Foto: familiares exigiendo justicia para Romeo Pérez Pérez, Minerva Guadalupe Pérez Torres, Mateo Hernández López, Juan Ramirez Torres, Hector Pérez Torres, Encarnación Pérez Pérez, y Sebastián Pérez López (@SIPAZ).
El 29 de agosto de 2010, en la comunidad de Masojá Shucjá, municipio de Tila, zona Norte de Chiapas, se llevó a cabo la conmemoración de las víctimas del conflicto de los años 95 y 96, algunas de la comunidad misma, otras de comunidades cercanas, algunas cuyos cuerpos encontraron sepultura, otras cuyo cuerpo siguen desaparecido.
Llegaron de varias comunidades del municipio para unirse a los habitantes de la comunidad en este acto de memoria. Después de la celebración en la iglesia, todos se juntaron para un rosario en el panteón donde descansa – junto con otros miembros de su familia- el Sr Mateo Hernández López, emboscado en el camino a su milpa y ejecutado por miembros de Paz y Justicia en 1996.
Por las lluvias y los derrumbes de esos días, no pudieron llegar todos los invitados. Se lamentó en particular la ausencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas que lleva el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y acompaña a la comunidad en su esfuerzo de memoria histórica. Pero asistieron al evento todos los niñ@s de la escuela primaria de la comunidad para que lleguen a saber lo que pasó y sigue impune. Ahí se les explicó que aunque la justicia no llegue desde arriba, la memoria es una manera de hacer justicia desde abajo.
En esta ocasión, no sólo se exigió justicia para las víctimas del conflicto y sus familiares sino también para las perdidas patrimoniales de aquel entonces. Como lo decía un cartel colgado en el panteón, “en la comunidad de Masojá Shucjá, municipio de Tila, Chiapas, exigimos la indemnización de nuestro patrimonio que se perdió en el tiempo del conflicto de Paz y Justicia y del mal gobierno en el año de 1996”: 424 cabezas de ganado, 23 caballos, numerosos aves de corral y 20 casas quemadas.
El viernes 1 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió dos sentencias en las que condena al Estado mexicano por las violaciones sexuales que las mujeres indígenas me´phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú sufrieron en 2002. En ellas señala que el Estado debe reparar los daños integralmente, garantizar la seguridad futura de Inés y Valentina, castigar a los responsables en la justicia civil y adecuar la legislación y práctica interna en torno a los tratados internacionales para que lo sucedido a Inés y Valentina no vuelva a suceder. Las dos mujeres indígenas me’phaa fueron violadas sexualmente por elementos del ejército mexicano en 2002. Durante su búsqueda de justicia, tanto las mujeres mismas como sus familiares han sufrido amenazas de muerte, intentos de secuestro e incluso fue asesinado el hermano de Inés en 2008.
Durante una conferencia de prensa del 4 de octubre, en la que participaron Valentina Rosendo, sus representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el ex ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza y el abogado Mario Patrón, Valentina Rosendo dijo: “exijo que el gobierno cumpla la sentencia, si es que todavía le queda un poco de dignidad”. Además explicó su sentir en este momento en el que, después de más de ocho años de búsqueda de justicia vividos en condiciones de adversidad y de riesgo, finalmente la CoIDH le ha dado la razón: “ya que por fin se demostró que siempre dijimos la verdad porque no sabemos mentir, para nosotras y nuestras familias lo más importante ahorita es que nos dejen vivir en paz, con tranquilidad”.
La directora de CEJIL Mesoamérica, Alejandra Nuño, reiteró la importancia de la sentencia para las mujeres a nivel latinoamericano. Señaló: “Dentro del Sistema Interamericano sin duda las sentencias de Inés y Valentina constituirán un referente ineludible sobre los criterios aplicables en casos donde se documenten violaciones sexuales cometidas por agentes estatales. Se trata de dos sentencias de muy significativa trascendencia El viepara las mujeres en América Latina”. Por otro lado, el director de Tlachinollan, Abel Barrera, enfatizó el impacto negativo que genera en los derechos humanos la participación del Ejército en tareas ajenas a su naturaleza. Dijo: “en la Montaña de Guerrero, la militarización que prevalecía cuando Valentina e Inés fueron violadas sexualmente sigue siendo una realidad del presente. La misma CoIDH habla en sus fallos de que en Guerrero las mujeres están en peligro por la violencia institucional castrense. Por eso la reforma del fuero militar es urgente, porque es un modo de afianzar mecanismos para que este poder sin contrapesos que es el Ejército rinda cuentas”.
