Chiapas: Impiden visitar a Alberto Patishtan en el marco de la convocatoria para el “Reconocimiento jTatic Samuel jCanan Lum” 2011

julio 30, 2010
Participantes de la convocatoria "jTatic Samuel jCanan Lum" frente al penal de San Cristóbal

Participantes de la convocatoria “jTatic Samuel jCanan Lum” frente al penal de San Cristóbal

El 28 de julio, integrantes de las organizaciones convocantes del “Reconocimiento jTatic Samuel jCanan Lum” y de las organizaciones que fueron reconocidas en enero pasado, se organizaron para visitar al profesor Alberto Patishtan Gómez, preso injustamente en el penal de San Cristóbal y también premiado con este reconocimiento. A pesar de contar con la autorización del gobierno del estado, el director del centro penitenciario les negó la entrada. A continuación reproducimos de forma completa el boletín conjunto emitido después de esta visita negada.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

A 28 de julio de 2010

BOLETIN DE PRENSA

Víctor Manuel Palacios Torres, Director del CERSS 5 de San Cristóbal de Las Casas, niega ingreso  a integrantes de organizaciones civiles quienes fuimos a visitar al profesor Alberto Patishtán Gómez, preso político, a pesar de que previamente la visita estaba autorizada desde la oficina del Gobernador del Estado.

El Profesor Patishtán recibió el reconocimiento “Jtatic Samuel Jcanan Lum” en este año 2010. En el marco de la nueva convocatoria de este mismo reconocimiento para el año 2011, visitarle para animarle y compartir nuestras reflexiones sobre el sentido de esta iniciativa.

Desde el mes pasado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. gestionó el ingreso de representantes de las organizaciones civiles convocantes, así como de los colectivos y personas que fueron distinguidos con este reconocimiento de manos de Don Samuel Ruiz García el pasado mes de enero. El día de ayer 27 de julio se envío la lista de personas que ingresaríamos a la visita tal como nos lo requirieron de la oficina del Gobernador y el día de hoy fuimos notificados de que la visita estaba autorizada.

El 26 de enero pasado, Don Samuel Ruiz García e integrantes de las organizaciones convocantes ingresamos al CERSS 5 para entregar el mencionado reconocimiento al Profesor Patishtán, llevando a cabo una ceremonia discreta y sin ningún tipo de incidente. Cabe mencionar que la gestión para el ingreso en aquella ocasión fue de la misma manera y a través de las mismas instancias que las realizadas para la visita denegada el día de hoy.

En está ocasión se nos mantuvo en espera a las afueras del CERSS 5 desde las 9 de la mañana, hora acordada para el ingreso, hasta las 11:30 en que decidimos retirarnos ante la negativa del señor director del CERSS 5. Le solicitamos una entrevista a través de los custodios, y él se negó a recibirnos y a dialogar sobre el asunto.

Manifestamos nuestra molestia por la falta de seriedad y cumplimiento del directo del CERSS 5, de la palabra que se nos había dado desde la oficina del Gobernador para la realización de la visita y reiteramos nuestra exigencia de libertad para el Profesor Alberto Patishtán Gómez, preso político desde el año 2000.

Organizaciones convocantes del reconocimiento Jtatic Samuel Jcanan Lum:

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, CORECO – Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, SERAPAZ – Servicio y Asesoría para la Paz, DESMI – Desarrollo Social y Económico del Mexicano Indígena, SIPAZ – Servicio Internacional para la Paz, INESIN – Instituto de Estudios e Investigación Intercultural

Organizaciones que recibieron el reconocimiento Jtatic Samuel Jcanan Lum en el 2010:

CODIMUJ – Coordinación Diocesana de Mujeres, Sociedad Civil Las Abejas, Teología India Ecuménica Mayense, Familiares y amig@s del Profesor Alberto Patishtán

Otros: Comité de expresos Voces Inocentes.

Anuncios

Oaxaca: ataque en contra de la comunidad de Zimatlán de Lázaro Cárdenas

julio 24, 2010

@ mx.geocities.com/staluciamonteverde

El miércoles 22 de julio, residentes de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, municipio de Putla Villa Guerrero, denunciaron que un grupo que señalaron como “paramilitares” del poblado vecino de San Sebastián Nopalera, municipio de Santa Lucía Monteverde, dispararon a su comunidad, hiriendo de gravedad a Jaime Jiménez Cruz, de 40 años de edad.  Las dos comunidades, que se ubican en la región mixteca del estado de Oaxaca, han experimentado conflictos por cuestiones agrarias.  Varios residentes de Zimatlán intentaron evacuar la zona de Zimatlán ante la amenaza de una agresión, pero no pudieron logrado por el cerco mantenido por el grupo agresor.

