Chiapas: Protestas de la OCEZ-Casa del Pueblo por liberación de presos

mayo 27, 2010

Desde el 11 de mayo, la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) Casa del Pueblo inició un fuerte movimiento de protestas en la cabecera de Venustiano Carranza que implicó el cierre de oficinas federales, estatales y municipales, así como de bancos. Por otro lado, desde hace una semana, según la OCEZ-Casa del Pueblo con el respaldo de los maestros, se han cerrado algunas instituciones educativas. El 26 de mayo, una comisión de la OCEZ se trasladó a San Cristóbal de Las Casas para iniciar un ayuno frente a las oficinas de la ONU, mismas que estuvieron resguardadas por policías antimotines. Funcionarios de la Subsecretaría Regional de Gobierno para la Zona Altos, y el encargado de la ONU, Oscar Torrens, les informaron a los campesinos que el próximo lunes los recibiría el gobernador, en Palacio de Gobierno. Sin embargo, los manifestantes dijeron que mantendrían el plantón hasta que tuvieran una respuesta por escrito a sus demandas.

Los manifestantes exigen la liberación de cuatro de sus presos encarcelados en el Amate desde hace más de 9 años acusados por la muerte de 8 integrantes de la organización San Bartolomé de los Llanos. Se trata de Ángel Hidalgo Espinosa, sentenciado a 37 años de cárcel; Mario Coutiño Morales, Enrique Coutiño Morales y Alberto Coutiño Morales, los tres sentenciados a 60 años de cárcel. Denuncian la falta de de voluntad del gobierno estatal a la fecha y solicitan diálogo directo con el gobernador. En un comunicado de prensa mencionaron: “desde hace nueve años se ha venido luchando jurídicamente y hasta el momento no se les han podido fincar responsabilidad, sin embargo a las autoridades encargadas de la administración de justicia se niegan a darle su libertad a pesar de tener conocimiento de que el proceso que enfrentaron nuestros compañeros se encuentra plagado de irregularidades, fabricación de delito, compra de delitos entre otros”.

Para más información:

Pide la OCEZ libertad de 4 índigenas presos (La Jornada, 27 de mayo)

Protestan en la ONU campesinos (Cuarto Poder, 27 de mayo)

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Campeche: Detención de activista contra las altas tarifas de luz

mayo 26, 2010

Cartel exigiendo la libertad de los presos de Campeche

Cartel exigiendo la libertad de los presos de Campeche

El pasado 15 de mayo, en la ciudad de Escárcega, fue detenido por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) Octavio Solís Cortés, integrante del movimiento de resistencia civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica de Candelaria, estado de Campeche. Fue llevado al Ministerio Público de la ciudad de Campeche, capital del estado del mismo nombre, y posteriormente al penal de San Francisco Koben. De acuerdo a la denuncia hecha por el Movimiento de Cultura Popular, de Mérida (Yucatán), la “detención del compañero Octavio Solís se ejecuta precisamente el día en que se realizaba el Encuentro nacional de las resistencias en Candelaria y los compañeros presos Sara, Joaquín y Guadalupe iniciaban su huelga de hambre con el objetivo de que los magistrados a cargo de resolver el amparo que les fue otorgado con anterioridad, dejen de retardar su resolución”.

Cabe recordar que el 10 julio del 2009, fueron detenidos por la PGR Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Guadalupe Borjas Contreras, Elmer Castellanos Velázquez y Guadalupe Lizcano Gómez, del movimiento mencionado arriba, e internados en el penal de Koben, acusados del cargo de privación ilegal de la libertad, entre otros. Elmer Castellanos Velázquez y Guadalupe Lizcano lograron la libertad bajo fianza el 23 de septiembre de 2009. Amnistía Internacional declaró presos de consciencia a Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas el pasado 4 de marzo, considerando que el encarcelamiento de los tres activistas se debe a su lucha contra las tarifas excesivas que cobra la empresa paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), y que los cargos que enfrentan les fueron fabricados.

