Guerrero: Breves – CECOP recibe medidas cautelares; Informe sobre derechos humanos; Organizaciones civiles siguen pidiendo liberación de Raúl Hernández

El 1ero de julio, se llevó a cabo la primera audiencia ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del juicio de nulidad que los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP) interpusieron. Piden la anulación de la asamblea que el 28 de abril de este año aprobó la expropiación de mil 300 hectáreas para trabajos relacionados con la construcción de la presa La Parota. El TUA otorgó medidas cautelares que impiden iniciar trabajos relacionado a dicho proyecto hidroeléctrico.

El mismo 1ero de julio, un informe sobre la situación de los derechos humanos en Guerrero fue presentado públicamente en Chilpancingo. Organizaciones civiles denunciaron nuevas amenazas contra defensores de derechos humanos ante organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH). El presidente del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, mencionó que en Guerrero 178 defensores de derechos humanos han recibido medidas cautelares, reflejando la situación crítica en la que se encuentran. Estuvieron presentes varias organizaciones como la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. A cambio, los funcionarios de gobierno que fueron invitados al evento no asistieron. Abel Barrera lamentó esta falta de diálogo del gobierno estatal con las organizaciones de la sociedad civil. En este marco, los presentes volvieron a exigir la liberación inmediata de Raúl Hernández, quien sigue preso en el cárcel de Ayutla a pesar de que ya se demostró su inocencia.

De hecho, el miércoles 30 de junio, Tlachinollan y la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) emitieron un comunicado conjunto, pidiendo a la Procuraduría Estatal de presentar conclusiones no acusatorias en el caso contra Raúl Hernández. El documento incluyó una Acción Urgente en la que las dos organizaciones pidieron enviar cartas a la Procuraduría Estatal de Guerrero con el fin de presionar hacia un fallo favorable para Hernández.

Para más información:

Concede el TUA medidas cautelares para impedir a la CFE construir La Parota (La Jornada, 2 de julio)

Concede el TUA medida cautelar para impedir a la CFE que inicie los trabajos de La Parota (Sur de Acapulco, 2 de julio)

Organizaciones: persisten amenazas contra defensores de garantías (La Jornada, 2 de julio)

Comunicado conjunto Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y OPIM: Demanda que la Procuraduría General de Justicia de Guerrero presente conclusiones no acusatorias (1ero de julio) – Incluye una Acción Urgente

Para más información de SIPAZ:

Guerrero – Breves: Detienen integrante del FODEG, Raúl Hernández recibe amenazas y anuncio de conmemoración masacre Aguas Blancas (25 de junio)

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Chiapas: conflicto pre-electoral en Nachig, Zinacantán deja saldo de dos muertos

El 26 de junio, en la comunidad de Nachig, municipio de Zinacantán, cerca de San Cristóbal de Las Casas en los Altos de Chiapas, hechos violentos provocaron la muerte de dos personas, dos decenas de lesionados, 15 casas y unos 30 vehículos quemados. Detrás del conflicto se encuentra la disputa por la presidencia municipal con elecciones programadas para el próximo 4 de julio. A la fecha Zinacantán está gobernada por el PRD y Nachig es de las comunidades más grandes de este municipio.

El sábado 26 en la mañana, un acto proselitista del candidato a la presidencia municipal por el PRD, Domingo Hernández Peréz, derivó en un enfrentamiento con diversos objetos (supuestamente por parte del PRI) antes de convertirse en una agresión a balazos (presuntamente por parte del PRD). Murieron dos personas en los hechos: Martín López Sanchez (PRI) y Antonio Pérez López (PRD). Después de estos hechos, alrededor de mil 500 simpatizantes del PRI quemaron al menos 12 casas y 30 vehículos, y mantuvieron acordonado una casa en donde permanecían 57 simpatizantes del PRD, a quienes amenazaban con linchar. Cientos de policías tuvieron que intervenir para rescatarlos. La Procuraduría General de Justicia del Estado inició una averiguación previa por los delitos de Homicidio y Lesiones. Se detuvieron a 61 personas en calidad de presentadas, entre ellas José Pérez Conde, primo y asesor del alcalde perredista de Zinacantán, Antonio Conde Vázquez.

Dos días después, el PRD estatal emitió un comunicado asegurando que los hechos fueron provocados por los priistas y que la noche anterior el candidato a la presidencia municipal de su partido había denunciado que se preparaba una agresión en su contra. Los priístas reiteraron por su parte que fueron los perredistas quienes llegaron a provocar “porque saben que van a perder las elecciones del 4 de julio.”

