Chiapas: JBG de Morelia denuncia nuevas agresiones a bases de apoyo cerca de Agua Clara

octubre 26, 2010

El 24 de octubre, la junta de buen gobierno (JBG) de Morelia, Chiapas, denunció una agresión con armas de fuego en contra de bases de apoyo zapatistas en el balneario El Salvador, municipio autónomo Comandanta Ramona, en colindancia con el ejido Agua Clara (Salto de Agua). En los hechos que ocurrieron el 22 de octubre fue detenido uno de los agresores, Manuel Pérez Gómez, quien ubican por  ataques y asaltos en la carretera Ocosingo-Palenque.

La denunicia menciona que “éstos delincuentes son asesorados por el ex militar Carlos Jiménez López, originario del ejido Alan Sac Jun (Chilón)” y recordó que “El 18 de abril de 2009 la policía detuvo a Miguel Vásquez Moreno, base de apoyo zapatista, y a seis adherentes de La otra campaña. Los remitió al penal de El Amate, pero fueron liberados por falta de pruebas. La JBG da a conocer que en mayo del año pasado estos mismos agresores fueron capturados por la justicia autónoma, y estando cumpliendo la sanción de los delitos cometidos, lograron fugarse”.

Por lo que denunció: “Se ve claramente que los 3 niveles del mal gobierno federal, estatal y Municipal, no hacen nada ante éstos sucesos que intimida a la población, resulta que los delincuentes están libres y sueltos, haciendo lo que ellos quieren, mientras que hermanas y hermanos luchadores sociales ellos están tras las rejas, por reclamar justicia y libertad para todos. Los mentirosos gobiernos tanto engañan al decir que combatirá la delincuencia organizada y vemos que es todo al contrario; ellos mismos cubren, protegen y organizan sus exmilitares involucrando a jóvenes en las comunidades con el fin de destruir nuestras raíces y sembrando la intranquilidad en la forma de organizamos como pueblos indígenas”.

Para más información:

– La JBG de Morelia denuncia nuevas agresiones a bases de apoyo, mientras el malgobierno protege a delincuentes (Comunicado de la JBG de Morelia, 24 de octubre

Denuncian nueva agresión con armas de fuego contra bases de apoyo zapatistas (La Jornada, 26 de octubre)

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Chiapas: Aceptan indígenas tzeltales violadas por el Ejército Mexicano “reparación del daño” con condiciones

octubre 22, 2010

El 4 de junio de 1994, tres hermanas, de 12, 13 y 14 años de edad, fueron detenidas junto con su madre, Delia Pérez de González, por un grupo de militares en un retén del municipio de Altamirano. Fueron golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares mientras su madre fue torturada y obligada a presenciar la violación sexual cometida contra sus hijas.

El 30 de junio de 1994, las hermanas presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República que declinó su competencia y envió el expediente a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM). La Secretaría de la Defensa Nacional negó los hechos y se archivó el caso en 1996 bajo el argumeno que no se habían cumplido las diligencias necesarias para continuar con las investigaciones.

Dos años después el caso fue presentado ante la CIDH que lo admitió en noviembre de 1999. En abril de 2001 señaló al Estado mexicano como responsable y le recomendó que investigara los hechos completa, imparcial y efectivamente en la jurisdicción penal ordinaria mexicana (civil), para determinar la responsabilidad de los militares, así como la reparación del daño. Como explicó Mercedes Olivera Bustamante, fundadora y asesora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, en la conferencia de prensa, la CIHD no envió al Gobierno de México una orden sino una recomendación, ya que México aceptó la jurisdicción de la CIDH hasta 1998, dos años antes de haberse radicado la queja. Nueve años después, dicha recomendación no se ha cumplido.

Dieciséis años después después de los hechos, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, ofreció 500 mil pesos a cada una de las hermanas para reparar el daño, además de programas como seguro médico permanente, becas de estudio para sus hijos y otros proyectos.