Para permitir la evacuación de niños, mujeres y ancianos de la comunidad, habitantes de Zimatlán solicitaron al Centro de Derechos Humanos y Asesoría a los Pueblos Indígenas (Cedhapi) que organice una caravana humanitaria que tiene previsto salir este sábado 24. Pidieron a la seguridad pública del estado y a la Secretaría General de Gobierno garantizar la seguridad de los desplazados, y a la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos el envío de un representante.  Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno de Oaxaca un informe sobre la realidad experimentada en Zimatlán; las autoridades respondieron diciendo que se había otorgado seguridad a los afectados, y que “los hechos delictuosos se están investigando.”  Cabe destacar que en un comunicado reciente, Cedhapi había asegurado  que las autoridades estatales no habían respondido a las llamadas de auxilio de los habitantes de Zimatlán para detener al grupo agresor.

Para más información:

Denuncian ataque de paramilitares en la Mixteca oaxaqueña; un herido (La Jornada, 23 de julio)


Oaxaca: desalojo violento de vendedores vinculados a la APPO en Oaxaca de Juárez

julio 22, 2010

El zócalo de Oaxaca de Juárez, tras la operación policiaca (@ Noticias de Oaxaca)

El martes 19 de julio – uno de los primeros días de la celebración de la fiesta tradicional Guelaguetza en el estado de Oaxaca – occurieron enfrentamientos en el zócalo y la Alameda de León en Oaxaca de Juárez entre comerciantes ambulantes y asentados y elementos de la policía municipal.  Según testimonios, a las 11 de la mañana del día 19 llegaron inspectores municipales apoyados por elementos policiacos a la Alameda que demandaban que comerciantes informales de la organización “14 de Junio” se retiraran del lugar, demanda que los vendedores se negaron a cumplir. A raíz de esta negativa, un operativo policiaco para desalojar a casi un centenar de comerciantes del zócalo fue realizado con la entrada de entre 100 y 300 elementos policiacos que emplearon gases lacrimógenos y de pimienta.  En respuesta, de acuerdo a testigos, algunos de los comerciantes arrojaron piedras, sillas y mesas  al restaurante Terranova, propiedad de familiares de la ex-candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal, Beatriz Rodríguez Casasnova, mientras jóvenes encapuchados se enfrentaron con los policías.  En cuanto que terminó el operativo, elementos policiacos se estacionaron en ambos lugares para impedir que los vendedores se reinstalaran.  El saldo del enfrentamiento fue de dos heridos, ocho personas fueron detenidos, entre ellos cuatro menores de edad.

Los que fueron desalojados, y que sufrieron el desmantelamiento de sus puestos por parte de la policía, pertenecen a las organizaciones sociales Venustiano Carranza, 14 de Junio, Organización de Comerciantes Conscientes en Apoyo al Magisterio, y a la APPO, además de los que son comerciantes independientes.  Los vendedores desalojados se habían instalado en el zócalo y la Alameda el viernes pasado antes de los festejos por la celebración de la Guelaguetza.  Alberto Quezadas Jiménez, jefe de la policía estatal, dijo que se había ordenado el despliegue de policías a petición de las autoridades municipales, dado que estos vendedores no tenían permiso oficial para instalarse en la plaza.  El actual gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, dijo en una entrevista el martes mismo que el desalojo buscaba “garantizar la seguridad del turismo y de los oaxaqueños”. Tras los acontecimientos, hizo un llamado a la tranquilidad y declaró que las celebraciones de la Guelaguetza deberían continuar sin pausa.

Para más información:

Desalojo en el Zócalo (El Imparcial, 20 de julio)

Violenta Guelaguetza (El Imparcial, 20 de julio)

Desalojo de ambulantes del zócalo de Oaxaca deja 8 detenidos (La Jornada, 19 de julio)

Desalojan vendedores en la capital de Oaxaca; 2 heridos y 8 detenidos (La Jornada, 19 de julio)

Ulises Ruiz recorre el zócalo luego del desalojo de ambulantes (Noticias de Oaxaca, 19 de julio)


Oaxaca: Actualización del caso del Padre Martín

julio 19, 2010

Padre Martín Octavio García Ortiz (@ Ciudadanía Express)