El 1 de julio, perredistas de Zinacantán exigieron la liberación de 5 de sus simpatizantes, quienes siguen presos por presunta participación en los enfrentamientos en Nachig. También solicitaron a las autoridades brindar las condiciones de seguridad para el retorno de las más de 400 personas perredistas, quienes tras los enfrentamientos se vieron obligados a salir de la comunidad de Nachig, por haber recibido supuestas amenazas por parte de simpatizantes del PRI.

Para más información:

Tras duelo: 61 presentados (Cuarto Poder, 27 de junio)

La Jornada: Encendido clima electoral en Nachig (La Jornada, 28 de junio)

Exigen perrredistas la liberación de sus compañeros presos (Cuarto Poder, 2 de julio)

Chiapas: A 14 años de la desaparición forzada de Minerva Pérez Torres por paramilitares de Paz y Justicia

Don Sebastián Pérez, padre de Minerva © CDHFBC

El 20 de junio de 1996, fue víctima de desaparición forzada la joven Minerva Guadalupe Pérez Torres, originaria de Masojá Shucjá, municipio de Tila, delito por el que se encuentran señalados 30 integrantes del grupo de corte paramilitar Paz y Justicia en la comunidad Miguel Alemán. 14 años después, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC)  recordó ésta y otras desapariciones forzadas, señalando que el Estado no ha cumplido con la obligación de aclarecer estos crímenes, tipificados como de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional.

Según el boletín del CDHFBC, “[a] pesar de sus obligaciones, el Estado no ha cumplido y sigue negando la existencia de grupos paramilitares en Chiapas, lo cual contradice el contenido del informe Grupos Subversivos y Delictivos con presencia en Chiapas, con membrete de General de Gobierno del estado de Chiapas, de fecha 27 de mayo del 2009, donde aparece una ficha descriptiva del grupo paramilitar Paz y Justicia, sus vínculos con el Estado a través del Ejército Mexicano y el financiamiento con recursos públicos provenientes de del Campo y de Desarrollo Social de Chiapas. El informe evidencia porqué creó esos grupos y las relaciones con operadores políticos del Estado quienes han participado y participan con esa política en contra de los pueblos indígenas¹”.

¹Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Derechos Humanos en Chiapas, Frayba, Balance Anual 2009, véase en: http://www.frayba.org.mx/archivo/informes/100609_balance_anual_2009_digital.pdf

Para más información:

Boletín completo del CDHFBC (pdf) (23/06/2010)

Más información de SIPAZ:

Chiapas : conmemoración en memoria de las víctimas de Paz y Justicia en Masojá Shucjá (03/09/2009)

Chiapas: enfrentamiento en San Juan Cancuc deja 1 muerto

El 21 de junio, indígenas de la comunidad El Pozo, del municipio de San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, se enfrentaron, a balazos dejando un saldo de un muerto y 9 heridos (4 de balas). La confrontación se produjo cuando habitantes de El Pozo pretendieron suspender el suministro de agua potable y energía eléctrica a simpatizantes zapatistas, que se encuentran en resistencia por lo que se niegan a pagar esos servicios. En la agresión murió Sebastián Hernández Pérez, de 28 años.

El 23 de junio, la Junta de Buen Gobierno (JBG) Corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo, desde el caracol de Oventic, publicó un comunicado explicando: “no fue un enfrentamiento así como manipulan los diferentes medios de comunicación. Ni mucho menos fue una agresión provocada por los bases de apoyo zapatistas como acusan los medios de comunicación. Ante la agresión, los compañeros tuvieron que defenderse de alguna forma, utilizando sus últimos recursos para su legítima defensa”.

Detalló que el 21 de junio a las 10.30 horas aproximadamente los priístas y perredistas “se organizaron y se dividieron en cuatro grupos, cada uno de 60 personas con actitud agresiva y armados con machetes, piedras, palos, azadones, picos, palas y pinzas para cortar el servicio de luz y de agua a nueve familias bases de apoyo zapatista”. Reconocieron: “en esta agresión hubo un muerto de los agresores por lo que fue el que encabezaba la agresión. Nuestros bases de apoyo tuvieron que defenderse”. Comentaron también: “Cómo es posible que el mal gobierno actúe de esta manera, deteniendo a nuestros compañeros y están en calidad de presentados, mientras nuestras bases de apoyo fueron agredidos, golpeados y varios se encuentran gravemente heridos y otros lesionados.”

