Nacional: Cámara de Diputados aprueba cateos militares a domicilios y espionaje telefónico

Cateo militar. Foto: @Sididh

El pasado 21 de abril la Cámara de Diputados presentó una reforma al Código de Justicia Militar y un nuevo Código Militar de Procedimientos Penales que permitirán cateos a domicilios particulares, oficinas del gobierno federal, oficinas del Poder Judicial, las dos cámaras del Congreso y organismos constitucionales autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE), del Banco de México, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) o el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Los cateos podrán ser llevados a cabo por parte de la Policía Militar y el Ministerio Público Militar ante delitos de disciplina militar relacionados con delincuencia organizada, homicidio doloso o delitos graves y violentos con armas de fuego y explosivos. Asimismo, esta reforma creó la figura de la Fiscalía General de Justicia Militar y de los jueces de control, que serán quienes podrán ordenar dichos cateos. Según La Jornada, esta reforma contradice el artículo 61 de la Constitución, el cual define que los recintos legislativos son inviolables. La reforma fue enviada al Senado de la República para su votación. En caso de ser aprobada se tornará ley.

La reforma también previó intervenciones a llamadas telefónicas de ciudadanos y militares y definió que los militares serán inocentes hasta que se pruebe lo contrario, dejando fuera la responsabilidad de las fuerzas armadas cuando existan víctimas de violaciones a derechos humanos. Además se instauró que las y los civiles tendrán la obligación de presentarse como testigos ante la fiscalía militar o el juez castrense en caso de ser solicitados. De no acudir al llamado, se podrá ordenar su traslado por militares para que den su testimonio.

Esta reforma se aprobó con 253 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones. Votaron a favor diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES). Diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del Movimiento Ciudadano (MC) votaron a favor también a pesar de que equipararon esa reforma a un “retroceso en materia de derechos humanos”. Justificaron entonces su voto diciendo que así darían a las fuerzas armadas “una oportunidad de reivindicarse en lo que han contribuido para atentar contra los derechos humanos de los mexicanos”. La Jornada destacó que “así como ocurrió con la llamada ley Televisa, que se aprobó incluso por el PRD porque sus diputados no leyeron el dictamen respectivo, este jueves las bancadas de Morena y Movimiento Ciudadano se dieron cuenta de manera tardía del alcance de la reforma”. Los votos en contra fueron de diputados del PRD, de MC y de Morena. Incluso diputados de Morena se retiraron de la sesión por inconformidad ante una negociación “en lo oscurito” entre el PRD, el PRI y el PAN que concluyó con la reducción de los votos en contra del PRD, además de que el dictamen que se aprobó previamente en la Comisión de Defensa era distinto al que se presentó y aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados. Afirmaron que no iban a legitimar “un atentado contra los derechos humanos y una negociación tras banderas”.

Para más información:

Aprueban diputados reforma que permite a militares catear domicilios particulares, oficinas del gobierno federal y al Congreso (Sididh, 22 de abril 2016)

Aprueban diputados reforma que autoriza a militares catear desde casas hasta el Congreso (La Jornada, 22 de abril de 2016)

Avala la Cámara cateos militares en domicilios y dependencias (La Jornada, 21 de abril de 2016)

Podrán militares catear domicilios e intervenir comunicaciones de civiles (Proceso, 21 de abril de 2016)

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Guerrero/Nacional: Reacciones ante vídeo de participación de fuerzas públicas en tortura

Imágenes del vídeo que evidencia la participación de funcionarios de la seguridad pública en actos de tortura. Foto: @SinEmbargo

El día después de que Estados Unidos publicara un informe afirmando que “la impunidad, la corrupción y los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad fueron las principales violaciones de derechos humanos en México en 2015”, se filtró un vídeo que mostró la participación de elementos de la fuerza pública cometiendo actos de tortura contra una mujer detenida por supuesta pertenencia a un grupo del crimen organizado. Dicho vídeo mostró como dos policías federales y una mujer soldado interrogaron a la detenida y le colocaron una bolsa en la cabeza, así como la encañonaron con un arma larga. Los hechos, ocurridos a inicios de febrero del pasado año en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, no fueron oficialmente conocidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hasta pasados 10 meses. En enero del año en curso fueron detenidos dos de los presuntamente responsables de los hechos por “desobediencia” y el secretario de Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, ofreció una disculpa pública.