Las hermanas González Pérez plantearon frente a esta propuesta “Aceptaremos esa propuesta como la única prueba que tenemos de que el gobierno mexicano reconoce públicamente su responsabilidad en la violación a nuestros cuerpos, a nuestros derechos y a nuestra dignidad. Sin embargo la condicionamos a que también se reconozcan los daños causados a nuestra madre”. Agregaron “ No aceptaremos estar presentes en ningún acto público para que el gobierno no use nuestra palabra a su favor. Tampoco aceptaremos los programas que ofrece porque no resuelven los problemas reales del pueblo, nosotras ya estamos organizadas en nuestras comunidades para resolverlos. (…) Exigimos y exigiremos siempre que se castigue a los militares que nos hicieron daño, que se investigue y se determine su responsabilidad por jueces del fuero común y no por militares, como hasta ahora se ha hecho. (…) Exigimos también la salida inmediata de los militares de nuestros pueblos y comunidades en Chiapas, porque siguen violando a las mujeres, traen prostitución, causan terror y daños a las personas”.

Concluyeron finalmente: “Ahora, como en 1994, condenamos fuertemente los actos cometidos por el Ejército en contra de nuestros cuerpos y nuestros corazones, cuando pasamos por el retén contrainsurgente en Altamirano, Chiapas. Estos actos, que violan nuestros derechos, demuestran la política de terror que ha usado el ejército en contra del pueblo chiapaneco, utilizando a las mujeres como objetivo de guerra. Por lo cual seguimos y seguiremos luchando en contra de todas las acciones del gobierno que quieren silenciar las justas demandas de nuestros compañeros y compañeras. No dejaremos de exigir que los actos del ejército en contra de los derechos de la población se juzguen por autoridades civiles, porque es la única forma en que reconocerán su culpabilidad. Exigimos que se les castigue como corresponde de acuerdo a la ley y ya no se encubra su culpa con el pretexto de proteger al país. Esto es necesario para evitar que el ejército siga violentando los derechos de nuestros pueblos  y su autonomía”.

Para más información:

Comunicado de prensa (Carta firmada por las hermanas González Pérez y su madre, 20 de octubre de 2010)

– Indígenas aceptan oferta de gobierno (Cuarto Poder, 21 de octubre)

La historia de tres niñas indígenas violadas por militares (Proceso, 20 de octubre de 2010)

Sitio Web del Comité Hermanas Gónzalez Pérez: https://hermanasgonzalez.org/


México: Controvertida, la iniciativa de Calderón para reformar el fuero militar

octubre 22, 2010



El 18 de octubre, el presidente Felipe Calderón envió al Senado de la República una iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar que modificaría el fuero castrense de tal forma que los elementos de las Fuerzas Armadas que cometen los delitos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, serían juzgados en tribunales civiles. Organizaciones de derechos humanos criticaron la iniciativa como insuficiente, pues no acabaría con la impunidad prevaleciente en lo que se refiere a violaciones cometidas por las fuerzas armadas, además de dejar fuera otros tipos de violaciones a derechos humanos.

La iniciativa del Ejecutivo federal contempla que la persecución de los delitos de tortura, violación y desaparición forzada esté a cargo del Ministerio Público federal. Para su investigación, se crearía la Policía Ministerial Militar, subordinada y bajo el mando de la primera. Los servidores públicos que cometan el delito de desaparición forzada, enfrentarían una condena de 20 a 50 años, sin posibilidad de amnistía, indulto o beneficio de preliberación.

Organismos de derechos humanos internacionales criticaron que la reforma impulsada es insuficiente. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México consideró que la iniciativa abre el camino para cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos de Rosendo Radilla (desaparición forzada) y Valentina Rosendo e Inés Fernández (violaciones sexuales cometidas por elementos del Ejército), sin embargo, indicó, se queda corto ya que no abarca todos los delitos cometidos por militares en contra de la población civil, valoración con la que coincidió Amnistía Internacional. En el mismo sentido, la relatora especial de Naciones Unidas para la independencia de Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, criticó que no estén incluidos delitos igualmente graves como el de la ejecución extrajudicial.

