Chiapas: Hostigamiento y vigilancia a defensores de derechos humanos.

El día 17 de diciembre de 2010, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas hizo público un boletín sobre nuevos incidentes poniendo en riesgo a dos defensores de derechos humanos: a principios de diciembre, el integrante del Comité de Expresos Políticos “Voces Inocentes”, Julio César Pérez Ruiz, así como el integrante de la Red de Personal Médico y de Salud Mental para la Atención a Sobrevivientes de Tortura, colaborador externo del CDHFBC, José Alejandro Méza, “fueron objeto de vigilancia y hostigamiento en hechos diferentes ocurridos en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas”. En el caso de Meza sufrió además allanamientos de su vehículo y su domicilio.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas expresó su preocupación por lo que calificó como una agresión en contra de las y los defensores de derechos humanos en Chiapas, hechos que se suman a las amenazas de muerte contra Margarita Martínez e integrantes del propio organismo a finales de noviembre. Solicitó a las autoridades judiciales del estado realicen una investigación pronta, eficaz y efectiva para sancionar a los responsables de estos actos.

Para más información:

Boletín 25 Hostigamiento y vigilancia a defensores de derechos humanos. (CDHFBC)

Denuncian hostigamiento a defensores de DH en Chiapas (Informe Chiapas, 18 de diciembre de 2010)

Siguen denuncias de hostigamiento para defensores de ONG (Cuarto Poder, 19 de diciembre de 2010)

Persisten las amenazas a defensores de derechos humanos (La Jornada, 21 de diciembre de 2010)

Para más información de SIPAZ:

– Chiapas: Amenazas de muerte a Margarita Martinez y a integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (26 de noviembre de 2010)

Chiapas: un año de impunidad en caso de agresiones defensores de derechos humanos (11 de noviembre de 2010)

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Chiapas: Adherentes de la Otra Campaña de San Sebastián Bachajón denuncian tortura y arraigo ilegal de ejidatario

Manifestación de adherentes de Bachajón (foto de archivo, @SIPAZ)

El 2 de noviembre, ejidatarios de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón denunciaron la detención ilegal, tortura y arraigo de Miguel Demeza Jiménez, adherente de la otra campaña, privado de su libertad bajo ninguna orden de aprehensión en su contra, fabricándole delitos para poder procesarlo.

Los indígenas, adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona, responsabilizaron al gobierno estatal de Juan Sabines Guerrero por la detención arbitraria de su compañero: “Claramente se ve que la injusticia no es palabra, son hechos para este mal gobierno corrupto, cuando los verdaderos delincuentes son ellos. Por esta razón culpamos al gobierno estatal por la salud y la integridad de nuestro compañero preso y arraigado. Nosotros como organizaciones constatamos que no es delincuente como el gobierno lo está obligando a decir; es totalmente inocente de todo delito que le están fabricando. Exigimos su liberación inmediata e incondicional.”

Para más información:

Denuncia de los adeherentes a la Otra Campaña del ejido de San Sebastián Bachajón (2 de noviembre)

Ejidatarios denuncian tortura y arraigo ilegal de campesino tzeltal de Chilón (La Jornada, 5 de noviembre)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: ejidos exigen alto a la represión por defender su territorio (21 de agosto de 2009)

Chiapas: 5 indígenas tzeltales del Ejido San Sebastián Bachajón liberados(8 de julio de 2009)

Chiapas: Aceptan indígenas tzeltales violadas por el Ejército Mexicano “reparación del daño” con condiciones

El 4 de junio de 1994, tres hermanas, de 12, 13 y 14 años de edad, fueron detenidas junto con su madre, Delia Pérez de González, por un grupo de militares en un retén del municipio de Altamirano. Fueron golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares mientras su madre fue torturada y obligada a presenciar la violación sexual cometida contra sus hijas.

El 30 de junio de 1994, las hermanas presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República que declinó su competencia y envió el expediente a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM). La Secretaría de la Defensa Nacional negó los hechos y se archivó el caso en 1996 bajo el argumeno que no se habían cumplido las diligencias necesarias para continuar con las investigaciones.

