Con un atraso debido a problemas técnicos, aquí van las palabras del 6 de agosto de 2010 de un representante de la comunidad de Jolnixtié 1ra sección, en la zona baja de Tila. Denuncia el proyecto de construcción de un almanecenamiento de aguas negras en la comunidad vecina de Jolnixtié Libertad que contaminaría el río que pasa por Jolnixtié 1ra sección y otras comunidades.
En un acto frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 30 de agosto, ejidatarios de Tila denunciaron el despojo prolongado de 130 hectáreas del ejido por parte de las autoridades. Reclaman que se les haga justicia, pues el amparo que les fue concedido en diciembre de 2008 y que ordenó a las autoridades restituirles las 130 hectáreas, fue desviado por vía política iniciándose el trámite para la indemnización, procedimiento rechazado por la asamblea general del ejido.
De acuerdo a la denuncia, “[e]n el año de 1975 un comisariado ejidal falso solicitó la creación del fundo legal y con firmas falsas fue presentada la solicitud ante el Tribunal Unitario Agrario, junto con el asesor jurídico del ayuntamiento municipal de Tila […], pero [eran] personas ajenas del ejido porque no están reconocidas en la asamblea general. […][C]on estos documentos falsificados y sin fundamento el C. Gobernador Juan Sabines Gutiérrez emitió [el] decreto número 72 para la expropiación de nuestras 130 hectáreas”, violando los derechos de los ejidatarios. Prosigue la denuncia: “Por esta razón presentamos [el] amparo 259/1982 ante el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Chiapas para impugnar el decreto número 72 y la publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 17 de diciembre de 1980. Este amparo causó ejecutoria desde el 14 de enero de 2009. Pero el cumplimiento del amparo se ha desviado por vía política ofreciendo un pago de 40, 087, 044 pesos como pago de indemnización. La asamblea general de ejidatarios rechaza todo tipo de indemnización respecto de nuestras tierras ejidales, porque no son negociables. Reclamamos la restitución y entrega material [de] la superficie de 130-39-53 hectáreas que fue expropiada inconstitucional y que se nos fue dotada […] mediante una resolución presidencial [el] 30 de julio [de] 1934”.
El 2 de septiembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) publicó un informe que da cuenta de la situación jurídica actual en el caso de la restitución de las 130 hectáreas del ejido de Tila. El documento señala que el “juicio de amparo agrario promovido por el ejido Tila, en contra de diversos actos del Estado mexicano, ha sido el recurso adecuado, de acuerdo con la ley interna vigente para combatir los actos de despojo de sus tierras”. Sin embargo, el CDHFBC denuncia una “total denegación de justicia”, que consiste en los actos de dilación, incumplimiento y omisión, entre otros, de parte de las autoridades y los órganos de justicia, respectivamente.
Cabe señalar que los ejidatarios de Tila han recibido amenazas por reclamar la restitución de las tierras, según refieren testimonios incluidos en el informe del CDHFBC: “Asimismo, [los ejidatarios] señalan que existe el riesgo de que se reactiven las agresiones armadas del grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia para inhibir sus acciones de defensa del territorio: “[…] Ya estamos escuchando que están volviendo a reorganizar a los grupos paramilitares de paz y justicia, están empezando a hacer reuniones y andan diciendo que en pronto empezarán los enfrentamientos y que a quien van a matar primero es al Comisariado Ejidal’ ”.
Por su parte, varios grupos de diferentes comunidades del estado expresaron su apoyo a los ejidatarios de Tila. Los adherentes de La Otra Campaña del ejido San Sebastián Bachajón se sumaron a las demandas de los ejidatarios de Tila mediante una denuncia con fecha del 2 de septiembre. Asimismo, los Comités de Derechos Humanos como subequipo Ch’ol de las parroquias de Palenque, Salto de Agua y Playas de Catazajá, emitieron una denuncia en apoyo a la lucha de los ejidatarios de Tila, destacando la violación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los pueblos indígenas, por parte de las autoridades.
En un comunicado hecho público por la parroquia de San Pedro Chenalhó el 8 de agosto, creyentes pertenecientes a dicha parroquia expresaron su rechazo frente a la posible construcción de una ciudad rural en su municipio. Declararon: “Nos preocupa que el proyecto de las ciudades rurales se impongan y no se le consulte al pueblo si está de acuerdo o no, y si hace cierta consulta es a base de mentiras y omisiones, el gobierno no dice claro lo que trae realmente este megaproyecto si es para bien o para mal del pueblo por ejemplo no explica qué es la “Reconversión productiva” quienes son los beneficiarios de esta Reconversión. Las ciudades rurales no la inventaron los gobiernos estatal y federal de este sexenio, sino tiene su historia desde hace muchos años atrás, por ejemplo; desde la colonización de América Latina que en ese tiempo no se llamaban ciudades rurales, se conocían como reducciones, con el objetivo de hacer más fácil y eficiente el control de la población para cobrarle tributos (impuestos), utilizarla como mano de obra para las minas, las plantaciones (la más frecuente era la de caña de azúcar) y para la misma construcción de las ciudades de los españoles y por supuesto, para su control político y militar. Es verdad que entonces, así como ahora, se alegaba que también habría ventajas para la población directamente afectada; que la concentración poblacional permite brindarles “el acceso a los servicios básicos de agua potable, educación, salud, etc. Según para combatir la pobreza aquí en Chiapas”.
