Oaxaca: nueva emboscada en región triqui deja 3 muertos y 2 heridos

Un grupo de mujeres triquis en el zócalo de Oaxaca de Juárez acompañado por Eve y Raimond Jaakkola, padres del activista finlandés asesinado en la región triqui el pasado 27 de abril (@ La Jornada)

El pasado sábado 22 de agosto se produjo una emboscada en la región triqui del estado de Oaxaca, dejando un saldo de 3 muertos y 2 heridos. Ésta tuvo lugar en la carretera Santiago Juxtlahuaca-Putla de Guerrero cerca del municipio autónomo de San Juan Copalá; como víctimas fatales se cuentan: Antonio Ramírez López, Antonio Cruz García y Rigoberto Silvano González Ramírez, y los heridos Víctor de Jesús González y Alfredo Martínez González, todos vinculados con el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULT-I). Según Jorge Albino Ortiz, portavoz de San Juan Copalá, los agredidos estaban recorriendo la zona, en tareas de preparación  y organización de una caravana de mujeres y niñ@s triquis, que tenía prevista dirigirse a la ciudad capitalina del estado (Oaxaca de Juárez)  al día siguiente, para denunciar frente el Alto Comisionado de la ONU el contexto de violencia que padecen en la región. Los asesinatos se atribuyen a los grupos el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), ambos señalados como grupos paramilitares, aunque el dirigente de Ubisort, Rufino Juárez Hernández, ha deslindado responsabilidad de parte de su grupo.

A  raíz del ataque del 22 de agosto, la mencionada caravana de mujeres y niñ@s se suspendió. Marcos Albino, integrante del MULT-I (que ha estado organizando un plantón de mujeres triquis en el Distrito Federal), aseveró que, en lugar de la caravana, “llevaremos a cabo otras acciones, no nos van a inmovilizar. Seguiremos en resistencia y apostando al diálogo y la paz hasta morir, de ser necesario.”

Tras deslindar todo tipo de responsabilidad en torno a los asesinatos, Juárez Hernández hizo una llamada dirigida al MULT-I para promover el diálogo a fin de “evitar más ejecuciones y detener la agonía de pobreza y violencia” en la zona. “El problema de nuestra etnia tiene que ser resuelto entre indígenas y no con extraños o extranjeros que desconocen y están mal informados”, estableció. Anadió él que “[r]espetamos que diversas organizaciones, grupos políticos o religiosos quieran intervenir, pero de nada ayudan si sus falsas declaraciones provocan más violencia y generan más encono entre los hermanos que viven todos los días en nuestra región.” Para que haya posibilidad de paz, dijo él, “no debe haber PRI-caciquil, ni PRD o izquierda radical y mucho menos proyectos de insurgencia o levantamientos que nos dividan más.”

El 23 de agosto, anunciaron Evencio Nicolás Martínez Ramírez, secretario general de Gobierno, y María de la Luz Candelaria Chiñas, procuradura, que la solución a la situación de violencia prevaleciente en la región triqui “depende de ellos (los indígenas), no del gobierno, no de la Procuraduría (General de Justicia del Estado, PGJE.”

Para más información:

Emboscan a indígenas triquis vinculados a San Juan Copala (La Jornada, 22 de agosto)

Tres muertos y dos heridos, saldo de emboscada de paramilitares (La Jornada, 23 de agosto)

Se deslinda Ubisort de emboscada a caravana triqui (La Jornada, 23 de agosto)

La paz en la región triqui depende de los indígenas, no de nosotros: autoridades (La Jornada, 24 de agosto)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: mujeres triquis denuncian contexto que padecen (20 de agosto)

Oaxaca: más violencia en zona triqui tras el asesinato de Anastasio Juárez Hernández, dirigente de UBISORT y hermano de Rufino Juárez Hernández (13 de agosto)

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Guerrero – Sigue presión de ONGs para justicia en el caso de Raúl Hernández

Visita del Relator Especial de la UN a Raúl Hernández. Foto Tlachinollan

El 16 de agosto, presidentes de Amnistía Internacional (AI) en América y Europa presentaron una carta dirigida al presidente Calderón en la que consideraron que el proceso contra del dirigente indígena Raúl Hernández es una forma de represalia a sus actividades de promoción y defensa de los derechos de su comunidad, convirtiéndolo en “un preso de conciencia del Estado mexicano”. Raúl Hernández está preso en la cárcel de Ayutla de los Libres, desde hace 2 años y 4 meses, por el supuesto homicidio de un informante del Ejéricto mexicano.

