Guerrero: San Miguel del Progreso exige se determine inconstitucionalidad de Ley Minera

mayo 20, 2016
san miguel

Imagen de la conferencia de prensa. Foto: @La Opinión.

La comunidad de San Miguel del Progreso -Júba Wajiín en su lengua indígena Me’phaa-, del municipio de Malinaltepec, Guerrero, logró frenar, mediante la organización comunitaria, la entrada de dos empresas mineras que tenían concesiones en sus territorios. Éstas comprendían 168 mil hectáreas, afectando 7 municipios integrados por 240 comunidades, parte de las cuales se hubiera destinado a explotaciones mineras a cielo abierto.

El pueblo me’phaa de Júba Wajiín lleva años organizándose para la defensa de su tierra y territorio. Un juzgado ya había fallado a favor de esta comunidad en 2014 mediante una “sentencia inédita”, según Desinformémonos, la cual consideró que los derechos de las y los pobladores “fueron violados por el gobierno federal, luego de que éste entregó concesiones mineras a compañías transnacionales sin que primero consultara a sus habitantes”, apuntó La Jornada. El mismo medio destacó la importancia de esta resolución porque abrió “la puerta a que otros pueblos logren obtener amparos en contra de megaproyectos de este tipo”. Cabe señalar que el derecho a la consulta a los pueblos indígenas sobre acciones en sus territorios está amparado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, señalando especialmente la realización de consulta “antes de la prospección o explotación de los minerales y los recursos del subsuelo”. Posteriormente a la sentencia, en 2015 las dos empresas mineras renunciaron de forma simultánea a las concesiones.

En el proceso, la comunidad orientó su lucha hacia la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Minería de México teniendo en cuenta la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el país, para no sólo cancelar la entrada de estas dos empresas mineras a sus territorios sino para que sirva para todas las comunidades afectadas por el otorgamiento de concesiones mineras en sus territorios. En un boletín del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se señaló al Ejecutivo Federal de buscar impedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estudiara la inconstitucionalidad de la Ley Minera, apuntando a que “las compañías transnacionales, la Cámara Minera y la Secretaría de Economía buscaron evitar el análisis de la Ley Minera ante la SCJN con las referidas cancelaciones. En efecto, ante la posibilidad de que se evidenciara que la Ley Minera contraviene la Constitución y los Tratados Internacionales, las empresas y el Gobierno Federal optaron por operar la cancelación de los títulos concesorios”. En su situación actual, en la que los terrenos fueron liberados para que nuevas empresas puedan presentar concesiones, la comunidad tendría que impugnar nuevamente todo el proceso si otras empresas solicitaran concesiones en sus tierras. La comunidad Júba Wajiín junto con representantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) y Tlachinollan, llamaron a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que continuara estudiando el caso y que considerara la evaluación de la constitucionalidad y la adecuación a los tratados internacionales de la Ley de Minería.

Para más información:

BOLETÍN | Comunidad indígena Me’phaa logra cancelación de concesiones mineras en la Montaña de Guerrero. (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 18 de mayo de 2016)

Comunidad indígena logra la cancelación de concesiones mineras en La Montaña (La Jornada de Guerrero, 18 de mayo de 2016)

Comunidad indígena Me’phaa logra cancelación de concesiones mineras en la Montaña de Guerrero (Centro Nacional de Comunicación Social, 19 de mayo de 2016)

Pueblos Me’phaa de Guerrero impulsan inconstitucionalidad de la Ley de Minería ante Suprema Corte (Desinformémonos, 18 de mayo de 2016)

San Miguel del Progreso, un pueblo que paró a las mineras (Trinchera Política y Cultura, 12 de abril de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Comunidad indígena pide a la SCJN revisión de la Ley Minera (2 de julio de 2014)

Guerrero: Indígenas de la Montaña piden amparo contra minera de Gran Bretania (15 de noviembre de 2013)

Guerrero: Representantes de municipios de la Montaña y la Costa Chica rechazan minería (28 de julio de 2015)

Guerrero: ONG emite Acción Urgente para proteger Evelia Bahena García, Diana Coralina Brito y Félix Rodríguez Navarrete (10 de agosto de 2015)