Agregaron: “Con esta breve explicación, nosotros los creyentes de Chenalhó nos lleva a la conclusión de rechazar definitivamente la construcción de las ciudades rurales. Porque está claro que este plan es para que abandonemos nuestras tierras y que empresas trasnacionales las ocupen y una vez que estemos concentrados nos puedan controlar y obligarnos a sembrar otros cultivos que ya no van a ser la milpa, el frijol, etc. “
Cabe recordar que actualmente más de 2 mil personas viven en las más de 400 viviendas de la primera Ciudad Rural construida en el estado, Nuevo Juan del Grijalva. La segunda se está construyendo en Santiago el Pinar, municipio ubicado entre Chenalhó y San Andrés.
Por la noche de jueves 29 de julio fue asesinado Anastasio Juárez Hernández, agente municipal de San Juan Copalá designado por la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) y hermano del dirigente de tal organización, Rufino Juárez Hernández. Según su hermano, fue asesinado a tiros en su casa ubicada en el centro de San Juan Copalá, aunque representantes de la administración de San Juan Copalá dicen que el asesinato tuvo lugar a varios kilómetros, en Juxtlahuaca. Juárez Hernández culpó a los dirigentes del MULT-I–José Ramírez Flores, Miguel Ángel Álvarez Velasco, Eugenio Martínez López y Jesús Martínez–por el asesinato; también acusó a Alejandro Encinas, diputado del el Partido de la Revolución Democrática; a la Iglesia católica en Oaxaca, a la sección 22 del magisterio oaxaqueño y a la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) de ser los “responsables intelectuales” del asesinato. De manera llamativa también extendió la responsabilidad por el asesinato al actual gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz, a quien otros señalan por sus fuertes vínculos con la UBISORT.
De manera encontrada, los voceros del municipio autónomo de San Juan Copalá afirmaron que Anastasio fue ultimado en la cabecera municipal de Juxtlahuaca tras un conflicto entre priístas por el control del gobierno municipal allí, involucrando también a grupos de taxistas y comerciantes del mercado local. Al mediodía del viernes 30 de julio ingresaron entre cien y trescientos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de la Policía Estatal Preventiva (PEP) al municipio autónomo para, según afirmaron “respaldar al fiscal y a los peritos en el levantamiento del cadáver”. Los representantes del municipio autónomo aseveraron por otro lado que los elementos policiacos fueron acompañados por 400 hombres “fuertemente armados” de UBISORT, y que ambos grupos “entraron disparando” con un balance de dos niñas de 15 y 17 años heridas y dos detenciones. Representantes del municipio autónomo denunciaron que se unieron a la balacera integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT). Afirmaron que el propósito de este ingreso a San Juan Copalá, era llevar el cuerpo de Anastasio al municipio autónomo para fingir que fueron habitantes de Copalá quienes lo mataron.
En un comunicado, el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (Barca) repudió el ingreso de elementos policiacos a San Juan Copalá, pidiendo que las organizaciones civiles de derechos humanos “manifiesten su repudio a esta agresión al municipio autónomo”. Refiriéndose a la caravana que intentó llegar al municipio autónomo el 8 de junio, Barca declaró que “es incongruente que cuando se pidieron medidas de seguridad para que la caravana humanitaria Bety y Jiry entrara a dejar víveres, el estado no cumplió con su responsabilidad e impidió que llegara a cumplir con su misión.”
El 2 de agosto, campesinos de la Zona Altos del estado de Chiapas denunciaron que al menos 10 mil campesinos chiapanecos todavía no han recibido recursos del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), brindado por el gobierno, y que esta falta de fondos pone en riesgo las cosechas de este ciclo. Un grupo representativo de tales campesinos entregó un oficio a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) detallando que los 1.300 pesos que cada agricultor recibe por hectárea les alcanza para herbicidas y fertilizantes y nada más, y que las tarjetas bancarias que les había dado Sagarpa no contaban con fondos.
Los integrantes del grupo campesino informaron que seguirán en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, hasta que las autoridades les den una respuesta.
El 30 de julio, la Junta de Buen Gobierno (JBG) “Corazón del Arco Iris de la Esperanza”, del Caracol “Torbellino de nuestras Palabras”, con sede en Morelia, emitió una denuncia sobre agresiones de integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos – Independiente (CIOAC-I) a Bases de Apoyo Zapatistas en el predio Campo Alegre, ocurridas el 29 de julio pasado.
