En una conferencia de prensa el 8 de diciembre, la familia de Digna Ochoa y Plácido, su representante legal y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) aseguraron que la investigación sobre la muerte de la activista “aún no es un asunto finalizado”, y advirtieron que no cejarán en su empeño de que las autoridades esclarezcan el crimen y reconozcan que la conclusión ratificada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sobre el “suicidio simulado” fue una decisión “irregular y deficiente”.
El 26 de noviembre, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal reiteró la determinación de no ejercer la acción penal en el caso de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, ocurrida el 19 de octubre de 2001, ya que, afirmó, la muerte de la abogada no fue provocado por terceras personas, sino que fue ella quien se privó de la vida en una acción de tipo suicida.
En un comunicado, la procuraduría señaló que para llegar a esta decisión se revisó exhaustivamente el expediente de casi 38 mil fojas y 83 anexos, así como estudios realizados por peritos internacionales nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros especialistas externos e independientes. De esta manera, la dependencia concluyó la revisión del caso que en 2005 derivado de un amparo a los familiares de la activista, quienes denunciaron irregularidades en la investigación de la procuraduría, al considerar que habían elementos que demuestran que Digna Ochoa fue asesinada.
El 8 de diciembre, la familia de Digna Ochoa y su defensa fijaron su posición con respecto a la resolución de la PGJDF afirmando que la PGJDF sustenta sus conclusiones “con peritajes contradictorios y utilizando descalificaciones al trabajo de la abogada”. Denunciaron: “La PGJDF en esta determinación dedica más de 1800 cuartillas a analizar la vida sexual, familiar, laboral, personal y académica de la abogada, no como líneas de investigación, sino como elementos y testimonios del “entorno” en el que se desarrollaba la defensora de los derechos humanos, como base para sustentar la tesis del suicidio”.
El 14 de diciembre se presentará un recurso de inconformidad al interior de la Procuraduría para que esta determinación sea revisada y en su caso corregida. También anunciaron que en marzo se solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una audiencia de admisibilidad sobre este caso. Declararon finalmente que “están analizando el presentar una demanda por responsabilidad patrimonial contra el Gobierno del Distrito Federal porque toda la carga probatoria suministrada así como los gastos erogados en el caso para “litigar” contra el Ministerio Público son resultado de una actividad irregular y deficiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal”.
Para más información:
Las complicidades alejan la justicia: familiares de Ochoa (La Jornada, 13 de diciembre de 2010)
Estudios desacreditan el supuesto perfil suicida (La Jornada, 13 de diciembre de 2010)
Le debemos respeto (La Jornada, 13 de diciembre de 2010)
Avalan las inconsistencias (La Jornada, 13 de diciembre de 2010)
Familiares de Digna Ochoa presentarán el caso a la CIDH (La Jornada, 9 de diciembre de 2010)
Sospechosas, respuestas del presunto homicida intelectual (La Jornada, 9 de diciembre de 2010)
Fija su posición la familia de Digna Ochoa y su defensa con respecto a la resolución de la PGJDF (Boletín de prensa de la familia Ochoa y Plácido, 8 de diciembre de 2010)
Ilegal, dar carpetazo al caso de Digna Ochoa, califica la ANAD (La Jornada, 30 de noviembre de 2010)
Justicia federal tendrá última palabra en caso Digna Ochoa (La Jornada, 28 de noviembre de 2010)
Digna Ochoa se suicidó, ratifica la procuraduría (La Jornada, 27 de noviembre de 2010)
PGJDF ratifica suicidio de Digna Ochoa (El universal, 27 de noviembre de 2010)
Comité Digna (Blog)

Escrito por SIPAZ 







El 8 de noviembre del 2009 a las 3.30 horas de la madrugada en la ciudad de Comitán, varios cuerpos policiacos allanaron, con uso desproporcionado e indebido de la fuerza pública, la casa de Adolfo Guzmán Ordaz (integrante de la organización civil Enlace Comunicación y Capacitación), de Margarita Guadalupe Martínez Martínez y de su familia.Días después, tras denunciar los hechos pública y penalmente, la familia recibió amenazas de muerte y hostigamiento. En febrero de 2010,Margarita Martínez fue víctima de los delitos de privación arbitraria de la libertad, tortura y amenazas de muerte para que desistiera definitivamente de la denuncia penal.