octubre 22, 2009
El 14 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución sobre violaciones a los Derechos Humanos por parte de las autoridades en el marco del conflicto que tuvo lugar en Oaxaca en 2006 y partes de 2007. De ésta se desprende que el gobernador en aquel tiempo y a la fecha, Ulises Ruiz Ortíz, es responsable de violaciones a los Derechos Humanos.
Con siete votos a favor y cuatro en contra, la SCJN responsabilizó al gobernador oaxaqueño de violaciones a los Derechos Humanos, cometidas por policías estatales en el conflicto de mayo de 2006 hasta junio de 2007. Sin embargo, fue rechazada por la mayoría del pleno la propuesta de los ministros Juan N. Silva Meza, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío, de incluir a Vicente Fox, entonces Presidente de la República, como al entonces Secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y a Eduardo Medina Mora, Secretario de Seguridad Pública del sexenio de Fox, en la lista de responsables por haber permitido una situación de ingobernabilidad en la entidad y así haber expuesto a la población a situaciones que vulneraran sus Derechos Humanos. Ahora le compete al Presidente Felipe Calderón y al Congreso de la Unión determinar si se procederá a un juicio político en contra del gobernador oaxaqueño, expresó el ministro de la SCJN, José Ramón Cossío, después de la resolución.
Ruiz Ortíz se manifestó en contra de la resolución tomada por la SCJN, cuestionando que no se hubiera incluido a Fox. Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que había demandado la renuncia de Ulises Ruiz en el conflicto de 2006 y 2007, insistieron en la responsabilidad del mandatario estatal por las violaciones a Derechos Humanos. Gabriel López Chiñas, secretario de organización de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), destacó que deberían ser sometidos a juicio tanto el gobernador como Jorge Franco Vargas, ex secretario general de Gobierno de Oaxaca, y la ex procuradora de Justicia Rosa Lizbeth Caña Cadeza, por ser los operadores “de la represión desatada en contra del pueblo” oaxaqueño. La Sección 22 del SNTE, que aglutina a maestras y maestros de toda la entidad de Oaxaca, había sufrido represión de parte del gobierno estatal el 14 de junio de 2006, lo que derivó en la conformación de la APPO, integrada por diversas organizaciones sociales, políticas e indígenas, que se enfrentó a las autoridades estatales en el segundo semestre de 2006 para exigir la renuncia del gobernador, a quien acusaron de reprimir a las organizaciones sociales, políticas e indígenas.
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octubre 5, 2009



En 2006, el arquitecto Lorenzo Sampablo Cervantes, padre de 4 hijos y miembro de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) solía acudir a las marchas, llevaba víveres en los plantones y mantenía “una idea firme en contra de los abusos cometido por parte del gobierno”. Fue matado el 22 de agosto de 2006 “a quema ropa y sin posibilidad de defenderse” según se ha denunciado por balas de “grupos paramilitares al mando de Aristeo López”, ex funcionario policiaco de José Murat en Oaxaca. Fue la primera pesona en ser asesinada en los hechos violentos que sacudieron al estado entre 2006 y 2007.
El día 8 de agosto pasado, a tres años de su muerte, y por decisión de sus familiares, inició la Campaña por el Castigo de los Asesinos de Lorenzo Sampablo Cervantes en la Ciudad de Oaxaca con una velada en la que se pidió justicia en su caso. Las actividades realizadas en el marco de esta campaña apuntan a “la exigencia de castigo a los responsables del asesinato de Lorenzo Sampablo Cervantes” señalando como autores materiales e intelectuales a “los jefes policíacos, y funcionarios gubernamentales Manuel Moreno Rivas, Lizbeth Caña Cadeza, Jorge Franco Vargas “el Chuckie”, Bulmaro Rito Salinas, Lino Celaya Luría, Aristeo López Martínez, Ulises Ruiz entre otros; no olvidando a quienes integraron las Caravanas de la Muerte que le quitaron la vida a Lorenzo Sampablo”.
En actos públicos Petra González Garnica, la viuda de Lorenzo Sampablo, ha reafirmado la importancia de seguir trabajando por la justicia, por no olvidar a los 26 asesinados, a los más de 500 detenidos y a los 300 procesados en el marco de la represión que se desató en Oaxaca entre 2006 y 2007. Petra González no ha aceptado la indemnización que se le ha ofrecido y ha afirmado que no la aceptará hasta que se haya hecho justicia. En un encuentro con familiares de presos, asesinados y lesionados como consecuencia de los enfrentamientos en 2006-2007, los familiares contaron con mucha indignación y dolor sobre las consecuencias de la impunidad en sus vidas a 3 años de los hechos violentos que cambiaron sus vidas, dejándolas truncadas, a medias. El sufrimiento sigue y la petición de no dejar los muertos y las injusticias en el olvido sigue clara y contundente.
