Guerrero – breves: Falta de voluntad del Estado mexicano para cumplir con sentencia en caso de Valentina e Inés; Comunidades indígenas contra la explotación minera en La Montaña; CECOP pide resolución acerca de petición de nulidad de asamblea del 28 de abril

Asamblea en Colombia de Guadelupe, La Montaña, Guerrero, 5 de febrero. Foto @SIPAZ

A cuatro meses de haber recibido la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el caso de las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández, el Estado mexicano sigue sin cumplir dicha disposición y ha mandado señales de que no piensa hacerlo. Así lo denunciaron activistas, intelectuales y artistas de más de 20 países mediante una carta que fue presentada el 10 de febrero en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Además, la Secretaría de Gobernación se ha negado a iniciar las mesas de diálogo para cumplir lo establecido por la Corte, e incluso presentó a la misma una solicitud de interpretación de su fallo. La semana pasada Valentina viajó Washington para reunirse con funcionarios del Departamento de Estado y con asesores del Congreso de los Estados Unidos, a quienes pidió la apoyaran para que la investigación de su caso, que permanece en la justicia militar, se traslade al ámbito civil. Acompañada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y The Washington Office on Latin America (WOLA), Valentina presentó su petición: “Que el gobierno pase mi caso a la justicia civil,  por eso vine para acá, para que esto se logre”.

Por su parte, la Coordinadora Alemana por los Derechos Humanos en México urgió al gobierno de Felipe Calderón a concretar la reforma al Código de Justicia Militar. En un comunicado la organización europea se refirió a las observaciones que hizo la Coidh en el sentido de que el fuero militar debe restringirse en la totalidad de los casos de violaciones a derechos humanos, y no solamente en los correspondientes a violación sexual, desaparición forzada y tortura, como lo propuso Calderón al Senado en su iniciativa del 18 de octubre de 2010.

Por otra parte, el 5 de febrero, en la comunidad Colombia de Guadalupe en la zona de La Montaña de Guerrero, se realizó la primera asamblea general de pueblos sobre la exploración minera por parte de empresas extranjeras en la región. Se sabe que el gobierno federal ha entregado concesiones hasta por 50 años a empresas mineras para la exploración de áreas que podrían cambiar el uso del suelo, mientras que parte de la región fue considerada región prioritaria para la conservación ecológica por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). El coordinador del área educativa de Tlachinollan, informó que se tiene documentado un permiso para actividades mineras, que abarca 15 mil hectáreas en las colindancias de Zitlaltepec, Iliatenco y Paraje Montero, concesionadas por el gobierno federal bajo el nombre de Diana a la empresa extranjera Camsim, por 46 años. Otro caso lo constituyen los 47 mil hectáreas otorgados para la minera Salamera, cuyo nombre de proyecto es Corazón de Tinieblas, que abarca parte de Totomixtlahuaca, Colombia de Guadalupe, Pascala del Oro y Acatepec, a la minera Hochschild.

Pablo Guzmán, coordinador de la Policía Comunitaria / Coordinadora Regional Autoridades Comunitarias (CRAC), pidió a los más de 70 representantes de bienes comunales y ejidales presentes “no consentir el irreversible desastre ecológico en la región”. El 17 de febrero, la CRAC impartirá un taller sobre mineras en municipio de Iliatenco. Convocó también a un encuentro de autoridades agrarias de La Montaña y Costa Chica, para el 26 de febrero en Paraje Montero, donde se buscará concretar el no definitivo a las mineras.

Por último, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP), exigieron a la magistrada Martha Leticia Gracida Jiménez, que se apegue a derecho. No ha dado respuesta todavía a más de un mes de la fecha en la que supuestamente saldría el fallo de la impugnación de la asamblea del 28 de abril de 2010, misma en la que se aprobó la expropiación de más de 1.700 hectáreas de tierra en favor del proyecto hidroeléctrico La Parota. El vocero del CECOP, Rodolfo Chávez Galindo, aseguró que se tiene que emitir una resolución a favor de ellos porque la asamblea fue ilegal en todos los sentidos, desde su convocatoria hasta su desarrollo.