Por su parte, diferentes organizaciones de derechos humanos nacionales manifestaron en un boletín conjunto que la reforma del Código de Justicia Militar mantiene las condiciones que favorecen la impunidad en cuanto a abusos de las fuerzas armadas en contra de civiles. Explicaron que la propuesta no armoniza la legislación interna con los tratados internacionales en la materia. Las organizaciones destacan que las sentencias de la CoIDH no serían acatadas con esta reforma, ya que en los fallos emitidos por la instancia interamericana “se precisa la reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar bajo la consideración de que el fuero militar no es competente para juzgar, bajo ninguna circunstancia, sobre ningún delito cometido por elementos de las fuerzas armadas en el que estén involucrados civiles“. Por su parte, el día 21 de octubre, organizaciones civiles y sociales del estado de Guerrero emitieron un pronunciamiento acerca del tema, recordando “que las cuatro sentencias [de la CoIDH] en contra de México (Caso campo algodonero; Caso Rosendo Radilla; Casos Inés Fernández y Valentina Rosendo) están relacionadas con efectivos militares violadores de derechos humanos y tres de estos cuatro procesos tuvieron lugar en el estado de Guerrero.

Para más información:

Más información de SIPAZ:


Guerrero: Encuentro Nacional por la Justicia y la Seguridad de los Pueblos – XV años de la CRAC-PC

octubre 21, 2010

Fotos @SIPAZ

Del 13 al 16 de octubre, en el marco de su XV aniversario, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), conjuntamente con la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (UNISUR), convocó a un Encuentro Nacional por la Justicia y la Seguridad de los Pueblos en San Luis Acatlán. Acudieron más de 3 mil personas, lo cual rebasó las expectativas de los organizadores, según nos comentó Valentín Hernández, coordinador de la CRAC, antes de agregar contento: “El objetivo del encuentro de generar articulación en el movimiento social se cumplió”. Los temas que se discutieron en las 10 mesas de trabajo fueron, entre otros: Seguridad, justicia y reeducación; Derechos y culturas indígenas y procesos de consulta, Derechos de las mujeres y procesos organizativos; Radio y comunicación comunitaria.

El trabajo conjunto dio lugar a un pronunciamiento final denunciando entre otros “Que los aparatos de seguridad y justicia del estado, están permeados por la corrupción siendo totalmente incapaces de brindar seguridad e impartir justicia para el pueblo. Que su utilización ha sido facciosa con el fin de diezmar, desarticular y reprimir a las organizaciones sociales y comunidades que con dignidad han decidido alzar la voz para denunciar los abusos y atropellos del gobierno y del sistema capitalista.” De igual manera se denunció que “los programas sociales de este gobierno más que una solución a la pobreza y marginación constituyen una herramienta de cooptación y manipulación política, que diezma nuestra identidad y organización comunitaria”. Este pronunciamiento llamó, entre muchas otras propuestas, “a no legitimar las leyes, programas, políticas públicas y megaproyectos que nos desconocen de origen, como es el caso de la reforma a la constitución que impulsa la cúpula de poder en Guerrero”. Sobre este asunto, Valentín Hernández comentó a SIPAZ que “la CRAC-PC exige que se respete la consulta pero no necesitamos la ley. Con ley o sin ley vamos a seguir con la construcción de la autonomía”. En el marco del debate nacional sobre la policía única, resumió la postura de la CRAC-PC como sigue: “Policía Única: nuestra policía comunitaria. Mando Único, el pueblo”.

