varias organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales expresaron su rechazo a la agresión ocurrida el 27 de abril y exigieron a las autoridades aclarecer el crimen.

De acuerdo a información periodística, el 29 de abril se presentaron David Venegas y Noé Bautista, integrantes de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL), y fueron rescatados el mismo día Érika Ramírez y David Cilia, reporteros de la revista Contralinea. Noé Bautista y David Cilia sufrieron heridas de bala por el ataque del 27 de abril. Con ello, ya no hay personas desaparecidas de las que participaron en la caravana y se confirma como resultado de la agresión la muerte de la directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), la mexicana Beatriz Alberta Cariño Trujillo y del observador finlandés Jyri Jaakkola.

La agresión a la caravana de observación ha suscitado un rechazo enérgico a nivel nacional e internacional, tanto de organizaciones no-gubernamentales como de organismos supranacionales. Así, la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT), conformada por más de 60 organizaciones civiles de Derechos Humanos en todo el país, emitió una Acción Urgente exigiendo a los gobiernos estatal y federal una investigación exhaustiva e imparcial del ataque y llevar los responsables ante la justicia. También Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México (OACNUDH) condenaron la agresión a la misión que tenía entre sus propósitos brindar ayuda humanitaria a la población cercada por el grupo Unión de Bien Estar Social para la Región Triqui (Ubisort), en el municipio autónomo de San Juan Cópala.

Ocurrida la agresión en el contexto de campañas electorales a nivel estatal, el gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, deslindó al gobierno estatal de cualquier responsabilidad en el ataque ocurrido el pasado 27 de abril. Incluso, cuestionó la participación de extranjeros en esta caravana, advirtiendo que debería investigarse su calidad migratoria. Al respecto, la Red por la Paz, conformada por varias organizaciones de Derechos Humanos y trabajo en favor de la paz en Chiapas, censuró que “el gobierno de Oaxaca esté cuestionando la observación internacional, mecanismo de intervención civil de paz que ha resultado clave para detener la violencia en varios lugares y contextos“.

Para más información:

• La Jornada: Sanos y salvos, los europeos que participaban en la caravana: SRE (30/04/2010)
• La Jornada: ONG difundirán a escala mundial la condena por el ataque a observadores (30/04/2010)
• La Jornada: Rescatados, los reporteros de Contralínea baleados en Copala (30/04/2010)
• La Jornada: Rara participación de extranjeros en una zona con problemas: Ulises Ruiz (29/04/2010)
• La Jornada: Condena internacional a la emboscada a la misión de observación en la zona triqui (29/04/2010)
• Acción Urgente de la RedTDT (28/04/2010)
• Acción Urgente de Amnistia Internacional (30/04/2010)

Más información de SIPAZ:

• Oaxaca: Red por la Paz de Chiapas condena ataque armado contra caravana de observación en San Juan Copalá (30/04/2010)
• Oaxaca: Ataque a caravana de observación – 2 muertos y 4 desaparecidos (28/04/2010)

Oaxaca: Red por la Paz de Chiapas condena ataque armado contra caravana de observación en San Juan Copalá

Las organizaciones civiles, que integramos la Red por la Paz Chiapas, condenamos enérgicamente el ataque armado que sufrieron integrantes de la caravana humanitaria conformada por representantes de organizaciones de derechos humanos, periodistas y observadores internacionales. La caravana se dirigía a la comunidad de San Juan Copalá en la región Triqui cuando fue emboscada y agredida con armas de fuego presuntamente por un grupo de la Unidad para el Bienestar Social de la región Triqui (UBISORT), organización vinculada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y señalada como teniendo corte paramilitar. El saldo de la agresión fue de dos muertos, BEATRíZ ALBERTA CARIÑO TRUJILLO, integrante del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos A.C. (CACTUS) y JYRI ANTERO JAAKKOLA, observador internacional originario de Finlandia, así como de varios heridos.

Esta agresión se dio en contra de una caravana humanitaria y pacífica de observación, refrendando el riesgo que corren las y los defensores de derechos humanos, así como los periodistas en México. Vemos con preocupación la situación de vulnerabilidad de las y los que trabajan a favor de la defensa y promoción de los derechos humanos frente a la cada vez más recurrente violencia política, a la criminalización de su labor y a la indiferencia estatal para la protección de su vida e integridad física.

De igual modo nos parece de particular gravedad que, frente a la muerte de Jyri Antero Jaakola de nacionalidad finlandesa durante la agresión, el gobierno del estado de Oaxaca esté cuestionando la observación internacional, mecanismo de intervención civil de paz que ha resultado clave para detener la violencia en varios lugares y contextos.

El gobierno estatal se deslinda de toda responsabilidad en estos hechos de violencia. La impunidad en los numerosos asesinatos y hechos de violencia que se han registrado en la zona triqui han contribuido, mínimamente por omisión, a crear la situación de violencia en la región. Finalmente, nos preocupa que, como se suele dar en Chiapas, la respuesta a este ataque se quede en una atención limitada a restablecer un mínimo de orden publico sin afrontar las causas de fondo detrás de la violencia que ha prevalecido en la zona Triqui.