Para más información:

Caso Rosendo y Fernández: sin voluntad el Estado mexicano para acatar fallo de CIDH (La Jornada, 10 de febrero)

Ante impunidad, indígenas tlapanecas exigen intervención de EU (CIMAC Noticias, 8 de febrero)

Instan a Calderón a concretar reforma al Código de Justicia Militar (Proceso, 7 de febrero)

Nula voluntad del Estado mexicano para cumplir las sentencias dictadas por la CoIDH en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. (Centro PRODH, 10 de febrero)

Se pronuncian indígenas contra la explotación minera en La Montaña (7 de febrero)

Apegarse a derecho, pide Cecop en juicio de impugnación por La Parota (La Jornada, 14 de febrero)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero – breves: Juez absuelve a agresor de uno de los integrantes del Comité Radio Ñomndaa; Segob evade cumplir sentencia por el caso de Inés y de Valentina (27 de enero)

Guerrero – breves: Siguen exploraciones mineras en La Montaña sin permiso de las comunidades; Reinstalación de retén en contra de La Parota (11 de enero)

Guerrero: “Los indígenas somos sujetos de derechos y no de mercancía electoral” (29 de enero)

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Chiapas: bloqueos carreteros y detención de militantes en Mitzitón

Mitzitón (@El Heraldo de Chiapas)

El 13 de febrero, la disputa sostenida entre el grupo evangélico Alas de Águila 2000 y adherentes de la Otra Campaña en la comunidad de Mitzitón, municipio de San Cristóbal desde hace varios años se tornó nuevamente violenta.

 

Según denuncia de las autoridades ejidales, el 13 de febrero, integrantes del llamado Ejército de Dios, aliado a la agrupación evangélica Alas de Águila, de Mitzitón, atacaron a balazos a adherentes de la Otra Campaña e hirieron a la indígena Carmen Jiménez Heredia, quien se encuentra delicado de salud. Otros 10 indígenas pertenencientes a ambos grupos resultaron lesionados por golpes de piedra y machetazos. Las autoridades ejidales señalaron que varios hombres “rodearon la casa ejidal, la ermita y la cancha de basquetbol entre las 22 y 23 horas del domingo, y dispararon contra los adherentes reunidos en esos lugares”. Mencionaron que el tiroteo duró alrededor de 15 minutos. En un comunicado emitido el 15 de febrero, los adherentes a la Otra campaña de Mitzitón relataron que los miembros del Ejército de Dios sacaron de sus casas a Andrés Heredia Hernández y Alfredo Ruiz Ramírez quienes fueron torturados física y sicológicamente.

Un representante de la Otra Campaña explicó que las agresiones ocurrieron después de que los miembros del Ejército de Dios retuvieron al adherente Andrés Heredia Hernández, con el argumento de que había insultado a un hombre adulto del grupo contrario. En respuesta, miembros de la Otra Campaña retuvieron a Miguel Jiménez González, a quien trasladaron a la casa ejidal. En seguida, ambos grupos bloquearon la carretera Panamericana que pasa por Mitzitón, a 20 kilómetros de San Cristóbal. Ahí, situados a unos 200 metros de distancia unos de otros, ambos grupos reclamaban la liberación de sus respectivos compañeros. Minutos después llegaron funcionarios del gobierno estatal para exhortarlos a que liberaran a los retenidos y retiraran el bloqueo. Además, los funcionarios detuvieron a 23 integrantes del Ejército de Dios, y los pusieron a disposición de un agente del Ministerio Público. Durante el tiroteo, , según el representante de Mitzitón, se encontraban Pedro Raúl López, miembro del Consejo Estatal de Derechos Humanos y Luis Aguilar, operador político de la Subsecretaría de Gobierno en la ermita de Mitzitón. En una Acción Urgente emitido el 14 de febrero, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa exigió el “[c]ese inmediato a las agresiones y ataques violentes ocasionados por el grupo paramilitar “Ejercito de Dios” hacia los adherentes a la Otra campaña en la comunidad de Mitziton”, así como “[l]a reubicación inmediata del grupo paramilitar de la comunidad”.