Dos años después el caso fue presentado ante la CIDH que lo admitió en noviembre de 1999. En abril de 2001 señaló al Estado mexicano como responsable y le recomendó que investigara los hechos completa, imparcial y efectivamente en la jurisdicción penal ordinaria mexicana (civil), para determinar la responsabilidad de los militares, así como la reparación del daño. Como explicó Mercedes Olivera Bustamante, fundadora y asesora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, en la conferencia de prensa, la CIHD no envió al Gobierno de México una orden sino una recomendación, ya que México aceptó la jurisdicción de la CIDH hasta 1998, dos años antes de haberse radicado la queja. Nueve años después, dicha recomendación no se ha cumplido.

Dieciséis años después después de los hechos, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, ofreció 500 mil pesos a cada una de las hermanas para reparar el daño, además de programas como seguro médico permanente, becas de estudio para sus hijos y otros proyectos.

Las hermanas González Pérez plantearon frente a esta propuesta “Aceptaremos esa propuesta como la única prueba que tenemos de que el gobierno mexicano reconoce públicamente su responsabilidad en la violación a nuestros cuerpos, a nuestros derechos y a nuestra dignidad. Sin embargo la condicionamos a que también se reconozcan los daños causados a nuestra madre”. Agregaron “ No aceptaremos estar presentes en ningún acto público para que el gobierno no use nuestra palabra a su favor. Tampoco aceptaremos los programas que ofrece porque no resuelven los problemas reales del pueblo, nosotras ya estamos organizadas en nuestras comunidades para resolverlos. (…) Exigimos y exigiremos siempre que se castigue a los militares que nos hicieron daño, que se investigue y se determine su responsabilidad por jueces del fuero común y no por militares, como hasta ahora se ha hecho. (…) Exigimos también la salida inmediata de los militares de nuestros pueblos y comunidades en Chiapas, porque siguen violando a las mujeres, traen prostitución, causan terror y daños a las personas”.

Concluyeron finalmente: “Ahora, como en 1994, condenamos fuertemente los actos cometidos por el Ejército en contra de nuestros cuerpos y nuestros corazones, cuando pasamos por el retén contrainsurgente en Altamirano, Chiapas. Estos actos, que violan nuestros derechos, demuestran la política de terror que ha usado el ejército en contra del pueblo chiapaneco, utilizando a las mujeres como objetivo de guerra. Por lo cual seguimos y seguiremos luchando en contra de todas las acciones del gobierno que quieren silenciar las justas demandas de nuestros compañeros y compañeras. No dejaremos de exigir que los actos del ejército en contra de los derechos de la población se juzguen por autoridades civiles, porque es la única forma en que reconocerán su culpabilidad. Exigimos que se les castigue como corresponde de acuerdo a la ley y ya no se encubra su culpa con el pretexto de proteger al país. Esto es necesario para evitar que el ejército siga violentando los derechos de nuestros pueblos  y su autonomía”.

Para más información:

– Comunicado de prensa (Carta firmada por las hermanas González Pérez y su madre, 20 de octubre de 2010)

– Indígenas aceptan oferta de gobierno (Cuarto Poder, 21 de octubre)

– La historia de tres niñas indígenas violadas por militares (Proceso, 20 de octubre de 2010)

– Sitio Web del Comité Hermanas Gónzalez Pérez: https://hermanasgonzalez.org/

México: conclusiones preliminares de la relatora especial para la Independencia de los Magistrados y Abogados

 

Gabriela Knaul (@Naciones Unidas)

El 15 de octubre, al concluir una visita de 15 días en México que la llevó a seis entidades de la República, incluyendo Chiapas, la Relatora especial para la Independencia de los Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, presentó en conferencia de prensa un resumen preliminar del informe que presentará en Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en junio de 2011.

Arraigo, fuero militar, reformas constitucionales en materia de justicia y derechos humanos, la reforma del amparo, autonomía de ministerios públicos, colegiación de jueces y abogados y falta de acceso a la justicia por parte de grupos vulnerables, además de deficiencias estructurales y orgánicas en el sistema de justicia, fueron algunos de los puntos de las apreciaciones preliminares que presentó Gabriela Knaul a la prensa.

Aunque reconoció los esfuerzos de México en los años recientes con los mecanismos de protección de derechos humanos, Knaul citó una lista de aspectos en los que el país está faltando a sus obligaciones en procuración e impartición de justicia, a pesar de las reformas de 1994 y 2008.

