Guerrero: Breves – CECOP se manifieste ante Senado / Conferencia de prensa casos Inés y Valentina

El 19 de mayo, los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP) se manifestaron ante el Senado de la República en la Cuidad de México para exigir la cancelación de la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota. Unos 300 manifestantes de 28 pueblos del Núcleo de Cacahuatepec y los ejidos de Dos Arroyos y los Huajes, del municipio de Acapulco, se pararon en frente del Senado mientras una delegación de 10 miembros del CECOP asistieron a la audiencia con los diputados Agustín Guerrero y Avelino Méndez, del PRD, y el priísta Silvio Lagos. Exigieron que se respetara la voz de los pueblos expresada en la asamblea del 12 de agosto de 2007, cuando fue rechazado el proyecto hidroeléctrico. El 12 de mayo, el CECOP también presentó una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) solicitando la nulidad de la asamblea del 18 de abril de 2010. En la misma, personas a favor del proyecto aprobaron la expropiación de las tierras para la construcción de La Parota, mientras la presencia de más de 600 policías impedía a los opositores entrar en dicha asamblea.

Por otro lado, el 19 de mayo, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la Ciudad de México, acerca de los casos de violación sexual en 2002 de las mujeres indígenas me’phaa Valentina Rosendo Cantú y Inés Fernández Ortega. Por la falta de respuestas adecuadas por parte del Estado mexicano, los casos han quedado impunes, por lo que en 2004, decidieron presentar sus casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). El 17 de abril se realizó una audiencia de la CoIDH en el caso de Inés en Lima, Perú. La conferencia de prensa del 19 de mayo se dio a pocos días de la audiencia en el caso de Valentina (27 de mayo, en Costa Rica). El comunicado de prensa fue suscrito por varias organizaciones de derechos humanos entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Amnistía Internacional sección México. Enfatizó el carácter paradigmático de estos dos casos al visibilizar “la múltiple discriminación y el alto grado de violencia que enfrentan las mujeres indígenas -particularmente cuando han sido víctimas de violencia sexual por parte de agentes estatales- que intentan hacer efectivo el acceso al sistema de justicia y a los servicios de salud en México”.

Para más información:

Caso de la Parota

– Comunicado de prensa: “Exigen comuneros de la CECOP cancelación definitiva de La Parota ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión (19 de mayo)

– Lleva Cecop su movimiento al Senado (La Jornada de Guerrero, 20 de mayo)

Caso de Valentina:

– Comunicado de prensa: Valentina Rosenda, otra mujer me’phaa de Guerrero que sentará en el banquillo de los acusados al Estado mexicano ante la CoIDH (19 de mayo)

– México, al banquillo de los acusados, ahora por la violación de la me’phaa Valentina (La Jornada de Guerrero, 20 de mayo)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: resurgimiento de la conflictividad por posible construcción de la presa de La Parota (21 de abril)

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Chiapas: JBG de La Realidad denuncia que habrá más desalojos en zonas zapatistas

La Junta de Buen Gobierno “Hacia La Esperanza”, zona selva fronteriza, ubicada en la Realidad denunció en un comunicado: del 30 de abril  “que Calderón organiza nuevos desalojos en comunidades zapatistas haciendo una brecha que encierra la biosfera de Montes Azules, son planes de las tres instancias del mal Gobierno Municipal, Estatal, Federal”. Aclaró que: “La Tierra se ama, se cuida, se trabaja y se defiende; como de lugar estamos dispuestos de defenderlo cueste lo que cueste”.

En un artículo del periódico La Jornada, Hermann Belinghausen se refirió al contexto en el que se presenta esta denuncia explicando: “Apenas el pasado 28 de abril, el delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Ricardo Alonso Frías, había anunciado que una “comisión interinstitucional” negociaba con “siete asentamientos, para lograr su reubicación mediante el diálogo, y dejen la superficie en la Comunidad Zona Lacandona y Reserva de la Biosfera Montes Azules”. La Profepa especificó para la agencia Notimex que estos poblados “suman menos de 3 mil hectáreas y son: Salvador Allende, Ranchería Corozal, San Gregorio, Nuevo Limar, Agua Dulce, Ojo de Agua La Pimienta y Nuevo Villaflores”. Mencionó “entre las ofertas o propuestas” una “contraprestación, es decir, el otorgamiento de una ayuda económica para su salida del sitio”.