El 17 de agosto, Raúl Hernández recibió una visita del Senador del PRD por Guerrero, David Jiménez Rumbo, a quien pidió que intervenga ante el juez Mixto de Primera Instancia, Alfredo Sánchez Sánchez, para que le dicte una sentencia absolutoria y así logre su inmediata libertad. Tras la visita a Raúl Hernández, el Senador se trasladó al Juzgado Mixto de Primera Instancia y pidió al Juez Sánchez Sánchez que pueda emitir una sentencia justa y destacó que estará atento a su actuación. El Juez adelantó que tomará los días adicionales que establece el Código Penal y de Procedimientos Penales de Guerrero cuando se trata de un expediente voluminoso; lo que significa que el juez estaría dictando su sentencia el próximo 28 de agosto y no este viernes 20 como se tenía previsto.

El 21 de agosto, el relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, visitó a Raúl Hernández en la cárcel. El Relator Especial dijo a Hernández que no duda que su encarcelamiento es una “gran injusticia” y añadió como Relator “le doy especial importancia a libertad de expresión de los pueblos indígenas, porque tienen el derecho legítimo de organizarse y a alzar su voz”.

En el Zócalo capitalino, activistas de AI y Tlachinollan, realizaron una jornada por la libertad de Raúl Hernández. Una gran pancarta mostró firmas de ciudadanos en favor del activista y una petición: “Señor presidente, es en este momento que usted puede hacer un reconocimiento de la inocencia de Raúl Hernández y evitar que sea condenado injustamente”. Tlachinollan manifestó que se juntaron 5 mil firmas que serán entregadas a la Presidencia de la República este martes.

Para más información:

Pide Amnistía Internacional a Calderón interceda en favor de Raúl Hernández (La Jornada, 17 de agosto)

Proceso en contra de Raúl Hernández es una represalia: AI (El Universal, 17 de agosto)

AI pide respetar la labor de defensores (Impreso Milenio, 17 de agosto)

Jornada por la libertad del defensor de derechos humanos Raúl Hernández (La Jornada, 23 de agosto)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero – PGJE pide 50 años en contra de Raúl Hernández (10 de agosto)

Guerrero – Breves: Detienen integrante del FODEG, Raúl Hernández recibe amenazas y anuncio de conmemoración masacre Aguas Blancas (25 de junio)

Guerrero – Sigue presión de ONGs para justicia en el caso de Raúl Hernández

Chiapas: OCEZ-RC denuncia a PGR por tortura

El 13 de Agosto de 2010, el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (CDHBCh-Digna Ochoa) emitió un boletín de prensa en el que anunció que la Organización Campesina Emiliano Zapata, Región Carranza (OCEZ-RC) había iniciado tres averiguaciones previas por el delito de tortura y por el atentado cometido contra sus integrantes el 30 de septiembre de 2009 en los que perdieron la vida dos campesinos y uno más quedó parapléjico. Dichas denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía Especializada en la Protección de los Organismos  no gubernamentales para la Defensa de los Derechos Humanos en Chiapas.

José Manuel Hernández Martínez (Chema), Roselio de la Cruz González y José Manuel Hernández de la Torre, miembros de la OCEZ-RC,  se presentaron con el propósito de dar inicio a una averiguación previa por el delito de tortura en el marco de su detención en octubre de 2009. José Manuel Hernández Martínez denunció que también  fue víctima de tortura por elementos federales durante el tiempo que permaneció recluido en el CEFERESO Núm. 4, cárcel máxima seguridad, ubicada en el estado de Nayarit.

