Chiapas: ejidatarios de Mitzitón exigen reubicación de los integrantes del “Ejército de Dios”

Letrero en Mitzitón @ SIPAZ

Los ejidatarios de Mitzitón adherentes a La Otra Campaña bloquearon durante 5 días la carretera Panamericana, en el tramo que comunica San Cristóbal de Las Casas con Comitán, exigiendo la reubicación del grupo de “no-cooperantes”, pertenecientes a la agrupación Ejército de Dios vinculada con la iglesia evangélica “Alas de Águila”, fuera de su comunidad. El bloqueo fue levantado la noche del 5 de julio, después de una reunión con representantes del gobierno estatal que se comprometieron a dar solución a las demandas de los ejidatarios de La Otra Campaña.

Los ejidatarios denunciaron: “[L]levamos 13 años de denunciar los hechos delictivos de estas personas y ya no estamos dispuestos a seguir aguantando. Estos avecindados llegaron a vivir en nuestra comunidad y ahora quieren aprovechar nuestros bosques, y nuestras tierras, pero no cooperan, no cumplen con los acuerdos comunitarios, no hacen trabajos colectivos, no asisten a las asambleas, no son ejidatarios y en cambio trafican con personas, hostigan y amenazan, están armados, mataron a nuestro compañero Aurelio, atropellando a otros 5 compañeros, secuestraron a nuestro agente y su policía junto con otro compañero, a los tres los torturaron gravemente, amenazando con quemarlos”. Finalmente se llegó a un acuerdo el día 5 de julio, según el cual el gobierno del estado se comprometió a reubicar a los miembros del Ejército de Dios y fue levantado el bloqueo. Sin embargo, el día siguiente los adherentes a La Otra Campaña hicieron pública su inconformidad ya que el plazo de un mes, condición de los ejidatarios comentada oralmente, no aparece en la minuta.

El bloqueo de la carretera Panamericana había empezado el pasado 1 de julio, pues en fechas recientes el grupo de los “no-cooperantes” había talado árboles sin autorización de las autoridades del ejido y que había amenazas de ese grupo hacia los adherentes de La Otra Campaña. Ante las exigencias de los ejidatarios de Mitzitón, la administración estatal les propuso una mesa de negociación en Tuxtla Gutiérrez, a la cual se negaron los adherentes de La Otra Campaña, con la contrapropuesta de que una eventual negociación debería tener lugar en la comunidad para que se escucharan todas las voces de la asamblea. Acto seguido, el gobierno del estado propuso la reubicación de toda la comunidad para convertir estas tierras en reserva forestal y amenazó con desalojar el bloqueo, lo cual fue motivo para que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas emitiera una Acción Urgente el mismo 1 de julio. En diferentes medios de comunicación, el secretario general de Gobierno, Noé Castañón, insistía en que los ejidatarios levantaran el bloqueo, negando que el gobierno estatal tuviera conocimiento de las denuncias. Finalmente, el 4 de julio, los ejidatarios aceptaron la propuesta de negociación, condicionando que vinieran representantes de varias instancias de la administración estatal y que fuera en la comunidad de Mitzitón.

De acuerdo a denuncias públicas anteriores de los ejidatarios, los llamados “no-cooperantes” en años anteriores habían incurrido en el tráfico de personas indocumentadas, por lo que en varias ocasiones el grupo hoy perteneciente a La Otra Campaña los había puesto a disposición de las autoridades sin que se le diera procedimiento. El conflicto se agravó en 2009, cuando los ejidatarios se pronunciaron públicamente en contra del proyecto de la autopista San Cristóbal – Palenque, el cual afectaría a su comunidad. A partir de este posicionamiento, en varias ocasiones hubo situaciones de confrontación, y en una de éstas, integrantes del grupo de los “no-cooperantes” causaron la muerte de Aurelio Díaz Hernández el 21 de julio de 2009. Los conflictos más recientes fueron sobre la tala de árboles sin permiso de las autoridades ejidales, lo que el 28 de febrero pasado llevó a que ambos grupos retuvieran tres personas del grupo opuesto, respectivamente, y que fueron intercambiados el día siguiente.