Para más información:

Más información de SIPAZ:


Guerrero: Breves – CECOP se manifieste ante Senado / Conferencia de prensa casos Inés y Valentina

mayo 21, 2010

El 19 de mayo, los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP) se manifestaron ante el Senado de la República en la Cuidad de México para exigir la cancelación de la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota. Unos 300 manifestantes de 28 pueblos del Núcleo de Cacahuatepec y los ejidos de Dos Arroyos y los Huajes, del municipio de Acapulco, se pararon en frente del Senado mientras una delegación de 10 miembros del CECOP asistieron a la audiencia con los diputados Agustín Guerrero y Avelino Méndez, del PRD, y el priísta Silvio Lagos. Exigieron que se respetara la voz de los pueblos expresada en la asamblea del 12 de agosto de 2007, cuando fue rechazado el proyecto hidroeléctrico. El 12 de mayo, el CECOP también presentó una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) solicitando la nulidad de la asamblea del 18 de abril de 2010. En la misma, personas a favor del proyecto aprobaron la expropiación de las tierras para la construcción de La Parota, mientras la presencia de más de 600 policías impedía a los opositores entrar en dicha asamblea.

Por otro lado, el 19 de mayo, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la Ciudad de México, acerca de los casos de violación sexual en 2002 de las mujeres indígenas me’phaa Valentina Rosendo Cantú y Inés Fernández Ortega. Por la falta de respuestas adecuadas por parte del Estado mexicano, los casos han quedado impunes, por lo que en 2004, decidieron presentar sus casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). El 17 de abril se realizó una audiencia de la CoIDH en el caso de Inés en Lima, Perú. La conferencia de prensa del 19 de mayo se dio a pocos días de la audiencia en el caso de Valentina (27 de mayo, en Costa Rica). El comunicado de prensa fue suscrito por varias organizaciones de derechos humanos entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Amnistía Internacional sección México. Enfatizó el carácter paradigmático de estos dos casos al visibilizar “la múltiple discriminación y el alto grado de violencia que enfrentan las mujeres indígenas -particularmente cuando han sido víctimas de violencia sexual por parte de agentes estatales- que intentan hacer efectivo el acceso al sistema de justicia y a los servicios de salud en México”.

Para más información:

Caso de la Parota

– Comunicado de prensa: “Exigen comuneros de la CECOP cancelación definitiva de La Parota ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión (19 de mayo)

Lleva Cecop su movimiento al Senado (La Jornada de Guerrero, 20 de mayo)

Caso de Valentina:

– Comunicado de prensa: Valentina Rosenda, otra mujer me’phaa de Guerrero que sentará en el banquillo de los acusados al Estado mexicano ante la CoIDH (19 de mayo)

México, al banquillo de los acusados, ahora por la violación de la me’phaa Valentina (La Jornada de Guerrero, 20 de mayo)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: resurgimiento de la conflictividad por posible construcción de la presa de La Parota (21 de abril)


Chiapas: Cinco bases de apoyo zapatistas puestos en libertad por falta de prueba

mayo 13, 2010

Cinco campesinos tzeltales, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se encontraban detenidos en la cárcel municipal de Ocosingo desde el 11 de mayo, fueron liberados al día siguiente, sin cargos, por las autoridades. Inicialmente habían sido aprehendidos por pobladores del ejido Peña Limonar, y luego trasladados por la Policía Estatal Preventiva para ser puestos a disposición del Ministerio Público.

Los cinco indígenas, Ebelio Montejo Hernández, de 35 años; Manuel Gutiérrez López, de 42, promotor de salud; Luis Gutiérrez Vázquez de 15, Pedro Gutiérrez Hernández, de 18 y Narciso Gutiérrez Jiménez, de 63, bases de apoyo del EZLN, fueron detenidos por pobladores del ejido de Peña Limonar el 10 de mayo, acusados por ellos de haber violado a cinco mujeres.

La Junta de Buen Gobierno (JBG) de La Garrucha, ubicada en el municipio de Ocosingo, había denunciado su detención el 10 de mayo así como la desaparición de 9 zapatistas más de la comunidad de Amaytic. En el comunicado, la JBG responsabilizó “a los tres niveles de GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL y MUNICIPAL por no haber hecho caso de solucionar esta problema”.

El conflicto se remonta a por lo menos agosto de 2002, momento en el que fueron asesinadas dos autoridades zapatistas después de lo que los victimarios señalados por estos hechos fueron a vivir a Peña Limonar. Según denunciado por La Garrucha, en marzo de 2010 quisieron regresar a Amaytic, ocupando a la fuerza terrenos y generando un clima de hostilidad.

