Nacional: Asesinato a periodista veracruzana causa condena en todo el país, así como al nivel internacional

Periodistas y fotógrafos protestaron por sus compañeros desaparecidos y muertos en Veracruz, Foto @izq.mx

El día 9 de febrero, cuando la organización internacional Article 19 presentó su informe ”La desaparición y desaparición forzada de quienes ejercen la libertad de expresión en México”, en el que consignó que México es el país con más periodistas desaparecidos, se anunció que en Puebla fue encontrado el cadáver de la periodista veracruzana Anabel Flores Salazar, torturada y ejecutada. La reportera de 32 años era madre de dos hijos y trabajaba para el periódico El sol de Orizaba. El 8 de febrero, había sido reportada como desaparecida tras ser secuestrada en la madrugada del mismo día y según la denuncia realizada por sus familiares, “fue sustraída de su domicilio por hombres armados que llegaron directamente a buscarla hasta su domicilio en tres camionetas y, tras ubicarla en una de las habitaciones, la subieron por la fuerza a uno de los vehículos y huyeron”. Al día siguiente, su cuerpo sin vida fue encontrado en la carretera. De acuerdo con datos de Artículo 19, Flores Salazar es la periodista número 19 en ser asesinada en Veracruz durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa que ha empezado en 2010, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI). “La desaparición de personas que ejercen la libertad de expresión en México es alarmante, en lo que concierne a las características de los casos que, en su mayoría, podrían calificarse como desapariciones forzadas”, indicó el informe.

El asesinato fue condenado por varias organizaciones internacionales, entre ellos la Oficina en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), así como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta última instancia manifestó su especial preocupación por la reiteración de este tipo de ataques contra periodistas y comunicadores en México, “donde uno de los lugares más peligrosos es el Estado de Veracruz. En 2014 fueron ocho los comunicadores asesinados en el país presuntamente vinculado al ejercicio de su libertad de expresión y en 2015 se registraron seis casos. Este es el segundo asesinato de periodistas registrado en el país en este año”. ONU Mujeres y ONU-DH exigieron de las autoridades mexicanas, “investigar diligentemente el asesinato de Anabel Flores, con una perspectiva de género, considerando múltiples líneas de investigación y evitando en todo momento la estigmatización de la víctima, así como a tomar todas las medidas necesarias para juzgar y sancionar a los responsables de la violencia contra las y los periodistas”.

El caso de Anabel Flores Salazar se da en un contexto de amenazas, represión y intimidación hacía periodistas y las y los que exigen la libertad de expresión en todo el país: el 9 de febrero pasado, Radio Zapote denunció hostigamiento y amenazas; el corresponsal del semanario Proceso en Guerrero, Ezequiel Flores Contreras, denunció que fue amenazado de muerte por parte del ex Diputado local perredista, Roger Arellano Sotelo, el 10 de febrero durante una manifestación por el asesinato de Anabel Flores Salazar; este mismo día, la periodista Martha Izquierdo, corresponsal de SemMéxico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, denunció amenazas “[p]or parte de dos hombres que llegaron en un vehículo particular hasta la estación de radio que ella dirige y donde transmitía su noticiario matutino”. Por todos estos hechos, Amnistía Internacional (AI) pidió al Gobierno mexicano que garantice la protección de las y los periodistas. Según la directora de AI para las Américas, Erica Guevara- Rosas, México debe ofrecer protección especialmente a los periodistas de sucesos. Dijó que “[n]o proteger a quienes exponen la triste realidad de los abusos en México equivale a intentar esconder debajo de la alfombra estos abusos”.

Para más información

ONU y CIDH condenan asesinato y criminalización de reportera veracruzana (Centro ProDH, 12 de febrero de 2016)

La Relatoría Especial condena el asesinato de una periodista en México (Organización de los Estados Americanos, 11 de febrero de 2016)

CIDH y UNESCO condenan asesinato de la periodista Anabel Flores (Proceso, 11 de febrero de 2016)

Recibe amenazas la periodista Martha Izquierdo (Desinformémonos, 11 de febrero de 2016)

México, el país con más periodistas desaparecidos: Article 19 (Centro ProDH, 10 de febrero de 2016)

Encuentran sin vida a la periodista mexicana Anabel Flores (La Patria, 10 de febrero de 2016)

Anabel Flores Salazar, 32 años, madre de dos bebés y periodista de Veracruz, fue asesinada (SinEmbargo, 9 de febrero de 2016)

