Guerrero: Se cumple un año de la detención del dirigente del CECOP, Marco Antonio Suastégui

Foto @Pueblo Guerrero

Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP) se manifestaron el 17 de junio en las instalaciones del Poder Judicial en Acapulco, donde exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno la libertad inmediata de su líder Marco Antonio Suástegui, alegando su inocencia, motivo por el cual no descansarán hasta sacarlo de la cárcel. Marco Antonio Suástegui, preso desde hace un año, fundó la Policía Comunitaria en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, y durante años se opuso al proyecto de la presa La Parota. Al cumplirse un año de la detención del dirigente del CECOP, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, urgió al Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Acapulco, que resuelvan tres apelaciones pendientes que presentó en contra de los autos de su formal prisión. El organismo denunció que el Tribunal “ha dilatado las decisiones sobre los recursos de apelación sin fundamento alguno, retrasando el proceso”. También dijo que el amparo contra el auto de formal prisión evidenció violaciones al debido proceso, entre ellas, que al momento de tomar la declaración de Suastégui en ningún momento se le permitió contar con un abogado de su confianza.

Para más información:

Protestan integrantes de la CECOP; piden la libertad de Marco Antonio Suástegui (Bajo Palabra, 17 de junio de 2015)

Ha dilatado las decisiones sobre los recursos de apelación en el caso de Marco Antonio Suástegui sin fundamento alguno, retrasando el proceso, acusó Tlachinollan (Pueblo Guerrero, 18 de junio de 2015)

CECOP protesta en el poder Judicial en Acapulco (Pueblo Guerrero, 17 de junio de 2015)

Video Libertad para Marco Antonio Suastégui (Tlachinollan)

Caso la Parota (Tlachinollan)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: regreso del vocero del Cecop a penal en Guerrero. (9 de abril de 2015)

Guerrero: Ordenan regreso de Marco Antonio Suastegui, opositor a represa de La Parota, a penal guerrerense (30 de enero de 2015)

Guerrero: Tlachinollan denuncia ante juez traslado “ilegal” de Marco Antonio Suástegui Muñoz a Nayarit y demanda su regreso al estado (14 de agosto de 2014)

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Chiapas: Consumen agua contaminada en penal 5º de San Cristóbal de Las Casas

Foto @ Chiapas Paralelo

Alejandro Díaz Santiz, recluido en el penal nº5 de San Cristóbal de Las Casas, organizado como Solidario de la Voz del Amate y adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), hizo un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tanto como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que intervengan ante la situación de insalubridad del agua que consumen en la cárcel. Denunció que el agua proviene de una cisterna deteriorada, fisurada en algunos tramos, por la que pasan los ductos de drenaje de los desechos del centro penitenciario. Afirmó que son continuas las enfermedades diarreicas y de la piel.

“La promesa del director (Pascual Martínez Cervantes) es que lo va a solucionar, sin embargo, este problema tiene mucho tiempo y llevamos varios meses desde que se ha incrementando el número de reos enfermos”, explicó al portal Chiapas Paralelo. También, añadió que dentro del penal venden agua de garrafón, pero no cuentan con los recursos para comprar el agua.

Para más información:

Reos del penal de San Cristóbal consumen agua contaminada, piden intervención de CNDH (Chiapas Paralelo, 15 de junio de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Alejandro Díaz denuncia amenazas por parte del director del penal nº5 de San Cristóbal (17 de febrero de 2015)

Chiapas: nueva denuncia del preso Alejandro Díaz Santis al finalizar ayuno (24 de octubre de 2014)

Oaxaca: Omar Esparza denuncia grupo contratado para asesinarlo; amenazas para abogados del caso Bety y Jyri

Foto @ Aristegui Noticias

Omar Esparza Zárate, viudo de Bety Cariño, defensora de derechos humanos que murió asesinada junto a Jyri Jaakkola al participar en una caravana humanitaria en San Juan Copala en 2010, denunció la existencia de un grupo armado que pretende asesinarlo, contratado por Antonio Cruz alias “Toño Pájaro”, líder del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), en alianza con integrantes de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort). Omar Esparza responsabilizó al gobierno federal y al de Oaxaca de cualquier agresión en su contra o en contra de su familia, por no haber detenido a todos los responsables de los asesinatos de Bety y Jyri. En entrevista con Revolución Tres Punto Cero, Esparza señaló que “alguien escuchó la conversación y nos informó, para que yo tomara las medidas de seguridad necesarias. Ya no es sólo una amenaza, existe un grupo contratado para ejecutarme”.