Comunicados de los ejidatarios de Mitzitón:

Un mes al gobierno de Chiapas para que cumpla a Ejidatarios de Mitzitón (6/07/2010)

2da. respuesta de ejidatarios de Mitzitón a Gobierno del Estado. (4/07/2010)

Respuesta de ejidatarios de Mitzitón al Gobernador de Chiapas (2/07/2010)

Acción Urgente:

Acción Urgente: Riesgo inminente de represión contra indígenas de Mitzitón (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas 1/07/2010)

Para más información:

Tzotziles de Mitzitón que exigen retiro de paramilitares levantan bloqueo carretero (artículo de La Jornada 7/07/2010)

Levantan bloqueo indígenas chiapanecos (artículo del Milenio 6/07/2010)

Comienza diálogo entre la asamblea ejidal de Mitzitón y el gobierno chiapaneco (artículo de La Jornada 6/07/2010)

Acepta asamblea ejidal de Mitzitón dialogar con gobierno de Chiapas (artículo de La Jornada 5/07/2010)

Diálogo, no investigar denuncias, ofrece el gobierno de Chiapas a grupo tzotzil (artículo de La Jornada 4/07/2010)

Chiapas: continúa bloqueo de indígenas de Mitzitón en vía Panamericana (artículo de La Jornada 3/07/2010)

Denuncian tzotziles de Mitzitón agresiones y abusos de evangélicos del Ejército de Dios (artículo de La Jornada 3/07/2010)

Indígenas bloquean carreteras en Chiapas (artículo del Universal 3/07/2010)

Bloquean indígenas carretera en Chiapas; piden reubicar a evangélicos (artículo de La Jornada 1/07/2010)

Para más información de SIPAZ:

Bloqueo levantado y liberación de detenidos en Mitzitón (blog de SIPAZ 26/03/2010)

Riesgo de enfrentamiento en Mitzitón tras detención de un ejidatario (blog de SIPAZ 24/03/2010)

Nuevo enfrentamiento en Mitzitón (blog de SIPAZ 5/03/2010)

Denuncia de intento de secuestro en Mitzitón (blog de SIPAZ 25/02/2010)

Ejidos exigen alto a la represión por defender su territorio (blog de SIPAZ 21/08/2009)

Bloqueo de carretera en Mitzitón por rechazo a proyecto de autopista (blog de SIPAZ 1/08/2009)

Un muerto después de agresiones en Mitzitón (blog de SIPAZ 24/07/2009)

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Chiapas: Denuncias por intimidación y por proyecto contaminante en el municipio de Tila

Placas del PUDEE en Jolnixtie © SIPAZ

El 24 de junio, fue difundida una denuncia pública de los representantes de la organización Kichán Kichañob sobre las altas tarifas de energía eléctrica que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) así como sobre las amenazas de la CFE de cortarles el servicio. Por su parte, representantes de la organización Pueblos Unidos en la Defensa de la Energía Eléctrica (PUDEE) y autoridades ejidales de la comunidad Jolnixtie 1a Sección, en una denuncia pública fechada el día 30 de junio, alertan sobre el proyecto de drenaje y captación de aguas negras al aire libre, mismo que tendría como efecto que ya no se podría usar el agua para uso humano, entre otros.

Según la denuncia de los representantes de Kichán Kichañob, en las comunidades de Limar, Nuevo Limar, Usipá, Cruz Palenque y Jol-Ako, todas en la zona baja del municipio de Tila, la CFE está cobrando tarifas altas que no corresponden al consumo de la población. Comentan que la CFE “al no pagar ya nos intimidan” con la fuerza pública y amenazas de cortes masivos. Los representantes de la organización exigen respeto a su “derecho de estar en la resistencia de no pago por la razón de las altas tarifas”.

