Nacional: Topo Chico destapa las condiciones de las cárceles mexicanas

Familiares de presos afuera del penal de Topo Chico. Foto: @Miguel Sierra EFE

Después de la masacre en el penal de Topo Chico, Nuevo León, donde el pasado 11 de febrero perdieron la vida 49 personas durante un enfrentamiento entre dos grupos de reclusos pertenecientes a bandas del crimen organizado, no han cesado las publicaciones en la prensa sobre irregularidades y extorsión en las cárceles en México. Según Animal Político, el penal de Topo Chico tenía una población de casi 3.700 reos, un 35% superior a su capacidad. Según datos del INEGI, en julio de 2015 había más de 254 mil personas privadas de su libertad en México, aunque los centros penitenciarios del país sólo tienen capacidad para 203 mil, representando una sobrepoblación del 25.4%. Según la misma fuente, en el año 2014 ocurrieron 737 incidentes en cárceles mexicanas, tanto de nivel estatal como federal. Cabe recordar que en octubre del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el hacinamiento, corrupción, indebida atención médica, falta de privacidad, ausencia de oportunidades reales para la reinserción social, maltrato e imposibilidad para presentar quejas en los penales en el país.

Después del motín en Topo Chico, se reveló la falta de custodios en el penal, la posesión de armas y drogas por parte de los internos y los lujos con los que vivían algunos reos, con celdas de un tamaño cuatro veces superior al estándar, con aire acondicionado, pantallas planas, acuarios, frigo bar, aparatos para hacer ejercicio físico, camas king size e incluso una sauna. Además, según declaraciones de Josué Reyes, encargado del reordenamiento interno del penal, “los negocios aquí eran muy rentables. Por semana había una colecta de cobros por extorsiones y privilegios que iba de los 2 millones hasta los 5 millones de pesos”. Los reos tenían que aportar una cantidad de 35 mil pesos para no ser agredidos, tenían que pagar por su comida y por las visitas, ascendiendo a cobros de 1.500 pesos por visita conyugal o 20 pesos por visita ordinaria, según Proceso. Por el momento, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió al gobierno mexicano una investigación “imparcial y exhaustiva” para esclarecer los hechos ocurridos en el penal.

El actual gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, ya había recibido anteriormente un informe sobre la precaria situación de los penales en la entidad, los cuales, según Animal Político, “padecían problemas de ingobernabilidad, de deficiencias en infraestructura y en los esquemas de revisión, vigilancia y seguridad, de la falta de separación de internos de alto riesgo, así como sobrepoblación penitenciaria”. Después de su recepción, el gobernador firmó un documento con diez compromisos como mejorar la infraestructura y servicios, regular la actividad en las prisiones, incrementar el presupuesto, aumentar el personal y profesionalizarlo, separar efectivamente a los internos, trabajar para erradicar la sobresaturación de los centros o proporcionar apoyo integral a las familias de los reos.

Para más información:

Extorsiones en penal de Topo Chico dejaban 20 mdp cada mes (Proceso, 17 de febrero de 2016)

Exige la ONU investigación “imparcial y exhaustiva” por masacre en Topo Chico (Proceso, 15 de febrero de 2016)

Detienen a directora de Topo Chico por homicidio calificado (Proceso, 13 de febrero de 2016)

El Bronco recibió reporte de crisis en penales 10 meses antes de Topo Chico (Animal Político, 16 de febrero de 2016)

Congelan 6 iniciativas para sistema carcelario (El Financiero, 16 de febrero de 2016)

Reporta gobierno de NL “lujos” en Topo Chico (La Jornada, 14 de febrero de 2016)

Cárceles en México, sobrepobladas, con castigos excesivos y abuso de prisión preventiva: CIDH (Animal Polítio, 15 de octubre de 2015)

Tortura e incomunicación (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 16 de febrero de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Denuncia Roberto Paciencia escasez de alimentos y negación de visitas (27 de enero de 2016)

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Guerrero: Cuerpo de Julio Cesar Mondragón fue inhumado por segunda vez