La JBG planteó en su comunicado …” para nosotr@s La Tierra es de quien la trabaja, por eso, la Junta de Buen Gobierno denuncia públicamente los hechos que están ocurriendo y ante esta situación les ponemos a sus conocimiento que como EZLN no permitiremos un desalojo más, no vamos a tolerar estas acciones y mucho menos que no vamos a dejar; vamos a defender nuestras tierras pase lo que pase, porque para nosotros la tierra, No se renta, No se alquila y mucho menos lo ponemos como un objeto de venta”.

Unos desalojos donde participaron diferentes fuerzas tanto policíacas como militares se dieron en enero de este año. Tras el desalojo forzado de las comunidades Laguna El Suspiro (también conocida como El Semental) y Laguna San Pedro (conocida San Pedro Guanil), ambas ubicadas en el municipio de Ocosingo, distintas garantías y derechos fundamentales fueron violentadas atentando así, contra la integridad de niños, mujeres y hombres que han ocupado la zona desde tiempos ancestrales.

Para más información:

Denuncia de JBG de la Realidad

Denuncian que habrá más desalojos en áreas zapatistas (La Jornada 3 de mayo)

Mas información de SIPAZ

Chiapas: Desalojos en Montes Azules ponen en riesgo la Paz en Chiapas

Oaxaca: Red por la Paz de Chiapas condena ataque armado contra caravana de observación en San Juan Copalá

Las organizaciones civiles, que integramos la Red por la Paz Chiapas, condenamos enérgicamente el ataque armado que sufrieron integrantes de la caravana humanitaria conformada por representantes de organizaciones de derechos humanos, periodistas y observadores internacionales. La caravana se dirigía a la comunidad de San Juan Copalá en la región Triqui cuando fue emboscada y agredida con armas de fuego presuntamente por un grupo de la Unidad para el Bienestar Social de la región Triqui (UBISORT), organización vinculada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y señalada como teniendo corte paramilitar. El saldo de la agresión fue de dos muertos, BEATRíZ ALBERTA CARIÑO TRUJILLO, integrante del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos A.C. (CACTUS) y JYRI ANTERO JAAKKOLA, observador internacional originario de Finlandia, así como de varios heridos.

Esta agresión se dio en contra de una caravana humanitaria y pacífica de observación, refrendando el riesgo que corren las y los defensores de derechos humanos, así como los periodistas en México. Vemos con preocupación la situación de vulnerabilidad de las y los que trabajan a favor de la defensa y promoción de los derechos humanos frente a la cada vez más recurrente violencia política, a la criminalización de su labor y a la indiferencia estatal para la protección de su vida e integridad física.

De igual modo nos parece de particular gravedad que, frente a la muerte de Jyri Antero Jaakola de nacionalidad finlandesa durante la agresión, el gobierno del estado de Oaxaca esté cuestionando la observación internacional, mecanismo de intervención civil de paz que ha resultado clave para detener la violencia en varios lugares y contextos.

El gobierno estatal se deslinda de toda responsabilidad en estos hechos de violencia. La impunidad en los numerosos asesinatos y hechos de violencia que se han registrado en la zona triqui han contribuido, mínimamente por omisión, a crear la situación de violencia en la región. Finalmente, nos preocupa que, como se suele dar en Chiapas, la respuesta a este ataque se quede en una atención limitada a restablecer un mínimo de orden publico sin afrontar las causas de fondo detrás de la violencia que ha prevalecido en la zona Triqui.

Ante esta situación, las organizaciones que integramos la Red por la Paz Chiapas, exigimos:

• Inmediata intervención de la Procuraduría de Justicia del estado de Oaxaca y de la Procuraduría General de la República para que realicen una investigación imparcial, frenen la violencia en el lugar, se haga justicia y se castiguen a los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos.
• Actuar de inmediato para atender de fondo la violencia que viven las comunidades Triquis, poniendo especial énfasis en el respeto y garantías al proceso de diálogo interno.

• Que se investiguen y desmantelen los presuntos grupos paramilitares en la región.

• Asegurar condiciones que permitan el restablecimiento de la seguridad para toda la población sin distinción, situación que consideramos no se restablecería por la simple militarización de la zona
• Buscar soluciones a las razones que dieron pie a la organización de esta caravana (falta de acceso a servicios básicos de parte de la población)

Atentamente

Organizaciones integrantes de la Red por la Paz

Educación para la Paz (Edupaz)

Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, A.C. (Ciepac)

Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (Desmi)

Servicio Internacional para la Paz (Sipaz)

Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (Coreco)

Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. (Enlace CC)

Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz)

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH)

Centro de Derechos Indígenas, A.C. (Cediac)

Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. (Frayba)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Ataque a caravana de observación – 2 muertos y 4 desaparecidos (Abril 28, 2010)

Guerrero: “aprueban” proyecto hidroeléctrico La Parota, mientras policías prohiben la entrada a los opositores

Durante una asamblea llevada a cabo el miércoles 28 de abril en La Concepción, ejidatarios de los Bienes Comunales de Cacahuatepec aprobaron la expropiación de más de mil 300 hectáreas de tierras en favor de la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, cerca de Acapulco. La asamblea fue vigilada por 600 policías ministeriales, estatales y municipales, quienes impidieron la entrada a la asamblea a los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP). La construcción de La Parota implicaría el desalojo de miles de campesinos viviendo en la región. El CECOP anunció que rechaza el resultado de la asamblea y que demandará su nulidad en los tribunales.