Para más información:

Deja un herido conflicto en Chiapas (El Universal, 15 de febrero)

Paramilitares disparan contra adherentes en Mitzitón, Chiapas (La Jornada, 15 de febrero)

Comunicado de Mitzitón, Relatan versión de los hechos. (comunicado de La Otra Campaña, 14 de febrero)

Acusan a “Ejército de Dios” por secuestro en Mitzitón, Chis (OEM, 15 de febrero)

Acción Urgente: El CDH Digna Ochoa denuncia: Paramilitares agreden a adherentes a la Otra Campaña en Mitzitón (14 de febrero)

Detienen a 23 evangélicos en Chiapas (15 de febrero)

Para más información de SIPAZ:

– Chiapas: sigue prevaleciendo la violencia en Mitzitón (25 de octubre de 2010)

– Chiapas: Nuevo choque en Mitzitón (8 de septiembre de 2010)

Oaxaca: Ocho muertos en enfrentamiento en Zimatlán, por conflicto de tierra

Agencia municipal de Zimatlán de Lázaro Cárdenas @ elextraexpress.com

El pasado 8 de febrero, se dio un enfrentamiento violento entre pobladores de las comunidades vecinas de Zimatlán de Lázaro Cárdenas (municipio de Putla Villa de Guerrero) y San Sebastián Nopalera (municipio de Santa Lucía Monteverde), en el que perdieron la vida Rafael José Cruz Sánchez, Juan Hernández Cruz y Hermenegildo Jiménez Paz, de Zimatlán; de los pobladores de Nopalera murieron Pedro Cruz Santiago, Nabor Bautista, Carlos Hernández Bautista, Eloy Bautista Caballero y Sabás Santiago Barrios. Suman 13 heridos de ambos lados, y hay dos niños desaparecidos, que en el momento del enfrentamiento estuvieron con su padre, Rafael Cruz Sánchez. Tras la incursión de la fuerza pública, fueron detenidos cinco personas, todas originarias y vecinos de Nopalera, además fueron decomisados armas de fuego y más de dos mil cartuchos.

No fue la primera vez que se enfrentaron habitantes de las dos comunidades, pues en julio del 2010 un grupo de Nopalera había agredido a Zimatlán, con el resultado de un herido de esta última comunidad. A raíz de esta agresión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado medidas cautelares a los habitantes de Zimatlán, por lo que el Estado mexicano debía salvaguardar la integridad y la vida de sus habitantes. La secretaría general de Gobierno de Oaxaca informó que elementos de la Policía Estatal, de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército realizarían patrullajes, a fin de evitar nuevos enfrentamientos. El conflicto se originó cuando en 2006 las comunidades de Zimatlán y Nopalera ganaron juntos un conflicto agrario y no lograron llegar a un acuerdo de cómo repartirse la tierra.

 

Para más información:

• Proceso: Aumentan a ocho los muertos por conflicto entre pobladores de Oaxaca (09/02/2011)
• Proceso: Oaxaca: conflicto limítrofe deja dos muertos, 11 heridos y dos niños desaparecidos (09/02/2011)
• Milenio: Enfrentamiento agrario en Oaxaca deja cuatro muertos y siete lesionados: SSP (09/02/2011)
• La Jornada: Ataca comando comunidad de Oaxaca, pese a medidas cautelares de la CIDH (09/02/2011)
• NSS Oaxaca: En agonía economía de Zimatlán de Lázaro Cárdenas por invasión (25/01/2011)

Más información de SIPAZ:

• Oaxaca: ataque en contra de la comunidad de Zimatlán de Lázaro Cárdenas (24/07/2010)

Chiapas: ejidatarios de Tila rechazan indemnización y piden a la SCJN respeto a su derecho al territorio

Conferencia de prensa ejidatarios de Tila (@CDHFBC)

En una conferencia de prensa que se llevó a cabo en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el 8 de febrero, ejidatarios del municipio de Tila (zona Norte de Chiapas) rechazaron la indemnización de 40 millones de pesos que les ofrecieron autoridades estatales por 130 hectáreas en la cabecera municipal, de las que fueron despojados por un decreto del Congreso de Chiapas en 1980.

Comentaron que una comisión viajó a la Ciudad de México para reunirse con la ministra Olga Sánchez Cordero, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se encuentra el caso en fase de estudio, con el fin de manifestarle que la voluntad de la asamblea “es que se respeten nuestro territorio, autonomía, la paz y tranquilidad”.