Para más información:
Blog: “Campaña por el Castigo de los Asesinos de Lorenzo Sampablo Cervantes”
”Justicia para Oaxaca: Lorenzo Sampablo Cervantes Presente Ahora y Siempre” (31/08/2009)
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agosto 7, 2009

Conferencia de prensa - Fuente: LIMEDDH
El 5 de agosto, en una conferencia de prensa, la Liga Mexicana Por la Defensa de los Derechos Humanos-Filial Oaxaca (LIMEDDH), la Comisión Magisterial de Derechos Humanos (COMADDH) de la Sección XXII de Oaxaca del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Comité de Familiares de Detenidos, Asesinados y Presos Políticos (COFADAPPO) presentaron su postura con respecto al informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre violaciones a Derechos Humanos durante el conflicto social en Oaxaca, abarcando el periodo de mayo de 2006 hasta julio de 2007. Además anunciaron que en este año, 63 personas que fueron detenidos el 25 de noviembre de 2006, a través de la LIMEDDH han demandado a las autoridades estatales la reparación del daño moral por privación arbitraria de la libertad y tortura.
Según el boletín de prensa, emitido por la LIMEDDH el mismo 5 de agosto, “[g]raves violaciones al marco constitucional de garantías individuales y derechos humanos quedan sin ser investigadas y en el anonimato, tras la conclusión del informe preliminar de la investigación […] de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del conflicto político social de 2006 […]en la entidad oaxaqueña.” Detenciones Arbitrarias, Ejecuciones Extrajudiciales, Desapariciones Forzadas y Violaciones del principio del Derecho al Debido Proceso son algunas de las violaciones a Derechos Humanos cometidas por las autoridades estatales y federales, denunció la LIMEDDH. Enfatizó la importancia del trabajo de las organizaciones no gubernamentales en materia de Derechos Humanos ante el clima de impunidad existente. Recordó que hay varios informes públicos, realizados por organizaciones internacionales de derechos humanos que contrastan con el informe de la SCJN y que evidencian las graves violaciones cometidas en el marco del conflicto.
Asimismo, la LIMEDDH informó que en lo que va del año 2009, 63 personas que fueron detenidas el 25 de noviembre de 2006 y que han sido víctimas de violaciones a Derechos Humanos, han demandado a las autoridades estatales la reparación del daño moral por privación arbitraria de la libertad y tortura, entre otras, sumando una cantidad de 58,400,000.00 $ (Pesos Mexicanos), siendo 940,000.00 $ por cada una de las víctimas. Destacó que “[n]o se trata de ponerle precio a la libertad personal o a la integridad física o psicológica, sino de reivindicar el derecho que tienen las víctimas a ser indemnizadas por el Estado perpetrador; además constituye la pena pública que el Gobierno del Estado de Oaxaca debe compurgar, independientemente y sin menoscabo de la responsabilidad penal y administrativa, en que hayan incurrido los funcionarios públicos responsables.” Además, la LIMEDDH hizo un llamado a las autoridades estatales y federales de abstenerse de cualquier tipo de hostigamiento en contra de los defensores de Derechos Humanos, víctimas y familiares; de lo contrario, considerarían cerradas las vías institucionales nacionales para obtener justicia y acudirían a instancias internacionales de Derechos Humanos para denunciarlo.
Para más información:
Más información de SIPAZ:
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julio 29, 2009

En una conferencia de prensa el día 27 de julio un miembro del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) en Tataltepec de Valdés y el presidente del comisariado de bienes ejidales de Paso de la Reina, comentaron que la asamblea general había revocado y cancelado la autorización que el 27 de junio de 2007 otorgaron por escrito a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras dependencias para ir haciendo estudios de campo. La paraestatal CFE ha venido ignorando la oposición de varias comunidades indígenas y mantienen la decisión de construir el proyecto de presa hidroeléctrica en tierras ejidales que atraviesa el río Verde en el Istmo de Oaxaca, aun cuando los afectados exigen cancelar la obra y ya se movilizaron para detener los trabajos preparatorios.
El representante de los ejidatarios del Copudever, Juan Gómez Gómez demandó a las autoridades respetar el derecho ejidal y la decisión “libre e informada” de los pueblos indígenas, como lo prevén los convenios internacionales suscritos y ratificados por el gobierno mexicano.
