El 7 de mayo de 2009, la Junta de Buen Gobierno “Corazón del arcoíris de la esperanza” del Caracol IV “Torbellino de nuestras Palabras” de Morelia publicó un nuevo comunicado exigiendo la libertad inmediata de los detenidos de Bachajón que se encuentran actualmente en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 14 (EL AMATE), y denunciando “la campaña de contrainsurgencia” llevada a cabo por el gobierno de Sabibes en varios municipios de la zona Zot’z Choj.
Respecto a los detenidos, denunciaron: “Por incapacidad de Juan Sabines de sus represores han torturado compañeros nuestros injustamente mientras los verdaderos delincuentes están gozando la libertad en sus casas y públicamente queremos demostrar la incapacidad de gobierno represor. (…) En cambio nosotros los que trabajamos en la Junta del Buen Gobierno, con humildad, queremos demostrar nuestra capacidad de aplicar la justicia verdadera”. Afirmaron tener en su custodia a dos personas que denunciaron a su vez a los que los contrataron, “los verdaderos asaltantes”. Agregaron al respecto: “Estas personas son los verdaderos asaltantes que han venido violando el libre tránsito Ocosingo Palenque, y las policías que patrullan este tramo sólo han servido de estorbo porque no han hecho nada, pero sí son muy buenos para violar los derechos de nuestros compañeros”.
El 8 de mayo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas informó que se le notificó que se les había dictado el auto de formal prisión a Alfredo Gómez Moreno, Gerónimo Gómez Saragos, Antonio Gómez Saragos, Pedro Demeza Deara, Sebastián Demeza Deara, Gerónimo Moreno Deara, Miguel Demeza Jiménez, integrantes de La otra Campaña y a Miguel Vázquez Moreno, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), del ejido San Sebastián Bachajón del municipio de Chilón.
En la mañana, alrededor de 350 ejidatarios de San Sebastian Bachajón, habían realizado una marcha-mitin en la cabecera municipal de Ocosingo para exigir la liberación de los 8 indígenas tseltales que permanecen presos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 4 de Cintalapa, Chiapas.
En una Acción Urgente del 4 de mayo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) denunció nuevamente la situación jurídica en la que se encuentran los ocho indígenas tzeltales del Ejido San Sebastián Bachajón. Las faltas de un debido proceso en todo los casos fueron evidenciados por la documentación realizada por el CDHFBC. Una preocupación para el futuro juicio tiene que ver con el hecho de que los ocho hayan firmado sus declaraciones desconociendo su contenido por falta de traductor. Aunque la legislación prohíbe tales declaraciones, fueron aceptadas por el Ministerio Público.
El CDHFBC llamó la atención sobre el hecho que “el Juez de la causa tiene hasta el viernes 8 de mayo para dictar auto de formal prisión o concederles la libertad”. Señaló que el juicio podrá formar parte de la represión “que el gobierno de Juan José Sabines Guerrero ha implementado, inicialmente a través de la Fiscalía Especial Para la Delincuencia Organizada (FECDO) en contra de los integrantes de La Otra Campaña de San Sebastián Bachajón y del Base Zapatista del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de la Región de Agua Azul y Agua Clara”.
Raúl Hernández Abundio, el unico preso que queda encarcelado
El 29 de abril, el Juzgado Octavo con sede en Acapulco concedió un amparo en contra de las ordenes de aprensión liberados en contra de cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM). Los cinco hombres son Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez (ex presidente de la OPIM), Braulio Manzanares Lorenzo, José Eugenio Cruz, Félix Ortega Dolores y Merced Santiago Lorenzo. La Jueza Livia Lizbeth Larumbe Radilla concedió que no había suficientes pruebas que corroboraban su involucramiento en el asesinato de Alejandro Feliciano cometido el 1 de enero de 2008.
En total, 15 integrantes de la OPIM fueron acusados de matar a Alejandro Feliciano, señalado como informante del Ejército. Se detuvieron a cinco de ellos. Cuatro fueron liberados por un amparo el día 18 de marzo de este año. Es importante recordar que todavía queda uno, Raúl Hernández Abundio quien fue adoptado como preso de consciencia por Amnistía Internacional, y que se encuentra encarcelado en Ayutla de los Libres desde el 18 de abril de 2008. También quedan ordenes de aprensión en contra de 5 integrantes de la OPIM más. En un comunicado de prensa, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan destacó que “La resolución de amparo también demuestra que el gobierno de Guerrero utiliza los aparatos de justicia para perseguir a los defensores de derechos humanos que se organizan y cuestionan el autoritarismo, la militarización, la falta de educación, salud y de otros derechos conculcados sistemáticamente”.