Foto @Desinformémonos

El día 12 de febrero, acompañado por sus familiares, padres y compañeros normalistas de Ayotzinapa, el cuerpo de Julio César Mondragón Fontes, el estudiante normalista asesinado, cuyo cuerpo apareció desollado la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, fue inhumado por segunda ocasión después de que sus restos fueron exhumados el 4 de noviembre de 2015. Pasaron tres meses para tomar las muestras que permitieran una nueva necropsia. Durante la visita del Obispo Raúl Vera en la capital del estado de Guerrero en donde realizó un evento con familiares de víctimas por la violencia, el tío de Julio César Mondragón dijo que la única exigencia de toda la familia es que se conozca la verdad y se esclarece los hechos. “Pasan los días, pasaron los meses, ya pasó un año y encontramos verdades históricas, llenas de intenciones perversas que se han comprobado por organizaciones internacionales… el 28 de Septiembre del 2014, cuando Marisa su mujer, un servidor y más familia venimos a reconocer el cuerpo, teníamos la intención de que esa pesadilla fuera mentira pero desgraciadamente no fue así…”. Después de la reinhumación, tocará seguir las investigaciones que conduzcan a la verdad de lo que ocurrió el 26 de septiembre de 2014. “Estas investigaciones son realizadas primordialmente por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”, señalaron la familia del estudiante y sus acompañantes.

Para más información:

Segunda sepultura del cuerpo de Julio César Mondragón Fontes, normalista asesinado el 26 de septiembre de 2014 (Desinformémonos, 13 de febrero de 2016)

Funcionarios dejaron cuerpo de Julio César en una congeladora porque se fueron de vacaciones, denuncian familiares (Revolución trespuntocero, 11 de enero de 2016)

“Papa, levanta la voz por Ayotzinapa” piden los pueblos indígenas de la Montaña de Guerrero (Desinformémonos, 15 de febrero de 2016)

Después de la reinhumación de Julio César Mondragón “toca defender la verdad”: familiares (Centro Pro, 16 de febrero de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Exhuman cuerpo del estudiante de Ayotzinapa torturado y ejecutado, Julio César Mondragón (9 de noviembre de 2016)

Guerrero: Padres y madres de Ayotzinapa van a la Corte, a 16 meses de la desaparición de sus hijos (27 de enero de 2016)

Nacional: Asesinato a periodista veracruzana causa condena en todo el país, así como al nivel internacional

Periodistas y fotógrafos protestaron por sus compañeros desaparecidos y muertos en Veracruz, Foto @izq.mx

El día 9 de febrero, cuando la organización internacional Article 19 presentó su informe ”La desaparición y desaparición forzada de quienes ejercen la libertad de expresión en México”, en el que consignó que México es el país con más periodistas desaparecidos, se anunció que en Puebla fue encontrado el cadáver de la periodista veracruzana Anabel Flores Salazar, torturada y ejecutada. La reportera de 32 años era madre de dos hijos y trabajaba para el periódico El sol de Orizaba. El 8 de febrero, había sido reportada como desaparecida tras ser secuestrada en la madrugada del mismo día y según la denuncia realizada por sus familiares, “fue sustraída de su domicilio por hombres armados que llegaron directamente a buscarla hasta su domicilio en tres camionetas y, tras ubicarla en una de las habitaciones, la subieron por la fuerza a uno de los vehículos y huyeron”. Al día siguiente, su cuerpo sin vida fue encontrado en la carretera. De acuerdo con datos de Artículo 19, Flores Salazar es la periodista número 19 en ser asesinada en Veracruz durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa que ha empezado en 2010, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI). “La desaparición de personas que ejercen la libertad de expresión en México es alarmante, en lo que concierne a las características de los casos que, en su mayoría, podrían calificarse como desapariciones forzadas”, indicó el informe.

El asesinato fue condenado por varias organizaciones internacionales, entre ellos la Oficina en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), así como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta última instancia manifestó su especial preocupación por la reiteración de este tipo de ataques contra periodistas y comunicadores en México, “donde uno de los lugares más peligrosos es el Estado de Veracruz. En 2014 fueron ocho los comunicadores asesinados en el país presuntamente vinculado al ejercicio de su libertad de expresión y en 2015 se registraron seis casos. Este es el segundo asesinato de periodistas registrado en el país en este año”. ONU Mujeres y ONU-DH exigieron de las autoridades mexicanas, “investigar diligentemente el asesinato de Anabel Flores, con una perspectiva de género, considerando múltiples líneas de investigación y evitando en todo momento la estigmatización de la víctima, así como a tomar todas las medidas necesarias para juzgar y sancionar a los responsables de la violencia contra las y los periodistas”.