El vídeo, que rápidamente se viralizó, provocó muchos comentarios. El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) tildó de “insuficiente” la disculpa gubernamental, pues el caso permanece impune y no hay ni una investigación de cadena de mando ni un mecanismo que garantice la no repetición de los hechos. También señaló que los procesos de los militares son por desobediencia a la disciplina militar y carecen de una investigación en el fuero civil, ante lo que puede prevalecer la impunidad. Amnistía Internacional urgió a “poner fin al papel de las fuerzas armadas en el desempeño de funciones policiales –que incluye detenciones, investigaciones e interrogatorios– para las que carecen de adiestramiento o de las que no rinden cuentas”. Además, condenó que el discurso del gobierno mexicano calificara lo sucedido como “hechos aislados” cometidos por personas que actuaban por su cuenta y no como práctica habitual cometida por las fuerzas de seguridad. Por su parte, el gobierno federal reconoció que no se ha podido erradicar la tortura en distintos ámbitos de la seguridad pública. En declaraciones de Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos, “terminar con este problema es una necesidad imperiosa en cualquiera de sus expresiones”. Asimismo, opinó que “la tortura resquebraja el tejido social y corrompe la confianza entre autoridades y ciudadanos, perjudica a las víctimas de los delitos”.

Cabe recordar que actualmente está en elaboración la Ley General contra la Tortura. En una carta abierta al Poder Legislativo mexicano, diez organizaciones internacionales de derechos humanos opinaron que la promulgación de la Ley General contra la Tortura y los Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es una oportunidad para sentar las bases de la erradicación de la tortura en el país. También es de destacar que, en marzo, le fue negada la visita al país al relator especial sobre tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), supuestamente por “cuestión de agenda”.

Para más información:

La Sedena valida el VIDEO que exhibe a militares torturando a una civil; hay dos detenidos (Sin Embargo, 14 de abril de 2016)

Sedena se disculpa por tortura a mujer en Guerrero (La Jornada, 19 de abril de 2016)

Organizaciones y partidos dicen que la disculpa de Sedena es insuficiente (La Jornada, 18 de abril de 2016)

Llaman prestigiadas organizaciones a adoptar una Ley de Tortura con base en estándares internacionales (Sistema Integral de Información en Derechos Humanos, 6 de abril de 2016)

Admite Segob que no se ha podido erradicar la tortura en distintos ámbitos de la cadena de seguridad (Noticias MVS, 18 de abril de 2016)

Mujer torturada en Guerrero se encuentra presa en Nayarit (La Jornada, 15 de abril de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Nacional: Gobierno rechazó visita del relator para la tortura de la ONU (31 de marzo de 2016)

Nacional: Dudas de organismos de la sociedad civil por la iniciativa de Ley contra la Tortura (9 de febrero de 2016)

Nacional: Irrupciones en territorios indígenas para la implementación de megaproyectos: San Francisco Xochicuautla y Atenco

Derribo de una de las viviendas en Xochicuautla custodiado por granaderos. Foto: @FJXochicuautla.

En los últimos días se han llevado a cabo por lo menos dos irrupciones en territorios de pueblos originarios para la entrada de megaproyectos. Por un lado, unos 700 elementos de la policía irrumpieron en la comunidad otomí-ñathó de San Francisco Xochicuautla, en el municipio de Lerma, Estado de México, para garantizar la entrada de maquinaria de demolición de una empresa constructora. Esta comunidad ha estado en resistencia contra la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan y mediante la movilización popular y dos amparos logró la suspensión definitiva del decreto presidencial expropiatorio de casi 38 hectáreas de sus tierras. A pesar de ello, fuerzas policiales entraron a la comunidad brindando seguridad a la empresa que derribó el Campamento de la Paz y la Digna Resistencia y varias casas que se encontraban en el trazado de la carretera. Según declaraciones del vocero de la comunidad, José Luis Fernández, desalojaron y golpearon a 25 personas, entre ellas una mujer de casi 80 años.