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Chiapas: San Isidro los Laureles denuncia desalojo de sus tierras recuperadas

mayo 18, 2016
Foto @ProyectoAmbulante

Foto @ProyectoAmbulante

 

El 12 de mayo, la comunidad de San Isidro los Laureles, municipio de Venustiano Carranza, integrantes del Congreso Nacional Indígena, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y del espacio de lucha de Semilla Digna, fue desalojada “con violencia” de las 200 hectáreas que recuperaron el pasado 20 de diciembre. El desalojo “se llevó a cabo por la policía junto con guardias blancas, que llegaron a las seis de la mañana a bordo de 40 carros, camionetas y tres camiones de la policía sectorial”. Según la denuncia pública de la comunidad, las casas y las pertenencias de las 60 familias fueron quemadas por los agresores. Los habitantes de la comunidad expresan preocupación por la integridad de las familias, por sus pertenencias y por sus cosechas.

En su denuncia, la comunidad pide “estar atentos de cualquier agresión que pueda haber en nuestra contra” y responsabilizan “a los 3 niveles del mal gobierno”. El Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR) y El Grupo de Trabajo No Estamos Todxs, organizaciones adherentes a la Sexta, denunciaron públicamente a través de un pronunciamiento al Estado Mexicano “corrupto y asesino, por la ola de represión con la que atenta contra la autonomía y la vida de los pueblos organizados en resistencia […] de la comunidad de San Isidro los Laureles” y exigen justicia para la comunidad “desalojada violentamente”.

Cabe mencionar que el día 20 de diciembre del 2015, la comunidad de San Isidro los Laureles decidieron recuperar un predio que se decía ser propiedad de Francisco Ruiz, Rodrigo Ruiz y Octovin Albores “por derecho nos corresponden, ya que son las tierras que hemos trabajado por generaciones”.

Para más información:

Chiapas: Escalada de violencia contra comunidades adherentes a la Sexta (Proyecto Ambulante, 17 de mayo de 2016)

Elcor y GT: pronunciamiento en solidaridad a las comunidades de San Sebastián Bachajón, San Isidro los Laureles y Cruztón (Grupo de Trabajo No Estamos Todxs, 16 de mayo de 2016)

NotiFrayba: Agresiones a comunidades en Defensa de la Madre Tierra (Chiapas Denuncia Pública, 16 de mayo de 2016)

San Isidro los Laureles sufre desalojo de sus tierras recuperadas (Radio Zapatista, 13 de mayo de 2016)

Velasco desaloja a mujeres y niños de San Isidro pero permite bloqueo de la CIOAC en Tuxtla Gutiérrez. (Radio Pozol, 12 de mayo de 2016)

San Isidro Los Laureles #SemillaDigna denuncia desalojo de su tierra recuperada (Koman Ilel, 12 de mayo de 2016)

 

Para entender la recuperación de tierras de la comunidad San Isidro Los Laureles, Carranza, Chiapas (5 de enero de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Intimidan a campesinas y campesinos tras recuperar sus tierras (5 de febrero de 2016)

Chiapas: Comunidad San Isidro Los Laureles recupera las tierras que “trabajaron nuestros abuelos, abuelas, padres que eran peones acasillados” (30 de diciembre de 2015)

 


Nacional: CNDH lamenta más de 35 mil víctimas de desplazamiento forzado interno en el país

mayo 16, 2016
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Gráfica del Informe. Foto: @CNDH

El 11 de mayo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México (DFI), fenómeno no reconocido oficialmente y vinculado a distintas violaciones a los derechos humanos. El Informe es el resultado de un trabajo de muestreo basado en cuestionarios y visitas a las 32 entidades federativas del Estado. Según el informe hay al menos 35,433 personas desplazadas por la violencia en el país. El ombudsman nacional de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, señaló que se trata sólo de un “muestreo” para “llamar la atención” de las autoridades ante la problemática, ya que la cifra podría ser mucho mayor puesno existe información completa, actualizada y verificable sobre el número de personas víctimas de desplazamiento forzado interno en México”. Detalló que el DFI implica la vulneración, directa e indirecta, de derechos humanos como los relativos a la circulación y residencia, a la salud, seguridad personal, seguridad pública, seguridad alimentaria, al trabajo y a la educación.

Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Chihuahua son las entidades que acumulan el mayor número de municipios y comunidades expulsoras de personas como consecuencia de la delincuencia en el país. El presidente de la CNDH urgió a “establecer las condiciones de seguridad frente a la delincuencia organizada, así como el retorno voluntario de la población desplazada a su zona de origen o su reubicación en nuevas zonas de asentamiento”. González Pérez subrayó la necesidad de que el Estado mexicano “reconozca oficialmente la existencia de este problema, adopte una postura unívoca respecto del mismo y emprenda acciones específicas para su atención, como la creación de una ley general en la materia”. Según él, la CNDH ya cuenta con una propuesta de Protocolo de Atención a las personas víctimas de DFI, que en breve será presentada. Entre las medidas aconsejadas, la CNDH llamó a la coordinación de “los tres niveles de gobierno, los organismos internacionales, la sociedad civil organizada y el sector privado” para atender el desplazamiento forzoso, la formulación de protocolos de atención, el reconocimiento de los derechos de las y los desplazados en apego a la Ley General de Víctimas, la garantía de acceso a trabajo, capacitación y educación, entre otras.

Para más información:

Las cifras, las comunidades y las causas del desplazamiento forzado interno en México (Animal Político, 14 de mayo de 2016)

Propone la CNDH crear ley general sobre desplazamiento forzado (Proceso, 11 de mayo de 2016)

INFORME ESPECIAL SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO DE LA CNDH (CNDH, 11 de mayo de 2016)

Más de 35 mil víctimas de desplazamiento forzado interno en México, detecta la CNDH (Aristegui Noticias, 11 de mayo de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Familias desplazadas siguen su camino exigiendo justicia (26 de febrero de 2016)

Chiapas: Familias desplazadas de Primero de Agosto denuncian cercado de sus tierras Primero Agosto (19 de abril de 2016)

Chiapas: Foro de diálogo sobre Cultura de Paz, Desarrollo Local y Desplazamiento Interno de Personas (11 de marzo de 2011)


Guerrero: En libertad seis presos de la CRAC-PC

mayo 13, 2016
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Elementos de la policía comunitaria CRAC-PC en Guerrero. Foto: @DesInformémonos.

Después de casi tres años en prisión, fueron liberadas seis autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia del Paraíso de Ayutla de los Libres, Guerrero. Éstos fueron detenidos en un operativo conjunto entre la Policía Federal, la Marina y el Ejército Mexicano en agosto de 2013, junto a Nestora Salgado, comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, quien fue liberada en marzo del año en curso.

Los seis indígenas fueron acusados del secuestro de 43 personas, portación de armas y delincuencia organizada. Ante ello, un juez consideró que no había elementos que acreditaran dicha acusación sino que se violó el derecho de las autoridades indígenas a tener sus propias formas de impartición de justicia, organización social y política acordes a sus sistemas normativos. Según SIDIDH, estas aprehensiones fueron valoradas por la CRAC-PC como “una afrenta a su autonomía y autodeterminación como pueblos indígenas” y en un comunicado conjunto del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la CRAC-PC-Casa de Justicia San Luis Acatlán, denunciaron que las autoridades detenidas fueron “criminalizadas por defender el sistema de seguridad y justicia CRAC-PC” y que las acusaciones “se hicieron en el marco del ejercicio de sus funciones como autoridad comunitaria reconocida por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales”. Asimismo, el comunicado evidenció que “[l]as autoridades que los mantuvieron en cautiverio violaron las reglas del debido proceso en perjuicio de las autoridades comunitarias” al mantenerles en un “arraigo ilegal”, no tuvieron traducción, “se les negó el derecho a una defensa adecuada y de su elección” y “se extrajeron pruebas ilícitas para inculparlos”.

Cabe destacar que durante el proceso Jueces Federales emitieron tres resoluciones que reconocen que “la CRAC-PC es un órgano de seguridad y justicia que tienen los pueblos indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, y que es la expresión del ejercicio de sus derechos a tener sus propios sistemas normativos para solucionar sus conflictos dentro de su territorio”. A pesar de ello, al menos tres integrantes más de la CRAC-PC siguen privados de su libertad.