El caso de Anabel Flores Salazar se da en un contexto de amenazas, represión y intimidación hacía periodistas y las y los que exigen la libertad de expresión en todo el país: el 9 de febrero pasado, Radio Zapote denunció hostigamiento y amenazas; el corresponsal del semanario Proceso en Guerrero, Ezequiel Flores Contreras, denunció que fue amenazado de muerte por parte del ex Diputado local perredista, Roger Arellano Sotelo, el 10 de febrero durante una manifestación por el asesinato de Anabel Flores Salazar; este mismo día, la periodista Martha Izquierdo, corresponsal de SemMéxico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, denunció amenazas “[p]or parte de dos hombres que llegaron en un vehículo particular hasta la estación de radio que ella dirige y donde transmitía su noticiario matutino”. Por todos estos hechos, Amnistía Internacional (AI) pidió al Gobierno mexicano que garantice la protección de las y los periodistas. Según la directora de AI para las Américas, Erica Guevara- Rosas, México debe ofrecer protección especialmente a los periodistas de sucesos. Dijó que “[n]o proteger a quienes exponen la triste realidad de los abusos en México equivale a intentar esconder debajo de la alfombra estos abusos”.

Para más información

ONU y CIDH condenan asesinato y criminalización de reportera veracruzana (Centro ProDH, 12 de febrero de 2016)

La Relatoría Especial condena el asesinato de una periodista en México (Organización de los Estados Americanos, 11 de febrero de 2016)

CIDH y UNESCO condenan asesinato de la periodista Anabel Flores (Proceso, 11 de febrero de 2016)

Recibe amenazas la periodista Martha Izquierdo (Desinformémonos, 11 de febrero de 2016)

México, el país con más periodistas desaparecidos: Article 19 (Centro ProDH, 10 de febrero de 2016)

Encuentran sin vida a la periodista mexicana Anabel Flores (La Patria, 10 de febrero de 2016)

Anabel Flores Salazar, 32 años, madre de dos bebés y periodista de Veracruz, fue asesinada (SinEmbargo, 9 de febrero de 2016)

Para más información de SIPAZ

Nacional: Se amontonaron ataques en contra de periodistas en México (2 de diciembre de 2015)

Nacional/México: Torturan y asesinan a periodista y cuatro mujeres (3 de agosto de 2015)

Nacional/Internacional : Cuestionan organizaciones internacionales al mecanismo para defensores de derechos humanos y periodistas (8 de mayo de 2015)

Chiapas: Desplazados de Shulvó iniciaron plantón indefinido en exigencia de justicia y retorno

Plantón en la Plaza Catedral (@ Centro de medios libres)

 

Desde el 4 de febrero, nueve familias indígenas tsotsiles de la comunidad Shulvó, Zinacantán, adherentes a La Sexta Declaración de La Selva Lacandona, se han mantenido en plantón en la Plaza Catedral en San Cristóbal de Las Casas. Desde el pasado 9 de diciembre de 2015, se encuentran desplazados por “grupos de choque corte paramilitar priísta” y exigen su retorno. En la noche del 5 de febrero, inició una mesa de diálogo en la casa diocesana, bajo la mediación de Fray Gonzalo Ituarte, con la participación de las y los desplazados de Shulvó, los priistas señalado como autores materiales del desplazamiento, el presidente municipal de Zinacantán y una representación del gobierno del estado de Chiapas. Como resultado van a revisar el posible retorno de las nueve familias para el 24 de febrero. “Las autoridades municipales y estatales no cuestionaron el mecanismo ni la fecha, aunque el violento desplazamiento forzado es ilegal a la luz de los convenios internacionales firmados por México en materia de derechos humanos en general y sobre desplazamiento forzado en lo particular”, comentaron las y los desplazados.