Para más información de SIPAZ

Nacional: Se amontonaron ataques en contra de periodistas en México (2 de diciembre de 2015)

Nacional/México: Torturan y asesinan a periodista y cuatro mujeres (3 de agosto de 2015)

Nacional/Internacional : Cuestionan organizaciones internacionales al mecanismo para defensores de derechos humanos y periodistas (8 de mayo de 2015)

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Nacional: Dudas de organismos de la sociedad civil por la iniciativa de Ley contra la Tortura

Conferencia de prensa, Foto @ Luis Barrón, SinEmbargo

 

El 3 de febrero, cerca de 30 organismos de la sociedad civil, como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), compartieron su indignación ante la iniciativa de Ley contra la Tortura en una conferencia de prensa. Instaron al Poder Legislativo a aprobar una legislación contra la tortura a la altura de los estándares internacionales y exhibieron que, el 10 de diciembre del 2015, Enrique Peña Nieto, “el presidente de la República, sin aviso a las organizaciones, envió al Senado su iniciativa, la cual, además de desconocer varios de los contenidos mínimos que esta ley debe tener, incorpora normas jurídicas que promueven la comisión de la tortura y establece políticas que impiden su investigación eficaz”. Su propuesta “[n]o refleja lo necesario para una verdadera erradicación de esta práctica”, indicaron los organismos de la sociedad civil en su posicionamiento. Por ejemplo, no incluye el establecimiento del Protocolo de Estambul, que es un manual internacional para la investigación y documentación de la tortura, ni prohíbe el uso de pruebas ilícitas u obtenidas bajo tortura. En octubre de 2015, el Ejecutivo Federal realizó una serie de consultas en un proceso de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, así como personas de la academia y actores sociales, en las que se llegó a acuerdos sobre los estándares que deberá contener la Ley General contra la Tortura. Según dichas organizaciones, en el texto final, “[n]o se incorporaron en su totalidad las propuestas de la sociedad civil y el sector académico.”

Entre otros, el Comité contra la Tortura y el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ambos de Naciones Unidas, han calificado la práctica de la tortura en México como sistemática o generalizada. “La tortura ha sido utilizada por el Estado mexicano por un largo periodo para obtener información, confesiones, castigar, violentar sexualmente y reducir la personalidad de miles de personas que habitan o transitan por México”. El coordinador de la CMDPDH, José Antonio Guevara, recordó que entre el 2006 y el 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió alrededor de 100 quejas por tortura y cerca de 4,000 por tratos crueles, inhumanos o degradantes, mientras que en comisiones estatales existen otros 4,500 expedientes. Ante el inminente inicio de labores legislativas en este período de sesiones, las organizaciones exigieron al Poder Legislativo que, en sus diferentes etapas, “[t]ome en cuenta las observaciones e insumos elaborados por las organizaciones de la sociedad civil, grupos académicos y expertos en estos temas y aprueben una legislación que esté a la altura de los más altos estándares internacionales en materia de prohibición de la tortura y de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que permita revertir a la práctica generalizada de tortura e impunidad que prevalece en el país”.

Para más información

Ley general contra la tortura (La Jornada, 6 de febrero de 2016)

EPN no tomó en cuenta a las ONG al enviar iniciativa de ley sobre tortura (Diario Cambio, 5 de febrero de 2016)

La iniciativa de Ley contra la Tortura promueve …aún más tortura, dicen grupos civiles (Sin Embargo, 3 de febrero de 2016)

Legislativo debe aprobar una ley contra la Tortura a la altura de los estándares internacionales (Codigo DH, 3 de febrero de 2016)

Para más información de SIPAZ

Nacional: 20 ONG critican el proceso para crear la Ley General contra la Tortura (7 de julio de 2015)

Chiapas/Nacional: 26 de junio, Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura (1 de julio de 2015)

Nacional/Internacional: relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura presenta informe sobre México en Ginebra, Suiza (10 de marzo de 2015)

Nacional/Guerrero: Informes poco favorables sobre corrupción y derechos humanos en México

Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH. Foto: @CuartOscuro

Dos informes sobre la situación de los derechos humanos en México coincidieron en que hay pocos avances en materia de derechos humanos y en combate a la corrupción. Por un lado, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que Guerrero es la entidad con más denuncias, seguida por Coahuila, Tamaulipas y Veracruz. Según Aristegui Noticias, las desapariciones forzadas desde el inicio de la “guerra contra el narco”, en 2006 y hasta la fecha, ascienden a más de 26 mil. Durante la presentación del informe anual de la CNDH ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, González Pérez destacó que “el problema de las desapariciones desafía y cuestiona las capacidades y recursos del Estado mexicano para dar respuesta a una situación que, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en un obstáculo que no hemos podido superar”. Asimismo, agregó que “los casos de Chalchihuapan, Tlatlaya, Iguala, Apatzingán han modificado la percepción general e histórica de los derechos humanos en nuestro país, poniendo a prueba a las instituciones”. En cuanto a los hechos violatorios de derechos humanos, Chiapas es el sexto estado con más frecuencia de reportes y Oaxaca el octavo.

Por otro lado, Human Rights Watch (HRW) señaló en su informe anual de 2015 que “miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han participado en numerosas desapariciones forzadas. […] Desde 2006, la CNDH recibió aproximadamente 9.000 denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército —incluidas más de 1.700 durante el actual gobierno”. El mismo organismo destacó que el ejecutivo ha tenido pocos avances en cuanto a sanción de militares implicados en casos de violaciones a derechos humanos por ser competencia del fuero militar. Sumado a ello, Alejandro Salas, director para las Américas de Transparencia Internacional, declaró que “en países como México, donde la policía está al servicio de caciques locales o al servicio de presidentes municipales, de gobernadores de las provincias, la policía no está haciendo su trabajo profesional e independiente, sino que está respondiendo a intereses de ciertos grupos, muchas veces grupos ilegales como el narco”.

Para más información:

Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, los estados con más denuncias por desapariciones: CNDH (Eme Equis, 27 de enero de 2016)

Ni combate a la corrupción, ni avances en DDHH, coinciden dos reportes globales sobre México (Sin Embargo, 27 de enero de 2016)

Autoridades, incapaces de responder a casos de desaparición forzada: CNDH, en su informe 2015 (Animal Político, 27 de enero de 2016)

Escasos avances para castigar a militares violadores de derechos humanos en México: Human Rights Watch (Sididh, 28 de enero de 2016)

Impunidad enmarca desapariciones en México, denuncia Cadhac ante la ONU (Proceso, 27 de enero de 2016)

Informe anual de actividades 2015 (Comisión Nacional de los Derechos Humanos)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Padres y madres de Ayotzinapa van a la Corte, a 16 meses de la desaparición de sus hijos (27 de enero de 2016)

Guerrero: ONG y expertos en derechos humanos respaldan labor del GIEI en caso Ayotzinapa (25 de enero de 2016)

Guererro: Se cumplen 4 años de desaparición forzada de campesinos ecologistas de la Costa Grande (8 de diciembre de 2015)

Nacional/Internacional: Ejército y fuerzas de seguridad involucradas en asesinatos extrajudiciales, tortura, desaparición forzada: EU (10 de julio de 2015)

Chiapas/Nacional: Comunidad de Xochicuautla denuncia proyecto carretero y se solidariza con pueblos indígenas de Chiapas que enfrentan despojo

@Resistencia indígena otomí (Miguel Ángel Xenón)

El 12 de enero, en una conferencia de prensa en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC), autoridades de la comunidad indígena otomí-ñätho San Francisco Xochicuautla, ubicada en el Estado de México, e integrantes del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra denunciaron la “imposición ilegal del proyecto carretero Toluca-Naucalpan, por parte de Enrique Peña Nieto y el Grupo Higga¨. Afirmaron que dicho proyecto devastará 3 millones 900 mil metros cuadrados del Bosque Sagrado. Xochicuautla, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y parte del Congreso Nacional Indígena, también denunciaron las constantes agresiones sufridas por la comunidad “por parte del Estado: prisión política, persecución, atentados, amenazas de muerte, cerco militar a la comunidad y la continuación de las obras a pesar de dos amparos que obligan a la empresa a parar los trabajos”.