En Jolnixtie 1a Sección, otra comunidad de la zona baja del municipio de Tila, los representantes del PUDEE y autoridades ejidales, denuncian el proyecto de construcción de drenaje con captación de aguas negras al aire libre en la comunidad vecina de Libertad Jolnixtie 2a Sección, que contaminaría el arroyo que pasa por Jolnixtie 1a Sección, “afectando y contaminando kilómetros de ríos, arroyos manantiales y mantos acuíferos, que provocará contaminación al medio ambiente, y afectar[ía] los diversos especies de planta y animales que ya están en peligros de extinción, de igual manera dejaremos de utilizar nuestras aguas para preparar nuestros alimentos, lavar la ropa, utilizar para bañarse, que se verá afectadas mas de mil familias, entre ellas las escuelas de nivel básico (preescolar, primaria)“. Explican que este proyecto del actual presidente municipal de Tila, Limber Gutiérrez Gómez, tiene el respaldo de las autoridades ejidales de Libertad Jolnixtie 2a Sección, además de personas que ellos identifican como parte de la organización de corte paramilitar “Paz y Justicia”, vinculados al Partido de la Revolución Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM). “[L]a construcción afectará un predio de una hectárea de terreno cultivado propiedad del Sr. Francisco García Hernández, [al que] llegaron estos grupos paramilitares a limpiar sin respeto y autorización del propietario, dejaron tirado árboles frutales y maderales que tenia sembrado. Insultaron y amenazaron de expulsar en la comunidad si no dejará de construir en su terreno”. Los ejidatarios exigen a las autoridades competentes que cancelen la obra, además alegan que no fueron consultadas sobre dicho proyecto, lo que contraviene lo definido en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la misma materia.

Para más información:

Denuncia completa de los representantes de Kichán Kichañob

Denuncia completa de representantes del PUDEE y autoridades ejidales de Jolnixtie 1a Sección

Cuarto Poder: Señalan intimidaciones por parte de CFE; choles en “resistencia”

Cuarto Poder: Sistema de drenaje vs. medio ambiente, dicen

México: Liberación de los doce presos de Atenco

El 30 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de los 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, que enfrentaban penas de 31 a 112 años de prisión, por el secuestro de policías en mayo de 2006 durante las protestas por un desalojo de vendedores de flores en el Estado de México.

La decisión de la Corte fue tomada por considerar que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) fincó las acusaciones contra los detenidos a partir de premisas falsas y endebles, además de que utilizó pruebas ilícitas para imputarles el delito de secuestro equiparado. Incluso, el ministro Juan Silva Meza afirmó que las sentencias se podían considerar “como una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social, como una forma de castigar el ser oposición”.

En el caso de nueve de los pobladores de Atenco recluidos en el penal estatal de Molino de Las Flores, con penas menores, la liberación fue inmediata. A cambio en el caso de los tres líderes recluidos en el penal federal del Altiplano, el 1ero de julio, la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) informó que Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, permanecerían en prisión al enfrentar todavía cuatro procesos penales más por los delitos de robo agravado, lesiones y daño en los bienes públicos, despojo, y ataques a las vías de comunicación y medios de transporte.

Finalmente fueron liberados llegando a Atenco el 2 de julio, donde unas 500 personas esperaban su llegada acompañados de los otros nueve integrantes del FPDT liberados desde el 30. No asistió la hija de Ignacio del Valle, América del Valle, quien apenas el pasado 24 de junio acudió a la embajada de Venezuela para solicitar asilo político por las dos órdenes de aprensión en su contra por los mismos hechos de 2006.

El gobernador Enrique Peña Nieto dijo que su administración tendrá “absoluto respeto” con la resolución de la Corte de liberar a los presos de Atenco. En entrevista posterior, rechazó que se tratara de un revés para su gobierno y agregó que el interés “no era otro sino el restablecimiento del orden y la paz… y por eso las sanciones a quienes participaron en términos de ley y conforme a la ley se actuó, y conforme a la ley se sancionó”.

