Oaxaca: Comisión de la Verdad presentó su informe final

Foto:@Comisión de la Verdad Oaxaca

El 17 de mayo la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) presentó su informe final sobre los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos contra el pueblo oaxaqueño durante las revueltas de 2006 y 2007. El documento, con título “¡Ya sabemos! No más impunidad en Oaxaca”, consta de 1,250 páginas y se divide en cuatro capítulos que tratan sobre la denuncia de hechos por parte de las víctimas, la represión del Estado, las consecuencias sociales de las violaciones a los derechos humanos y la procuración de justicia de las autoridades y reparación del daños, siendo la conclusión de los trabajos iniciados por la CVO en noviembre de 2014. La Comisión reportó que “en el contexto del conflicto social oaxaqueño de 2006 y 2007, ocurrieron 28 muertes […], algunos de los homicidios acaecidos podrían ser clasificados como ejecuciones extrajudiciales”, siendo una ejecución extrajudicial “la privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de estos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga”.

Respecto a los señalamientos en contra del ex gobernador priista de Oaxaca, Ulises Ruiz (2004- 2010), Nayely Guillén, integrante de la CVO y especialista en derechos humanos, puntualizó que los delitos de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales son de lesa humanidad, por lo que no prescriben. “Ulises Ruiz no está a salvo de sus crímenes y no se ha salvado de sentarse en el banquillo de los acusados. Hay pruebas de las múltiples violaciones a los derechos humanos que realizó el ex gobernador”, enfatizó Guillén. Al respecto, el padre Alejandro Solalinde, ex presidente de la CVO, detalló a Revolución 3.0, “hasta el momento las instituciones del gobierno de Oaxaca no han dado señales de acoger el informe, es más, el gobierno de Gabino Cué ni siquiera ha dado señales de la existencia de este documento”. Los ex comisionados destacaron que el documento es “la voz de las víctimas”, considerando que a partir de la presentación del mismo “las víctimas deben darle seguimiento, nosotros ya brindamos las herramientas, falta que ellos se empoderen del informe y luchen por la justicia”.

Para más información:

Ulises Ruíz no está a salvo de sus crímenes ni de sentarse en el banquillo de los acusados: Comisión de la Verdad (Revolución 3.0, 18 de mayo de 2016)

INFORME FINAL ¡YA SABEMOS! NO MÁS IMPUNIDAD EN OAXACA (Comisión de la Verdad Oaxaca, 17 de mayo de 2016)

Denuncian ejecuciones extrajudiciales en Oaxaca, durante conflicto con APPO (Aristegui Noticias, 12 de mayo de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Anuncia Comisión de la Verdad de Oaxaca pronta publicación de su informe final (3 de febrero de 2016)

Oaxaca: Más de 500 casos de tortura y 26 ejecuciones: Comisión de la Verdad (16 de junio de 2015)

Oaxaca: denuncian amenazas contra integrantes de la Comisión de la Verdad conformada para investigar el conflicto político-social del 2006 (23 de abril de 2015)

Oaxaca: A 8 años del conflicto de 2006, sigue la impunidad. Se conforma Comisión de la Verdad (27 de noviembre de 2014)

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Guerrero/Nacional : Jueces dan por muertos a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

Según Reforma, en base a una copia de sentencias emitidas por tribunales de Tamaulipas, se descartó que en el caso de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero (septiembre de 2014), haya ocurrido una desaparición forzada, ya que los indicios apuntan a que los jóvenes fueron ejecutados y no ocultados por una autoridad:”las constancias procesales apuntan en forma coincidente a que las víctimas no fueron mantenidas en el ocultamiento; muy al contrario, fueron detenidas, privadas de la libertad y trasladadas al lugar donde fueron ejecutadas sumariamente”.

Por lo mismo se rechazó girar orden de captura contra 56 acusados, entre ellos el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa, policías municipales de Iguala y Cocula, y presuntos integrantes de la banda “Guerreros Unidos”.