Anteayer dieron una conferencia de prensa, en la que manifestaron su preocupación “ante la intensa vigilancia hacia el plantón, que va convirtiéndose en hostigamiento a cargo de policías uniformados y policías de civil, así como de personas con chamarras y chalecos que les identifican como empleados municipales”. Después de una marcha en la ciudad dieron lectura a un comunicado en el que anunciaron que permanecerán “[e]n plantón indefinido, hasta que se realice el retorno de las familias desplazadas, el castigo a los responsables y la reparación de los daños”. “Venimos denunciando el hostigamiento, intimidación y agresiones desde el tres de noviembre, lo que derivó en el desplazamiento forzado el nueve de diciembre de 2015”, recordaron las familias en resistencia.

Cabe mencionar que en esos días hay también otros procesos y organizaciones en plantón en la Plaza Catedral, entre ellos la Organización Campesina Emiliano Zapata Región Carranza (OCEZ RC), que exige a las autoridades estatales una respuesta a una serie de demandas agrarias, sociales y de proyectos productivos, que desde hace varias décadas “no se les ha cumplido“. Seis ex presos y sus familiares, solidarios de La Voz del Amate, retiraron ayer su plantón que mantenían desde el pasado jueves, después de firmar un acuerdo con las autoridades estatales para la reparación de los daños ocasionados por su “injusto encarcelamiento“, así como la agilización de trámites para liberar a Alejandro Díaz Sántiz y Roberto Paciencia Cruz.

Para más información

Desplazados de Shulvó adherentes a La Sexta en alerta ante eventual desalojo del plantón en San Cristóbal de las Casas (Centro de medios libre, 9 de febrero de 2016)

Priístas contra adherentes a La Sexta de Shulvó, Zinacantán: Nosotros no los desplazamos, pero no pueden regresar (Centro de medios libre, 7 de febrero de 2016)

Levantan ex reos indígenas plantón en la Plaza Catedral de San Cristóbal (La Jornada, 7 de febrero de 2016)

Desplazados de Xulvó adherentes a la Sexta inician plantón indefnido en exigencia de justicia y retorno (Radio Zapatista, 5 de febrero de 2016)

Campesinos de la OCEZ inician plantón en San Cristóbal (Quadratín Chiapas, 1 de febrero de 2016)

Para más información de SIPAZ

Chiapas: Toman acuerdo Solidarios de la Voz del Amate para liberación de presos y reparación del daño (9 de febrero de 2016)

Chiapas: Jornada por la liberación de Alejandro Díaz Sántiz y Mumia Abu-Jamal (9 de noviembre de 2015)

Chiapas: Preso de San Cristóbal, Roberto Paciencia, denuncia que le fabricaron su delito (28 de agosto de 2015)

Chiapas: OCEZ RC levanta plantón que mantenía en San Cristóbal (11 de abril de 2014)

Chiapas: Disputa por tierra entre OCEZ-RC y Comunidad organizada de Candelario El Alto (30 de octubre de 2012)

Nacional: Dudas de organismos de la sociedad civil por la iniciativa de Ley contra la Tortura

Conferencia de prensa, Foto @ Luis Barrón, SinEmbargo

 

El 3 de febrero, cerca de 30 organismos de la sociedad civil, como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), compartieron su indignación ante la iniciativa de Ley contra la Tortura en una conferencia de prensa. Instaron al Poder Legislativo a aprobar una legislación contra la tortura a la altura de los estándares internacionales y exhibieron que, el 10 de diciembre del 2015, Enrique Peña Nieto, “el presidente de la República, sin aviso a las organizaciones, envió al Senado su iniciativa, la cual, además de desconocer varios de los contenidos mínimos que esta ley debe tener, incorpora normas jurídicas que promueven la comisión de la tortura y establece políticas que impiden su investigación eficaz”. Su propuesta “[n]o refleja lo necesario para una verdadera erradicación de esta práctica”, indicaron los organismos de la sociedad civil en su posicionamiento. Por ejemplo, no incluye el establecimiento del Protocolo de Estambul, que es un manual internacional para la investigación y documentación de la tortura, ni prohíbe el uso de pruebas ilícitas u obtenidas bajo tortura. En octubre de 2015, el Ejecutivo Federal realizó una serie de consultas en un proceso de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, así como personas de la academia y actores sociales, en las que se llegó a acuerdos sobre los estándares que deberá contener la Ley General contra la Tortura. Según dichas organizaciones, en el texto final, “[n]o se incorporaron en su totalidad las propuestas de la sociedad civil y el sector académico.”