Para más información:

Boletín de prensa completo (13 de agosto de 2010)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: OCEZ-RC, liberación de presos e inicio de un proceso de distensión (28 de noviembre de 2009)

Chiapas: OCEZ-RC, a 12 días de iniciado su plantón en San Cristóbal de Las Casas (6 de noviembre de 2009)

Chiapas: Detienen a dirigente de la OCEZ de la región Venustiano Carranza (6 de octubre de 2009)

Chiapas: Jornada de Las Abejas por la Justicia y la verdad

El 12 de agosto, más de 200 indígenas de la organización civil Las Abejas marcharon en San Cristóbal y realizaron una jornada de 12 horas de acción por la justicia y la verdad, para seguir protestando por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que justamente hace un año llevó a la liberación de 29 tzotziles acusados de haber participado en la matanza de 45 indígenas en Acteal el 22 de diciembre de 1997.

Después de la marcha/peregrinación y de preparar un altar maya en la plaza Catedral, se realizó una conferencia de prensa en la que participaron sobrevivientes de la masacre. En su comunicado las Abejas afirmaron: “Nuestra lucha por la verdad y la justicia no se negocia ni se condiciona con dinero o migajas o desechos del mal gobierno. La masacre de Acteal es un crimen de estado, que no se olvida. Seguiremos incansablemente denunciando la impunidad de los autores materiales e intelectuales de la masacre, porque somos los guardianes de la memoria y sin memoria el pueblo nunca tendrá justicia”.Sobrevivientes de la matanza expresaron su miedo al considerar que la presencia de los paramilitares liberados representa un peligro para su seguridad porque las armas usadas en la masacre continúan escondidas en las comunidades.

La jornada siguió con actividades religiosas y culturales hasta la noche.

Para más información:

– A casi 13 años de la matanza de Acteal, realizan Las Abejas jornada por la justicia y el no olvido (La Jornada, 13 de agosto de 2010)

– Comunicado, cronología (texto y fotos) y cobertura en vivo (trasmisión vía internet) de la jornada:

http://acteal.blogspot.com/

http://chiapasdenuncia.blogspot.com/

Para más información de SIPAZ:

• Boletín informativo especial sobre el Caso Acteal: Fallo de la SCJN – Una resolución irreprochable desde lo jurídico, una decisión altamente cuestionada desde el contexto histórico y actual– 30 de agosto de 2009

Oaxaca: más violencia en zona triqui tras el asesinato de Anastasio Juárez Hernández, dirigente de UBISORT y hermano de Rufino Juárez Hernández

Rufino Juárez Hernández (@Diario Despertar)

Por la noche de jueves 29 de julio fue asesinado Anastasio Juárez Hernández,  agente municipal de San Juan Copalá designado por la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) y hermano del dirigente de tal organización, Rufino Juárez Hernández.  Según su hermano, fue asesinado a tiros en su casa ubicada en el centro de San Juan Copalá, aunque representantes de la administración de San Juan Copalá dicen que el asesinato tuvo lugar a varios kilómetros, en Juxtlahuaca.  Juárez Hernández culpó a los dirigentes del MULT-I–José Ramírez Flores, Miguel Ángel Álvarez Velasco, Eugenio Martínez López y Jesús Martínez–por el asesinato; también acusó a Alejandro Encinas, diputado del el Partido de la Revolución Democrática; a la Iglesia católica en Oaxaca, a la sección 22 del magisterio oaxaqueño y a la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) de ser los “responsables intelectuales” del asesinato.  De manera llamativa también extendió la responsabilidad por el asesinato al actual gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz, a quien otros señalan por sus fuertes vínculos con la UBISORT.

De manera encontrada, los voceros del municipio autónomo de San Juan Copalá afirmaron que Anastasio fue ultimado en la cabecera municipal de Juxtlahuaca tras un conflicto entre priístas por el control del gobierno municipal allí, involucrando también a grupos de taxistas y comerciantes del mercado local.  Al mediodía del viernes 30 de julio ingresaron entre cien y trescientos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de la Policía Estatal Preventiva (PEP) al municipio autónomo para, según afirmaron “respaldar al fiscal y a los peritos en el levantamiento del cadáver”. Los representantes del municipio autónomo aseveraron por otro lado que los elementos policiacos fueron acompañados por 400 hombres “fuertemente armados” de UBISORT, y que ambos grupos “entraron disparando” con un balance de dos niñas de 15 y 17 años heridas y dos detenciones. Representantes del municipio autónomo denunciaron que se unieron a la balacera integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).  Afirmaron que el propósito de este ingreso a San Juan Copalá, era llevar el cuerpo de Anastasio al municipio autónomo para fingir que fueron habitantes de Copalá quienes lo mataron.