Para más información:

Liberan por falta de cargos a 5 bases de apoyo zapatistas (La Jornada, 13 de mayo)

Entregan a los cinco retenidos del EZLN (Cuarto Poder, 13 de mayo)

– Comunidado del Caracol III “Resistencia hacia un nuevo amanecer” (La Garrucha, 10 de mayo)

Para más información de SIPAZ:

– Chiapas: denuncia pública de la JBG de la Garrucha sobre Ranchería Amaytic (18 de marzo de 2010)

Cinco campesinos tzeltales, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se encontraban detenidos en la cárcel municipal de Ocosingo desde el 11 de mayo, fueron liberados al día siguiente, sin cargos, por las autoridades. Inicialmente habían sido aprehendidos por pobladores del ejido Peña Limonar, y luego trasladados por la Policía Estatal Preventiva para ser puestos a disposición del Ministerio Público.

Los cinco indígenas, Ebelio Montejo Hernández, de 35 años; Manuel Gutiérrez López, de 42, promotor de salud; Luis Gutiérrez Vázquez de 15, Pedro Gutiérrez Hernández, de 18 y Narciso Gutiérrez Jiménez, de 63, bases de apoyo del EZLN, fueron detenidos por pobladores del ejido de Peña Limonar el l10 de mayo, acusados de haber violado a cinco mujeres.

La Junta de Buen Gobierno (JBG) de La Garrucha, ubicada en el municipio de Ocosingo, había denunciado su detención el 10 de mayo así como la desaparición de 9 zapatistas más de la comunidad de Amaytic. En el comunicado, la JBG responsabilizó “a los tres niveles de GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL y MUNICIPAL por no haber hecho caso de solucionar esta problema”.

En marzo de este año ocuparon a la fuerza terrenos en Amaytic, lo que generó un clima de hostilidad entre los diferentes grupos.

Desde el 16 de marzo, bases de apoyo zapatistas de la ranchería Amaytik, en el municipio autónomo Ricardo Flores Magón, se encuentran perseguidas y amenazadas de desalojo y muerte por unos 200 miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic). La Junta de Buen Gobierno (JBG) El camino del futuro, del caracol de La Garrucha, denunció que priístas opddiques, con armas de fuego, están persiguiendo a nuestros compañeros queriéndolos agarrar, y las mujeres están solas en sus casas, las están amenazando que los van a matar a todos sus animales, y que van a ser desalojadas.

Todo esto ocurrió en el contexto de un conflicto en Amaytic, en el noroeste de la selva Lacandona, que data de agosto de 2002, momento en el que fueron asesinados dos autoridades zapatistas

Ante la impunidad que entonces el gobierno de Pablo Salazar Mandiguchía otorgó a los asesinos, las autoridades autónomas los sancionaron. Después, los victimarios se establecieron con sus familias en Peña Limonar, hasta que en marzo de este año ocuparon por la fuerza terrenos de Amaytic, edificaron viviendas y propiciaron un ambiente de amenaza y hostilidad. Esto fue denunciado por la JBG el pasado 16 de marzo.

Para más información:

Liberan por falta de cargos a 5 bases de apoyo zapatistas (La Jornada, 13 de mayo)

Entregan a los cinco retenidos del EZLN (Cuarto Poder, 13 de mayo)

– Denuncian en La Garrucha secuestro de nueve zapatistas; otros 5 están detenidos (La Jornada, 12 de mayo)

– Comunidado del Caracol III “Resistencia hacia un nuevo amanecer” (La Garrucha, 10 de mayo)

Para más información de SIPAZ:

– Chiapas: denuncia pública de la JBG de la Garrucha sobre Ranchería Amaytic (18 de marzo de 2010)


Atenco: a 4 años de la represión en San Salvador Atenco

mayo 6, 2010

El 3 de mayo, se cumplieron cuatro años de los operativos policiacos contra pobladores de San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, perpetrados los 3 y 4 de mayo de 2006. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció en febrero de 2009 que se cometieron graves violaciones a las garantías individuales de los pobladores de la región durante esos hechos. Cabe recordar que fueron arrestadas más de 200 personas, de las cuales 12 permanecen en prisión a la fecha. De hecho y justamente al acercarse las fechas del aniversario, los tres principales dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco (FPDT), Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, presos en el penal del Altiplano y sentenciados a 112 (el primero) y 67 años de prisión, respectivamente, fueron notificados de nuevas órdenes de aprehensión en su contra.

Por otro lado, el fallo de la SCJN reconoció que los policías emplearon excesiva y brutalmente la fuerza pública mediante actos diversos, como la tortura sexual en agravio de 28 mujeres. 11 mujeres denunciantes de tortura sexual, acompañadas por el Centro de derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), han presentado desde abril de 2008 una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 10 de diciembre de 2009 la CIDH trasladó la petición al gobierno mexicano concediéndole dos meses para presentar sus observaciones. A la fecha, el Estado ha sido omiso en dar una respuesta.