Entre otros, el Comité contra la Tortura y el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ambos de Naciones Unidas, han calificado la práctica de la tortura en México como sistemática o generalizada. “La tortura ha sido utilizada por el Estado mexicano por un largo periodo para obtener información, confesiones, castigar, violentar sexualmente y reducir la personalidad de miles de personas que habitan o transitan por México”. El coordinador de la CMDPDH, José Antonio Guevara, recordó que entre el 2006 y el 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió alrededor de 100 quejas por tortura y cerca de 4,000 por tratos crueles, inhumanos o degradantes, mientras que en comisiones estatales existen otros 4,500 expedientes. Ante el inminente inicio de labores legislativas en este período de sesiones, las organizaciones exigieron al Poder Legislativo que, en sus diferentes etapas, “[t]ome en cuenta las observaciones e insumos elaborados por las organizaciones de la sociedad civil, grupos académicos y expertos en estos temas y aprueben una legislación que esté a la altura de los más altos estándares internacionales en materia de prohibición de la tortura y de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que permita revertir a la práctica generalizada de tortura e impunidad que prevalece en el país”.

Para más información

Ley general contra la tortura (La Jornada, 6 de febrero de 2016)

EPN no tomó en cuenta a las ONG al enviar iniciativa de ley sobre tortura (Diario Cambio, 5 de febrero de 2016)

La iniciativa de Ley contra la Tortura promueve …aún más tortura, dicen grupos civiles (Sin Embargo, 3 de febrero de 2016)

Legislativo debe aprobar una ley contra la Tortura a la altura de los estándares internacionales (Codigo DH, 3 de febrero de 2016)

Para más información de SIPAZ

Nacional: 20 ONG critican el proceso para crear la Ley General contra la Tortura (7 de julio de 2015)

Chiapas/Nacional: 26 de junio, Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura (1 de julio de 2015)

Nacional/Internacional: relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura presenta informe sobre México en Ginebra, Suiza (10 de marzo de 2015)

Nacional/Guerrero: Informes poco favorables sobre corrupción y derechos humanos en México

Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH. Foto: @CuartOscuro

Dos informes sobre la situación de los derechos humanos en México coincidieron en que hay pocos avances en materia de derechos humanos y en combate a la corrupción. Por un lado, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que Guerrero es la entidad con más denuncias, seguida por Coahuila, Tamaulipas y Veracruz. Según Aristegui Noticias, las desapariciones forzadas desde el inicio de la “guerra contra el narco”, en 2006 y hasta la fecha, ascienden a más de 26 mil. Durante la presentación del informe anual de la CNDH ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, González Pérez destacó que “el problema de las desapariciones desafía y cuestiona las capacidades y recursos del Estado mexicano para dar respuesta a una situación que, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en un obstáculo que no hemos podido superar”. Asimismo, agregó que “los casos de Chalchihuapan, Tlatlaya, Iguala, Apatzingán han modificado la percepción general e histórica de los derechos humanos en nuestro país, poniendo a prueba a las instituciones”. En cuanto a los hechos violatorios de derechos humanos, Chiapas es el sexto estado con más frecuencia de reportes y Oaxaca el octavo.

Por otro lado, Human Rights Watch (HRW) señaló en su informe anual de 2015 que “miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han participado en numerosas desapariciones forzadas. […] Desde 2006, la CNDH recibió aproximadamente 9.000 denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército —incluidas más de 1.700 durante el actual gobierno”. El mismo organismo destacó que el ejecutivo ha tenido pocos avances en cuanto a sanción de militares implicados en casos de violaciones a derechos humanos por ser competencia del fuero militar. Sumado a ello, Alejandro Salas, director para las Américas de Transparencia Internacional, declaró que “en países como México, donde la policía está al servicio de caciques locales o al servicio de presidentes municipales, de gobernadores de las provincias, la policía no está haciendo su trabajo profesional e independiente, sino que está respondiendo a intereses de ciertos grupos, muchas veces grupos ilegales como el narco”.