Varias organizaciones civiles se solidarizaron con el CECOP y Nicolás Chávez Adame, dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), anunció que la organización efectuará una reunión urgente el próximo sábado para desarrollar un plan de acción. Será hasta el lunes que el CECOP interponga la demanda de nulidad en el Tribunal Unitario Agrario (TUA).

Asambleas llevadas a cabo durante 2005 y 2006 en Dos Arroyos, Los Huajes y La Palma que fallaron a favor del proyecto de La Parota ya fueron impugnadas y anuladas en el TUA. Otra asamblea del 2007 en la que prevaleció el “No” a la Parota no fue anulada y desde finales del año pasado, varias fuentes informaron que el proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica La Parota en Guerrero se iba a posponer e incluso que debido a limitaciones económicas, estaba cancelada.

Según noticias de El Sur de Acapulco, el mismo día de la asamblea, los votantes fueron acarreados en camiones manejados por personas que según ellos recibirían ‘una propina’ por llevar la gente. Los aproximadamente 600 ejidatarios que según varios fuentes asistieron a la asamblea levantaron la mano en aprobación de la construcción de la presa, mientras que muchos desconocen el significado preciso del proyecto. El Diario, sin embargo, habla de dos mil 500 ejidatarios que votaron, cifras que les proporcionó Evencio Romero Sotelo, asesor legal del grupo que apoya el proyecto.

Según Abel Barrera Herández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la asamblea fue ilegal ya que el 50% mas uno de todos los y las pobladores de la región tendrían que votar en favor. Los 600 ejidatarios que asistieron a la asamblea reflejan apenas un 10% del padrón que incluye más de 5.000 personas. Aseveró que esta última asamblea se anulará en tribunales debido a las irregularidades con las que fue convocada.

Los integrantes del CECOP fueron acompañados por integrantes de varias organizaciones civiles y de derechos humanos nacionales e internacionales. En esta misión civil de observación tomaron parte, entre otros, la Liga Mexicana de Derechos Humanos, Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violación a los Derechos Humanos en México (Afadem), Servicios de Asesoría para la Paz (Serapaz), Coalición para el Hábitat Internacional, Información y Acción por el Derecho Humano a Alimentarse (FIAN, por sus siglas en inglés). A ellos también les fue negada la entrada a la asamblea.

Para más información:

ONG de Guerrero anuncian apoyo a ejidatarios opositores a La Parota (La Jornada, 30 de abril)

Teme el Cecop que Torreblanca dé línea en el TUA para afectarlos (La Jornada de Guerrero, 30 de abril)

Fue una simulación para una decisión ya tomada, señalan observadores civiles (El Sur de Acapulco, 30 de abril)
La asamblea es una muestra de que el gobierno pisotea las leyes: Tlachinollan (El Sur de Acapulco, 30 de abril)

Un cerco de 600 policías estatales y municpales rodeó la asamblea (El Sur de Acapulco, 30 de abril)

Impiden policías el ingreso a la asamblea a 600 comuneros opositores a la presa (El Sur de Acapulco, 30 de abril)
La misma piedra (La Jornada de Guerrero, 29 de abril)

Confían anular asamblea sobre presa (La Jornada de Guerrero, 29 de abril)

Los ejidatarios dijeron sí a La Parota; CECOP inicia otra vez “la resistencia” (El diario de Guerrero)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: resurgimiento de la conflictividad por posible construcción de la presa de La Parota (21 de abril de 2010)

Oaxaca: Ataque a caravana de observación – 2 muertos y 4 desaparecidos

fuente:casota.wordpress.com

El 27 de abril, una caravana de observación fue atacada en la comunidad La Sabana presuntamente por miembros de la organización “Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui” (Ubisort) cuando se dirigía al Municipio Autónomo San Juan Cópala. Hasta ahora, se ha confirmado la muerte de dos personas, una persona herida y cuatro desaparecidos.