En un comunicado, el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (Barca) repudió el ingreso de elementos policiacos a San Juan Copalá, pidiendo que las organizaciones civiles de derechos humanos “manifiesten su repudio a esta agresión al municipio autónomo”. Refiriéndose a la caravana que intentó llegar al municipio autónomo el 8 de junio, Barca declaró que “es incongruente que cuando se pidieron medidas de seguridad para que la caravana humanitaria Bety y Jiry entrara a dejar víveres, el estado no cumplió con su responsabilidad e impidió que llegara a cumplir con su misión.”

Para más información:

Ultiman a Anastasio Juárez, agente municipal de San Juan Copala (La Jornada, 31 de julio)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: después de la caravana “Bety Cariño y Jyri Jaakkola” a San Juan Copalá (21 de Junio de 2010)

Oaxaca: propuesta legislativa de juzgar a Ulises Ruiz rechazado por coalición de oposición

Ulises Ruiz Ortiz (@ La Jornada)

El jueves 29 de julio,  el diputado local Cristóbal Carmona Morales, miembro del Partido Nueva Alianza (Panal), presentó ante el Congreso de Oaxaca una solicitud para iniciar un juicio de procedencia contra Ulises Ruiz Ortiz, actual gobernador priísta del estado, por violaciones a los derechos humanos de maestros y ciudadanos en general durante el año 2006, cuando se reprimió un movimiento magisterial y social que se oponía a la administración estatal.  La propuesta de juzgar a Ruiz Ortiz, a quien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha responsabilizado  por violaciones a derechos humanos durante los eventos de 2006, ha producido bastante polémica desde el jueves pasado, especialmente por parte de los partidos integrantes de la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso” que derribó la alianza PRI-Verde Ecologista en las elecciones estatales ya hace casi un mes.

No obstante, esta iniciativa en contra del gobernador oaxaqueño no ha sido recibido como un avance por gran parte de la oposición.  De hecho, representantes de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia (PC) han nombrado esta iniciativa un “juicio político simulado” caracterizada por tener  grandes lagunas legales.  Representantes de la coalición han denunciado que un juicio de este tipo muy probablemente resultaría en una exoneración de Ulises Ruiz, debido al hecho que actualmente la mayoría de los diputados del congreso estatal son del PRI y que todavía faltan unos meses para que entren en función los nuevos diputados elegidos el 4 de julio pasado.  Integrantes de esta coalición de oposición temen  que la propuesta para el juicio no incluya estipulaciones para quitar el fuero constitucional del actual gobernador, requisito legal para avanzar con el proceso.  También han expresado su inquietud frente el riesgo que la mayoría priísta de los diputados puedan nombrar a un nuevo titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que podría permanecer durante la próxima administración gubernamental de Gabino Cué y mantener al actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Héctor Mafud Mafud, con el riesgo de que las averiguaciones previas lanzadas contra Ulises Ruiz pudieran desaparecer.  Además existe el riesgo  de que, si avanza el juicio político y si la mayoría priísta de los diputados le exonera  a Ulises Ruiz, ya no se le podría volver a procesar, dado que las personas no pueden ser juzgadas por el mismo delito más de una vez.

