El Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales por la Salud Comunitaria en Chiapas (COMPITSCCH) publicó el 4 de abril un pronunciamiento en el que denuncia que la salud gubernamental en territorios indígenas constituye “un instrumento de contrainsurgencia, de represión y exterminio”, aludiendo al caso de la región y comunidad de Amador Hernández, en la Reserva de la Biosfera de los Montes Azules. Calificó la situación de la zona como “un modelo de Acteal -masacre en los Altos de Chiapas en 1997- sanitario dosificado en sus bajas que a mediano plazo obligara a la población diezmada a pedir clemencia, a renunciar a su libre autodeterminación y a ceder el control de sus territorios a los planes trasnacionales del gobierno”.
Señaló que desde marzo del 2010, la jurisdicción sanitaria no. IX inició el abandono de la región Amador Hernández con el retiro de los médicos adscritos. Al mes siguiente, suspendió el abasto de medicamentos y los traslados aéreos comprometidos para los casos urgentes (ocho mensuales). En agosto, suspendió el suministro de vacunas para niños y bebés y de medicamentos para hipertensos y diabéticos, insulina incluida, a pesar de los riesgos de muerte que su carencia conlleva.
COMPITSCCH afirmó que esta estrategia es previa al desalojo tiene que ver con la intención de “la Secretaria de la Reforma Agraria de iniciar los trabajos de brecheo de la Comunidad Zona Lacandona para satisfacer la condición de certeza jurídica sobre el territorio exigida por los inversionistas del proyecto REDD+ (“Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation”, Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques “, un proyecto impulsado por el gobierno estatal y federal en preparación de su oferta forestal a presentar en Cancún en la COP 16 )”.
En marzo de 2011, miembros del “Global Justice Ecology Project” habían viajado a Chiapas para investigar un acuerdo “REDD” firmado entre los gobernadores de Chiapas y California. Denunciaron haber encontrado una “una red increíblemente compleja de proyectos de desarrollo económico que se imponen a las comunidades campesinas e indígenas sin ningún tipo de participación en la decisión de manera libre, previa e informada por parte de ellas. Entre estos proyectos se encuentra un programa del gobierno para delimitar las Áreas Naturales Protegidas a fin de generar créditos de carbono, pagando a algunas comunidades indígenas para proteger dichas áreas, en detrimento de las demás. Como hemos visto en otras partes del mundo, el Programa REDD, tanto en su planteamiento como en su aplicación, divide a las comunidades y nutre los conflictos”. La organización Redd Alert está circulando una acción urgente por el caso Amador Hernández que ubican como un ejemplo de esta misma tendencia.
Para más información:
Comunicado completo de COMPITSCCH “La salud como instrumento de represión” (COMPITCH, 4 de abril de 2011)
Acción Urgente de Redd Alert sobre el caso (en inglés, REDD Alert, 7 de abril de 2011)

Escrito por SIPAZ 