El 27 de septiembre, Genaro Cruz Apóstol, Silverio Matías Domínguez y David Valtierra Arango, miembros fundadores del municipio autónomo de Suljaa´ de Xochistlahuaca, fueron sentenciados a 3 años y 2 meses de cárcel y al pago de una multa de mil 753 pesos. Según el comunicado publicado conjuntamente por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y por Radio Ñomndaa “han estado desde 2004 sujetos a un proceso judicial amañado como presuntos responsables del delito de privación de libertad en agravio de Narciso García Valtierra, afín a la entonces presidenta municipal Aceadeth Rocha Ramírez”.
Cabe subrayar además que “La demanda penal integrada en 2004 fue tan solo la una de las que han enfrentado los integrantes del Municipio Autónomo de Suljaa´, la Radio Ñomndaa y los opositores políticos de la cacique, ya que en 2007 les fue integrada otra causa penal por el presunto delito de privación de la libertad en agravio de Ariosto Aceadeth Rocha, dando lugar a 31 amañadas órdenes de aprehensión en octubre de 2009, sobre las cuales se probó el nulo fundamento obteniendo todos ellos una sentencia absolutoria”.
El comunicado concluye: “La sentencia emitida el día de hoy muestra una vez más que el aparato de justicia carece de imparcialidad y se encuentra vinculado de forma corrupta a intereses caciquiles, persiguiendo a los luchadores sociales que alzan la voz en vez de defender la justicia social. Esta justicia que criminaliza la protesta social, sin embargo otorga impunidad a quienes delinquen desde el poder”. El Centro de Derechos humanos de la Montaña apelará la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSP).
El 22 de septiembre, durante la conmemoración mensual de la masacre de Acteal, la organización civil Las Abejas publicó un comunicado en el que denunció el contexto que prevalece en el país: ” Podríamos mencionar muchas de [estas] masacres, como la de los 72 migrantes asesinados en Tamaulipas que no es más que una muestra de lo que pasa todos los días y no sale en las noticias, o lo que está pasando en San Juan Copala, Oaxaca, que nos recuerda lo que sucedió en Chenalhó en 1997, que a pesar de todas las denuncias el gobierno no hace nada y cuando sucede una masacre mayor entonces dice, como Emilio Chuayffet en 1997, que nadie sabía lo que estaba pasando”. También hicieron énfasis en un caso que “está pasando más cerca de nosotros y que muestra cómo para los pueblos originarios no existe ni la independencia ni la autonomía 200 años después de la lucha de Hidalgo”: el de las familias bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de la comunidad de San Marcos Avilés del municipio Citala, en Chiapas, desplazadas por los hostigamientos de militantes del PRI, PVEM y PRD. Las Abejas señalaron: “Su único delito es construir una educación autónoma desde abajo y para el pueblo, una educación diferente a la educación del gobierno que busca destruir nuestras raíces y hacernos esclavos dóciles del sistema neoliberal. La actuación de la gente de esos partidos nos recuerda cómo actuaban los paramilitares en Chenalhó en 1997: amenazas, robo de cosechas, cobro de pagos o multas y exigencia de renunciar a la organización y a la lucha. A más de una década de la masacre de Acteal no es posible que se repitan los mismos hechos con todo y la protección del gobierno. Cualquier cosa que les pase a nuestros hermanos y hermanas, los responsables serán los gobiernos de Calderón y de Juan Sabines que de por sí ya forman parte de la lista de gobiernos represores en la historia de nuestro México”.