Por otro lado, se han identificado a dos víctimas, Jhosivani Guerrero de la Cruz y Alexander Mora Venancio a partir del análisis de los restos recabados en el Río San Juan, en Cocula. Esas identificaciones, eventualmente, podrían permitir consignar a los involucrados por el delito de homicidio.

Para más información :

Los 43 normalistas, víctimas de ejecución sumaria, concluyen jueces (Aristegui Noticias, 14 de mayo de 2016)

Sentencias de jueces descartan el delito de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa (Animal Político, 14 de mayo de 2016)

Los 43 están muertos y no fueron ocultados por el Gobierno: Jueces (Sdp Noticias, 14 de mayo de 2016)

Para más información de SIPAZ :

Guerrero/México: GIEI concluye su trabajo México entregando un segundo informe. (28 de abril de 2016)

Nacional/Internacional : PGR abre investigación contra Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la CIDH (31 de marzo de 2016)

Guerrero: Padres y madres de Ayotzinapa van a la Corte, a 16 meses de la desaparición de sus hijos (27 de enero de 2016)

Guerrero: ONG y expertos en derechos humanos respaldan labor del GIEI en caso Ayotzinapa (25 de enero de 2016)

Nacional: CNDH lamenta más de 35 mil víctimas de desplazamiento forzado interno en el país

Gráfica del Informe. Foto: @CNDH

El 11 de mayo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México (DFI), fenómeno no reconocido oficialmente y vinculado a distintas violaciones a los derechos humanos. El Informe es el resultado de un trabajo de muestreo basado en cuestionarios y visitas a las 32 entidades federativas del Estado. Según el informe hay al menos 35,433 personas desplazadas por la violencia en el país. El ombudsman nacional de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, señaló que se trata sólo de un “muestreo” para “llamar la atención” de las autoridades ante la problemática, ya que la cifra podría ser mucho mayor pues “no existe información completa, actualizada y verificable sobre el número de personas víctimas de desplazamiento forzado interno en México”. Detalló que el DFI implica la vulneración, directa e indirecta, de derechos humanos como los relativos a la circulación y residencia, a la salud, seguridad personal, seguridad pública, seguridad alimentaria, al trabajo y a la educación.

Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Chihuahua son las entidades que acumulan el mayor número de municipios y comunidades expulsoras de personas como consecuencia de la delincuencia en el país. El presidente de la CNDH urgió a “establecer las condiciones de seguridad frente a la delincuencia organizada, así como el retorno voluntario de la población desplazada a su zona de origen o su reubicación en nuevas zonas de asentamiento”. González Pérez subrayó la necesidad de que el Estado mexicano “reconozca oficialmente la existencia de este problema, adopte una postura unívoca respecto del mismo y emprenda acciones específicas para su atención, como la creación de una ley general en la materia”. Según él, la CNDH ya cuenta con una propuesta de Protocolo de Atención a las personas víctimas de DFI, que en breve será presentada. Entre las medidas aconsejadas, la CNDH llamó a la coordinación de “los tres niveles de gobierno, los organismos internacionales, la sociedad civil organizada y el sector privado” para atender el desplazamiento forzoso, la formulación de protocolos de atención, el reconocimiento de los derechos de las y los desplazados en apego a la Ley General de Víctimas, la garantía de acceso a trabajo, capacitación y educación, entre otras.

Para más información:

Las cifras, las comunidades y las causas del desplazamiento forzado interno en México (Animal Político, 14 de mayo de 2016)

Propone la CNDH crear ley general sobre desplazamiento forzado (Proceso, 11 de mayo de 2016)

INFORME ESPECIAL SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO DE LA CNDH (CNDH, 11 de mayo de 2016)

Más de 35 mil víctimas de desplazamiento forzado interno en México, detecta la CNDH (Aristegui Noticias, 11 de mayo de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Familias desplazadas siguen su camino exigiendo justicia (26 de febrero de 2016)

Chiapas: Familias desplazadas de Primero de Agosto denuncian cercado de sus tierras Primero Agosto (19 de abril de 2016)

Chiapas: Foro de diálogo sobre Cultura de Paz, Desarrollo Local y Desplazamiento Interno de Personas (11 de marzo de 2011)

Guerrero: En libertad seis presos de la CRAC-PC

Elementos de la policía comunitaria CRAC-PC en Guerrero. Foto: @DesInformémonos.