Como indicó Proceso, la obra “es edificada por Autovan-Teya, filial de Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los principales contratistas del gobierno federal y cuyas operaciones financieras en paraísos fiscales fueron descubiertas por tras la investigación de los Papeles de Panamá”. Además, dicho grupo empresarial ha sido señalado por varios medios de comunicación como el contratista principal del Estado de México desde que era gobernado por el actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y como “proveedor de las residencias de lujo de la esposa del mandatario y de Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, según La Jornada.

Por otro lado, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) denunció la irrupción de una tanqueta del Ejército en tierras ejidales de Atenco, en el Estado de México, escoltando un grupo de trabajadores de “una empresa privada que realiza estudios para la construcción del Nuevo Aeropuerto. Todo esto se realizó de manera ilegal y amedrentando a los pobladores que nos reunimos al percatarnos de la incursión, aún así logramos expulsarlos de nuestro territorio de manera pacífica”. Ante ello, José Antonio Lara Duque, director general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), declaró: “Consideramos que el Gobierno local está intentando justificar la denominada ‘Ley Eruviel’ en el terreno de los hechos. Es decir: provocar a los pueblos que han venido defendiendo su tierra, territorio y bienes naturales. Si algún pueblo cayera en la provocación se legitimaría el uso de la fuerza letal para controlar a personas que están defendiéndose”. Cabe recordar que la lucha del pueblo de Atenco en 2006 contra la construcción de un aeropuerto en sus tierras, fue reprimida con violencia. En las protestas dos jóvenes perdieron la vida, más de 200 personas fueron detenidas y por lo menos 26 mujeres fueron torturadas sexualmente por policías.

Para más información:

Irrumpe Higa con fuerza pública a Xochicuautla; derriba viviendas pese a amparos (Proceso, 11 de abril de 2016)

Editorial / Xochicuautla, atropello a la legalidad (La Jornada, 13 de abril de 2016)

Sociedad civil resiste en Xochicuautla e Higa se niega a detener las demoliciones ilegales (Sistema Integral de Información en Derechos Humanos, 13 de abril de 2016)

Constata ONU violación de órdenes judiciales en obras de la autopista Naucalpan-Toluca (La Jornada, 13 de abril de 2016)

Declaración de alerta máxima del CNI, ante la cobarde traición a la comunidad indígena Ñatho de San Francisco Xochicuautla (Enlace Zapatista, 13 de abril de 2016)

Hay un acuerdo para suspender las obras en Xochicuautla: habitantes (Animal Político, 14 de abril de 2016)

Frente por la Libertad de Expresión condena desalojo de la comunidad de San Francisco Xochicuautla (Noticias MVS, 12 de abril de 2016)

Policías en Xochicuautla y ayer, militares en Atenco; “nos están provocando”, dicen comuneros (Sin Embargo, 13 de abril de 2016)

Denuncian en Atenco que militares escoltan a trabajadores de constructora (Proceso, 12 de abril de 2016)

Ejército irrumpe en tierras ejidales de San Salvador Atenco (Desinformémonos, 12 de abril de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Nacional: Xochicuautla obtiene cancelación de la autopista (17 de marzo de 2016)

Chiapas/Nacional: Comunidad de Xochicuautla denuncia proyecto carretero y se solidariza con pueblos indígenas de Chiapas que enfrentan despojo (20 de enero de 2016)

Chiapas/Nacional: Marcha en solidaridad con la comunidad de San Francisco Xochicuautla (29 de julio de 2015)

Nacional: El FPDT de Atenco inicia movilizaciones después de anuncio de próximo aeropuerto (4 de septiembre de 2014)

Nacional: A 8 años de impunidad en Atenco, continúa amenaza de construcción del aeropuerto (8 de mayo de 2014)

Guerrero/ Nacional: EAAF y GIEI reaccionan ante conclusiones sobre fuego en el basurero de Cocula

Sigue la búsqueda. Foto: @Mujeres y La Sexta

El 1 de abril, la Procuraduría General de la República (PGR) y un representante del panel de los expertos sobre dinámica del fuego causaron controversia en una conferencia de prensa donde compartieron conclusiones preliminares sobre la posibilidad de que los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa hubieran sido quemados en el basurero de Cocula. El Dr. Ricardo Damián Torres, del panel de los expertos, afirmó que es posible que los 43 hubieran sido incinerados en dicho basurero dado que “sí existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en el lugar denominado basurero de Cocula” y que “al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados en el lugar”. Según Damián Torres ello permite establecer la hipótesis de que hubo un quema masiva de 43 cuerpos, pero que “solamente con una prueba a gran escala podrá confirmarse esta posibilidad”.