En un evento en la ciudad de México del 3 de mayo, Alberto Herrera, director de Amnistía Internacional, sección México, manifestó “Después de cuatro años de los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, donde fueron detenidas 240 personas y 28 mujeres violadas por policías, estamos aquí para no olvidar, para decirles que la única forma como se puede dar vuelta a la página es encontrando justicia”. Desde el 2 de mayo, se iniciaron actividades conmemorativas de la represión en San Salvador Atenco. Un plantón se mantuvo los días 3 y 4 de mayo mientras se realizaban acciones dislocadas en la Ciudad de México y otras ciudades del país.

Finalmente, se lanzó tercera fase de la Campaña Libertad y justicia para Atenco. El comunicado marcando dicho lanzamiento subraya: “Duelen nuestros 12 presos y todas y todos los presos políticos del país. Atenco representa un caso emblemático y nacional. Representa la aplicación y creación de nuevos delitos como el de secuestro equiparado, que es una afrenta y arbitrariedad, aplicable para todas las luchas sociales como dispositivo de control y represión. El operativo represivo en Atenco simboliza además la impunidad, el avasallamiento a través de la violencia y el rompimiento de la legalidad por parte del Estado. Atenco representa una herida abierta para todo el país, para toda la sociedad civil, para todas y todos los que luchan por la libertad y la justicia”.

Además de exigir que la SCJN se pronuncie a favor de la revocación inmediata de las sentencias condenatorias de los 12 presos, el comunicado invitó a realizar acciones de difusión, movilización y protestas pacíficas y a registrar sus acciones como parte de la campaña para mayo y junio. Por su parte el Comité organizador anunció múltiples actividades y llamó a realizar el próximo 7 de julio “un día de acción global por la libertad de los presos políticos de Atenco”.

Para más información:

AI y otras ONG exigen justicia y castigo a responsables de los hechos de Atenco (La Jornada, 3 de mayo)

Notifican nuevas órdenes de aprehensión a los atenquenses Del Valle, Álvarez y Galindo (La Jornada, 3 de mayo)

Sin justificar, la estancia de tres presos de Atenco en un penal de máxima seguridad (La Jornada, 3 de mayo)

A líderes de Atenco les imputan más delitos (El Universal, 3 de mayo)

Incumplida, petición de la CIDH sobre violaciones y torturas a mujeres en Atenco (La Jornada, 4 de mayo)

Obispo Vera pide a SCJN libere a presos de Atenco (El Universal, 4 de mayo)

Declaración a 4 años de los hechos represivos en San Salvador Atenco. Convocatoria a la tercera fase de la Campaña Libertad y justicia para Atenco (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Comité Libertad y Justicia para Atenco)

Para más información de SIPAZ:

Atenco: arranca la Campaña “Libertad y Justicia para Atenco (20 de Febrero de 2009)


Oaxaca: Actualización de información sobre ataque a caravana de observación

mayo 1, 2010
Imagen del municipio autónomo en su 2° aniversario © zapateando

Imagen del municipio autónomo San Juan Copala en su 2° aniversario © zapateando.wordpress.com

A dos días de haber ocurrido el ataque a una caravana de observación en la zona triqui, del estado de Oaxaca, las cuatro personas que inicialmente se reportaron desaparecidas lograron salir de la región. Dos de ellas presentaron heridas de balas por la agresión. Mientras tanto, varias organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales expresaron su rechazo a la agresión ocurrida el 27 de abril y exigieron a las autoridades aclarecer el crimen.

De acuerdo a información periodística, el 29 de abril se presentaron David Venegas y Noé Bautista, integrantes de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL), y fueron rescatados el mismo día Érika Ramírez y David Cilia, reporteros de la revista Contralinea. Noé Bautista y David Cilia sufrieron heridas de bala por el ataque del 27 de abril. Con ello, ya no hay personas desaparecidas de las que participaron en la caravana y se confirma como resultado de la agresión la muerte de la directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), la mexicana Beatriz Alberta Cariño Trujillo y del observador finlandés Jyri Jaakkola.

La agresión a la caravana de observación ha suscitado un rechazo enérgico a nivel nacional e internacional, tanto de organizaciones no-gubernamentales como de organismos supranacionales. Así, la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT), conformada por más de 60 organizaciones civiles de Derechos Humanos en todo el país, emitió una Acción Urgente exigiendo a los gobiernos estatal y federal una investigación exhaustiva e imparcial del ataque y llevar los responsables ante la justicia. También Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México (OACNUDH) condenaron la agresión a la misión que tenía entre sus propósitos brindar ayuda humanitaria a la población cercada por el grupo Unión de Bien Estar Social para la Región Triqui (Ubisort), en el municipio autónomo de San Juan Cópala.