Después de casi tres años en prisión, fueron liberadas seis autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia del Paraíso de Ayutla de los Libres, Guerrero. Éstos fueron detenidos en un operativo conjunto entre la Policía Federal, la Marina y el Ejército Mexicano en agosto de 2013, junto a Nestora Salgado, comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, quien fue liberada en marzo del año en curso.

Los seis indígenas fueron acusados del secuestro de 43 personas, portación de armas y delincuencia organizada. Ante ello, un juez consideró que no había elementos que acreditaran dicha acusación sino que se violó el derecho de las autoridades indígenas a tener sus propias formas de impartición de justicia, organización social y política acordes a sus sistemas normativos. Según SIDIDH, estas aprehensiones fueron valoradas por la CRAC-PC como “una afrenta a su autonomía y autodeterminación como pueblos indígenas” y en un comunicado conjunto del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la CRAC-PC-Casa de Justicia San Luis Acatlán, denunciaron que las autoridades detenidas fueron “criminalizadas por defender el sistema de seguridad y justicia CRAC-PC” y que las acusaciones “se hicieron en el marco del ejercicio de sus funciones como autoridad comunitaria reconocida por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales”. Asimismo, el comunicado evidenció que “[l]as autoridades que los mantuvieron en cautiverio violaron las reglas del debido proceso en perjuicio de las autoridades comunitarias” al mantenerles en un “arraigo ilegal”, no tuvieron traducción, “se les negó el derecho a una defensa adecuada y de su elección” y “se extrajeron pruebas ilícitas para inculparlos”.

Cabe destacar que durante el proceso Jueces Federales emitieron tres resoluciones que reconocen que “la CRAC-PC es un órgano de seguridad y justicia que tienen los pueblos indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, y que es la expresión del ejercicio de sus derechos a tener sus propios sistemas normativos para solucionar sus conflictos dentro de su territorio”. A pesar de ello, al menos tres integrantes más de la CRAC-PC siguen privados de su libertad.

Por otro lado, Nestora Salgado lanzó la campaña internacional “Ponle rostro y nombre a las y los presos políticos en México” para exigir la liberación de las personas privadas de su libertad por motivos políticos en el país. A principio de mayo inició una gira por Europa de una duración de 16 días para informar de la situación de las y los presos políticos, de “la criminalización que sufrió ella […] y de las agresiones y amenazas que todavía padecen sus hijas y demás familiares”. Cabe mencionar que desde su liberación, Salgado García y su familia han denunciado agresiones y amenazas en su contra, la última de ellas fue dirigida a su hija, Saira Rodríguez, cuya casa fue baleada el pasado 4 de mayo y a quien le han retirado las medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal.

Para más información:

Libres, seis policías comunitarios de Guerrero acusados de secuestro (Sistema Integral de Información en Derechos Humanos, 13 de mayo de 2016)

BOLETÍN | Libres 6 autoridades comunitarias de la CRAC-PC (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 12 de mayo de 2016)

Liberan a 6 miembros de la CRAC-PC, tras 3 años presos (La Jornada, 12 de mayo de 2016)

Anuncia Nestora Salgado gira por Europa para exigir la libertad de presos políticos (La Jornada Guerrero, 10 de mayo de 2016)

Nestora Salgado felicita a los integrantes liberados de la CRAC y hace un llamado a unir fuerzas (DesInformémonos, 13 de mayo de 2016)

Saira Rodríguez, hija de Nestora Salgado, denuncia una nueva agresión en su contra en Olinalá (Sin Embargo, 9 de mayo de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero/Nacional: Finaliza Tercer Encuentro Nacional por la Libertad de las y los Presos Políticos (29 de abril de 2016)