De acuerdo a información de diferentes fuentes, la caravana, que contaba con más de veinte de participantes mexicanos e internacionales, partió el mismo 27 de Huajuapan de León hacia San Juan Cópala, cuando aproximadamente a las 14.30 horas fue emboscada y agredida con armas de fuego presuntamente por parte de integrantes de Ubisort, organización vinculada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y señalada como teniendo corte paramilitar, en La Sabana. Se confirmó que como resultado de la agresión murieron Beatriz Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos A.C. (CACTUS), y el observador internacional finlandés Jyri Jaakkola, quienes integraban la caravana. Además fue herida de bala Mónica Santiago Ortiz, quien fue atendida el mismo día en un hospital en Juxtlahuaca.

En entrevista telefónica con SIPAZ, Mónica Santiago confirmó que actualmente se encuentran en calidad de desaparecidos David Venegas y Noé Bautista, de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL), así como dos periodistas de la revista Contralínea. Según un comunicado conjunto de CACTUS, la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano y la Alianza Mexicana para la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), se trata de Ericka Ramírez y David Cilia. Santiago Ortiz explicó que cuando llegaron a La Sabana, la carretera estaba bloqueada con piedras y al dar la vuelta fue cuando los agresores empezaron a disparar sobre los tres vehículos de la caravana. En este momento, Beatriz Alberta Cariño Trujillo y Jyri Jaakkola murieron por impactos de bala. De acuerdo a un comunicado de VOCAL, “[a] los que permanecieron en lugar de los disparos, los bajaron de los vehículos y los llevaron monte abajo para interrogarlos, algunos fueron amenazados de muerte y después fueron soltados sobre la carretera. El compañero RUBÈN VALENCIA NUÑEZ, integrante de VOCAL, fue detenido por los paramilitares quienes le quitaron su credencial de elector, su celular y fue amenazado de muerte, luego lo soltaron”.

La caravana salió con el objetivo de brindar ayuda humanitaria a los habitantes del Movimiento de Unificacion y Lucha Triqui – Independiente (MULT-I) de San Juan Cópala, quienes según se ha denunciado, se encuentran cercados por el grupo Ubisort desde hace varios meses. En un comunicado fechado el 17 de abril, las autoridades del municipio autónomo, Adherentes a La Otra Campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), habían alertado que “se ha cortado los servicios de la luz, el agua y se mantienen retenes [en La Sabana] para entrar y salir [a San Juan Cópala]”. Asimismo, la caravana iba a documentar la situación en la que se encuentra la población cercada. En la caravana de observación, participaron integrantes de CACTUS, VOCAL, concejales de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), miembros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) y observadores de Alemania, Bélgica, Finlandia e Italia.

Para más información:

San Juan Copala: crónica de una represión anunciada (La Jornada, 29 de abril)

Desaparecidos, varios de los emboscados en Copala (La Jornada, 29 de abril)

Rara participación de extranjeros en una zona con problemas: Ulises Ruiz (La Jornada, 29 de abril)

Senadores del PRD, académicos y ONG exigen esclarecer la agresión en Oaxaca (La Jornada, 29 de abril)

Murieron mexicana y finlandés en la emboscada a caravana en Oaxaca; hay varios desaparecidos (Cronica de Hoy, 29 de abril)

Más información de SIPAZ:

• Oaxaca: ataque contra el Municipio Autónomo de San Juan Copala (16/06/09)
• Oaxaca: OACNUDH y CIDH condenan el asesinato de las dos locutoras de Copala (18/04/08)
  

Guerrero: resurgimiento de la conflictividad por posible construcción de la presa de La Parota

A finales del 2009 y principios de 2010, varias fuentes informaron que el proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, cerca de Acapulco en Guerrero se iba a posponer hasta 2018. Otras incluso afirmaron que debido a limitaciones económicas, estaba cancelada.

No obstante, el 6 de abril de 2010, la Comisaría de Bienes Comunales de Cacahuatepec, uno de los núcleos agrarios que estaría afectado por la construcción de la presa, emitió una primera convocatoria a una Asamblea General de comuneros el día domingo 18 de abril del 2010 para, entre otras cosas: “Analizar y en su caso aprobar lo relativo a la solicitud de anuencia que plantea la Comisión Federal de Electricidad, para que se lleve a cabo ante la Secretaría de la Reforma Agraria el tramite administrativo de expropiación por causa de utilidad pública de una superficie de 1,383 hectáreas, pertenecientes a la comunidad y destinarlas para la construcción de la presa Hidroeléctrica La Parota”.