El 23 de Junio, la Procuraduría General de Justicia de Chiapas, informó que fueron detenidas tres personas involucradas en el enfrentamiento. Este mismo día, el presidente municipal de San Juan Cancuc, Cirilo Vázquez Cruz (del PRD), informó que presuntamente por temor a ser agredidas, 25 familias bases de apoyo abandonaron sus casas en las comunidad El Pozo. Aseguró que la situación en El Pozo es de tranquilidad, aunque todavía permanecen 15 agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) para resguardar el orden conjuntamente con la Policía Municipal.

Descartó que los hechos sangrientos del 21 de junio vayan a afectar las elecciones del 4 de julio, aunque, afirmó, “el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quiere utilizarlos diciendo que el abanderado de la alianza que encabeza el Partido de la Revolución Democrática (PRD) está apoyando a los zapatistas, pero la misma comunidad lo ha rechazado porque bien saben que los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional no tienen nada qué ver en la elección porque no son de partidos políticos”.

Para más información:

Reportan enfrentamiento en zona zapatista, dos muertos (La Jornada, 21 de junio)

Trifulca en Chiapas deja un muerto (El Universal, 21 de junio)

PGJ de Chiapas investiga choque entre grupos en San Juan Cancuc (Milenio, 21 de junio)

Consigna PGJE a tres implicados en homicidio de la comunidad “El Pozo”, San Juan Cancuc (Comunicado de la PGJE, 23 de junio)

Comunicado completo de la Junta de Buen Gobierno de Oventic (23 de junio)

JBG repudia ataque realizado en El Pozo (Cuarto Poder, 23 de junio)

En El Pozo sólo nos defendimos de una agresión, sostienen zapatistas (La Jornada, 24 de junio)

Bases zapatistas huyen por temor a violencia (La Jornada, 24 de junio)

Oaxaca: después de la caravana “Bety Cariño y Jyri Jaakkola” a San Juan Copalá

El 8 de junio pasado, la caravana “Bety Cariño y Jyri Jaakkola” de apoyo humanitario, misma que  fue integrada por alrededor de 300 personas, partió desde el municipio oaxaqueño de Huajuapan a San Juan Copalá para llevar entre 30 y 35 toneladas de víveres al municipio  autónomo que desde hace meses se encuentra cercado por miembros del grupo “Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui” (UBISORT), vinculado al Partido Institucional Revolucionario (PRI). No logró entrar al municipio autónomo, debido al plantón que organizaron integrantes de la UBISORT en la carretera hacia San Juan Copalá: encontró un bloqueo de piedras al nivel de La Pavimentada así como un grupo mujeres triquis resguardadas por hombres armados, incluyendo Rufino Hernández Juárez, líder de UBISORT.

Se sumaron en la caravana habitantes de San Juan Copalá, adherentes a la Otra Campaña, diputados del PRD y PT, integrantes de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) y otras organizaciones civiles, miembros de la iglesia católica, grupos de derechos humanos y ambientalistas de varios estados mexicanos, periodistas así como varios observadores europeos. Fue escoltada por 500 elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), quienes según testimonios, recomendaron a los integrantes de la caravana desistir frente el plantón de la UBISORT.  Después de haber oído disparos de armas de fuego cerca del bloqueo, dirigentes de la caravana concluyeron que no había condiciones para continuar el recorrido, y decidieron volver a Huajuapan para garantizar la seguridad de los integrantes de la caravana.

Según el análisis de Jorge Albino Ortiz, representante del municipio de San Juan Copalá y coordinador de la caravana, la policía estatal tendió un “cerco” en la carretera hacia el municipio autónomo el 8 de junio precisamente para proteger a laUBISORT. Aseveró que las acciones policiacas frente a la caravana demuestran el apoyo del gobierno estatal a esta organización y añadió que la administración estatal se comporta así para desaparecer el proyecto autónomo que se ha desarrollado en el municipio desde 2007.

Según Romualdo Wilfrido Mayrén Peláez, coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de la arquidiócesis de Oaxaca, desde el 8 de junio, se ha buscado la posibilidad de que la Cruz Roja Internacional y la Organización de Naciones Unidas entreguen las varias toneladas de víveres en San Juan Copalá.  También se ha mencionado la posibilidad de organizar otra caravana, esta vez compuesta sólo por mujeres.