Guerrero/Nacional: Nestora Salgado lanza campaña para exigir la libertad de los presos políticos del país (4 de abril de 2016)

Guerrero: Hija de comandanta presa de la CRAC Nestora Salgado anuncia su salida de México ante amenazas de muerte (28 de octubre de 2014)

Guerrero: Impunidad tras un año de 16 desapariciones forzadas en Chilapa

Marcha del grupo ciudadano armado que tomó Chilapa a inicios de mayo de 2015. Foto:@Agencia SubVersiones

En un comunicado conjunto, más de 80 organizaciones sociales denunciaron la “ineficacia en investigación y persistencia de la impunidad” tras un año de la desaparición forzada de por lo menos 16 personas en Chilapa, Guerrero. Estas desapariciones se dieron a inicios de mayo de 2015, tras la toma de la ciudad durante 6 días por parte de un grupo ciudadano armado constituido por unas 300 personas, que presuntamente irrumpió en la ciudad para buscar y detener al líder del grupo delictivo “Los Rojos”. El grupo ciudadano, que se autodenominó de policía comunitaria, patrulló la cabecera municipal “amenazando, deteniendo gente que consideraban sospechosa de pertenecer a ‘Los Rojos’, quienes posteriormente eran torturados, interrogados y desaparecidos”, según La Jornada de Guerrero. El mismo grupo fue señalado por familiares de los desaparecidos de tener vínculos con “Los Ardillos”, otro grupo delictivo que opera en la región. Noticias MVS publicó que estos dos grupos del crimen organizado “se disputan la zona para el control de la amapola, de la cual se obtiene heroína que más tarde se trafica en Estados Unidos”.

En el comunicado las organizaciones sociales señalaron que “la desaparición forzada se dio en presencia y con anuencia del ejército, gendarmería, policías federales y policías estatales”, pues los hechos violentos se dieron “mientras la gendarmería yacía resguardada” en un hotel cercano, además de que “[l]as autoridades de todos los niveles han simulado atender el caso”. Asimismo, afirmaron que el grupo ciudadano armado sigue incursionando en las cabeceras municipales de Zitlala y Chilapa “sin que nadie se los impida o los detengan”, mientras que el gobernador del estado, Héctor Astudillo, declaró que en Chilapa se ha restablecido la normalidad y “no hay ningún problema en este momento”. Sumado a ello, las familias de víctimas de desaparición dejaron de recibir apoyo por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), por lo que condenaron “enérgicamente la falta de voluntad política y omisión de todos los niveles de Gobierno, para dar con el paradero de estas personas y apoyar a las familias a través de sus Instituciones”.

Las organizaciones firmantes exigieron el cumplimiento del “derecho a la verdad, justicia y reparación del daño a los familiares de los desaparecidos” y realizaron un “llamamiento a los grupos de familiares de desaparecidos del Estado de Guerrero a hacer un frente común para realizar acciones coordinadas”. Este frente tendría las exigencias a las autoridades de la realización de búsquedas con resultados claros; la creación de una Fiscalía Especial de Desaparición de Personas; la garantía al derecho a la verdad, justicia y reparación del daño a los familiares de las víctimas de desaparición forzada; legislación en materia de declaración de ausencia para los casos de desaparición y el apoyo de la CEAV a las familias sin “trabas burocráticas”. Cabe recordar que tras esta desaparición forzada múltiple en mayo del pasado año, se constituyó la organización de familiares de personas desaparecidas “Siempre Vivos, A.C.”, en la que se integraron familiares personas desaparecidas desde 2011. Este grupo tiene registradas 100 desapariciones en Chilapa en un año y medio, de las cuales sólo 60 se han denunciado formalmente.