Ocurrida la agresión en el contexto de campañas electorales a nivel estatal, el gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, deslindó al gobierno estatal de cualquier responsabilidad en el ataque ocurrido el pasado 27 de abril. Incluso, cuestionó la participación de extranjeros en esta caravana, advirtiendo que debería investigarse su calidad migratoria. Al respecto, la Red por la Paz, conformada por varias organizaciones de Derechos Humanos y trabajo en favor de la paz en Chiapas, censuró que “el gobierno de Oaxaca esté cuestionando la observación internacional, mecanismo de intervención civil de paz que ha resultado clave para detener la violencia en varios lugares y contextos“.

Para más información:

Más información de SIPAZ:


Oaxaca: Red por la Paz de Chiapas condena ataque armado contra caravana de observación en San Juan Copalá

abril 30, 2010

Las organizaciones civiles, que integramos la Red por la Paz Chiapas, condenamos enérgicamente el ataque armado que sufrieron integrantes de la caravana humanitaria conformada por representantes de organizaciones de derechos humanos, periodistas y observadores internacionales. La caravana se dirigía a la comunidad de San Juan Copalá en la región Triqui cuando fue emboscada y agredida con armas de fuego presuntamente por un grupo de la Unidad para el Bienestar Social de la región Triqui (UBISORT), organización vinculada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y señalada como teniendo corte paramilitar. El saldo de la agresión fue de dos muertos, BEATRíZ ALBERTA CARIÑO TRUJILLO, integrante del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos A.C. (CACTUS) y JYRI ANTERO JAAKKOLA, observador internacional originario de Finlandia, así como de varios heridos.

Esta agresión se dio en contra de una caravana humanitaria y pacífica de observación, refrendando el riesgo que corren las y los defensores de derechos humanos, así como los periodistas en México. Vemos con preocupación la situación de vulnerabilidad de las y los que trabajan a favor de la defensa y promoción de los derechos humanos frente a la cada vez más recurrente violencia política, a la criminalización de su labor y a la indiferencia estatal para la protección de su vida e integridad física.

De igual modo nos parece de particular gravedad que, frente a la muerte de Jyri Antero Jaakola de nacionalidad finlandesa durante la agresión, el gobierno del estado de Oaxaca esté cuestionando la observación internacional, mecanismo de intervención civil de paz que ha resultado clave para detener la violencia en varios lugares y contextos.

El gobierno estatal se deslinda de toda responsabilidad en estos hechos de violencia. La impunidad en los numerosos asesinatos y hechos de violencia que se han registrado en la zona triqui han contribuido, mínimamente por omisión, a crear la situación de violencia en la región. Finalmente, nos preocupa que, como se suele dar en Chiapas, la respuesta a este ataque se quede en una atención limitada a restablecer un mínimo de orden publico sin afrontar las causas de fondo detrás de la violencia que ha prevalecido en la zona Triqui.

Ante esta situación, las organizaciones que integramos la Red por la Paz Chiapas, exigimos:

  • Inmediata intervención de la Procuraduría de Justicia del estado de Oaxaca y de la Procuraduría General de la República para que realicen una investigación imparcial, frenen la violencia en el lugar, se haga justicia y se castiguen a los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos.
  • Actuar de inmediato para atender de fondo la violencia que viven las comunidades Triquis, poniendo especial énfasis en el respeto y garantías al proceso de diálogo interno.
  • Que se investiguen y desmantelen los presuntos grupos paramilitares en la región.

  • Asegurar condiciones que permitan el restablecimiento de la seguridad para toda la población sin distinción, situación que consideramos no se restablecería por la simple militarización de la zona
  • Buscar soluciones a las razones que dieron pie a la organización de esta caravana (falta de acceso a servicios básicos de parte de la población)

Atentamente

Organizaciones integrantes de la Red por la Paz

Educación para la Paz (Edupaz)

Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, A.C. (Ciepac)

Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (Desmi)

Servicio Internacional para la Paz (Sipaz)

Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (Coreco)

Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. (Enlace CC)

Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz)

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH)

Centro de Derechos Indígenas, A.C. (Cediac)

Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. (Frayba)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Ataque a caravana de observación – 2 muertos y 4 desaparecidos (Abril 28, 2010)