Denunciaron además: “Este problema que ya tiene muchos años nos ha traído el desprecio, la discriminación, como indígena para los malos gobernantes somos un atraso social que no podemos embellecer nuestras viviendas para que sea un centro turístico. Por eso el gobierno quiere limpiar al territorio de indígenas y quedarse nada más ellos y los grandes empresarios a explotar a nuestra madre tierra. Esto está pasando ya en Agua Azul en donde han encarcelado a muchos compañeros adherentes de la Otra Campaña y les han despojado de su caseta de cobro y banco de grava, para quedárselo ellos utilizando la represión, la policía, la amenaza, el terror. También quieren acabar con los pueblos que resisten a la minería, a las autopistas, presas y todos los proyectos de muerte que no benefician a las comunidades indígenas y no indígenas, porque son un obstáculo para sus negocios económicos, en esta situación todos los partidos políticos son lo mismo, porque no sirven al pueblo, solo lo exprimen, lo utilizan, lo quieren controlar y callar su boca con el oportunidades, procampo, fanar, Chiapas solidario”.

Para más información:

– Ejidatarias y Ejidatarios de Tíla piden que la SCJN respete su Derecho al Territorio (Pronunciamiento de los ejidatarios de Tila, 8 de febrero de 2011)

– Pobladores de Tila rechazan indemnización (La Jornada, 9 de febrero de 2011)

– Habitantes se niegan a aceptar indemnización (Cuarto Poder, 9 de febrero de 2011)

Para más información de SIPAZ:

– Chiapas: Autoridades del ejido de Tila denuncian denegación de justicia en su derecho a la tierra; hay amenazas en su contra (9 de septiembre de 2010)

– Chiapas: marchan ejidatarios de Tila en defensa de su territorio (20 de abril de 2010)

– Chiapas: Continúan violaciones del derecho al territorio al Pueblo Ch´ol de Tila (4 de febrero de 2010)

Chiapas: actualización caso Agua Azul

(@gobierno del estado de Chiapas)

El 5 de febrero, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) liberó a 106 de los indígenas del municipio de Chilón, adherentes a La Otra Campaña, detenidos el jueves 3 luego de un enfrentamiento con militantes del Partido Revolucionario Institucional ocurrido el día anterior, por el control de la caseta de cobro ubicada en la entrada del centro turístico de las cascadas de Agua Azul. En un comunicado, la PGJE añadió que mantiene detenidos a 10 tzeltales acusados de homicidio calificado, tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, ataques a las vías de comunicación y daños. A cinco los acusa de haber disparado armas de fuego y a los otros cinco de haber sido plenamente identificados como parte del grupo agresor portando machetes, palos y piedras. La Procuraduría señaló que en el enfrentamiento se utilizaron armas calibre 22 y .223 o R15, de uso exclusivo del Ejército. Los 116 indígenas fueron detenidos un día después del enfrentamiento, cuando supuestamente bloqueaban la carretera que comunica a las ciudades de San Cristóbal de Las Casas con Ocosingo y Palenque, y fueron trasladados a esta última ciudad en calidad de presentados para que rindieran declaración ministerial.

En un boletín especial y después de acudir a Agua Azul para documentar lo ocurrido, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunció que las personas detenidas señalaron que entre las múltiples irregularidades en el proceso legal no contaron con abogado defensor ni traductor de oficio, y que además fueron amenazados por policías estatales y hostigados por autoridades locales encargadas de la procuración de justicia. Aseguró que entre los presos hay un menor y un joven con problemas de deficiencia mental. El CDHFBC afirmó que los 117 adherentes a La Otra Campaña fueron “detenidos arbitrariamente”, que no hubo extranjeros en el medio, y que nunca hubo un bloqueo carretero.

Señaló finalmente: “Es clara la acción represiva del gobierno del estado de Chiapas el cual actúa junto con las autoridades oficiales (priistas) para señalar y detener de manera arbitraria a los ejidatarios adherentes de La Otra Campaña, acción en la que se han provocado hechos de violencia por el interés del territorio en la región. Este Centro de Derechos Humanos condena las acciones del gobierno estatal al perseguir y criminalizar a los ejidatarios, adherentes de La Otra Campaña, toda vez que fueron estos últimos quienes fueron agredidos y despojados de la caseta de cobro por un grupo numeroso de ejidatarios, militantes del PRI, que de manera violenta tomaron el pasado 2 de febrero la caseta de cobro que hoy en día esta bajo control de la Policía Estatal”.

Por su parte, en un comunicado, el Centro de Derechos Indígenas A.C con fuerte presencia en la zona denunció “que habiendo podido evitar el gobierno del estado el enfrentamiento entre el grupo de ejidatarios de san sebastian y de los ejidatarios pertenecientes a la otra campaña, no lo hizo; estando en tiempo para evitar el enfrentamiento entre los dos grupos, la muerte y las lesiones de gravedad (de una persona del grupo de ejidatarios de san sebastian), tuvo una estrategia retardatoria”.