Tanto el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se pronunciaron poniendo en duda la hipótesis de la PGR. Por un lado, el EAAF -que también afirmó que hubo quema de cuerpos humanos en el basurero- señaló que el análisis del panel de expertos “no afirma ni niega la hipótesis de la PGR”, porque no pudo determinar cuándo ocurrió el fuego, si se trató de uno o varios eventos de quema ni logró identificar los restos humanos hallados. Por el otro lado, las y los integrantes del GIEI tildaron la conferencia de prensa de “acto unilateral contrario de acuerdos previos” y opinaron que el informe preliminar de dos páginas y media “carece de respuestas a varias de las preguntas técnicas que se habían hecho a los peritos al iniciar su trabajo“. Igual que el EAAF, el GIEI opinó que la presentación no aportó muchas novedades en el caso Iguala sino que esta presentación pública no fue consensuada ni con los familiares de los desaparecidos ni con el GIEI, lo cual “muestra una gran irresponsabilidad y muy poca sensibilidad con los derechos de las víctimas”.

Para más información:

Nuevo peritaje: hubo 17 quemados; se atiza pugna PGR-GIEI por Cocula (Excelsior, 6 de abril de 2016)

EAAF emite opinión sobre peritaje de Cocula (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 2 de abril de 2016)

Equipo Argentino de Antropología forense (EAAF) presenta peritaje sobre caso Ayotzinapa; confirma la imposibilidad científica de la “verdad histórica” oficial (Centro Prodh, 9 de febrero de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Familiares de los 43 emprenden caravana de búsqueda a Iguala (7 de marzo de 2016)

Guerrero: Padres y madres de Ayotzinapa van a la Corte, a 16 meses de la desaparición de sus hijos  (27 de enero de 2016)

Guerrero: ONG y expertos en derechos humanos respaldan labor del GIEI en caso Ayotzinapa (25 de enero de 2016)

Chiapas/Nacional: Gustavo Castro, de regreso a México

Conferencia de prensa tras el regreso de Gustavo Castro a México. Foto: @Jahtziri Magallanes

Gustavo Castro Soto regresó a México después de casi un mes del asesinato de Berta Cáceres, indígena lenca fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), cuya lucha logró frenar la construcción de una presa en el río Gualcarque. El ambientalista, quien fue el único testigo de dicho crimen y en el cual resultó herido, denunció en una conferencia de prensa la retención excesiva que vivió por parte del gobierno hondureño.

Después de que Gustavo intentara sin éxito regresar a México se le comunicó que iba a ser retenido por 30 días en el país centroamericano para cooperar en las investigaciones sobre el asesinato de la ambientalista. No fue hasta el pasado 30 de marzo que el Ministerio Público hondureño argumentó que se habían “agotado todas las investigaciones y pruebas científicas” para el esclarecimiento de los hechos. “Como ciudadano mexicano testigo y víctima de un atentado en Honduras, tenía el derecho de continuar colaborando con la justicia hondureña desde su propio país, en virtud del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal firmado entre Honduras y México”, según Otros Mundos Chiapas. “Durante este período de retención, solo se le ha requerido someterse a dos diligencias más que, como expresamos anteriormente, hubiera podido realizar desde México”.