En la mesa sobre los derechos de las mujeres se habló específicamente sobre el rol de las mujeres dentro del sistema de la Policía Comunitaria. Las mujeres participando en la mesa expresaron su decepción con el escaso reconocimiento que ellas reciben, pues siempre han jugado un papel importante dentro del sistema. En entrevista, doña Asunción Ponce Ramos, coordinadora de la CRAC, mencionó las dificultades que las mujeres encuentran en su participación en el sistema: “Hay que ser necia para poder estar en las asambleas [de la PC], hay hombres machos que no permiten la participación de mujeres. Por eso hay que revisar los reglamientos de la CRAC. No soy la primera mujer en la CRAC, han habido otras mujeres pero a veces se da discriminación o las expulsan a las mujeres. Hay las que se quedaron uno o dos años, ninguna ha hecho sus tres años. A mi me han dado mis tres años y espero que no tenga problemas”. La mesa sobre los derechos de las mujeres contó con la presencia de unos 10 hombres de l@s alrededor de 80 participantes en total, pues los hombres fueron específicamente invitados para participar en esta mesa. Durante la mesa fue mencionado reiteradamente la importancia de que hombres sean informados sobre los derechos de las mujeres y que participen en capacitaciones acerca de los temas de género, derechos de las mujeres y salud reproductiva.

El día 15 de octubre, el Padre de San Luis Acatlán inició la misa, afirmando “esta parroquia, las parroquias vecinas y la diócesis de Acapulco, estamos con ustedes”. Luego, el Padre Mario de Xalpatlahuac comentó sobre el contexto de gran inseguridad que llevó a la creación de  la Policía Comunitaria: “pensábamos que la solución estaba afuera. ¡A cuantas instancias gubernamentales hemos acudido hasta darnos cuenta que la solución estaba en el pueblo mismo! Que sólo el pueblo puede defender al pueblo”. Y, mientras los opositores a este proceso señalan el uso de las armas para criminalizar a la Policía Comunitaria, él afirmó: “el objetivo no es las armas, el objetivo es la paz. La mejor arma es la conciencia, la organización y la unidad. Esas armas que tienen ustedes no son un crimen, son coadyuvantes para la paz”. Denunció “la lógica -si quieres la paz, prepara la guerra- en la que está México ahora y que no da resultados ¡30 mil muertos no es la paz!”, y terminó comentando las bienaventuranzas: “ustedes queridos policías son los constructores de la paz en la lógica de la fe, no en la lógica de la guerra”. Esta misa también fue momento para recordar a los 4 policías comunitarios que perdieron la vida en el marco de su servicio.

El mismo día desfilaron 600 policías comunitarios acompañados y aplaudidos por todos los presentes y también por gente de la cabecera de San Luis Acatlán. De hecho, Valentín Hernández comentó que “una de las ganancias del encuentro fue la integración de la gente de la cabecera al trabajo de la Policía Comunitaria porque no tenemos mucha base en la cabecera pero hoy la población está presente incluso en la cocina y en la marcha”.

Para más información:

Instan a radios comunitarias y la CRAC a la defensa contra el enemigo común (La Jornada, 14 de octubre)

Pronunciamiento conjunto de las organizaciones y comunidades asistentes al “Encuentro Nacional por la Justicia y la Seguridad de los Pueblos” (16 de octubre)

Página web de la Policía Comunitaria: http://policiacomunitaria.org/

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: breves – Director Tlachinollan recibe premio Kennedy; Código de justicia militar será modificado: Blake; evento – Foro Social Indígena; evento – Aniversario Policía Comunitaria (25 de septiembre de 2010)


México: conclusiones preliminares de la relatora especial para la Independencia de los Magistrados y Abogados

octubre 16, 2010

 

Gabriela Knaul (@Naciones Unidas)

El 15 de octubre, al concluir una visita de 15 días en México que la llevó a seis entidades de la República, incluyendo Chiapas, la Relatora especial para la Independencia de los Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, presentó en conferencia de prensa un resumen preliminar del informe que presentará en Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en junio de 2011.

Arraigo, fuero militar, reformas constitucionales en materia de justicia y derechos humanos, la reforma del amparo, autonomía de ministerios públicos, colegiación de jueces y abogados y falta de acceso a la justicia por parte de grupos vulnerables, además de deficiencias estructurales y orgánicas en el sistema de justicia, fueron algunos de los puntos de las apreciaciones preliminares que presentó Gabriela Knaul a la prensa.

Aunque reconoció los esfuerzos de México en los años recientes con los mecanismos de protección de derechos humanos, Knaul citó una lista de aspectos en los que el país está faltando a sus obligaciones en procuración e impartición de justicia, a pesar de las reformas de 1994 y 2008.