El contexto de alta tensión se mantiene en la zona. En las palabras del activista triqui Marcos Albino, “los niños triquis no han tenido infancia por el clima de violencia que ha fomentado el gobernador Ulises Ruiz”. Mayrén Peláez, apoderado legal de la arquidiócesis oaxaqueña, ha aseverado que “lo que se vive en San Juan Copala es una guerra; hay desaparecidos, muertos y agresiones.” Por su parte, el legislador perredista Alejandro Encinas anunció a principios de junio que esperaba que la Organización de Estados Americanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos designen un representante para documentar las violaciones a los derechos humanos en la zona.

Marchas de solidaridad se dieron en el Distrito Federal, Queretaro y Oaxaca de Juárez el día 8.  Las manifestaciones en el D.F., organizadas por mujeres triquis, estudiantes y miembros de organizaciones sociales civiles, se toparon con granaderos que agredieron a unos de sus integrantes . En Queretaro, los manifestantes exigieron garantías de seguridad para la caravana, y que se aceleren las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en San Juan Copalá.  En Oaxaca de Juárez, integrantes de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL) realizaron un bloqueo de carretera, durante propaganda electoral promoviendo la candidatura de Eviél Perez Magaña (PRI-Verde Ecologista) en las elecciones estatales por realizarse a principios de julio fue quemada.  Según David Venegas, integrante de VOCAL, estas actividades fueron coordinadas con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

En un comunicado publicado el 10 de junio, los redactores de La Jornada aseveraron que la impunidad que se experimenta en Oaxaca en relación a la zona triqui refleja que “el estado de derecho [allí] resulta inexistente”.  Por su parte, Miguel Concha, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, declaró que la imposibilidad de la nueva caravana para llegar a San Juan Copalá confirma que hay grupos armados que o están fuera de control o son protegidos por el gobierno de Oaxaca, una conclusión que lo comparte David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, quien dijo en una entrevista que “en esa región de Oaxaca hay ausencia del estado de derecho […].  [A]hí quien manda es un grupo armado, es claramente paramilitar.”  Añadió Peña que “[n]o podemos concebir que un grupo armado tenga más poder y control en esa región que ambos gobiernos [es decir, estatal y federal].”

Para más información:

Con bloqueos y tiros impiden a caravana humanitaria llegar a San Juan Copala (La Jornada, 9 de junio)

Los protegen con cerco policiaco (La Jornada, 10 de junio)

Contra los pueblos indígenas, la verdadera guerra del gobierno mexicano: Un reporte especial (La Jornada, 12 de junio)

Pedirán a la Cruz Roja Internacional que lleve víveres a San Juan Copala (La Jornada, 10 de junio)

Analizan enviar caravana femenina a Copala (La Jornada, 9 de junio)

Empeora seguridad en San Juan Copala; ataques llegan a otras comunidades, acusan (La Jornada, 3 de junio)

Marchan en 3 entidades en solidaridad a Caravana (La Jornada, 8 de junio)

Granaderos de la capital obstruyen marcha en apoyo al envío de ayuda (La Jornada, 9 de junio)

Copala: violencia y vacío de poder (La Jornada, 10 de junio)

Blog del Municipio autónomo de San Juan Copala

CIBERACCIÓN POR SAN JUAN COPALA: TOD@S CON LA CARAVANA BETY CARIÑO Y JYRI JAAKKOLA

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: A unos días de la “Caravana Internacional y Nacional Humanitaria Bety Cariño y Jyri Jaakola” a San Juan Copala (5 de Junio de 2010)

Chiapas: Presentación del Informe 2010 de Amnistía Internacional

El domingo 13 de junio, Amnistía Internacional-México presentó su nuevo informe mundial 2010 en San Cristóbal de Las Casas con la participación de varios ponentes, dando más elementos sobre el capítulo México del mismo y profundizando sobre aspectos como los derechos de los migrantes, de los pueblos indígenas, de las mujeres y de los periodistas en el contexto específico de Chiapas.

Alfonso García Castillo, directivo de AI en México, inició la presentación refiriéndose al contexto alarmante en el que trabajan los defensores y defensoras de derechos humanos en México. Apuntaló: La tortura en México disminuye, pero los ataques contra comunidades y luchadores sociales ahora son más violentos y los asesinatos, desapariciones y violaciones no sólo aumentan, sino se consuman de modo más grave, a menudo por el solo hecho de reclamar derechos.  Respecto a Chiapas, señaló: Los megaproyectos que se construyen sin previa consulta y las disputas originadas por el aprovechamiento de los recursos naturales dan lugar a una sistemática violación de los derechos indígenas, en una problemática que ya está generalizándose en la zona sur del país y conlleva no sólo el desplazamiento de comunidades, sino la negación de su identidad.