En la Asamblea del 18 de abril llegaron alrededor de 400 integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores al Proyecto La Parota (CECOP) y quedaron registradas sólo 10 personas que supuestamente apoyan el proyecto. Los a favor de la construcción sostienen que el proyecto beneficiaría a todos los habitantes de los pueblos que quedarían hundidos en el embalse y que la cancelación de la Asamblea se debió a que los opositores intimidan a las personas para que no asistan.

El presidente del Comisariado Ejidal de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Eustaquio García Vázquez, aseguró que no han tenido acercamiento con empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sostuvo que la convocatoria se emitió, porque las autoridades locales le han pedido empleo para sus representados. Reconoció por otro lado que los padrones tienen hasta 12 años y hay personas muertas o algunas que viven en Estados Unidos aún enlistadas.

Una nueva asamblea fue convocada para el 28 de abril. Una Misión Civil de Observación fue convocada “con el fin de estar presentes en la realización de la segunda asamblea, mantener presencia civil en la zona así como ayudar en la documentación y la resonancia nacional e internacional”.

Refiriéndose al caso de La Parota y al de Paso de la Reina en Oaxaca, un artículo publicado en El Universal en estos días plantea que la construcción de estas presas viola el derecho de los y las indígenas y campesinos “a la información pública, a la consulta, a participar en su propio desarrollo, a un medio ambiente sano, a que sean respetadas sus autoridades tradicionales y por supuesto el derecho a la vida.”

Para más información:

Alertan sobre acuerdo de expropriar tierras para concretar La Parota (La Jornada Guerrero, 18 de abril)

Frustra Cecop el “asamblea” para expropriar predios en favor de presa (La Jornada Guerrero, 19 de abril)

Acapulco se morirá de sed si no se aprueba La Parota, asegura el líder simpatizante (La Jornada de Guerrero, 23 de abril)

Fracasa asamblea para promover La Parota (La Jornada, 19 de abril)

CECOP bloquea intento de la CFE para reabrir proyecto La Parota (Sistema Integral de Información en Derechos Humanos, 19 de abril)

Hidroeléctricas:  peligro para los derechos humanos (El Universal, 20 de abril)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca:  Ríos para la vida, no para la muerte (9 de febrero 2010)

Guerrero:  Finaliza el encuentro Popular “Agua, Energía y Alternativas Energéticas” en Cacahuatepec (11 de noviembre 2009)

Chiapas: marchan ejidatarios de Tila en defensa de su territorio

Hace años, o más bien décadas, que queda sin resolver el conflicto en cuanto a las tierras donde se ubica la cabecera municipal de Tila en la zona Norte de Chiapas. Últimamente la tensión ha ido creciendo entre los ejidatarios y el gobierno municipal, haciendo que los “pobladores” (gente que se instaló en la cabecera de Tila sin ser ejidatarios) también se dividieran entre los que apoyan al gobierno municipal y los que apoyan a los ejidatarios.

Según la información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC), en 1934 , un decreto presidencial otorgó un poco más de 5400 hectáreas a los 836 ejidatarios de Tila. En 1966 esta resolución se vio modificada para convertir 130 hectáreas del ejido en “fondo legal”, o sea una parte en la que se sentó la “mancha urbana” y  la sede del gobierno municipal de Tila. Pero esta modificación no se dio de acuerdo a la ley, ya que quien la realizó no fue una autoridad competente para llevarla a cabo. Por ello en 1977 los ejidatarios presentaron un amparo en contra de esta decisión y lo ganaron. A pesar de ello, el  gobierno municipal de Tila llegó a pedir la aplicación del fondo legal y lo consiguió en el año 1980, o sea 130 hectáreas de las tierras ejidales pasaron bajo el control del gobierno municipal, lo cual dio pie a que los ejidatarios presentaran un segundo amparo en 1982. Aquella demanda no fue atendida durante años… hasta que en diciembre de 2008 se les otorgó el amparo. Según el mismo CDHFBC, eso implicaba tanto la devolución de las tierras despojadas, como  la cancelación de los registros de propiedad privada correspondientes y el pago de daños y perjuicios a los ejidatarios. Nada de eso fue cumplido hasta la fecha.

Por eso se realizó una gran marcha el día 11 de abril de 2010. “Miles” -según el CDHFBC- de hombres, mujeres, niños, ancianos vinieron a reivindicar el derecho a su territorio, reclamando el cumplimiento del amparo jurídico a su favor y denunciando los múltiples hostigamientos sufridos por este asunto y la criminalización de su protesta.

Para fotos y vídeos de la marcha y para leer el comunicado:

Marcha de miles de ejidatarios en Tila (blog Chiapas Denuncia Pública, 13/04/10)