Hicieron un llamado a la organización y la lucha afirmando “Nosotros estamos convencidos que para que haya un cambio verdadero y un México nuevo, la lucha tiene que ser como dicen nuestros hermanos zapatistas, desde abajo; con un nuevo sistema de gobierno y una Nueva Constitución. Y esto no se hace ni se logra con milagros, se necesitan acciones y el esfuerzo de todos y todas, de aquellos y aquellas que nacimos para luchar y para vivir libres en este mundo, que en nuestra cosmovisión tsotsil decimos; vivir en armonía con el Corazón del Cielo y con el Corazón de la Tierra”.
Por otro lado, el día 24 de septiembre “Las Abejas” mandaron una carta a las autoridades para expresar su preocupación por la situación en la Zona Triqui especialmente en San Juan Copala. Afirmaron: “Vemos que está en camino a repetirse lo que sucedió con la masacre de Acteal. Una y otra vez ha sido denunciado por los grupos de los Derecho Humanos y por algunos medios de información, la amenaza y la violación a los Derechos Humanos del Municipio Autónomo San Juan Cópala”.
El 23 de septiembre, el Centro Robert F. Kennedy con sede en Washington DC, anunció que entregará el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy al director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández. El director recibe el premio “por sus esfuerzos enérgicos para acabar con los abusos a los derechos humanos que resultan de la impunidad que goza el ejército y la narcoviolencia”. El Premio Robert F. Kennedy en Derechos Humanos fue establecido en 1984 para honrar a defensores/as de derechos humanos valientes e innovadores/as en todo el mundo quienes le hacen frente a la injusticia, a menudo poniéndose en peligro personal por lo mismo.
Por otro lado, el 23 de septiembre, el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, aseguró ante legisladores que el gobierno federal cumplirá con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en torno al caso Rosendo Radilla y enviará al Senado una iniciativa de ley para reformar el Código de Justicia Militar. Luego de ser éste uno de los cuestionamientos que más le formularon senadores de PT, PRD y PRI, el funcionario aseguró que se dará cumplimiento cabal a esa sentencia que obliga al gobierno mexicano a modificar la legislación a fin de sean juzgados en tribunales del fuero común los elementos de las fuerzas armadas que cometan violaciones a derechos humanos de civiles.
Finalmente, cabe mencionar dos eventos que se llevarán a cabo en el estado de Guerrero en el mes de octubre del presente año. Del 8 al 12 de octubre se realizará el Foro Social Indígena 2010, que tendrá lugar en la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, en la comunidad La Cienaga, municipio de Malinaltepec. Además de las mesas de discusión y análisis, habrán espacios dedicados a talleres de mejores prácticas e intercambio de conocimientos, donde las diferentes organizaciones podrán compartir los proyectos, experiencias, métodos y técnicas que han fortalecido y consolidado su trabajo, así como espacios dedicados a la presentación de creaciones artísticas y culturales. Luego, entre el 13 y 16 de octubre, se celebrará el XV aniversario de la Policía Comunitaria en la sede de San Luis Acatlán. Se realizarán mesas de discusión, presentaciones de libros, videos y fotografías, mercado comunitario, intercambio de semillas criollas, baile popular y participaciones artísticas y culturales.
El 18 de septiembre, cuatro integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo (OCEZ-CP) fueron liberados luego de 9 años de permanecer encarcelados, acusados de haber asesinado a ocho militantes priistas en Multajiltic en abril de 2001. En esta masacre, hombres cubiertos con pasamontañas mataron a balazos a ocho campesinos de la organización “Alianza San Bartolomé de los Llanos”, con la cual campesinos de la Casa del Pueblo se disputaban más de 5 mil hectáreas de tierras comunales. En 2006, Ángel Hidalgo Espinosa había sido sentenciado a 37 años de prisión, mientras los hermanos Enrique, Alberto y Mario Coutiño Morales habían sido condenados a 60 años de cárcel. Organizaciones de derechos humanos documentaron las irregularidades cometidas en el expediente penal, entre ellos el testimonio clave de un menor sordomudo, quien señaló ver unos encapuchados, sin reconocer a nadie en particular.
Su liberación absoluta fue posible luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se desistió de las acusaciones. Los liberados alegaron su inocencia desde el principio y la OCEZ-CP mantuvo en estos nueve años decenas de marchas, bloqueos de carretera y protestas para reclamar su libertad.