Para más información:

“No hay problemas en este momento” en Chilapa, asegura Héctor Astudillo Flores (La Jornada Guerrero, 9 de mayo de 2016)

BOLETÍN | A un año de desaparición forzada múltiple en Chilapa, ineficacia en investigación y persistencia de la impunidad. (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 8 de mayo de 2016)

Hace un año que civiles armados tomaron y desaparecieron a personas en Chilapa (La Jornada Guerrero, 8 de mayo de 2016)

A un año de la desaparición de 16 personas en Chilapa, denuncian investigación ineficaz (Noticias MVS, 8 de mayo de 2016)

Chilapa, entre la violencia y el poder del narco (Agencia SubVersiones, 19 de mayo de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Amenazas hacia integrante de “Los Otros Desaparecidos” (5 de abril de 2016)

Guerrero: Asesinan en Iguala a la activista Norma Angélica Bruno (24 de febrero de 2016)

Nacional/Guerrero: Informes poco favorables sobre corrupción y derechos humanos en México (3 de febrero de 2016)

Guererro: Se cumplen 4 años de desaparición forzada de campesinos ecologistas de la Costa Grande (8 de diciembre de 2015)

Oaxaca: Defensoría abrió expedientes por la desaparición de seis mujeres en abril

Madres de mujeres desaparecidas marchan en la Ciudad de México. Foto: @Octavio Gómez

El 4 de mayo, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) informó en un boletín que ha solicitado a la Fiscalía General del estado la adopción de una medida cautelar para realizar la búsqueda de al menos dos mujeres adolescentes y cuatro adultas que han sido reportadas como desaparecidas a lo largo del mes de abril en el estado de Oaxaca. Arturo Peimbert, ombudsman estatal, dijo que se ha exigido un informe al secretario de Seguridad, Jorge Ruiz, y al fiscal General de Justicia, Joaquín Carrillo. El defensor temió que “bandas del crimen organizado dedicadas al rapto y a la trata pudieran tener relación con la desaparición de las víctimas”. La DDHPO quiere dar seguimiento a los casos y por eso solicitó un informe detallado y completo de las diligencias realizadas dentro de cada una de las desapariciones, así como de toda aquella documentación considerada como “indispensable” para profundizar el seguimiento. Finalmente, la Defensoría informó que mantiene en trámite cinco medidas cautelares y seis cuadernos de antecedentes por las seis desapariciones.

Al respecto, el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C. señaló que en la administración actual, en la entidad han desaparecido 172 mujeres, cuyos procesos de búsqueda se encuentran estancados, ante “la inacción del Estado en el tema de violencia contra las mujeres”. Bárbara García Chávez, integrante del Movimiento Amplio de Mujeres, aseguró que “la administración de Gabino Cué Monteagudo, lejos de cumplir con su promesa de ‘transversalizar‘ la perspectiva de género en las políticas públicas, ha dado pasos atrás con las recientes acciones implementadas para prevenir la violencia hacia las mujeres”. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los últimos cuatro años, en México han desaparecido un total de 7,060 mujeres.

Para más información:

Defensoría de Oaxaca emite alerta por desaparición de 6 mujeres (Milenio, 5 de mayo de 2016)

Pide Defensoría efectuar búsqueda de seis mujeres reportadas como desaparecidas en abril, Boletín No. 410 (Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, 4 de mayo de 2016)

Defensoría de Oaxaca abre expedientes por la desaparición de seis mujeres (Proceso, 4 de mayo de 2016)

Desapariciones de mujeres en Oaxaca, en la opacidad (NVI Noticias, 13 de abril de 2016)

Demandan activistas emitir alerta de género en Oaxaca (Despertar de Oaxaca, 9 de marzo de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: En 2016 continúan los feminicidios (25 de febrero de 2016)

Nacional/Oaxaca/Chiapas: Gira nacional: desaparición forzada en México (6 de marzo de 2015)

Oaxaca: organizaciones entregan al Congreso Agenda Legislativa que fomentaría la equidad de género (6 de febrero de 2015)

Guerrero/México: GIEI concluye su trabajo México entregando un segundo informe.