El 6 de febrero, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, acudió personalmente a Agua Azul. Expresó: “venimos a escuchar a participar en los acuerdos que ustedes determinen, lo que queremos es que esa caseta deje de ser una razón de violencia en Chiapas, que genere ingresos de común acuerdo para los pueblos ejidatarios indígenas de Bachajón, de sus grupos y por supuesto para los habitantes de la comunidad de Agua Azul “y dio inicio a una “Mesa de Diálogo y Concertación para resolver este conflicto del Centro Ecoturístico Cascadas de Agua Azul”. Las notas periodísticas al respecto no dejaron en claro si también acudieron ejidatarios pertenecientes a La Otra Campaña.

Por su parte, el secretario de Turismo de Chiapas, Juan Carlos Cal y Mayor Franco, afirmó que el flujo de visitantes a la zona ya se ha normalizado. Pese a ello, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) afirmó que en el sitio permanecen elementos de la Policía Estatal con la finalidad de “resguardar la integridad de los turistas, así como para evitar nuevos enfrentamientos entre los grupos en disputa”.

Para más información:

Acción Urgente: Privación Arbitraria de la Libertad a ejidatarios en Chiapas (Acción Urgente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 7 de febrero de 2011)

– Se normaliza flujo turístico en Agua Azul, dice Sectur (Cuarto Poder, 7 de febrero de 2011)

– Comienza mesa de diálogo para dar solución al conflicto de Agua Azul (La Jornada, 7 de febrero de 2011)

– Consignan a simpatizantes del EZLN en Chiapas (El Universal, 6 de febrero de 2011)

– Liberan en Chiapas a 106 indígenas; otros 10 son acusados de varios delitos (La Jornada, 6 de febrero de 2011)

– Acusa el Frayba al gobierno de criminalizar a la otra campaña (La Jornada, 6 de febrero de 2011)

– Indígenas pro-zapatistas denuncian despojo y tortura en Chiapas (CNN México, 6 de febrero de 2011)

– Boletín: Privan arbitrariamente de la libertad a 117 ejidatarios de San Sebastian Bachajón (boletín informativo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 5 de febrero de 2011)

– Comunicado de CEDIAC sobre los hechos (CEDIAC, 5 de febrero de 2011)

Para más información de SIPAZ:

– Chiapas: enfrentamiento por control de la caseta en Agua Azul deja saldo de un muerto y varios heridos (3 de febrero de 2011)

– Chiapas: Ejidatarios de Bachajón denuncian estrategia de gobierno y recrudecimiento de agresiones de la Opddic (19 de noviembre de 2010)

Chiapas: enfrentamiento por control de la caseta en Agua Azul deja saldo de un muerto y varios heridos

En la tarde del 2 de febrero de 2011, un enfrentamiento entre indígenas adherentes de la Otra Campaña y un grupo priísta que se disputan el control de la caseta de cobro ubicada en el centro turístico de las cascadas de Agua Azul, municipio de Chilón dejó un saldo de un muerto y por lo menos dos heridos.

El conflicto que ya tiene varios años, se puso violento desde la mañana, cuando ejidatarios priístas de San Sebastián Bachajón, Chilón, desalojaron de manera violenta a los adherentes que tenían bajo su control la caseta de cobro desde hace dos años. Por la tarde éstos se organizaron para tratar de recuperar la caseta, lo que desembocó en el enfrentamiento. Según fuentes periodísticas, falleció en el enfrentamiento el priísta Marcos Moreno García, de 26 años de edad y dos personas resultaron heridas, una de ella encontrándose delicada de salud. Poco después de que se inició el enfrentamiento llegó la policía estatal para tratar de restablecer el orden. En la mañana del 3 de febrero, la Procuraduría General de Justicia (PGJE) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) encabezaron un operativo integrado por más de 500 policías estatales y federales, apoyados por elementos del Ejército Mexicano. Desalojaron a cientos de indígenas adherentes de La Otra Campaña, que mantenían bloqueada la carretera Ocosingo-Palenque en protesta por lo ocurrido. El operativo pretendía rescatar a 17 turistas extranjeros y nacionales que fueron retenidos por varios individuos que aseguraron pertenecer a “La Otra Campaña”. Según fuentes gubernamentales, más de 116 personas del grupo de La Otra Campaña, se encuentran “voluntariamente” en la PGJE, para que se les aplique la prueba de rodizonato de sodio y que se les tome declaración ministerial.