Martín Octavio García Ortiz, sacerdote de la parroquia de San Pedro Apostól en la comunidad de San José el Progreso, municipio de Ocotlán, Oaxaca, fue liberado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Oaxaca en la madrugada del miércoles 30 de junio tras haber sido retenido por la PGJE después de haber sido secuestrado por un grupo de militantes el 19 de junio, el mismo día en que un enfrentamiento en San José el Progreso resultó en la muerte de dos funcionarios gubermentales y la detención de 11 personas.  La PGJE había detenido al Padre Martín supuestamente por 48 horas “para resolver su situación jurídica”. Ha sido señalado como “agitador” en contra de las operaciones de la empresa minera Cuzcatlán. Tras los esfuerzos por parte de la Iglesia católica y organizaciones civiles de derechos humanos exigiendo su libertad, finalmente fue liberado al fin del mes por falta de elementos que comprobaran su participación en los asesinatos del 19 de junio.

El 5 de julio, el párroco emitió un comunicado dirigido “a todos los pueblos de la parroquia de San Pedro Apostól” y a “amigos y amigas que han seguido mi caso”.  En el comunicado, escrito “desde algun lugar de[l] exilio” del sacerdote, el Padre Martín se deslindó de la presentación de la realidad de San José el Progreso que, según él, promueven los medios de comunicación y los tres niveles de gobierno–municipal, estatal y federal.  Declaró que “la parroquia nunca, en todo este proceso, ha dicho o ha insinuado siquiera que seamos los líderes en la lucha en contra de la empresa minera Cuzcatlán”, y refiriéndose “a los hermanos de la comunidad de San José”, afirmó que “no puede de ningún modo ser su líder,” que “los que viven en los pueblos tienen que ser los principales protagonistas de su organización”. Destacando que no es “el que comanda [la] organización” de Pueblos Unidos del Valle Ocotlán, pidió perdón a los miembros de esta organización, dado que él no “quier[e] que piensen que [él se quisiéra] apoderar de su trabajo y esfuerzo ya que en los medios [le] han señalado a [él] siempre como el líder único de todo el movimiento que ustedes han generado.”  El Padre Martín denunció la tendencia común que tiene el gobierno e intereses dominantes de señalar a un “güerito mestizo” como “el ideólogo de todo” el proceso organizativo, “que manipula a los pobres indios [sic] que no saben nada.”

El sacerdote reconoció que ha participado en el movimiento de oposición en contra de operaciones de minería en San José, lo que lo hace “solamente responsable de haber dado a conocer los bienes y los males del trabajo de extracción minera”.  En este contexto el Padre Martín enfatizó que “la cuestión ecológica, es una de las que hemos privilegiado mucho debido a lo emergente de la situación en la que vive nuestra region” especialmente frente a “uno de los peligros más grandes”: la mineria.  Opinó que el gobierno, la empresa Cuzcatlán y “sus marionetas […] [v]en con peligro que la gente por acción de la parroquia conozca y defienda sus derechos” y que la gente “se vuelva crítica frente a la realidad y a las acciones de los poderosos de nuestro tiempo”.  Terminó su carta pidiendo a sus lectores que no participen en la compra de productos de origen mineral, dado que allí en tales productos hay “millones de litros de agua contaminada con cianuro o con sulfuros”, y que las operaciones de mineria implican “las lágrimas de madres, esposos, padres, hombres y mujeres que tiene[n] a algún familiar encarcelado o [que] ha sido torturado a causa de defender su tierra y territorio de las empresas mineras”.  El padre enfatizó además que “ahora es el momento de seguir adelante, no es momento de tener miedos”:  “Aunque han herido al pastor, las ovejas deben seguir siempre tan organizadas y caminando en su trabajo”.  Concluyó diciendo que “[e]s la hora de que la espada sea desenvainada para iniciar la lucha más fuerte”.

Para más información:

Solución pacífica de conflictos comunitarios (La Jornada, 10 de julio)

Libera PGJE al padre Martín García Ortiz (Ciudadanía Express, 30 de junio)

Comunicado completo del Padre Martín, 5 de julio (MS Word)

Para más informacion de SIPAZ:

Oaxaca: detención de religioso tras asesinatos de funcionarios príistas en San José el Progreso (26 de junio)


Chiapas: Red por la Paz expresa preocupación por posible detención de defensor de Derechos Humanos

julio 17, 2010
Marcha del movimiento en contra de las altas tarifas en Tonalá, el 8 de marzo de 2010 @ Consejo Regional Autónomo de la Zona Costa de Chiapas

Marcha del movimiento en contra de las altas tarifas en Tonalá, el 8 de marzo de 2010 @ Consejo Regional Autónomo de la Zona Costa de Chiapas