El comunicado de la JBG relató que cuando las Bases de Apoyo entraron en el terreno a las 9 de la mañana del 29 de julio, “por sorpresa amarga fueron recibido en nuestro terreno recuperado con disparos de calibre 22, les empezaron a disparar a los 100 metros”. Cuando a las 11.30 horas de la mañana fueron a buscar vacas que se habían perdido, un integrante de la CIOAC-I les disparó a cuatro metros de distancia, pero sin herir a nadie. Las autoridades zapatistas denunciaron: “Éstas personas están posesionados a 50 metros donde agarramos el agua para tomar y donde toman agua nuestros animales y a 20 metros donde está nuestro corral y además es camino que se comunica a varias comunidades”. De acuerdo a la JBG, los agresores “están manipulados y obedeciendo las instrucciones del señor Luis Hernández líder de la CIOAC independiente, de igual manera éste señor está obedeciendo las recomendaciones del señor [gobernador] Juan Sabines y de éste último obedeciendo instrucciones de[l presidente] Felipe Calderón. Denunciamos públicamente a Luis Hernández, Juan Sabines y Felipe Calderón si llegara a agravarse el problema, serán los responsables directos. Si no se preocupan de sacar éstas personas en nuestro terreno colectivo, quedará claro que están dispuestos a empeorar la situación […] que estamos sufriendo ahora.”
La conferencia del 14 de julio (@ La Crónica de Hoy)
El miércoles 14 de julio se llevó a cabo el foro “Plan de Vuelo hacia los Biocombustibles Sustentables de Aviación en México” en el Centro Internacional de Instrucción (CIIASA). Fue organizado por la organización Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), organismo vinculado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del estado de Chiapas. En la conferencia participaron Gilberto López Meyer, director General de ASA, Sandra Herrera Flores, subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y Adrián Fernández Bremauntz, presidente del Instituto Nacional de Ecología (INE); también asitió y participó en el foro Juan Sabines Guerrero, gobernador del estado. El objetivo de la conferencia, según López Meyer, era “integrar las perspectivas y talentos de los participantes” (integrantes de instituciones gubernamentales, privadas, académicas, y expertos mundiales vinculados con empresas aeronáuticas y energéticas) hacia la promoción de una visión más amplia para el uso de los agrocombustibles en el sector de la aviación en México.
Durante el evento, Fernández Bremauntz aseveró que reemplazar combustibles fósiles de los hidrocarbonos por biocombustibles en la aviación representaría una oportunidad para disminuir la intensidad de las emisiones de gases invernaderos del sector de la aviación en México (se estima que representa el 1.3 por ciento del total del país). Añadió que “la vía adecuada es la que adoptó Chiapas” al ser el estado que más ha promovido el cultivo de agrocombustibles en México y cuenta con 50 mil hectáreas dedicadas a la producción de palma de aceite, y 10 mil de jatropha. López Meyer consideró que la expansión del uso de agrocombustibles “de concretarse redundará en una mejor calidad de vida para los habitantes de este planeta”. El gobernador, por su parte, expresó su deseo que el compromiso de su gobierno con la producción de agrocombustibles se replique en otras zonas. También indicó que el ejemplo de los agrocombustibles promovido por su gobierno podría servir útilmente a resistir los desafíos de la pobreza en la República de México y al cambio climático en general. Durante la conferencia se plantearon metas como abastecer con agrocombustibles el uno por ciento de la demanda nacional para el año 2015 (aproximadamente 40 millones de litros anuales), y el 15 por ciento para el 2020 (más de 700 millones de litros). Lograr estas metas requeriría la creación de cuatro refinerías y la expansión masiva del cultivo de agrocombustibles.
El compromiso de promover los agrocombustibles claramente no es solamente un compromiso del gobernador de Chiapas. En una reunión que tuvo Sabines Guerrero con López Meyer a principios de julio, reconoció que ha sido la visión del presidente de la República, Felipe Calderón. Sostuvo que el estado de Chiapas siempre recordara al presidente Calderón como el gran impulsor del biodiesel. Carlos Pedrero Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chiapas y actual coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso, aseveró a mitad de este mes que “la experiencia que Chiapas está registrando en uso de biocombustibles [sic] es altamente positiva”
Desde otros puntos de vista no obstante, tanto el compromiso del gobierno de Chiapas de ampliar el cultivo de agrocombustibles, como la posibilidad de que sea replicado en otras partes del país, podrían implicar serios riesgos para la seguridad alimentaria en general, y particularmente para los ya vulnerables a la desnutrición, dado que en muchos casos el cultivo de agrocombustibles tiene que competir con la producción de cultivos destinados a la alimentación humana. Por lo mismo Jean Ziegler, Relator Especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación entre 2000 y 2008, llegó a declarar que la producción de agrocombustibles representaba un “crimen contra de la humanidad.”