En el acto donde se anunció la liberación de los campesinos, el gobernador Juan Sabines Guerrero afirmó que la liberación “fue una decisión de las más complejas, pero de las más justas, un caso inédito de los tiempos en que la justicia se podía manipular (…) la fabricación de un delito, además del homicidio”. El mandatario pidió al procuraduría estatal reabrir el caso e investigar a fondo para encontrar a los responsables de la masacre de Multajiltic.
En un acto frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 30 de agosto, ejidatarios de Tila denunciaron el despojo prolongado de 130 hectáreas del ejido por parte de las autoridades. Reclaman que se les haga justicia, pues el amparo que les fue concedido en diciembre de 2008 y que ordenó a las autoridades restituirles las 130 hectáreas, fue desviado por vía política iniciándose el trámite para la indemnización, procedimiento rechazado por la asamblea general del ejido.
De acuerdo a la denuncia, “[e]n el año de 1975 un comisariado ejidal falso solicitó la creación del fundo legal y con firmas falsas fue presentada la solicitud ante el Tribunal Unitario Agrario, junto con el asesor jurídico del ayuntamiento municipal de Tila […], pero [eran] personas ajenas del ejido porque no están reconocidas en la asamblea general. […][C]on estos documentos falsificados y sin fundamento el C. Gobernador Juan Sabines Gutiérrez emitió [el] decreto número 72 para la expropiación de nuestras 130 hectáreas”, violando los derechos de los ejidatarios. Prosigue la denuncia: “Por esta razón presentamos [el] amparo 259/1982 ante el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Chiapas para impugnar el decreto número 72 y la publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 17 de diciembre de 1980. Este amparo causó ejecutoria desde el 14 de enero de 2009. Pero el cumplimiento del amparo se ha desviado por vía política ofreciendo un pago de 40, 087, 044 pesos como pago de indemnización. La asamblea general de ejidatarios rechaza todo tipo de indemnización respecto de nuestras tierras ejidales, porque no son negociables. Reclamamos la restitución y entrega material [de] la superficie de 130-39-53 hectáreas que fue expropiada inconstitucional y que se nos fue dotada […] mediante una resolución presidencial [el] 30 de julio [de] 1934”.
El 2 de septiembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) publicó un informe que da cuenta de la situación jurídica actual en el caso de la restitución de las 130 hectáreas del ejido de Tila. El documento señala que el “juicio de amparo agrario promovido por el ejido Tila, en contra de diversos actos del Estado mexicano, ha sido el recurso adecuado, de acuerdo con la ley interna vigente para combatir los actos de despojo de sus tierras”. Sin embargo, el CDHFBC denuncia una “total denegación de justicia”, que consiste en los actos de dilación, incumplimiento y omisión, entre otros, de parte de las autoridades y los órganos de justicia, respectivamente.
Cabe señalar que los ejidatarios de Tila han recibido amenazas por reclamar la restitución de las tierras, según refieren testimonios incluidos en el informe del CDHFBC: “Asimismo, [los ejidatarios] señalan que existe el riesgo de que se reactiven las agresiones armadas del grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia para inhibir sus acciones de defensa del territorio: “[…] Ya estamos escuchando que están volviendo a reorganizar a los grupos paramilitares de paz y justicia, están empezando a hacer reuniones y andan diciendo que en pronto empezarán los enfrentamientos y que a quien van a matar primero es al Comisariado Ejidal’ ”.
Por su parte, varios grupos de diferentes comunidades del estado expresaron su apoyo a los ejidatarios de Tila. Los adherentes de La Otra Campaña del ejido San Sebastián Bachajón se sumaron a las demandas de los ejidatarios de Tila mediante una denuncia con fecha del 2 de septiembre. Asimismo, los Comités de Derechos Humanos como subequipo Ch’ol de las parroquias de Palenque, Salto de Agua y Playas de Catazajá, emitieron una denuncia en apoyo a la lucha de los ejidatarios de Tila, destacando la violación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los pueblos indígenas, por parte de las autoridades.
Escrito por SIPAZ 