En el transcurso del último mes, han sido múltiples las muestras de apoyo nacional e internacional en exigencia del regreso del activista a México. En una conferencia realizada tras su llegada al país, el activista declaró que “ante la falta de aplicación de las leyes de Honduras en mi caso y las irregularidades, es extraño que el gobierno mexicano acá no haya actuado antes, que se hubiera tardado tanto habiendo mecanismos, habiendo tratados y habiendo forma de hacerlo”. Asimismo, señaló que su retención fue “una tortura psicológica” y que durante un tiempo temió ser imputado por el asesinato de Berta. También condenó la actitud de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, a quien acusó de tener “poca sensibilidad”, por la atención que recibió en comparación con la brindada al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Cabe recordar que Moreira, del mismo partido político que la secretaria (Partido de la Revolución Institucional, PRI), fue detenido en España por malversación, blanqueo y organización criminal e inmediatamente trasladado a México.

Para más información:

Gustavo Castro explica la retención excesiva en Honduras (Centro ProDH, 4 de abril de 2016)

Reprocha Gustavo Castro dilación de la Cancillería en su caso (Proceso, 4 de abril de 2016)

Gustavo Castro desmiente que la SRE gestionara su repatriación desde Honduras (Noticias MVS, 4 de abril de 2016)

Berta Cáceres, crimen político (La Jornada, 3 de abril de 2016)

El activista Gustavo Castro Soto retorna a México tras 27 días retenido en Honduras (La Jornada, 2 de abril de 2016)

Gustavo Castro ya puede regresar a México (Otros Mundos Chiapas, 31 de marzo de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Justicia para Berta Cáceres y Nelson Noé García. Protección para Gustavo Castro Soto (29 de marzo de 2016)

Chiapas/Internacional: Nelson García, otro integrante del COPINH asesinado; Gustavo Castro, retenido por 30 días más (17 de marzo de 2016)

Chiapas/Internacional: Asesinan a defensora hondureña (Berta Cáceres) en presencia de defensor mexicano (Gustavo Castro) (7 de marzo de 2016)

Guerrero/Nacional: Nestora Salgado lanza campaña para exigir la libertad de los presos políticos del país

Convocatoria a la campaña. Foto: @Regeneración

El pasado 18 de marzo Nestora Salgado, comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), fue liberada después de dos años y ocho meses de reclusión. En su salida de la cárcel, Nestora llamó al gobierno de Guerrero a liberar a los nueve integrantes de la CRAC que siguen presos y aseguró que iniciaría una “campaña por la libertad” de sus compañeros. Para el próximo 10 de abril, día internacional de las y los presos políticos, convocó a acciones dislocadas, en el marco de la campaña nacional “Ponle rostro y nombre a las y los presos políticos en México”, para visibilizar la situación de las y los presos políticos y exigir su excarcelación. Aseguró que, “nos faltan 500 presos políticos y yo voy a luchar por sacarlos. Yo voy a lograr la liberación de mis compañeros. A donde me tenga que ir a parar, ahí voy a estar, porque estoy con ustedes en su lucha y en todas las luchas del pueblo”.

Nestora agregó que solamente juntas y juntos los ciudadanos podrán lograr un cambio, lograr la justicia y la libertad de sus compañeros y de los del resto del país. Su intención es recorrer países para “desenterrar lo que está enterrado y darle voz a lo que está callado”. Según el periódico El Sur, organizaciones sociales también denunciaron “la grave crisis en materia de derechos humanos en México y la criminalización contra quienes defienden el territorio, la educación, la tierra, el agua, el aire y la vida”. Por eso convocaron unirse a este movimiento y a la gira internacional de Salgado. “Somos conscientes de que México está sufriendo el ataque más despiadado por los intereses de capitales extranjeros. Actualmente los territorios de los pueblos indígenas son despojados y (sus habitantes) desplazados de sus tierras mediante la violencia de grupos paramilitares, del crimen organizado, o bien militarizando el territorio con soldados o policías estatales”, como figura en la convocatoria.

Cabe mencionar que la líder social regresó a su casa en Seattle, Estados Unidos. En Washington visitó la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington, donde inició dicha campaña. Esta clínica jugó un papel muy importante en la lucha por la liberación de Nestora. Durante su estancia en Estados Unidos, la comandanta de Olinalá tiene previsto visitar las ciudades de Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Washington. Por seguir siendo representante de la Policía Comunitaria y teniendo el cargo en la CRAC, piensa regresar pronto a Guerrero.