Por otra parte, David Peña, abogado de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), en entrevista para Aristegui CNN, declaró que el caso está pendiente, aún con tres personas en la cárcel, quedan 10 órdenes de aprehensión por cumplir. Indicó que “el gobierno de Finlandia (de donde es originario Jyri Jaakkola) ha estado presente y atento al proceso desde el primer momento, hemos tenido acompañamiento y pronunciamiento de la Embajada de Finlandia, de otras embajadas de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, se ha dado una audiencia especial en el subcomité especializado en derechos humanos en ese parlamento”. Incluso señaló que “[e]ste caso lo platicó el presidente de Finlandia con Peña Nieto, quien volvió a reiterar el compromiso del Estado Mexicano para resolver el caso, esta reiteración lo ha hecho en más de tres o cuatro ocasiones, el problema es que el compromiso que tiene Peña Nieto no se traduce en acciones concretas”. Sin embargo, David Peña añadió que “ha habido una ausencia casi total de la Federación: ni para la protección de los testigos, ni para búsqueda de los responsables, ni para la detención de los asesinos, ni para, ahora, garantizar la seguridad para quienes estamos impulsando el proceso, y en las últimas semanas hemos recibido amenazas y advertencias para dejar el caso”.

El abogado explicó el proceso de la zona triqui en donde fue creado un grupo “por gobiernos priístas con financiamiento de esos gobiernos, reconocido públicamente y que la propia Procuraduría General de la República en las investigaciones lo ha caracterizado como un grupo paramilitar”. Este grupo “ataca a la caravana, nosotros hacemos todo un proceso de documentación e investigación, logramos identificar a quienes atacaron la caravana, se logran obtener las órdenes de aprehensión, sólo en tres se han cumplido y 10 están pendientes. Estamos en un proceso de inicio de juicio contra estas tres personas el problema es que esto nos coloca en una situación de incertidumbre y riesgo porque aunque tenemos a tres personas en la cárcel, 10 están, entre ellos dos de los principales líderes, siguen libres, con capacidad de fuerza económica, militar, y con esta protección o permisividad por parte de algunos grupos políticos que dejan que sigan operando”.

Para más información:

Acción Urgente: Preocupación por la seguridad de Omar Esparza, Viudo de Bety Cariño (Red Todos los Derechos para Todas y Todos, 3 de junio de 2015)

Ausencia de la Federación en el caso del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola: David Peña en CNN (Aristegui Noticias, 1 de junio de 2015)

“Están preparando mi ejecución”, denuncia viudo de Bety Cariño; responsabiliza al gobierno federal (Revolución Tres Punto Cero, 30 de mayo de 2015)

Entrevista de Aristegui Noticias (29 de mayo de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Amenazan a dos mujeres testigos en el caso del asesinato de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola (13 de febrero de 2015)

Oaxaca: Padres de Jyri Jaakkola visitan México por 5º vez para exigir justicia (21 de noviembre de 2014)

Oaxaca: Tras acuerdo con autoridades finaliza huelga de hambre por los asesinatos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola (16 de mayo de 2014)

Guerrero: Nestora Salgado, en huelga de hambre, sigue en espera de ser trasalada mientras se va deteriorando su salud

Nestora Salgado (@socialism.com)

Zaira Rodríguez, hija de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, en huelga de hambre en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, desde el 5 de mayo, denunció que, como tortura sicológica, su madre es llevado al comedor con la población penitenciaria a la hora de la comida. Denunció que la directora del penal falsificó un reporte médico fingiendo que había visto a un médico.

Desde el 18 de mayo, integrantes de los gobiernos federal y estatal de Guerrero, así como del Distrito Federal acordaron un traslado del penal federal de Nayarit a un centro del fuero común. Ello, en atención a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de una petición formal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Sin embargo, este traslado se ha venido aplazando.

Paralelamente, el 20 de mayo, fue asesinado Eladio Ávila Pérez, suegro de Nestora en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Diferentes medios de comunicación, atribuyeron el asesinato a amenazas que recibió la víctima por el activismo a favor de la libertad de Nestora. José Luis Ávila Báez, su esposo, planteó no obstante que “hasta este momento mi familia no cuenta con ninguna evidencia de que el homicidio se encuentre relacionado con el activismo en búsqueda de la libertad de mi esposa Nestora Salgado o que el cartel de Jalisco u otra organización criminal estén relacionadas o sean las responsables del asesinato. Corresponde a la Procuraduría de Jalisco determinar las causas del asesinato de mi padre y consignar ante las autoridades a la persona o personas que hayan perpetrado el crimen, por lo tanto, solicito que se realice una investigación expedita y eficaz para garantizar que el crimen de mi padre no quede impune”.