Por otro lado, Nestora Salgado lanzó la campaña internacional “Ponle rostro y nombre a las y los presos políticos en México” para exigir la liberación de las personas privadas de su libertad por motivos políticos en el país. A principio de mayo inició una gira por Europa de una duración de 16 días para informar de la situación de las y los presos políticos, de “la criminalización que sufrió ella […] y de las agresiones y amenazas que todavía padecen sus hijas y demás familiares”. Cabe mencionar que desde su liberación, Salgado García y su familia han denunciado agresiones y amenazas en su contra, la última de ellas fue dirigida a su hija, Saira Rodríguez, cuya casa fue baleada el pasado 4 de mayo y a quien le han retirado las medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal.

Para más información:

Libres, seis policías comunitarios de Guerrero acusados de secuestro (Sistema Integral de Información en Derechos Humanos, 13 de mayo de 2016)

BOLETÍN | Libres 6 autoridades comunitarias de la CRAC-PC (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 12 de mayo de 2016)

Liberan a 6 miembros de la CRAC-PC, tras 3 años presos (La Jornada, 12 de mayo de 2016)

Anuncia Nestora Salgado gira por Europa para exigir la libertad de presos políticos (La Jornada Guerrero, 10 de mayo de 2016)

Nestora Salgado felicita a los integrantes liberados de la CRAC y hace un llamado a unir fuerzas (DesInformémonos, 13 de mayo de 2016)

Saira Rodríguez, hija de Nestora Salgado, denuncia una nueva agresión en su contra en Olinalá (Sin Embargo, 9 de mayo de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero/Nacional: Finaliza Tercer Encuentro Nacional por la Libertad de las y los Presos Políticos (29 de abril de 2016)

Guerrero/Nacional: Nestora Salgado lanza campaña para exigir la libertad de los presos políticos del país (4 de abril de 2016)

Guerrero: Hija de comandanta presa de la CRAC Nestora Salgado anuncia su salida de México ante amenazas de muerte (28 de octubre de 2014)


Oaxaca: Se llevó a cabo Foro Regional “La minería en Oaxaca. Impactos sociales y ambientales”

abril 29, 2016
Blog Mineria Oax

Invitación al evento

El 24 y 25 de abril se reunieron organizaciones sociales y autoridades municipales y comunales de la Sierra Juárez en la comunidad de Santa María Zoogochí, municipio de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, donde llevaron a cabo el Foro Regional “La minería en Oaxaca. Impactos sociales y ambientales”. En él manifestaron su oposición a las concesiones mineras El Roble y El Roble II, autorizadas por el gobierno federal sin el consentimiento del pueblo, en el año 2010. “Nuestras comunidades no fueron informadas en ningún momento por ninguna institución del gobierno federal, que en el año 2010 se otorgaron las concesiones mineras El Roble y el Roble II, que abarcan 21,072 hectáreas […], mismas que afectan nuestras tierras y territorios. El gobierno federal, […] ha violado nuestro derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado”, aclararon en un pronunciamiento. Durante el Foro analizaron información sobre las repercusiones sociales y ambientales que ha provocado la minería en Oaxaca y en otros estados.

Observaron que “es práctica común de las empresas mineras despojar de sus tierras a las comunidades donde pretenden establecer sus proyectos, a partir de su privatización; para lo que cuentan con el apoyo de funcionarios públicos que implementan los programas Procede o Fanar”. Por el “acoso y pretensión de despojo” que viven las y los participantes en sus comunidades se pronunciaron en rechazo total “a la minería, por todos los daños ambientales, sociales, culturales y a la salud humana que trae consigo esa industria”, así como “a la privatización de nuestras tierras comunales”.