Se pronunció por la desaparición del arraigo, a tener cuidado con la utilización de los testigos protegidos y a evitar la presentación de detenidos ante medios de comunicación. Sobre el fuero militar, la relatora especial subrayó que después de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del desaparecido Rosendo Radilla, el Ejecutivo federal se comprometió a presentar una iniciativa de ley para reformar el código de justicia castrense y sus alcances. Sin embargo, advirtió, dicho proyecto sólo excluiría del fuero militar los delitos de desaparición forzada, tortura y violación, pero no al de ejecución extrajudicial, lo cual daría lugar a una reforma insuficiente, en la que además las víctimas de estos abusos o sus familiares siguen sin tener acceso a recursos efectivos de defensa, entre ellos el amparo.

La experta criticó la falta de autonomía del Ministerio Público ante el poder Ejecutivo, “lo cual puede minar la confianza y credibilidad de la autoridad a la que se le encomienda investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales de forma objetiva en todos los casos”. Señaló que en los estados aún es muy frecuente que los jueces de los tribunales superiores de justicia sean nombrados por el gobernador en turno, con la consecuente falta de autonomía y objetividad que ello implica.

Concluyó que “[e]l acceso a la justicia sigue siendo una deuda para muchos mexicanos, especialmente para aquellos que viven en una situación de pobreza, la población indígena, quienes habitan en zonas rurales y remotas, las mujeres y las personas migrantes.”

Para más información:

– Intervención completa de la Relatora especial para la Independencia de los magistrados y abogados (conferencia de prensa, 15 de octubre de 2010)

– El sistema judicial, aún sometido al Ejecutivo: relatora de la ONU (La Jornada, 15 de octubre de 2010)

– ONU pide proteger a MP y Jueces en México (El Universal, 15 de octubre de 2010)

– Informe completo entregado por organizaciones civiles a la relatora en Yucatán (12 de octubre de 2010)

– Informe presentado por organizaciones de derechos humanos y academia a la Relatora en México DF (6 de octubre de 2010)

Chiapas: Encuentro de la Organización de familiares de presos de Ocosingo (OFPO)

El 23 de septiembre, el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ) asistió a un Encuentro de la Organización de Familiares de Presos de Ocosingo que se llevó a cabo en la misma ciudad de Ocosingo.

Unos 60 hombres y mujeres, niños y ancianos se juntaron, todas y todos compartiendo una misma realidad: tienen “un su” familiar preso en la cárcel de Ocosingo. El hecho que los familiares se hayan empezado a organizar les ha permitido conocer mejor la situación de cada uno de los presos, darse cuenta que enfrentan los mismos problemas y sufrimientos, así como empezar a buscar formas de solución.

En el Encuentro al que asistimos, se rememoró “la historia de nuestro proceso organizativo y dimos a conocer la documentación de las distintas problemáticas que hemos encontrado, relacionadas con la detención de nuestros familiares (sociales, económicas, procesuales) y las condiciones de reclusión que también nos afectan como familiares: pobreza y marginación, alcoholismo, división y fragmentación del tejido social, falsas acusaciones, detenciones injustas, tortura, delitos fabricados, deficiencias en las investigaciones, trato discriminatorio, ausencia y/o negación de traductores, firmas obligadas; revisión irrespetuosa al ingresar a la visita penitenciaria (particularmente a las mujeres), maltrato de los alimentos de origen comunitario que con sacrificio y esfuerzo llevamos (en especial el pozol), ni los presos ni los familiares tenemos acceso para portar, conocer y estudiar el reglamento penitenciario ni las normas o reglamento que regulan las visitas a los internos…”

Se hizo particular énfasis en los problemas que encuentran los familiares al entrar en la cárcel para visitas. Las mujeres son revisadas sin mostrarles ningún respeto, lo cual les hace sentir muy mal. Tanto ellas como los presos en general no conocen el Reglamento. Otro problema del que se habló mucho es que no les dejan entrar con comida. De por si les cuesta mucho lograr comprar algo, prepararlo y llevarlo. Y no se explican porque deben de dejar un parte en la entrada, sin saber que pasa con esta comida. Por otro lado, mencionaron las amenazas recurrentes de trasladar a los presos, como modo privilegiado de ejercer presión.