El 24 de abril, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014, concluyó su trabajo de más de un año con la presentación de un segundo informe. La etapa final del trabajo que realizó el GIEI en México se dio en medio de una campaña mediática de desprestigio de sus integrantes y de su labor. Hace unas semanas, también fue difundida una denuncia contra el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, por presunto fraude en perjuicio de la Federación por casi 2 millones de dólares entregados por el gobierno federal para la investigación del caso Ayotzinapa. Las madres y padres de familia de los normalistas consideraron que el grupo de expertos “ha sido echado del país” por el gobierno federal, pues su trabajo no ha concluido y no se han localizado a los 43. El gobierno por su parte argumenta que la presencia del GIEI se acordó con una temporalidad, que incluso fue ampliada a un segundo periodo de seis meses.

Desde su primer informe, el GIEI concluyó que no hay evidencia científica para respaldar la versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR) que planteó que los normalistas desaparecidos fueron ejecutados e incinerados en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero. Ello, presuntamente a manos de policías municipales en colusión con integrantes del crimen organizado.

En el segundo informe (de más de 600 páginas), se revelaron varias inconsistencias y omisiones del expediente de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso Ayotzinapa. Señaló que “la investigación tuvo dificultades que no son imputadas de manera exclusiva a la simple complejidad del caso. La lentitud en las respuestas a las solicitudes del GIEI, la demora en la práctica de muchas pruebas, las respuestas formales y no sustanciales a muchas de las inquietudes, la no investigación de otras líneas de investigación, no pueden leerse como simples obstáculos improvisados o parciales. Muestran barreras estructurales”. En las líneas de investigación no agotadas se encuentran los teléfonos celulares de algunos normalistas que siguieron funcionando horas o hasta días después de lo sucedido, la participación de policías de otras localidades así como un quinto autobús que los normalistas habían tomado y que no estaba siendo investigado. Todas estas líneas podrían dar más pistas en torno a lo que pasó.

El documento también aportó pruebas que confirmaron la participación de elementos de la Policía Federal en el evento y la responsabilidad mínimamente por omisión del 27 Batallón militar de Iguala. Planteó que al menos 17 de los 61 detenidos por las autoridades estatales y federales fueron torturados. Otro dato que generó preguntas fue la presencia del director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, el domingo 28 de octubre de 2014 en el lecho del río San Juan, un día antes de que se conociera la “versión oficial” sobre el hallazgo de los supuestos restos de algunos de los estudiantes en ese mismo río y en el basurero de Cocula. El GIEI comentó que “No encontramos ningún informe sobre esos hechos, ninguna diligencia el día 28. Toda la información oficial empieza el 29 de octubre”.

Para más información:

Los 10 puntos explosivos del informe #GIEIAyotzinapa (Proceso, 26 de abril de 2016)

Mostró el GIEI un sistema judicial corrupto y brutal: NYT (La Jornada, 26 de abril de 2016)

Padres reciben con tristeza informe GIEI, nos sentimos desamparados: voc. Con Ricardo Rocha (Radio Formula, 26 de abril de 2016)

Evita Osorio Chong reunirse con integrantes del GIEI; los remite con Campa Cifrián (Proceso, 26 de abril de 2016)

9 ‘huecos’ del expediente Ayotzinapa detectados en el informe final del GIEI (Expansión CNN, 25 de abril de 2016)

Remata el GIEI: evidencias manipuladas, omisiones y torturas en caso Ayotzinapa (Proceso, 24 de abril de 2016)

Confrontado con el gobierno, concluye el GIEI trabajo en México (La Jornada, 24 de abril de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero/ Nacional: EAAF y GIEI reaccionan ante conclusiones sobre fuego en el basurero de Cocula (11 de abril de 2016)

Guerrero: ONG y expertos en derechos humanos respaldan labor del GIEI en caso Ayotzinapa (25 de enero de 2016)

Nacional/Internacional : PGR abre investigación contra Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la CIDH (31 de marzo de 2016)