Para más información:

Pronunciamiento: Foro Regional “La minería en Oaxaca. Impactos sociales y ambientales” (EDUCA, 27 de abril de 2016)

Realizan Foro Regional “La minería en Oaxaca, impactos sociales y ambientales” (NSS Oaxaca, 28 de abril de 2016)

Rechazan indígenas de Oaxaca concesiones mineras en la Sierra Juárez (Proceso, 28 de abril de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Encuentro estatal de comunidades y organizaciones en resistencia a proyectos mineros (4 de febrero de 2016)

Oaxaca: Ejidos y comunidades de Valles Centrales declaran sus territorios libres de minería (4 de diciembre de 2015)

Oaxaca: Presenta ONU publicación sobre derecho a la consulta y megaproyectos (29 de junio de 2011)


Chiapas/Oaxaca: Pueblos originarios se pronuncian en contra de los mega proyectos y en defensa de la Madre Tierra

abril 27, 2016
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La inauguración del encuentro en Chicoasén. Foto: @SIPAZ

El día 15 de abril, se llevó acabo el encuentro “Transformación No Violenta de Conflictos en Defensa de Nuestros Territorios” en el ejido Chicoasén en el cual participaron varias organizaciones de Chiapas y Oaxaca, integrantes de grupos de personas afectadas por proyectos mineros, represas o gaseoductos. Del taller resultó un pronunciamiento en el que exigen “cancelar proyectos que afectan la vida, la cultura y la Madre Tierra. Las y los firmantes manifestaron el rechazo a los mega proyectos que “se intentan imponer bajo engaños, presión y manipulación, violando la autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios, de lo que resulta despojo, migración, desplazamiento forzado, muertes, desempleo, división familiar y la pérdida de la cultura indígena, además de impactos ambientales. Asimismo llamaron a otras comunidades a no permitir que empresas transnacionales entren a sus tierras y se solidarizaron y manifestaron su dolor por los asesinatos de Berta Isabel Cáceres Flores y Nelson García, defensores de derechos humanos e integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Como el encuentro tuvo lugar en el ejido de Chicoasén, cuyos habitantes están afectados por el proyecto de la represa Chicoasén II, proyecto promovido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), exigieron la cancelación a las 10 órdenes de aprehensión falsas contra los ejidatarios de Chicoasén que el gobierno ha puesto en contra de ellos. Recordaron al encarcelamiento de su abogado Arturo Ortega Luna en octubre del año pasado, a quien lograron liberar por una huelga de hambre llevada a cabo por personas adultas mayores después de tres meses de “ser encarcelado injustamente. Terminaron su pronunciamiento con una invitación a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a acompañarles. Resaltaron que “defenderemos nuestras tierras hasta las últimas consecuencias y por lo tanto necesitamos que, junto con nosotros y nosotras, presionemos al Gobierno mexicano a cancelar concesiones de represas, mineras y cualquier otro proyecto que afecte la vida humana, la cultura y nuestra Madre Tierra.

Para más información:

Pronunciamiento de pueblos originarios, organizaciones y comunidades en defensa de nuestra Madre Tierra y territorio en el marco del Taller/Encuentro Sur de México (Chiapas Denuncia Pública, 26 de abril de 2016)

NotiFrayba: Despojo territorial (Chiapas Denuncia Pública, 26 de abril de 2016)

Pueblos originarios de Chiapas y Oaxaca se pronuncian en contra de los megaproyectos y en defensa de la madre tierra (Espoir Chiapas, 26 de abril de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Justicia para Berta Cáceres y Nelson Noé García. Protección para Gustavo Castro Soto (29 de marzo de 2016)

México/Nacional: Diputados aprueban Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (18 de diciembre de 2016)

Chiapas: Ejidatarios de Chicoasén iniciaron ayuno contra hidroeléctrica Chicoasén II (6 de noviembre de 2015)

Chiapas: Aprehendieron al abogado del Comité Ejidal de afectados por la presa Chicoasén II (27 de octubre de 2015)

Chiapas: Pueblos originarios peregrinan por la paz, por la vida, contra la violencia y el despojo (30 de julio de 2015)

 


Pronunciamiento de participantes en Taller/Encuentro sobre la Transformación No-violenta de Conflictos en Defensa de Nuestros Territorios

abril 19, 2016
índice

Chicoasen I (@sipse.com)

Del 12 al 15 de abril, pueblos originarios, zoques, tsotsiles, tseltales, tojolabales, zapotecos, representantes del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y organizaciones civiles y sociales de Chiapas y Oaxaca, se reunieron en el Ejido de Chicoasén, en el marco del Taller/Encuentro sobre la Transformación No-violenta de Conflictos en Defensa de Nuestros Territorios, con el acompañamiento del Centro Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C., parroquia de Chicomuselo, la Misión de Guadalupe, bajo un proyecto de Pax Christi Internacional.Al final del evento publicaron el siguiente comunicado:

Pronunciamiento de pueblos originarios, organizaciones y comunidades en defensa de nuestra Madre Tierra y territorio en el marco del Taller/Encuentro Sur de México

A 15 de abril de 2016

Chicoasén, Chiapas, México

A las y los defensores de la Madre Tierra y del territorio contra los megaproyectos de muerte.