Antes del enfrentamiento, los adherentes de la Otra campaña responsabilizaron de los hechos a las autoridades del comisariado ejidal oficial de San Sebastián Bachajón y a los alcaldes de ambos municipios. Y agregaron: “No estamos provocando y mucho menos estamos insultando a nadie. Estamos trabajando y buscando otras alternativas para proteger y resguardar nuestros recursos naturales. Estamos construyendo una autonomía interna y cuando estos delincuentes están trabajando bajo las ordenes de altos funcionarios del gobierno. Que quede claro como organizaciones vamos a defender nuestros recursos sin importar lo que pase”.

Para más información:

• Disputa por centro ecoturístico deja un indígena muerto (Proceso, 3 de febrero de 2011)
• Desalojan plantón de la otra campaña en la carretera Ocosingo-Palenque (La Jornada, 4 de febrero de 2011)
• Enfrentamiento entre indígenas de Chiapas deja un muerto y dos heridos (La Jornada, 3 de febrero de 2011)
• Enfrentamiento deja un muerto en Chiapas (El Universal, 3 de febrero de 2011)
• Pronunciamiento de los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes a la Otra Campaña (2 de febrero de 2011)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: ejidatarios de San Sebastián Bachajón se deslindan de toma de tierra (17 de enero de 2011)

Chiapas: Ejidatarios de Bachajón denuncian estrategia de gobierno y recrudecimiento de agresiones de la Opddic (19 de noviembre de 2010)

Chiapas: Adherentes de la Otra Campaña de San Sebastián Bachajón denuncian tortura y arraigo ilegal de ejidatario (6 de noviembre de 2010)

Guerrero: “Los indígenas somos sujetos de derechos y no mercancía electoral”

Manifestación contra La Parota (@International Rivers)

El domingo 30 de enero, tendrán lugar elecciones a la gobernatura de Guerrero. En este contexto, varias agrupaciones guerrerenses, entre ellas la Organización de Pueblos Originarios para el Desarrollo Social, la Red Guerrerense de Organismos Civiles y de Derechos Humanos,o  el Consejo Ciudadano de Chilapa, manifestaron en un pronunciamiento “Los indígenas somos sujetos de derechos y no mercancía electoral”. Advirtieron que gane quien gane la elección de este domingo, no permitirán la aplicación de programas y proyectos sin la previa consulta libre y amplia de los pueblos que sean afectados. Enfatizaron en particular: “Reprobamos el proyecto de construcción de la presa La Parota sin el consentimiento de los dueños de su tierra, y manifestamos nuestro amplio apoyo a las decisiones y acciones que determinen nuestros hermanos indígenas de La Montaña contra las pretensiones depredadoras de las compañías mineras que pretenden explotar y saquear las riquezas minerales”.

Ciertamente, el proyecto hidroeléctrico La Parota ha sido un tema frecuente de los candidatos a la gubernatura del estado, con posiciones a favor o en contra… pero ninguno de ellos se presentó directamente a pedir el voto de los habitantes de la zona. Por su parte, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) se juntaron con el sacerdote Jesús Mendoza Zaragoza, párroco de la iglesia de San Nicolás de Bari, para exponerle el temor y la incertidumbre que viven por las próximas elecciones, ya que, afirmaron, ninguno de los candidatos a gobernador les brinda la confianza suficiente para evitar que el proyecto hidroeléctrico se lleve a cabo. Uno de los voceros del Cecop informó que tras la asamblea realizada el domingo anterior, acordaron acudir a la iglesia católica para ayudarles a recomponer el tejido social de las comunidades involucradas y entablar una nueva forma de lucha y resistencia, ante las posturas expuestas por los candidatos.

Para más información:

– Ningún proyecto sin la autorización de los pueblos, advierten ONG de La Montaña al próximo gobernador (El Sur de Acapulco, 28 de enero de 2011)

– Candidatos olvidan visitar La Parota (El Universal, 29 de enero de 2011)

– Se reúnen miembros del Cecop con párroco; piden ayuda para revitalizar el movimiento (La Jornada de Guerrero, 28 de enero de 2011)

– Apoyo de la Iglesia para acercar a los pueblos divididos por La Parota, pide el Cecop (El Sur de Acapulco, 28 de enero de 2011)