Ante esta situación, las organizaciones que integramos la Red por la Paz Chiapas, exigimos:

• Inmediata intervención de la Procuraduría de Justicia del estado de Oaxaca y de la Procuraduría General de la República para que realicen una investigación imparcial, frenen la violencia en el lugar, se haga justicia y se castiguen a los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos.
• Actuar de inmediato para atender de fondo la violencia que viven las comunidades Triquis, poniendo especial énfasis en el respeto y garantías al proceso de diálogo interno.

• Que se investiguen y desmantelen los presuntos grupos paramilitares en la región.

• Asegurar condiciones que permitan el restablecimiento de la seguridad para toda la población sin distinción, situación que consideramos no se restablecería por la simple militarización de la zona
• Buscar soluciones a las razones que dieron pie a la organización de esta caravana (falta de acceso a servicios básicos de parte de la población)

Atentamente

Organizaciones integrantes de la Red por la Paz

Educación para la Paz (Edupaz)

Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, A.C. (Ciepac)

Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (Desmi)

Servicio Internacional para la Paz (Sipaz)

Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (Coreco)

Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. (Enlace CC)

Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz)

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH)

Centro de Derechos Indígenas, A.C. (Cediac)

Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. (Frayba)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Ataque a caravana de observación – 2 muertos y 4 desaparecidos (Abril 28, 2010)

Guerrero: “aprueban” proyecto hidroeléctrico La Parota, mientras policías prohiben la entrada a los opositores

Durante una asamblea llevada a cabo el miércoles 28 de abril en La Concepción, ejidatarios de los Bienes Comunales de Cacahuatepec aprobaron la expropiación de más de mil 300 hectáreas de tierras en favor de la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, cerca de Acapulco. La asamblea fue vigilada por 600 policías ministeriales, estatales y municipales, quienes impidieron la entrada a la asamblea a los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP). La construcción de La Parota implicaría el desalojo de miles de campesinos viviendo en la región. El CECOP anunció que rechaza el resultado de la asamblea y que demandará su nulidad en los tribunales.

Varias organizaciones civiles se solidarizaron con el CECOP y Nicolás Chávez Adame, dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), anunció que la organización efectuará una reunión urgente el próximo sábado para desarrollar un plan de acción. Será hasta el lunes que el CECOP interponga la demanda de nulidad en el Tribunal Unitario Agrario (TUA).

Asambleas llevadas a cabo durante 2005 y 2006 en Dos Arroyos, Los Huajes y La Palma que fallaron a favor del proyecto de La Parota ya fueron impugnadas y anuladas en el TUA. Otra asamblea del 2007 en la que prevaleció el “No” a la Parota no fue anulada y desde finales del año pasado, varias fuentes informaron que el proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica La Parota en Guerrero se iba a posponer e incluso que debido a limitaciones económicas, estaba cancelada.

Según noticias de El Sur de Acapulco, el mismo día de la asamblea, los votantes fueron acarreados en camiones manejados por personas que según ellos recibirían ‘una propina’ por llevar la gente. Los aproximadamente 600 ejidatarios que según varios fuentes asistieron a la asamblea levantaron la mano en aprobación de la construcción de la presa, mientras que muchos desconocen el significado preciso del proyecto. El Diario, sin embargo, habla de dos mil 500 ejidatarios que votaron, cifras que les proporcionó Evencio Romero Sotelo, asesor legal del grupo que apoya el proyecto.

Según Abel Barrera Herández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la asamblea fue ilegal ya que el 50% mas uno de todos los y las pobladores de la región tendrían que votar en favor. Los 600 ejidatarios que asistieron a la asamblea reflejan apenas un 10% del padrón que incluye más de 5.000 personas. Aseveró que esta última asamblea se anulará en tribunales debido a las irregularidades con las que fue convocada.

Los integrantes del CECOP fueron acompañados por integrantes de varias organizaciones civiles y de derechos humanos nacionales e internacionales. En esta misión civil de observación tomaron parte, entre otros, la Liga Mexicana de Derechos Humanos, Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violación a los Derechos Humanos en México (Afadem), Servicios de Asesoría para la Paz (Serapaz), Coalición para el Hábitat Internacional, Información y Acción por el Derecho Humano a Alimentarse (FIAN, por sus siglas en inglés). A ellos también les fue negada la entrada a la asamblea.

Para más información:

ONG de Guerrero anuncian apoyo a ejidatarios opositores a La Parota (La Jornada, 30 de abril)

Teme el Cecop que Torreblanca dé línea en el TUA para afectarlos (La Jornada de Guerrero, 30 de abril)

Fue una simulación para una decisión ya tomada, señalan observadores civiles (El Sur de Acapulco, 30 de abril)
La asamblea es una muestra de que el gobierno pisotea las leyes: Tlachinollan (El Sur de Acapulco, 30 de abril)

Un cerco de 600 policías estatales y municpales rodeó la asamblea (El Sur de Acapulco, 30 de abril)

Impiden policías el ingreso a la asamblea a 600 comuneros opositores a la presa (El Sur de Acapulco, 30 de abril)
La misma piedra (La Jornada de Guerrero, 29 de abril)

Confían anular asamblea sobre presa (La Jornada de Guerrero, 29 de abril)

Los ejidatarios dijeron sí a La Parota; CECOP inicia otra vez “la resistencia” (El diario de Guerrero)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: resurgimiento de la conflictividad por posible construcción de la presa de La Parota (21 de abril de 2010)