A los pueblos y colectivos organizados en defensa de la vida.

A las organizaciones y personas independientes que están organizados en contra del sistema capitalista.

A las organizaciones y personas Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

A los centros de derechos humanos honestos e independientes nacionales e internacionales.

A los medios de comuncación independientes y alternativos nacionales e internacionales.

A la opinión pública.

Pueblos originarios, zoques, tsotsiles, tseltales, tojolabales, zapotecos, representantes del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y organizaciones civiles y sociales de Chiapas y Oaxaca, en defensa de nuestro territorio, nos encontramos bajo el sol caliente en el Ejido de Chicoasén, en el marco del Taller/Encuentro sobre la Transformación No-violenta de Conflictos en Defensa de Nuestros Territorios desde el 12 al 15 de abril, con el acompañamiento del Centro Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C., parroquia de Chicomuselo, la Misión de Guadalupe, bajo el proyecto de Pax Christi Internacional.

Durante los días en que estuvimos en este taller y encuentro, estuvimos sometidos a vigilancia y hostigamiento de orejas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a cargo de Juan Manuel Cruz, geógrafo y empleado de la CFE. Denunciamos al mal gobierno en sus tres niveles, municipales, estatales y federales, a la CFE, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente (PROFEPA), Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría Nacional del Agua (CONAGUA), quienes han avalado y otorgado concesiones mineras, proyectos de represas hidroeléctricas bajo engaños, presión y manipulación en nuestros territorios, de lo que resulta en despojo, migración, desplazamiento forzado, muertes, desempleo, división familiar y la pérdida de nuestra cultura indígena. Todo por intereses económicos de políticos y empresas nacionales e internacionales, sin importarles nuestros derechos como pueblos originarios, los impactos ambientales que generan, cambios a nuestros ecosistemas y formas de vida tanto de animales, plantas incluyendo a nuestros ríos y cualquier otra forma de vida humana sobre el territorio. Vemos que todos estos proyectos traen enfermedades como el cáncer, que sólo nos deja la muerte a nuestros hijos e hijas, ejidatarios, ejidatarias y pobladores. Igual, denunciamos actos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) quienes llegaron a nuestras comunidades para realizar un plan de desarrollo alterando el hábitat de las personas para que el plan fuera avalado. Este plan de desarrollo fue un proyecto en conjunto con la CFE para la represa Chicoasén II que prometió inversión y beneficios, los cuales nunca hemos visto. Finalmente, denunciamos el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quienes han dado permiso para el saqueo de nuestros vestigios arqueológicos de la zona arqueológica maya y zoque que se encuentran en ambos lados del Río Grijalba.

Manifestamos nuestro rechazo total a los proyectos de represas hidroeléctricas y proyectos mineros que intentan imponer en nuestros territorios sin alguna consulta libre, previa e informada, violando nuestra autonomía y autodeterminación como pueblos originarios. También manifestamos nuestra fuerza y nuestra solidaridad para los afectados, afectadas, representantes de los ejidatarios básicos, posesionaros y avecindados de Chicoasén, integrantes del Comité Ejidal, que serían afectados por segunda vez por la presa Chicoasén II. En noviembre de 2015, nuestro abogado Arturo Ortega Luna, acompañante del Comité Ejidal, fue detenido y encarcelado por tres meses injustamente. Fue liberado tras presión nuestra por una huelga de hambre de seis personas, adultos mayores e integrantes del Comité, que en el transcurso de la huelga sufrieron mareos y desmayos. Exigimos la cancelación a las 10 órdenes de aprehensión falsas contra los ejidatarios de Chicoasén que el gobierno ha puesto en contra de ellos para que no denuncien la presa Chicoasén II. Estas personas no pueden trabajar por estas ordenes de aprehensión en su contra. Conocemos la experiencia y el caso del Pueblo de Usumacinta, a cinco kilómetros de Chicoasén, que hace 40 años fue inundado y quedó bajo el agua por la represa hidroeléctrica Chicoasén I. Lo mismo pasaría con el poblado Barrio Nuevo, vecino del municipio de Chicoasén, y una parte de la cabecera municipal, información que es ocultada por la CFE y el Gobierno Estatal. Analizamos que Chicoasén II es devastador, ya que dejará a los pobladores huyendo mientras que suba el agua.