El 25 de mayo, a 20 días de iniciado su huelga de hambre, Nestora Salgado decidió suspender la ingesta de líquidos para demandar que el fiscal General del Estado Miguel Ángel Godínez Muñoz reciba a su abogado, y que se revise su caso. Se seguía esperando noticias de un posible traslado.

Para más información:

Lleva Nestora 20 días en ayuno; se espera su traslado al DF, que se acordó hace una semana (El Sur 25 de mayo de 2015)

Deja Nestora de tomar líquidos en demanda de su libertad; cumple 19 días en huelga de hambre (El Sur 24 de mayo de 2015)

Asesinan en Jalisco al suegro de Nestora; la familia no tiene evidencias de que sea por el activismo, declaran (El Sur, 22 de mayo de 2015)

Comunicado completo de José Luis Ávila Baéz (Los AngelesPress, 21 de mayo de 2015)

Trasladarán a Nestora Salgado a un centro de reclusión del fuero común (La Jornada, 19 de mayo de 2015)

Cumple Nestora 15 días en ayuno; Segob retrasa su traslado a Tepepan (Proceso, 19 de mayo de 2015)

Por protestar, empeora la situación de Nestora Salgado en la cárcel (La Jornada, 18 de mayo de 2015)

Torturan a Nestora, que cumple 13 días en huelga de hambre; la llevan a donde comen otras presas (El Sur, 18 de mayo de 2015)

Artículos de opinión:

Nestora Salgado, por Elena Poniatowska (La Jornada, 17 de mayo de 2015)

La comandanta Nestora, por Luis Hernández Navarro (La Jornada, 19 de mayo de 2015)

Nestora: rehén del Estado mexicano, por Magdalena Gómez (La Jornada, 19 de mayo de 2015)

Nestora, mujer de linaloe, por el CDH Tlachinollan (El Sur, 19 de mayo de 2015)

Firma la Acción Urgente: La vida e integridad de Nestora Salgado García Coordinadora de la Policía Comunitaria del Municipio de Olinalá está en grave riesgo (RedTdt)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Nestora Salgado, coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, presa, inicia huelga de hambre (11 de mayo de 2015)

Guerrero: CIDH pide al gobierno mexicano garantizar atención médica a Nestora Salgado, de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, presa en el penal federal de Tepic, Nayarit (5 de febrero de 2015)

Guerrero: Demora en liberación de Nestora Salgado, su hija acusa que recibió amenaza telefónica (15 de enero de 2015)

Nacional/Internacional: Corte interamericana determina que la legislación sobre fuero militar en México sigue siendo insuficiente

El 13 y 14 de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) notificó dos resoluciones sobre la supervisión del cumplimiento de cuatro sentencias emitidas en contra del Estado mexicano por este organismo entre 2009 y 2010, en casos relacionados con abusos cometidos por miembros del Ejército (entre ellos desaparición forzada, tortura y violación sexual). Concluyeron que la actual legislación sobre el fuero militar en México sigue sin adaptarse completamente a estándares jurisprudenciales internacionales.

Indicó las limitaciones de la legislación actual quedaron evidenciadas a partir de la masacre de Tlatlaya, Estado de México: “En este caso, si bien las ejecuciones extrajudiciales están siendo juzgadas en el fuero civil, la causa permanece fragmentada porque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) retuvo en el fuero militar el juzgamiento de determinadas conductas de los militares, con lo que se abre la posibilidad de que se extravíe la evidencia y de que se realicen juicios paralelos que podrían arrojar conclusiones contrapuestas”. Determinó por lo mismo que “la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de derechos humanos, aún cuando el sujeto activo y el pasivo (el victimario y la víctima) sean militares“.

Por su parte, organizaciones civiles litigantes solicitaron que se reabra el debate sobre el Código de Justicia Militar en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión. Subrayaron que “tanto el Comité contra las Desapariciones Forzadas como el Relator sobre la Cuestión de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ambos de Naciones Unidas, en febrero y marzo pasados, respectivamente, recomendaron a México adoptar medidas legislativas para excluir de la jurisdicción militar las violaciones de derechos humanos cometidas en contra de militares y que dichos delitos sean investigadas y juzgadas por autoridades civiles”.