Los integrantes de esta organización creada en 2008 empezaron también a investigar los diferentes casos, visitando los lugares de los hechos, hablando con los familiares y con las comunidades. Encontraron muchas irregularidades, maltrato e injusticias. De manera sistemática, no se les ofreció traductor a la gente que no habla el español. También abundan los testimonios de presos que no saben leer ni escribir y, que bajo presión, terminaron firmando su sentencia sin saber de qué se trataba.

No solo quienes se encuentran dentro de la cárcel sufren; de igual modo sus familiares  tienen dificultadas para salir adelante por la falta del esposo, hijo o padre.  No logran sostenerse económicamente, algunos niños ya no pueden ir a la escuela y/o se sienten cada vez más aislados por la estigmatización en su comunidad. En este sentido, la conformación de una organización de familiares de presos, integrada por personas de diferentes religiones y organizaciones, les da fuerza para seguir luchando y exigir justicia por sus presos.

Para más información:

OFPO Pronunciamiento Septiembre de 2010 (30 septiembre de 2010)

Frontera norte: asesinato de menor en manos de la Patrulla Fronteriza estadounidense

Lloran a Sergio Adrián en Ciudad Juárez (@La Jornada)

El 7 de junio, Sergio Adrián Hernández Güereca, un joven mexicano de 15 años, fue asesinado por elementos de la Patrulla Fronteriza estadounidense en la frontera entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua.  Según representantes policiacos estadounidenses, el disparo que mató Sergio Adrián constituyó un acto de auto-defensa, dado que, en su versión, Sergio Adrián era parte de un grupo de jóvenes que tiró piedras a elementos de la policía fronteriza después de la detención de dos mexicanos que supuestamente estaban intentando cruzar la frontera. Los familiares de Sergio Adrián no concuerdan con esta versión: su madre, María Guadalupe Güereca, declaró recientemente que está “convencida de que no [él] era ningún delincuente, y mucho menos que pretendiera cruzarse a Estados Unidos.” Frente al Ministerio Público, dos testigos aseveraron que Sergio Adrián no era migrante ni pollero, que en vez de eso “tuvo la desgracia de parecer ilegal ante la vista de los agentes de Estados Unidos.”

Agencias gubernamentales de ambos países han lanzado investigaciones sobre los acontecimientos que resultaron en la muerte de Sergio Adrián: la Procuraduría General de la República (PGR) en México y la Oficina Federal de Investigación (FBI) en EEUU.  Los hallazgos iniciales de las investigaciones demuestran que el agente estadounidense responsable de la muerte de Sergio Adrián cruzó la frontera para perseguir al grupo de jóvenes.  De hecho, el FBI ha reconocido que elementos del ejército mexicano ahuyentaron a agentes policiacos estadounidenses que se encontraban investigando el caso del lado mexicano de la frontera.  La PGR ha declarado que se podría demandar la extradición del policía presuntamente responsable del asesinato a México. Legisladores mexicanos de varios partidos han exigido esta semana que el gobierno federal demande esta extradición.

El asesinato de Sergio Adrián ha provocado una fuerte reacción de repudio en México y en algunos sectores de EEUU.  El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) declaró esta semana que el asesinato se dio por el clima de “intolerancia que se vive en Estados Unidos en contra de personas que por su apariencia física son criminalizadas,” lo cual es “producto de expresiones extremas de racismo y xenofobia.” Una agrupación de organizaciones civiles de derechos humanos mexicanas que incluye Amnistía Internacional-Sección México, Sin Fronteras, la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), Idheas, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos criticaron la respuesta del gobierno federal frente a los hechos hasta la fecha, declarando que “hasta hoy el gobierno ha hecho una tibia defensa de las agresiones contra los migrantes; por ello se siguen cometiendo estas atrocidades. Es momento de que se haga un fuerte y contundente reclamo de justicia y castigo para los responsables de esos crímenes.” Emilio Chávez Herrerías, director ejecutivo de Sin Fronteras, enfatizó que el asesinato de Sergio Adrián no es nuevo. Este tipo de agresiones, de crímenes contra mexicanos, suele pasar en Estados Unidos.” La diferencia en este caso, dijo, “es que se grabaron [los acontecimientos], que hay testimonios de denuncia, están identificados los responsables.