Por otro lado, Amnistía Internacional (AI) exigió que se investigara a fondo a los funcionarios que participaron en las indagatorias relacionadas con el caso Atenco, al quedar en evidencia, con la resolución de la Corte, que usaron de manera indebida el sistema de justicia y con ello provocaron la violación del debido proceso de los 12 detenidos por esos hechos.

Para más información

Liberan a los doce presos atenquenses (La Jornada, 1 de julio)

Corte ordena libertad para presos de Atenco (El Universal, 2 de julio)

Continuarán presos tres líderes de Atenco: SSP (Proceso, 1 de julio)

Castigo a funcionarios por caso Atenco, exige AI (Proceso, 1ero de julio)

Reciben en Atenco a los líderes excarcelados del FPDT (La Jornada, 2 de julio)

Para más información de SIPAZ:

Ciudad de México: Arranca segunda fase de la Campaña “Primero Nuestros Presos y Presas” (13 de Mayo de 2010)

Atenco: a 4 años de la represión en San Salvador Atenco (6 de mayo de 2010)

Guerrero: Breves – CECOP recibe medidas cautelares; Informe sobre derechos humanos; Organizaciones civiles siguen pidiendo liberación de Raúl Hernández

El 1ero de julio, se llevó a cabo la primera audiencia ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del juicio de nulidad que los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP) interpusieron. Piden la anulación de la asamblea que el 28 de abril de este año aprobó la expropiación de mil 300 hectáreas para trabajos relacionados con la construcción de la presa La Parota. El TUA otorgó medidas cautelares que impiden iniciar trabajos relacionado a dicho proyecto hidroeléctrico.

El mismo 1ero de julio, un informe sobre la situación de los derechos humanos en Guerrero fue presentado públicamente en Chilpancingo. Organizaciones civiles denunciaron nuevas amenazas contra defensores de derechos humanos ante organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH). El presidente del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, mencionó que en Guerrero 178 defensores de derechos humanos han recibido medidas cautelares, reflejando la situación crítica en la que se encuentran. Estuvieron presentes varias organizaciones como la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. A cambio, los funcionarios de gobierno que fueron invitados al evento no asistieron. Abel Barrera lamentó esta falta de diálogo del gobierno estatal con las organizaciones de la sociedad civil. En este marco, los presentes volvieron a exigir la liberación inmediata de Raúl Hernández, quien sigue preso en el cárcel de Ayutla a pesar de que ya se demostró su inocencia.

De hecho, el miércoles 30 de junio, Tlachinollan y la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) emitieron un comunicado conjunto, pidiendo a la Procuraduría Estatal de presentar conclusiones no acusatorias en el caso contra Raúl Hernández. El documento incluyó una Acción Urgente en la que las dos organizaciones pidieron enviar cartas a la Procuraduría Estatal de Guerrero con el fin de presionar hacia un fallo favorable para Hernández.

Para más información:

Concede el TUA medidas cautelares para impedir a la CFE construir La Parota (La Jornada, 2 de julio)

Concede el TUA medida cautelar para impedir a la CFE que inicie los trabajos de La Parota (Sur de Acapulco, 2 de julio)

Organizaciones: persisten amenazas contra defensores de garantías (La Jornada, 2 de julio)

Comunicado conjunto Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y OPIM: Demanda que la Procuraduría General de Justicia de Guerrero presente conclusiones no acusatorias (1ero de julio) – Incluye una Acción Urgente

Para más información de SIPAZ:

Guerrero – Breves: Detienen integrante del FODEG, Raúl Hernández recibe amenazas y anuncio de conmemoración masacre Aguas Blancas (25 de junio)

Chiapas: enfrentamiento en San Juan Cancuc deja 1 muerto

El 21 de junio, indígenas de la comunidad El Pozo, del municipio de San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, se enfrentaron, a balazos dejando un saldo de un muerto y 9 heridos (4 de balas). La confrontación se produjo cuando habitantes de El Pozo pretendieron suspender el suministro de agua potable y energía eléctrica a simpatizantes zapatistas, que se encuentran en resistencia por lo que se niegan a pagar esos servicios. En la agresión murió Sebastián Hernández Pérez, de 28 años.