Para más información:

Fuero militar sigue violando derechos humanos en México: Corte Interamericana (OSC, 18 de mayo de 2015)

Emplaza CoIDH a México cumplir sentencias sobre abusos militares (Proceso, 18 de mayo de 2015)

Insuficiente, la reforma en materia de fuero militar: CIDH (La Jornada, 18 de mayo de 2015)

Reforma al fuero militar en México no cumple la norma internacional: Corte Interamericana de DH (Animal Político, 20 de mayo de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Nacional: Aprobación del senado de reforma al Código de Justicia Militar (26 de abril de 2014)

Guerrero: resolución de la SCJN en el caso de Inés y Valentina “dista de estar a la altura”

Inés Fernández y Valentina Rosendo (@Amnistía Internacional)

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización que ha venido defendiendo a Inés Fernández y Valentina Rosendo, mujeres indígenas violadas por militares en Guerrero en 2002, expresó en un comunicado de prensa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perdió la posibilidad de contribuir al avance de los Derechos Humanos de las mujeres indígenas: después de varias sesiones, la Corte se pronunció en contra de entrar a un análisis de fondo sobre los estándares en materia de género, etnicidad y tortura sexual, que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en las sentencias dictadas en los casos de las indígenas en 2010.

Afirmó: “el proyecto aprobado por la SCJN, lamentablemente, es omiso en señalar con precisión las obligaciones a cargo de los órganos jurisdiccionales que instruyen los juicios penales iniciados contra los presuntos responsables de los delitos cometidos contra Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, cuestión a la que alude con precisión la Coidh en sus sentencias”. Concluyó: “esta resolución dista de estar a la altura de lo que en su momento significó la resolución del expediente Varios 912/2010, atinente al caso de Rosendo Radilla, desaparecido por militares en Guerrero en 1974, y es elocuente sobre el momento que hoy vive la SCJN”.

Para más información:

Aprueba SCJN alcances de participación del PJF en sentencias de la CIDH (La Jornada, 11 de mayo de 2011)

COMUNICADO | Concluye SCJN sin un análisis profundo en materia de género y etnicidad la revisión de las sentencias de la CoIDH en los casos de Inés y Valentina (Comunicado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 11 de mayo de 2015)

Rechaza la Suprema Corte analizar estándares que pidió la Coidh en el caso de Inés y Valentina (El Sur, 12 de mayo de 2015)

Desechan proyecto para juzgar violencia sexual con visión de género (CIMAC Noticias, 12 de mayo de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero/Nacional: SCJN discute sentencia de la CIDH en el caso de Inés y Valentina, mujeres indígenas violadas por militares en 2002 (23 de abril de 2015)

Guerrero: Inicio de los procesos penales en contra de militares, presuntos responsables en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo (9 de enero de 2014)

Guerrero: ONGs exigen a Peña Nieto que se cumplan las sentencias de Inés Fernández y Valentina Rosendo (30 de enero de 2013)

Chiapas: Ministerio Público de Ocosingo amenaza a defensor de derechos humanos

En un boletín publicado el 23 de abril, el Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada denunció las amenazas hechas por el fiscal del Ministerio Público Rodolfo Manuel Gómez Gutiérrez, en contra de su promotor Manuel Hernández Aguilar, originario de Betania, municipio de Ocosingo.

En en documento, informó que el 6 de abril, comunidades de la Región Betania acordaron detener a una persona señalada por distintos testigos como responsable del delito de abigeato (robo de ganado). Desde entonces se ha buscado abrir un diálogo para llegar a un acuerdo que reparara el daño ocasionado y quedara precedente para evitar futuros problemas.

El Centro de derechos humanos señaló que pese a la intervención de la Delegación de Gobierno, con sede en el Municipio de Ocosingo, el Fiscal del Ministerio Público desconoció la posibilidad del arreglo comunitario y envió distintas comunicaciones en el sentido de amenazar a las autoridades del Ejido Betania con iniciar procesos penales bajo la modalidad de privación ilegal de la libertad. Indicó que “(l)a región Betania, que agrupa a 15 comunidades, está organizada de manera tradicional como pueblos originarios para buscar de manera conjunta soluciones a las necesidades y conflictos que se presentan en la zona. Estos pueblos cuentan con reglamentos y acuerdos internos que han sido tomados en Asamblea para la solución de los problemas”.

El Centro repudió las amenazas del Ministerio Público Gómez Gutiérrez, responsabilizándolo por el riesgo en que coloca la vida e integridad de los defensores y autoridades que intervienen en esta mediación comunitaria. Exigió al gobierno del estado de Chiapas, y en particular a la Procuraduría General de Justicia del Estado, que instruya a sus servidores el respeto a los acuerdos comunitarios de la Región Betania, Municipio de Ocosingo, con base a los Derechos y Cultura Indígenas, y reiteró su disponibilidad para dialogar, solicitando la inmediata intervención de las autoridades competentes para la búsqueda de una solución favorable .

Para más información:

Comunicado del Centro de Derechos Humanos Fray Pedro de la Nada (23 de abril de 2015)