Por esto, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) emitió un comunicado anunciando que los “diputados locales en funciones y electos del PAN, PRD, PT y Convergencia no permitirán que el gobernador del estado eluda la voluntad ciudadana que rechazó, de manera contundente, la continuidad del PRI en el gobierno de Oaxaca” el pasado 4 de julio.  Benjamín Robles Montoya, diputado local del partido Convergencia, declaró en conferencia de prensa realizada con la presencia de 12 diputados electos y 6 diputados actuales que “[n]o vamos a permitir que Ulises Ruiz se burle de la voluntad ciudadana”, o que el PRI tenga éxito en “esconder su porquería”.  Los partidos integrantes de la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso” han propuesto una contra-iniciativa de procedimiento  que consistiría en la creación de una mesa de recepción para recibir denuncias de la población en general con relación a los hechos de 2006.  El dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Daniel Juárez, aseveró que solicitarán la información de organizaciones civiles de derechos humanos–Reporteros Sin Fronteras (RSF), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional (AI)–para la recopilación de información para la mesa.

Para más información:

Demanda de juicio político, treta de Ulises Ruiz, señalan (La Jornada, 2 de agosto)

Alianza opositora pide aportar denuncias para someter a Ulises Ruiz a juicio político (La Jornada, 3 de agosto)

Legisladores de Oaxaca van contra Ulises Ruiz (El Universal, 2 de agosto)

Es una farsa juicio contra Ulises Ruiz: diputados (El Universal, 3 de agosto)

Instalarán mesa para denuncias contra URO (El Universal, 2 de agosto)

Mayoría priista pretende exonerar a URO en juicio político simulado, denuncia oposición (NSS Oaxaca, 1 de agosto)

Juicio político no exonera a Ulises Ruiz de responsabilidades penales (Reflexión Informativa Oaxaca, 2 de agosto)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Derriba coalición “Unidos por la Paz y el Progreso” al PRI en elecciones estatales (11 de julio 2010)

Guerrero: Breves – Pronunciamiento AI; Foro Defensores Ambientalistas

El martes 27 de julio fueron publicadas en un artículo del Sur de Acapulco unas declaraciones del gobernador guerrerense Zefererino Torreblanca acerca del encarcelamiento de Raúl Hernández y su nombramiento como preso político por parte de Amnistía Internacional (AI). Insinuó que AI se ha equivocado en este caso, diciendo: “si el gobierno del estado tiene certeza de que debe ser acusado no debe retirar (los cargos)”, y “se confunde la defensa de los derechos humanos con la legalidad si hay señalamientos”. AI respondió con un pronunciamiento mencionando: “Amnistía Internacional únicamente asume casos de presos o presas de conciencia sobre la base de un minucioso análisis del caso, que le permite concluir no solamente la inocencia de la persona procesada, sino […] la forma en que el sistema de procuración e impartición de justicia es utilizado en ocasiones para perseguir a líderes, activistas sociales, individuos en razón de su origen étnico, sexo, condición social y a defensores y defensoras de los derechos humanos”. Hernández fue detenido en 2008 por su supuesto homicidio de un informante del Ejército mexicano. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan lleva la defensa de Raúl Hernández y ha mostrado todas las pruebas de inocencia del integrante de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM). Se espera la sentencia durante las primeras dos semanas de agosto.

El miércoles 28 de julio, a un mes de la audiencia de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), se llevó a cabo un foro sobre defensores ambientalistas y criminalización de la protesta social en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) en la Ciudad de México. Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera son integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) y tendrán su audiencia contra el Estado mexicano el próximo mes de agosto en San José, Costa Rica. Ambos defensores ambientalistas fueron detenidos y torturados por el Ejército mexicano en 1990 por delitos que no cometieron. En 2000 fueron sentenciados a la cárcel por 6 y 10 años. Después de haber presentado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2001, fueron puestos en libertad sin ser exonerados de los cargos impuestos.

Para más información:

Insinúa Zeferino que está seguro de la acusación contra el indígena preso de conciencia de Ayutla (El Sur de Acapulco, 27 de julio)

Declaración Amnistía Internacional: PRECISIONES RESPECTO A RECIENTES DECLARACIONES DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUERRERO

Defensores ambientales: los nuevos patriotas (CentroProdh, 29 de julio)

Campesinos ecologistas en busca de justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CENCOS, 29 de julio)

Más información de SIPAZ:

Guerrero: resurgimiento de la conflictividad por posible construcción de la presa de La Parota

Guerrero – Breves: Detienen integrante del FODEG, Raúl Hernández recibe amenazas y anuncio de conmemoración masacre Aguas Blancas,