Se pronunció por la desaparición del arraigo, a tener cuidado con la utilización de los testigos protegidos y a evitar la presentación de detenidos ante medios de comunicación. Sobre el fuero militar, la relatora especial subrayó que después de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del desaparecido Rosendo Radilla, el Ejecutivo federal se comprometió a presentar una iniciativa de ley para reformar el código de justicia castrense y sus alcances. Sin embargo, advirtió, dicho proyecto sólo excluiría del fuero militar los delitos de desaparición forzada, tortura y violación, pero no al de ejecución extrajudicial, lo cual daría lugar a una reforma insuficiente, en la que además las víctimas de estos abusos o sus familiares siguen sin tener acceso a recursos efectivos de defensa, entre ellos el amparo.

La experta criticó la falta de autonomía del Ministerio Público ante el poder Ejecutivo, “lo cual puede minar la confianza y credibilidad de la autoridad a la que se le encomienda investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales de forma objetiva en todos los casos”. Señaló que en los estados aún es muy frecuente que los jueces de los tribunales superiores de justicia sean nombrados por el gobernador en turno, con la consecuente falta de autonomía y objetividad que ello implica.

Concluyó que “[e]l acceso a la justicia sigue siendo una deuda para muchos mexicanos, especialmente para aquellos que viven en una situación de pobreza, la población indígena, quienes habitan en zonas rurales y remotas, las mujeres y las personas migrantes.”

Para más información:

– Intervención completa de la Relatora especial para la Independencia de los magistrados y abogados (conferencia de prensa, 15 de octubre de 2010)

– El sistema judicial, aún sometido al Ejecutivo: relatora de la ONU (La Jornada, 15 de octubre de 2010)

– ONU pide proteger a MP y Jueces en México (El Universal, 15 de octubre de 2010)

– Informe completo entregado por organizaciones civiles a la relatora en Yucatán (12 de octubre de 2010)

– Informe presentado por organizaciones de derechos humanos y academia a la Relatora en México DF (6 de octubre de 2010)


Guerrero: Celebración del 2º Foro Social Indígena

octubre 14, 2010



Taller de medicina tradicional durante FSI (@SIPAZ)

Los días 8 a 13 de octubre, se llevó a cabo el segundo Foro Social Indígena (FSI) en las instalaciones de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG) en la comunidad La Ciénaga, municipio de Malinaltepec, en la zona de la Montaña de Guerrero. El evento fue organizado por 80 integrantes de la organización estudiantil Telar de Raíces de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y estudiantes de la UIEG. El FSI aglutinó a alrededor de 180 participantes, tanto estudiantes, como egresados y profesores de las universidades interculturales de los estados de Michoacán, Puebla y Chiapas, entre otros, así como integrantes de varias organizaciones civiles y radios autónomos. La Policía Comunitaria, sistema de justicia autónoma con sede en San Luis Acatlán, estuvo presente durante los 5 días del evento para brindar seguridad a l@s participantes y organizadores, como lo suelen hacer en sus comunidades.

En las mesas de trabajo por las mañanas se discutía sobre diferentes temas relacionados con la construcción de una vida digna en las comunidades indígenas, desde lo sociocultural, lo organizativo, lo medioambiental, o desde los derechos indígenas y los usos y costumbres. En una de las mesas, sobre Equidad de Género, l@s participantes enfatizaron la importancia de la educación – tanto familiar como escolar -, para lograr el respeto y el entendimiento entre hombres y mujeres, y la libertad para las personas de construir su identidad de género. Durante la sesión plenaria el último día las diferentes mesas de trabajo presentaron sus acuerdos y propuestas. En la mesa de ‘Educación, pueblos originarios y universidades’, por ejemplo, se acordó crear una red de redes de información con el objetivo de que “la academia no centralice ni se apodere de la información”. Las conclusiones de la mesa ‘Salud comunitaria’ enfatizaron la importancia del papel de la mujer en ese conocimiento milenario y la ausencia de humildad en muchos médicos oficiales de escuchar a las personas. Terminando la plenaria se leyó una carta de la radio comunitaria del municipio autónomo de Xochistlahuaca, Radio Ñomndaa, en la que l@s integrantes explicaron que no podían asistir al FSI por ser víctimas de represión y denunciaron que han sido reprimidos contínuamente desde su creación en 2004 por el gobierno local.