El día 1 de mayo los ocho indígenas tzeltales del Ejido San Sebastián Bachajón arraigados durante 19 días en la casa de arraigo “Quinta Pitiquitos”, fueron consignados ante un juez en Tuxtla Gutiérrez y luego trasladados al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No 14, El Amate, (CERSS No. 14 El Amate) en el municipio de Cintalapa. Según informó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) se les ejercitó acción penal por los delitos de robo con violencia y delincuencia a los seis adherentes de La Otra Campaña, el base de apoyo zapatista y otra persona sin vinculación organizativa declarada.
En esta ocasión sus fotografías fueron nuevamente publicadas en medios, identificándolos como parte de “una banda delictiva, dedicada al asalto carretero en el tramo Ocosingo-Palenque”, lo cual constituye en una vulneración al principio constitucional de presunción de inocencia además de estigmatizarlos ante la sociedad. El CDHFBC informó que “existen violaciones al debido proceso en la procuración de justicia, siendo la más grave la falta de un traductor en su idioma, por lo que los 8 detenidos fueron obligados a firmar documentos sin saber su contenido, los cuales resultaron en declaraciones autoinculpatorios, sin obviar que 7 de ellos declararon bajo tortura”.
Según demuestra la investigación y documentación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), el “uso sistemático de tortura” vinculado a casos de personas durante el traslado, el arraigo y la declaración ministerial, demuestra una grave debilidad en la protección y respeto de los derechos humanos de personas bajo sospecha de haber cometida un crimen en Chiapas.
Los días 20 y 21 de abril de 2009, se llevó a cabo el “Foro Internacional sobre la Criminalización de los Defensores de Derechos Humanos y de la Protesta Social” en Chilpacingo, capital del estado de Guerrero, convocado por varias organizaciones guerrerenses de derechos humanos y la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, de los Estados Unidos), con el fin de posicionarse frente a la grave situación enfrentada por los defensores de derechos humanos en México, y en Guerrero en particular, así como trabajar sobre las posibles respuestas frente a ella. El largo título del foro se debe al concepto amplio de defensores de derechos humanos manejado (el de la ONU), concepto que va más allá del trabajo jurídico y integra a muchos movimientos de protesta social.
Katya Salazar, directora del DPLF, y Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, introdujeron el foro denunciando la tendencia general de criminalización de los defensores de derechos humanos en el país que empeoró en los últimos meses y se agudizó particularmente en Guerrero con los casos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) que fueron secuestrados, torturados y ejecutados el mes de febrero, el cierre de la oficina de Tlachinollan en Ayutla por razones de seguridad, y las amenazas y violaciones sufridas por integrantes de la Organización de Pueblos Indígenas Me pahaa (OPIM). Emilie Joly, del DPLF, subrayó que en Guerrero existe un patrón de criminalización de los defensores de los derechos humanos en tres pasos : cierre de los canales de diálogo y negociación, represión de las protestas civiles y pacíficas y uso del poder judicial en contra de los defensores de derechos humanos (delitos desproporcionados o fabricados en contra de ellos y falta de investigación de las amenazas o violaciones sufridas por ellos).
El lunes, se realizaron tres paneles:
-Panel 1: los alcances del sistema interamericano
-Panel 2: Experiencias comparadas de América Latina
-Panel 3: Experiencias de México
El día siguiente las mesas de trabajo para analizar la realidad y valorar estrategias de acción concluyeron con una declaración final incluyendo varias denuncias y exigencias.
El día lunes 20 de abril David Venegas Reyes “Alebrije” recibió libertad absoluta por la acusación de posesión con hipótesis de cocaína y heroína que era el ultimo proceso penal de los dos por los que estuvo encarcelado durante once meses. David Venegas salió libre el 5 de marzo “totalmente exonerado de los delitos de la quema de edificios el 25 de noviembre pero aun bajo proceso por el delito de posesión con hipótesis de venta de cocaína y heroína”. Lleva por lo tanto más de un año de libertad condicionada que implica ir a firmar cada quince días ante el juez.
Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL) señala en su comunicado del 21 de abril que la sentencia “lejos de ser producto de la salud o rectitud del sistema judicial mexicano, fue arrancada por la fuerza del movimiento popular y con la solidaridad de compañeros y compañeras de todo México y varios pueblos del Mundo. El sistema judicial en México está corrompido hasta sus entrañas y es un vil instrumento de los gobernantes en turno para someter y reprimir a quienes luchan por justicia y libertad.”
Cabe recordar que desde su liberación en marzo de 2008, David Venegas ha trabajado por la liberación de otros presos que se asumen como “presos políticos” en Oaxaca y en Chiapas donde mostró su solidaridad en el plantón que se dio frente al palacio del gobierno en Tuxtla en marzo de 2008 para la liberación de los presos en huelga de hambre. El 12 de abril también se dio una Semana Político Cultural por parte de familiares y amigos de los presos tanto como miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) para la liberación de los presos de la APPO: Víctor Hugo Martínez, Miguel Angel García, Pedro Castillo Aragón y Juan Manuel Martínez.
Escrito por SIPAZ 