Fermina Rodríguez Velazco del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova de Tapachula habló sobre la realidad vivida por los migrantes centroamericanos en la frontera Sur, destacando los riesgos y múltiples violaciones a los derechos humanos a los que están sujetos.  Otro ponente denunció la continuación hasta la fecha del racismo y de la discriminación en contra de los pueblos indígenas, especialmente en Chiapas, y otra compartió partes del informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) que arroja elementos de alta preocupación respecto a la violencia en contra de las mujeres mexicanas y chiapanecas. También cuestionó la falta de atención por parte de agencias gubernamentales frente a los asesinatos de mujeres, mexicanas en general y chiapanecas en particular. Isaín Mandujano, corresponsal de la revista Proceso, habló respecto  a las violaciones de derechos humanos (incluyendo el derecho a la vida) para los periodistas, y también aludió a las dinámicas socio-económicas que con frecuencia hacen que los periodistas trabajen por proyectos mediáticos dominantes y conservadores.

Esta conferencia viene unas semanas después de la publicación del nuevo informe anual de AI sobre los derechos humanos en el mundo–El estado de los derechos humanos en el mundo–y la del informe anual sobre la situación en México, a finales de mayo.  Según AI, aumentaron las denuncias por desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza. La parte sobre México de dicho informe subraya que graves violaciones de derechos humanos cometidas por elementos policiacos y militares en México aumentaron este año en México. El informe también resalta el alto nivel de violencia machista, los crímenes del crimen organizado y el acoso a periodistas y activistas pro derechos humanos que se viven en el país.  También señala que “continúa muy arraigada la impunidad” en el país, y concluye diciendo que “[s]e terminó la hora de la retórica, se requieren acciones.”  De hecho, el director ejecutivo de AI en México, Alberto Herrera Aragón, señaló a fines de mayo que pensaba que México estaba 10 años rezagado con relación a la situación de derechos humanos, en comparación con países como Guatemala, Chile y Argentina. Herrera Aragón también destacó que en realidad poca gente tiene acceso al sistema juridical en México.

Para más información:

Aumenta la violencia en los ataques a comunidades: AI (La Jornada, 14 de junio)

México está rezagado 10 años, afirma AI (El Universal, 25 de mayo)

Aumentan violaciones a DDHH en México: AI (El Universal, 27 de mayo)

Crecen abusos de Ejército y policía contra los civiles (La Jornada, 27 de mayo)

Guerrero: Lider de la OFPM liberado

El lider de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), Álvaro Ramírez, que había sido detenido por la Policia Investigadora Ministerial (PIM) el domingo 6 de junio, fue liberado el sábado 12 de junio. Había sido acusado por el homicidio de Andrés Feliciano Modesta y  por tentativa de homicidio contra Policarpo Patriarca Agustín, pero a falta de elementos que probaran su culpabilidad, fue absuelto 6 días después de su encarcelación en el penal de Ayutla de los Libres. Para la OFPM queda claro que el Estado mexicano sigue persiguiendo a la organización indígena y de esta manera intenta frenar su trabajo de defensa de los derechos humanos. De hecho, tras su liberación Álvaro Ramírez denunció que el gobernador Guerrerense, Zeferino Torreblanca Galindo, se alió con el cacique Policarpio Patriarca Agustín de Ayutla de los Libres, formando un pacto para acabar con la OFPM. En un boletín de prensa conjunto del 14 de junio, la Red Guerrerense de Organismos Civiles y  el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan también señalaron la represión del trabajo de la OFPM por parte del gobierno de Torreblanca.

Para más información:

– Torreblanca, aliado de caciques: OFPM (La Jornada, 15 de junio)

– En Guerrero, dejan en libertad al líder indígena mixteco Álvaro Ramírez (La Jornada, 14 de junio)

– La libertad del dirigente mixteco Álvaro Ramírez evidencia la persecución que sigue enfrentando la OFPM (Boletin de prensa Red Guerrerense de Organismos Civiles  de Derechos Humanos / Tlachinollan: 14 de junio)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero – Breves : Policia detiene a líder de la OFPM/ Aniversario El Charco (12 de junio de 2010)