Las mesas de trabajo, talleres y espacios de convivencia intercultural del FSI brindaron la posibilidad de conocer otras realidades y aprender de ellas. Nelly, estudiante de la UIEG y participante del evento, de 24 años, por ejemplo, mencionó que le interesó participar en el FSI por el intercambio entre estudiantes de diferentes universidades y organizaciones y para aprender sobre temas específicos que hablan de la vida de las comunidades. Afirmó que: “participar en el Foro fue como abrir puertas de muchas experiencias y conocimientos y hacer nuevas relaciones”. Marta, también estudiante de la UIEG y facilitadora de la mesa sobre ´Cultura e Identidad´, de 22 años, valoró positivamente al FSI por la posibilidad de conocer las experiencias de otros participantes, pues la UIEG queda algo retirado en La Montaña de Guerrero: “Aquí estamos un poco alejados, entonces mi motivación para participar en el FSI era aprender de los demás que iban a llegar de muchas partes y enriquecerme para luego poder trabajar a mejorar la situación en mi comunidad”. Un aspecto positivo enfatizado por un miembro del comité organizador fue la convivencia con la comunidad colindante de La Ciénaga. Los y las habitantes de la comunidad ayudaron a limpiar los espacios, prepararon la comida, donaron leña e incluso prepararon un ritual para agradecer a los dioses por el éxito que tuvo el evento.

Para más información:

Weblog del Foro Social Indígena: http://forosocialindigena2010.wordpress.com/

Organizan foro social indígena en La Montaña (La Jornada de Guerrero, 5 de octubre de 2010)


Chiapas: Red por la Paz presenta informe sobre Zona Fronteriza

octubre 9, 2010

Considerando el deterioro de la situación de los Derechos Humanos en Chiapas, a inicios del 2010, las organizaciones civiles que integran la Red por la Paz acordaron realizar visitas de documentación en distintas regiones del estado de donde han recibido testimonios de problemáticas que trastocan el marco internacional de protección y garantía de los Derechos Humanos, poniendo en riesgo las condiciones de paz social.

Las organizaciones de la Red por la Paz en Chiapas constituyeron la “Misión Civil de Observación de Derechos Humanos y Conflictividad Social”, misma que comenzó su trabajo de observación y documentación en cuatro municipios de la Zona Fronteriza de Chiapas: Comitán, Trinitaria, Comalapa y Chicomuselo.

La Misión Civil recorrió estos municipios durante los días 16, 17 y 18 de marzo de 2010. En cada uno de estos municipios, sostuvo entrevistas con actores que aceptaron compartir su testimonio en distintos ámbitos en pro de la defensa de los Derechos Humanos. Los temas de mayor énfasis durante las entrevistas fueron organizados en los ejes de: Migración; Militarización; Tierra y Territorio; Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA); Derechos de las Mujeres y Criminalización de la protesta social. Los resultados de estas entrevistas se encuentran en un informe público que se presentó durante una conferencia de prensa el 7 de octubre.

El 6 de agosto, se realizó un espacio de devolución de lo recopilado con varias de las personas y organizaciones entrevistadas en el marco de la Misión Civil de marzo, proceso que permitió completar y finalizar el documento que se presentó. Dicho Informe se propone ofrecer una valoración de las tendencias y los principales problemas documentados durante la Misión, así como de las Señales de construcción de Paz que a pesar de todo, se vieron presentes en los municipios visitados.

Para más información:

Boletín de prensa de la Red por la Paz (7 de octubre de 2010)

Informe de la Misión Civil de Observación de la Red por la Paz – ZOna Fronteriza (octubre de 2010)