El 23 de junio, la Junta de Buen Gobierno (JBG) Corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo, desde el caracol de Oventic, publicó un comunicado explicando: “no fue un enfrentamiento así como manipulan los diferentes medios de comunicación. Ni mucho menos fue una agresión provocada por los bases de apoyo zapatistas como acusan los medios de comunicación. Ante la agresión, los compañeros tuvieron que defenderse de alguna forma, utilizando sus últimos recursos para su legítima defensa”.

Detalló que el 21 de junio a las 10.30 horas aproximadamente los priístas y perredistas “se organizaron y se dividieron en cuatro grupos, cada uno de 60 personas con actitud agresiva y armados con machetes, piedras, palos, azadones, picos, palas y pinzas para cortar el servicio de luz y de agua a nueve familias bases de apoyo zapatista”. Reconocieron: “en esta agresión hubo un muerto de los agresores por lo que fue el que encabezaba la agresión. Nuestros bases de apoyo tuvieron que defenderse”. Comentaron también: “Cómo es posible que el mal gobierno actúe de esta manera, deteniendo a nuestros compañeros y están en calidad de presentados, mientras nuestras bases de apoyo fueron agredidos, golpeados y varios se encuentran gravemente heridos y otros lesionados.”

El 23 de Junio, la Procuraduría General de Justicia de Chiapas, informó que fueron detenidas tres personas involucradas en el enfrentamiento. Este mismo día, el presidente municipal de San Juan Cancuc, Cirilo Vázquez Cruz (del PRD), informó que presuntamente por temor a ser agredidas, 25 familias bases de apoyo abandonaron sus casas en las comunidad El Pozo. Aseguró que la situación en El Pozo es de tranquilidad, aunque todavía permanecen 15 agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) para resguardar el orden conjuntamente con la Policía Municipal.

Descartó que los hechos sangrientos del 21 de junio vayan a afectar las elecciones del 4 de julio, aunque, afirmó, “el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quiere utilizarlos diciendo que el abanderado de la alianza que encabeza el Partido de la Revolución Democrática (PRD) está apoyando a los zapatistas, pero la misma comunidad lo ha rechazado porque bien saben que los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional no tienen nada qué ver en la elección porque no son de partidos políticos”.

Para más información:

Reportan enfrentamiento en zona zapatista, dos muertos (La Jornada, 21 de junio)

Trifulca en Chiapas deja un muerto (El Universal, 21 de junio)

PGJ de Chiapas investiga choque entre grupos en San Juan Cancuc (Milenio, 21 de junio)

Consigna PGJE a tres implicados en homicidio de la comunidad “El Pozo”, San Juan Cancuc (Comunicado de la PGJE, 23 de junio)

Comunicado completo de la Junta de Buen Gobierno de Oventic (23 de junio)

JBG repudia ataque realizado en El Pozo (Cuarto Poder, 23 de junio)

En El Pozo sólo nos defendimos de una agresión, sostienen zapatistas (La Jornada, 24 de junio)

Bases zapatistas huyen por temor a violencia (La Jornada, 24 de junio)

Chiapas: Denuncia del Caracol V Roberto Barrios

El 10 de junio, a través de un comunicado, la Junta de Buen Gobierno (JBG) Nueva semilla que va a producir, del Caracol V ubicado en Roberto Barrios, zona Norte de Chiapas, denunció que un grupo de provocadores intenta adueñarse de la comunidad zapatista Choles de Tumbalá, perteneciente al municipio autónomo El Trabajo y cercana a la ciudad de Palenque. La JBG reportó una serie de amenazas y agresiones entre mayo y junio, y señaló como responsables a un grupo de personas respaldadas por la Xi’ Nich oficial encabezada por  Mario Landeros Cárdenas. Afirmó que los agresores se sienten protegidos por el mismo gobierno y que aunque la JBG quiso arreglar de buen modo el conflicto citando a los involucrados, sólo burla recibimos.