Para más información:
“Ejidatarios de Oaxaca se alistan para luchar contra presa de CFE”, La Jornada (27/07/2009)
“NO a la presa Paso de la Reina”, Prensa Indígena (07/03/2009)
“Rechazan pueblos la hidroeléctrica Paso de Reina en Oaxaca”, Cimacnoticias (21/05/2008)
Más información en el blog de SIPAZ:
“Oaxaca: Proyecto de presa hidroeléctrica “Paso de la Reina” (03/10/2008)
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Derechos Humanos, Mega proyectos, Movimientos sociales, Oaxaca, Pueblos indígenas, Represas | Etiquetado: CFE, Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), el Istmo, Oaxaca, Paso de la Reina, pre, Presa hidroelectrica, rio Verde |
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julio 29, 2009
El 21 de julio, elementos del Ejército mexicano en Oaxaca detuvieron y censuraron la labor periodística de Ernesto Reyes Martínez, del diario Noticias Voz e Imagen de Oaxaca y corresponsal de la XEW para el noticiario radiofónico Hoy por Hoy, cuando tomaba fotografías de un evento de un presunto arresto en una carretera federal. Varias organizaciones como la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) o ARTICLE19 denunciaron que la “retención ilegal del periodista fue durante 1 hora y 30 minutos, tiempo en el que permaneció incomunicado sin que se le permitiera hacer llamadas telefónicas”. Cabe recordar la precaria situación en la que se encuentran muchos periodistas en México, país señalado como el segundo más peligroso del mundo con respecto a violaciones de derechos humanos de los periodistas. En el marco de esta detención, ARTICLE19 y Cencos hicieron un llamado al Gobierno Estatal para “que adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho de la libertad de expresión pues la obstaculización al derecho de la sociedad a estar informada, se traduce en una amenaza directa para la consolidación de la democracia”.
Para más información:
“Militares obstruyen ejercicio periodistico en Oaxaca”, Cimacnoticias (22/07/2009)
“Alerta-LE: Militares obstruyen ejercicio periodistico en Oaxaca”, Campaña permanente de protección a periodistas en México (21/07/2009)
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Derechos Humanos, Militarización, Nacional - México, Oaxaca, Sistema de justicia, Uncategorized | Etiquetado: Article19, CENCOS, Ernesto Reyes Martínez, L, libertad de expresión, Limeddh, Oaxaca |
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julio 29, 2009
El 18 de julio salieron libres cuatro presos indígenas de la región Loxicha en Oaxaca. Estanislao Martínez Santiago, Ricardo Martínez Enríquez, Cirilo Ambrosio Antonio y Urbano Ruiz Cruz que desde 1996 se encontraban presos acusados por diferentes delitos de orden federal y acusaciones de vínculos con grupos armados, salieron libres bajo el supuesto beneficio de la preliberación.
Los liberados indígenas vienen de una zona marginalizada y sometida en violencia y represión gubernamental, hecho que llevó a la detención de 12 indígenas después del “25 de septiembre de 1996 cuando el gobierno federal y estatal implementaron un operativo contra el pueblo Loxicha que dejó como resultado asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos forzados y detenciones masivas arbitraria e injustamente” informan organizaciones que han venido acompañando su proceso, tal como el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño A.C., el Colectivo Zapatista de Oaxaca y el Pbro. Wilfrido Mayren Pelaez, vocero de los presos de Loxicha. “Debemos destacar que aún permanecen en la cárcel ocho presos políticos que el próximo 25 de septiembre cumplen 13 años de estar en prisión; cuatro de ellos permanecen en prisión pendientes por resolver su situación jurídica, y los otros cuatro cumplen su sentencia que va de los 30 a los 34 años de prisión privativa de la libertad.”
Para más información:
“Liberan en Oaxaca a cuatro presos políticos”, CENCOS (20/07/2009)
“Liberan a 4 presos Loxichas, después de 13 años”, Dicidente RAdio (19/07/2009)
“Liberan a 4 compañeros de la region Loxicha”, El Enemigo Común (20/07/2009)
Más información en el blog de SIPAZ:
” Oaxaca: marcha para la “Liberación de los 12 presos políticos de la región Loxicha” (09/06/2009)
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junio 16, 2009
En un comunicado del 15 de junio, las Autoridades del Municipio Autónomo de San Juan Copala, en la región triqui baja del estado de Oaxaca, denunciaron un ataque para-militar contra el municipio autónomo en el que un niño de 13 años perdió la vida y su hermana de 16 años se quedó gravemente herida. En el ataque que se dio el 13 de junio en la tarde y duró dos horas, “grupos paramilitares” atacaron con armas de grueso calibre el centro del municipio.
Es la primera vez en tres años desde que varias comunidades de la región triqui decidieron construir el municipio autónomo que su sede es agredida, por lo que las Autoridades sospechan “que se trata de una acción respaldada” por el gobierno estatal y municipal. En su comunicado, las Autoridades señalaron que desde hace días ha habido intentos de “provocación y división en la región, sobre todo porque los habitantes del municipio se negaron a que se instalaran casillas electorales en su territorio”. Otro factor que recalca el comunicado es que el ataque se dio en un momento en el que algunos compañeros del municipio estaban fuera, acompañando “a los familiares de los presos ‘hermanos’ Loxichas en la marcha que realizan hacia la ciudad de México”. Actualmente, la policía comunitaria busca a los responsables para castigarlos.
Para más información:
Atacan alcaldía en Oaxaca; un muerto, La Jornada (16/06/2009)
Comunicado del Municipio Autónomo de San Juan Copala, CENCOS (16/06/2009)
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