Por su parte, la directora de Amnistía Internacional (AI) en Estados Unidos, Susan Lee, denunció la respuesta “gruesamente desproporcionada” de la Patrulla Fronteriza a los tiradores de piedras, y declaró que los disparos que mataron Sergio Adrián “violan las normas internacionales que obligan a las policías a emplear armas de fuego como último recurso en respuesta a una amenaza mortal inmediata.” María Guadalupe, la madre de Sergio Adrián, espera promover una denuncia a nivel internacional para evitar la impunidad, dado que, según ella, “el gobierno mexicano está vendido al de los gringos.”

El asesinato de Sergio Adrián ocurrió una semana después del fallecimiento del migrante mexicano Anastasio Hernández Rojas en un hospital deSan Diego, California, tras haber sido brutalmente golpeado y sometido a choques de pistolas eléctricas por elementos del Patrulla Fronteriza.  Las dos muertes se dan en un contexto de endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos, como quedó reflejado  tanto en abril con la aprobación de una ley anti-inmigrante en el estado de Arizona, como a través del anuncio del presidente Obama a fines de mayo que ordena el despliegue de 1.200 elementos de la Guardia Nacional a la frontera con México.

Para más información:

“¿Por qué mi hijo, si nada malo hacía?” (La Jornada, 10 de junio)

Los tiros se hicieron de cerca, en el lado mexicano, afirma forense (La Jornada, 10 de junio)

Pretende la PGR que sea juzgado aquí el agente que mató al menor (La Jornada, 11 de junio)

Ofrece FBI intensa pesquisa del ataque de la Border Patrol (La Jornada, 11 de junio)

Legisladores exigen a Calderón solicitar extradición del homicida de Sergio Adrián (La Jornada, 11 de junio)

Apremian al gobierno federal a asumar postura ‘firme’ y ‘digna’ (La Jornada, 10 de junio)

Tibia respuesta del gobierno federal al asesinato del adolescente, critican ONG (La Jornada, 11 de junio)

Video demuestra la brutalidad contra Anastasio Hernández (La Jornada, 10 de junio)

Para más información de SIPAZ:

México: Frontera Norte, Frontera Sur – paralelismos (marzo de 2010)

Guerrero: acción urgente en caso de nuevas desapariciones forzadas

En el estado de Guerrero parece que las desapariciones forzadas no sólo pertenecen al pasado doloroso de la guerra sucia de los 60 y 70  sino también a un presente de mucha violencia y violaciones reiteradas a los derechos humanos, muchas de las cuales están atribuidas a elementos del ejército.

En el mes de febrero de este año, ocurrieron dos nuevas desapariciones forzadas en la ciudad de Chilpancingo. RAÚL EVANGELISTA ALONSO fue llevado detenido por militares quienes ingresaron violentamente a su casa el 3 de febrero “sin que al momento haya sido puesto a disposición de alguna autoridad ministerial o judicial”, y ROBERTO GONZÁLEZ MOSSO quien fue llevado desde su trabajo el día 5 de febrero por “sujetos vestidos de negro, cubiertos del rostro, portando armas largas y señalando que eran elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)” que llegaron acompañados por “dos comandos militares”. Desde estos hechos las distintas autoridades competentes “negaron que tuvieran detenida a persona alguna con ese nombre y tampoco implementaron acciones para detener al hoy desaparecido”. En ambos casos, los familiares presentaron una denuncia en contra de estos hechos.

Las organizaciones integrantes de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos AC solicita a la sociedad civil que presione a las autoridades competentes a través de una acción urgente exigiendo:  una investigación objetiva e imparcial sobre las denuncias presentadas por los familiares de los desaparecidos así como la protección de aquellos, la presentación con vida de Raúl y Roberto, y asimismo que puedan enfrentar un proceso justo en caso de estar relacionados con algún delito.

Para el detalle de los hechos y un modelo de carta:

Acción Urgente (Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos AC)

Para más información:

Denuncian que soldados levantaron a dos hombres en Chilpancingo (La Jornada Guerrero 10/02/20109)

Rompen el Estado de derecho las operaciones militares que incomunican a detenidos: Codehum (El Sur de Acapulco 11/02/2010)

Piden familiares de dos levantados en Chilpancingo que el Ejército informe sobre su paradero (El Sur de Acapulco 22/02/2010)