La Red por la Paz, integrada por organizaciones civiles y de Derechos Humanos del estado de Chiapas, en un pronunciamiento expresó su preocupación por un proceso judicial abierto en contra de Nataniel Hernández Nuñez, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, el cual podría derivar en su detención. A continuación reproducimos el boletín completo:

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

13 de julio del 2010

Pronunciamiento de la Red por la Paz

  • Preocupación por criminalización del trabajo de defensor de Derechos Humanos
  • Llamado a respetar el trabajo de acompañamiento a procesos organizativos

Las organizaciones civiles que integramos la Red por la Paz en Chiapas, manifestamos nuestra profunda preocupación por el proceso judicial que inculpa a Nataniel Hernández Nuñez, director del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, en la ciudad de Tonalá, Chiapas.

La acusación se presentó en contra de Hernández Nuñez por su presencia como observador de Derechos Humanos en una manifestación pacífica, realizada por el Consejo Autónomo de la Zona Costa el 13 de abril de 2010. A través de la misma, ésta última organización, que forma parte de La Otra Campaña, denunciaba el robo de cables eléctricos que habían sufrido dos comunidades pertenecientes al Consejo Autónomo. Además, exigían a la Comisión Federal de Electricidad la reinstalación del servicio eléctrico que había dejado a más de 150 familias (en resistencia a las altas tarifas de la luz) sin energía eléctrica por más de una semana.

El día 11 de junio del 2010, la AFI se presentó en el domicilio de Nataniel Hernández Nuñez a dejar un citatorio, para que se presentara el día 15 de junio del las 10:00 horas, en la ciudad de Arriaga, Chiapas. En este citatorio se le informó que existía la Averiguación Previa No. AVP/PGR/032/2010 en su contra, averiguación en la que se le imputa el delito de ataque a las vías de comunicación, situación que pone al afectado en un estado de vulnerabilidad permanente: “El estado procesal en que se encuentra [Nataniel Hernández Nuñez] es la integración de la averiguación previa, estando en espera para que se realice la consignación y se solicite al Juez de Distrito la orden de aprehensión, si es que hay los elementos necesarios.”

Como defensoras y defensores de Derechos Humanos, vemos con preocupación la denuncia penal interpuesta por el gobierno estatal en contra del defensor de derechos humanos, misma que pareciera una muestra más de la recurrente criminalización del trabajo de defensa y acompañamiento que realizan las organizaciones de derechos humanos a distintas organizaciones y comunidades que apuestan a la transformación civil y pacífica en Chiapas.

Hacemos un llamado a las autoridades competentes y los gobiernos estatal y federal que:

  1. Se cancele de inmediato el proceso judicial en contra del director del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, por ser un delito claramente ideado para criminalizar y obstaculizar su trabajo.
  2. Cese la vigilancia y hostigamiento en contra de Nataniel Hernández Nuñez, así como en contra de las y los demás integrantes del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”.
  3. Se respete el trabajo de las y los defensores de Derechos Humanos en todo el territorio mexicano.

Atentamente

Organizaciones integrantes de la Red por la Paz


Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, A.C. (Ciepac)

Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (Desmi)

Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (Coreco)

Enlace Capacitación y Comunicación, A.C. (Enlace CC)

Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz)

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH)

Centro de Derechos Indígenas, A.C. (Cediac)

Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. (Frayba)

Educación para la Paz (Edupaz)

Para más información:

Boletín conjunto del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa (pdf) (16/06/2010)

Más información de SIPAZ:

Chiapas: Hostigamiento Judicial a Defensor de Derechos Humanos (21/06/2010)


Chiapas: último comunicado del preso Alberto Patishtán Gómez, y cobertura por La Jornada

julio 13, 2010

https://i0.wp.com/www.sipaz.org/imagral/Alberto-Pakistan.jpg

El 5 de julio el preso  Alberto Patishtán Gómez, adherente de la Otra Campaña encarcelado por 10 años que actualmente se encuentra detenido en el Hospital Vida Mejor en Tuxtla Gutiérrez, emitió una carta pública  en la que denunció que “[d]ecir la  verdad y defender el derecho del prójimo y de todo reclamo social, en México y sus estados  sigue siendo un delito”. En dicha carta, Patishtán Gómez señaló su experiencia ha sido que las “autoridades institucionales” sentencian a los y las mexicanas “por muchos años y [les obligan] a cumplir  de un lugar a otro arbitrariamente”. Se refiere a su propia experiencia  “en este cautiverio  del hospital” donde ya ha permanecido “por casi 6 meses aislado de todo”.  Añadió que durante su estancia en el hospital ha empeorado su situación de salud, y exigió poder volver al penal No. 5  de San Cristóbal de Las Casas así como su libertad inmediata.