Para más información:

Nestora Salgado convoca a campaña “Ponle rostro y nombre a las y los presos políticos en México” (Regeneración, 30 de marzo de 2016)

Nestora y los presos políticos de la CRAC (La Jornada, 29 de marzo de 2016)

Lanza Nestora Salgado una campaña para exigir la libertad de los presos políticos de México (El Sur, 28 de marzo de 2016)

Video de la campaña “Ponle rostro y nombre a las y los presos políticos en México” (YouTube, 25 de marzo de 2016)

Emprende Nestora Salgado campaña en EU por presos políticos (La Jornada, 22 de marzo de 2016)

“Nos faltan 500 presos políticos y yo voy a luchar por sacarlos”: Nestora Salgado (Aristegui Noticias, 18 de marzo de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Nestora Salgado en libertad (18 de marzo de 2016)

Nacional/Guerrero: Exhorta ONU al gobierno mexicano a liberar a Nestora Salgado (24 de febrero de 2016)

Chiapas/Nacional: Jornada nacional e internacional por presos políticos del 6 al 13 de diciembre (15 de diciembre de 2015)

Guerrero: presos de la Policia Comunitaria “son presos políticos”, según general Gallardo (16 de julio de 2014)

Guerrero: Denuncian CRAC y habitantes de Papaxtla allanamientos violentos y decomisos (1 de junio de 2015)

Nacional: Gobierno rechazó visita del relator para la tortura de la ONU

Foto @ Desinformémonos

Después de haber señalado que la tortura es “una práctica generalizada en México“, al Relator Especial sobre la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan E. Méndez, le fue negada una nueva visita a México para este año. El relator solicitó la visita de seguimiento desde septiembre de 2015, considerando que su mandato acaba en octubre de 2016. El gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó dicha petición argumentando que ya están programadas las visitas de otros expertos y no es posible agendarlo antes de octubre, cuando concluye la misión de Méndez. Posteriormente la SRE cambió la versión y dijo que “la visita no podrá concretarse hasta que esté aprobada la ley contra la tortura en el Congreso de la Unión”. La senadora Angélica de la Peña Gómez recordó que en octubre pasado el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que fue criticado entre otros por organismos de la sociedad civil porque “no refleja lo necesario para una verdadera erradicación de esta práctica”. La senadora enfatizó que “para eliminar la práctica de la tortura en el país, lo primero es reconocer su existencia”. 

Cabe recordar que en marzo de 2015, Juan E. Méndez presentó el informe elaborado tras su visita a México en abril y mayo de 2014, el cual fue inmediatamente descalificado por funcionarios federales, quienes lo tacharon “de poco profesional y ético“. Tras la intervención del experto, el embajador de México ante la ONU, Jorge Lomónaco, negó rotundamente sus observaciones. “No puedo más que reiterar que no podemos compartir la observación de que la tortura es generalizada en el país, porque no corresponde con la realidad“, afirmó Lomónaco.

Para más información:

Se niega gobierno mexicano a recibir a Relator contra la Tortura de la ONU (Desinformémonos, 28 de marzo de 2016)

México aceptará al relator de la ONU contra la tortura hasta que el Congreso apruebe nueva ley: SRE (Eme Equis, 28 de marzo de 2016)

Gobierno de Peña Nieto rechaza visita del relator sobre tortura de la ONU (Aristegui Noticias, 26 de marzo de 2016)

Senado debe iniciar ya debate de Ley General contra la Tortura: Angelica de la Peña (El Sol de México, 16 de febrero de 2016)

Ley general contra la tortura (6 de febrero de 2016)

Relator especial alerta de tortura, malos tratos e impunidad en México (Centro de Información de las Naciones Unidas, 9 de marzo de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Nacional: Dudas de organismos de la sociedad civil por la iniciativa de Ley contra la Tortura (9 de febrero de 2016)

Chiapas: Gobierno de Chiapas niega investigar casos de tortura en sus penales (1 de octubre de 2015)

Nacional: 20 ONG critican el proceso para crear la Ley General contra la Tortura (7 de septiembre de 2015)