Para más información:

Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, los estados con más denuncias por desapariciones: CNDH (Eme Equis, 27 de enero de 2016)

Ni combate a la corrupción, ni avances en DDHH, coinciden dos reportes globales sobre México (Sin Embargo, 27 de enero de 2016)

Autoridades, incapaces de responder a casos de desaparición forzada: CNDH, en su informe 2015 (Animal Político, 27 de enero de 2016)

Escasos avances para castigar a militares violadores de derechos humanos en México: Human Rights Watch (Sididh, 28 de enero de 2016)

Impunidad enmarca desapariciones en México, denuncia Cadhac ante la ONU (Proceso, 27 de enero de 2016)

Informe anual de actividades 2015 (Comisión Nacional de los Derechos Humanos)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Padres y madres de Ayotzinapa van a la Corte, a 16 meses de la desaparición de sus hijos (27 de enero de 2016)

Guerrero: ONG y expertos en derechos humanos respaldan labor del GIEI en caso Ayotzinapa (25 de enero de 2016)

Guererro: Se cumplen 4 años de desaparición forzada de campesinos ecologistas de la Costa Grande (8 de diciembre de 2015)

Nacional/Internacional: Ejército y fuerzas de seguridad involucradas en asesinatos extrajudiciales, tortura, desaparición forzada: EU (10 de julio de 2015)

Chiapas: disculpa pública del gobierno mexicano en Caso El Aguaje (2000)

(@SIPAZ)

El 28 de enero pasado, se llevó a cabo el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano y firma de un acuerdo de solución amistosa en el Caso El Aguaje, comunidad ubicada en Rancho Nuevo, a unos 10 kilómetros de San Cristóbal de Las Casas donde, en 2000, un niño murió y otros dos resultaron heridos al estallar una granada abandonada por efectivos de la 31 Zona Militar, que colinda con dicha comunidad. El evento tuvo lugar en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), en San Cristóbal.

José López Cruz, en representación de su familia (sus hijos son quienes resultaron heridos) y de Cristina Reyna Cruz López (madre del niño fallecido), expresó en el evento: “Las autoridad nunca se dieron cuenta de que éramos personas civiles y que nuestro caso debió ser atendido por la jurisdicción civil y no la militar, pues dejaron llevarse por el tipo de armamento que explotó, y nunca velar por nuestros derechos humanos. (…) Los días fueron largos, han sido largos, pues durante estos más de 15 años, hemos buscado la justicia. Hasta hoy no sabemos quiénes son los verdaderos responsables de causar esa tragedia ni mucho menos cuales fueron sus castigos” .

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC), que asumió la defensa en este caso y lo llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que las acciones de justicia en México llegan “tarde y en forma parcial, mutiladas, incompletas y un tanto maltrechas”. Subrayó que, en el evento, no asistió ningún representante del Ejército diciendo: “El día de hoy falta el personaje principal de esta historia (…) El Ejército mexicano no está presente porque en México es intocable, nos queda claro que es un supra poder al gobierno civil”.

En representación del Estado, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció la responsabilidad del Estado al no haber resguardado y custodiado adecuadamente artefactos tan peligrosos como las granadas de fusil antipersonal utilizadas en las prácticas de las instituciones de seguridad. Detalló que el acuerdo que se firmó durante el acto incluye promesas de transparencia en el caso, acciones de rehabilitación, garantías de no repetición, una compensación económica “justa y calculada según los más altos estándares nacionales e internacionales en la materia”, la prestación de servicios de salud, proyectos productivos y el otorgamiento de becas, entre otras. Agregó que la clínica de la comunidad El Aguaje, parte del convenio, llevará el nombre de Ángel Díaz Cruz, el niño que murió al estallar la granada.

Para más información:

Boletín: La justicia en México llega tarde y mutilada: Caso El Aguaje (CDHFBC, 28 de enero de 2016)

“Nuestro caso debió ser atendido por la jurisdicción civil y no la militar”, reclamo de indígenas tsotsiles al Estado mexicano. (Pozol Colectivo, 28 de enero de 2016)

El Estado mexicano cumple reparación del daño por niño muerto y dos heridos (La Jornada, 29 de enero de 2016)

Una disculpa pública sin el agresor presente. Fuerzas Armadas son un poder superior al civil, acusan (Chiapas Paralelo, 29 de enero de 2016)