LLamativamente y en contraste, el sábado 10 de julio, el diario capitalino La Jornada publicóun artículo sin firmar sobre la situación actual de Patishtán Gómez.  Supuestamente refiriéndose al comunicado de Patishtán del 5 de julio, el artículo erróneamente afirmó que Patishtán había rechazado “que permane[ce] secuestrado en el Hospital Vida Mejor”, y “aseguró [él] que ha recibido adecuada atención médica por parte del gobierno de Chiapas.”

Para más información:

Denuncia de Alberto Patishtán, 5 de julio (Chiapas Denuncia)

Alberto Patishtán reconoce que ha recibido “la mejor atención médica” (La Jornada, 10 de julio)

Para más informacion de SIPAZ:

Chiapas: desatención médica en caso de Alberto Patishtán (25 de marzo de 2010)

Chiapas: Entrega del reconocimiento JTatic Samuel JCanan Lum a Alberto Patishtan (30 de enero de 2010)


Guerrero – breves: PGJE denigra homicidio de Lorenzo Fernández; Sigue presión de ONGs para liberación de Raúl Hernández

julio 12, 2010

 Foto: http://alzatuvozporlalibertadderaul.wordpress.com/ 

A dos años y cinco meses del homicidio de Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés Fernández Ortega, quien fue violada sexualmente por militares en el 2002, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) presentó a un presunto responsable del homicidio. La PGJE concluyó que el homicidio fue consecuencia de un conflicto suscitado durante una borrachera.

La defensa ha argumentado que el pasado 9 de febrero de 2008, Lorenzo fue desaparecido de manera forzada, y un día después, su cuerpo fue hallado sin vida y con visibles huellas de tortura, en el río que cruza la ciudad de Ayutla.Lorenzo era integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y jugó un papel importante en la defensa de los derechos humanos de indígenas de su región. Acompañó de manera activa la denuncia de los hechos ocurridos en contra de su hermana, Inés Fernández, así como la queja que presentaron ante la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (CODDEHUM) los 14 indígenas de El Camalote que fueron esterilizados de manera forzada por la Secretaría de Salud, en el 1998.

En un comunicado del 5 de julio, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red Guerrerense) y la OPIM denunciaron que Tlachinollan, como parte coadyuvante, sólo tuvo un acceso limitado a los avances de la investigación y que la conclusión de que el homicidio fue resultado de una borrachera denigra la trayectoria de Lorenzo Fernández como defensor de derechos humanos.

El mismo 5 de julio, Amnistía Internacional (AI) emitió una Acción Urgente exigiendo la liberación inmediata del preso político Raúl Hernández, integrante de la OPIM. Fue detenido el 17 de abril de 2008 y acusado del asesinato de Alejandro Feliciano García cometido el 1 de enero de 2008 en la localidad de El Camalote, estado de Guerrero. El 30 de junio de 2010, el juez que preside el proceso contra este defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, dio por terminada la fase de presentación de pruebas de su juicio por asesinato. La investigación del lugar del crimen llevada a cabo por el juez confirmó que las declaraciones de los testigos que afirmaban que Raúl Hernández estaba presente en el momento del asesinato no eran fiables. AI pidió a la sociedad civil enviar llamamientos a la PGJE antes del 14 de agosto 2010 para exigir la liberación de Hernández. (véase Acción Urgente abajo).

Finalmente, el 6 de julio, el Solicitor’s International Human Rights Group (SIHRG) publicó un informe sobre la situación de Raúl Hernández. En el informe enfatizó que su encarcelamiento fue basado en mentiras y que no existe prueba ninguna de su participación en los hechos criminales de los cuales fue acusado. El SIRHG expresó su más profunda preocupación por el caso de Hernández y afirmó estar dispuesto a tomar más medidas para proteger los derechos humanos de este defensor.

Para más información:

Comunicado conjunto de Tlachinollan, la Red Guerrerense y la OPIM (5 de julio)

Campaña de Amnistía Internacional para la liberación de Raúl Hernández

 Acción Urgente Amnistía Internacional: Momento clave en el juicio por asesinato contra un activista (5 de julio)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Breves – CECOP recibe medidas cautelares; Informe sobre derechos humanos; Organizaciones civiles siguen pidiendo liberación de Raúl Hernández (3 de julio de 2010)