El comunicado también afirmó “Todo estos hechos es la misma estrategia de contrainsurgencia del gobierno burgués que va dirigido en contra de nuestros pueblos que luchan y resisten en contra del plan neoliberal que nos pretende debilitar nuestra resistencia, comprando líderes que sirven los mismos interés de los ricos y de su gobierno, para engañar, confundir y manipular a la gente pobre, llevando a crear conflicto entre los mismos jodidos de nuestra sociedad. (…) Somos los legítimos dueños de esta tierra que por historia nos corresponde y porque ahí están los cadáveres de nuestros abuelos, la recuperamos en 1994 y está pagado por la vida y sangre de nuestros compañeros y la vamos a defender como dé lugar cueste lo que cueste”.

Para más información:

– Comunicado completo de la JBG (10 de junio)

– Denuncia JBG invasión en el poblado Choles de Tumbalá (La Jornada, 12 de junio)

Chiapas: Balance anual del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

El día 27 de mayo de 2010, el balance anual del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) fue presentado por Don Samuel Ruiz García, presidente y fundador de este centro, Diego Cadenas Gordillo, director del mismo, y Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ” Red de Todos los Derechos para Todas y Todos” de la cual el CDHFBC forma parte. Este balance, que cubre el periodo de abril de 2009 a marzo de 2010, presenta “la sistematización de un año de trabajo [del CDHFBC] así como del esfuerzo y la creatividad cotidiana de personas y pueblos que luchan por sus derechos y por la construcción de realidades más justas desde el ejercicio de la autodeterminación.” (Introducción del balance)

“[Da] cuenta de la ambición de las empresas por la explotación extensiva de los recursos naturales en Chiapas, particularmente de los ubicados en territorios de los pueblos indígenas, lo cual ha ocasionado que varias comunidades hayan emprendido acciones en defensa del derecho a su territorio. Otros temas importantes que [aborda] este Balance son la criminalización de las organizaciones sociales y civiles que [se oponen] al despojo y destrucción del medio ambiente y al irrespeto a los derechos de los pueblos, la violencia sistemática que se comete contra las mujeres como objetivo de guerra, la continuidad de la estrategia de contrainsurgencia y la memoria histórica que construyen los pueblos ante la violencia y la ausencia de justicia por parte del Estado mexicano.” (Ibid)

Este balance también hace públicos dos informes oficiales, uno con membrete de la Secretaria General de Gobierno de Chiapas y el otro con membrete de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ambos documentos parecen demostrar que el Gobierno está enterado de la actividad de grupos paramilitares en el estado, y además dan una muestra de cómo fichan a los luchadores sociales que la prensa criminaliza.

Luego de algunas palabras de Don Samuel apuntado a la necesidad de acompañar a quienes sufren violaciones a sus derechos para contribuir a la transformación de la sociedad que las generó, Agnieszka Raczinska enmarcó la presentación de este balance en un panorama nacional que se caracteriza por las mismas tendencias que las documentadas por el CDHFBC en Chiapas. Para terminar, un representante de la Sociedad Civil Las Abejas dio unas palabras conmovedoras de agradecimiento al CDHFBC por su acompañamiento en el camino de la lucha por la justicia. Cuando le llamó “hermano mayor” al CDHFBC, Diego Cadenas le respondió que ellos, los pueblos indígenas en lucha, eran los hermanos mayores de aquel centro.

Para más información:

Continúa la estrategia contrainsurgente en Chiapas, asegura el Centro Las Casas (artículo de la Jornada, 28/05/10)

Resumen ejecutivo del balance anual del Frayba (página web del CDHFBC, 27/05/10)