Nos solidarizamos y manifestamos el dolor que sentimos por el asesinato de nuestros compañeros, luchadores por nuestra Madre Tierra del pueblo lenca, Berta Cáceres y Nelson García del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Son ejemplos de lo que nos hace el mal gobierno cuando levantamos la voz. Nunca olvidaremos a todos y todas los caídos en lucha por su pueblo y su tierra, ya que nosotros y nosotras también hemos perdido a compañeros en plena lucha.

Invitamos a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a acompañarnos y estar alertos de que en Chiapas y Oaxaca, en el sur de México, defenderemos nuestras tierras hasta las últimas consecuencias y por lo tanto necesitamos que, junto con nosotros y nosotras, presionemos al Gobierno Mexicano a cancelar las concesiones de represas, mineras y cualquier otro proyecto que afecte la vida humana, la cultura y la Madre Tierra. Exigimos un alto a los hostigamientos, vigilancia, cateo y cualquier agresión a los ejidatarios integrantes del Comite Ejidal de Chicoasén y de los afectados y representantes en este Taller/Encuentro. Responsabilizamos a los tres niveles del mal gobierno ante cualquier agresión física a nuestra persona y a nuestras familias.

A todas las comunidades, ejidos, pueblos, organizaciones que defiendan su territorio, les queremos decir que no permitan a las empresas trasnacionales, extranjeras y nacionales que entren a sus tierras y no se vendan por unos cuantos pesos, porque después será difícil de expulsarlos. La resistencia y la defensa sólo y siempre vendrá desde abajo.

¡SEGUIMOS EN BÚSQUEDA DE LOS 43 DESAPARECIDOS DE AYOTZINAPA!

¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO!

¡JUSTICIA Y VERDAD PARA BERTA CÁCARES Y NELSON GARCÍA DE LA COPINH!

¡VIVAN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

¡VIVAN LOS PUEBLOS ORGANIZADOS!

¡FUERA LOS MEGAPROYECTOS DE MUERTE!

¡NO A LA PRESA CHICOASÉN II!

Atentamente:

Comité Ejidal de Ejidatarios Básicos, posesionarios y avecindados de Chicoasén.

Pueblo Creyente, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

Movimiento en defensa de la vida y el Territorio (MOVITE).

Representantes del Pueblo Creyente de Simojovel.

Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Oaxaca (CUPOVO).

Coordinación Diocesana de Mujeres, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas (CODIMUJ).

Consejo Autónomo de la Región Zona Costa de Chiapas (CARZCH).

Colonia La Trinidad, Municipio de Las Margaritas.

Misión de Guadalupe.

Las y los que participaron y afectados, representantes de:

  • Afectados por la mina de San Ramón en el Ejido Grecia en Chicomuselo.

  • Afectados por la Presa Hidroeléctrica Chicoasén I y II.

  • Afectados de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca por explotación minera.

  • Afectados por la Presa Hidroeléctrica Hitzantun en Huitiupan.

  • Afectados por las minas de ámbar en Simojovel.

  • Afectados por el gaseoducto en la comunidad Gustavo Lopéz, por el proyecto minero en la comunidad de Unión Pijijiapan y la presa hidroeléctrica en Pijijiapan.

  • Afectados de comunidades amenazadas en el municipio de Las Margaritas por las presas hidroeléctricas, Huixtan I y Huixtan II en el Río Santo Domingo.

  • Afectados por las presas hidroeléctricas en el curso del Rio Chacté San Juan Cancúc y en el municipio de Salto de Agua en en el Río Tulijá.