Además, se manifestaron en solidaridad con diversas luchas en defensa de la tierra y el territorio en Chiapas. Denunciaron “los asesinatos de los indígenas tsotzil-tseltal de Bachajón”, del municipio de Chilón, “con el objeto de imponer un complejo turístico” en la Biosfera de las Cascadas de Agua Azul. También, exigieron la libertad inmediata de Santiago Moreno Pérez, Emilio Jiménez Gómez y Esteban Gómez Jiménez, “presos políticos” y adherentes a la Sexta Declaración de San Sebastián Bachajón. Recordaron que a la comunidad San Isidro Los Laureles, municipio Venustiano Carranza, que decidió recuperar alrededor de 165 hectáreas de sus tierras, “les asiste el derecho, de acuerdo con lo estipulado” por el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo. Y saludaron la lucha de la organización Sociedad Civil Las Abejas en Acteal, quienes últimamente sufrieron una emboscada el 29 de diciembre de 2015 en contra de tres de sus integrantes en la Comunidad San Joaquín, municipio de Pantelhó, y el atentado que derivó en el asesinato de Manuel López Pérez. “La sed de justicia de nuestros pueblos, es un caudal que riega y mantiene húmedos nuestros corazones”, añadieron. Finalmente, reconocieron los “esfuerzos de autonomía” de “nuestros hermanas y hermanos del municipio de Tila”, quienes, en la búsqueda de su libertad, determinaron recuperar su autonomía ejidal y “su derecho a gobernarse”.

Hicieron un llamado a “las comunidades indígenas y campesinas, estudiantes, maestros, feministas organizaciones y en general, a los colectivos de México y el mundo, a pronunciarse contra el ecocidio en San Francisco Xochicuautla”.

Para más información:

Comunidad de Xochicuatla se solidariza con pueblos indígenas de Chiapas que enfrentan despojo (Chiapas Denuncia Pública, 13 de enero de 2016)

Exigen indígenas suspender autopista Naucalpan-Toluca (La Jornada, 13 de enero de 2016)

Xochicuautla, en solidaridad con los pueblos indígenas de Chiapas (Desinformémonos, 14 de enero de 2016)

Xochicuautla, pronunciamiento por la memoria, verdad y territorio (Ke Huelga Radio, 13 de enero de 2016)

Comunidad de Xochicuautla denuncia proyecto carretero y se solidariza con las luchas en Chiapas (Radio Zapatista, 13 de enero de 2016)

 

 

 

Nacional: Liberan a Cemeí Verdía, comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula, Michoacán

(@Centro de Medios Libres)

El 24 de diciembre, fue liberado el Comandante de la Policía Comunitaria de la comunidad nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, Cemeí Verdía Zepeda, por falta de pruebas para procesarlo por el delito de homicidio calificado.

Había sido arrestado el pasado 19 de julio acusado en un primer momento de portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Luego, tuvo que enfrentar otros dos procesos penales, uno por robo, que no procedió y otro por el de homicidio calificado que tampoco prosperó por lo que salió inocentado de la cárcel después de 6 meses de detención.

Para más información:

Liberan a Cemeí Verdía por falta de pruebas (La Jornada, 24 de diciembre de 2015)

Tras 6 meses de cárcel, descansa Cemeí en Ostula (Agencia Quadratín, 28 de diciembre de 2015)
Liberan a Cemeí Verdia, líder de autodefensas de Ostula, Michoacán (Sdp Noticias, 24 de diciembre de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Nacional: Comuneros de Santa Maria Ostula inician acciones para exigir libertad de Cemeí Verdía

(7 de diciembre de 2015)

Nacional: Tensión en Ostula y ante el posible traslado del comandante Cemeí (10 de agosto de 2015)

Nacional: Un menor asesinado y diez personas heridas en Santa María Ostula (22 de julio de 2015)

 

Internacional: Organizaciones alemanas exigen a México mayor compromiso en la defensa de los Derechos Humanos en el país

El 15 de diciembre pasado, la Embajada de México en Alemania invitó a una reunión con el subsecretario para los Asuntos Multilaterales y los Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, para dialogar sobre el estado de los Derechos Humanos (DH) en México. Después del evento, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México (DMKRM, por sus siglas en aleman) lamentó que el funcionario no haya reconocido la crisis de los Derechos Humanos en el país. Con respecto a la presencia del Ejército en las calles y las acusaciones que hay en contra de militares por diversos casos de ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos entre la población, Carola Hausotter, la secretaria ejecutiva de la DMKRM, dijo que „[f]ueron notorias las contradicciones fundamentales entre el discurso oficial del diplomático y la información sobre la situación de DH en México que la Coordinación Alemana recibe a través de sus organizaciones contrapartes en México y de organismos internacionales como la ONU y la OEA“. En cuanto al problema de la impunidad, Ruiz Cabañas „[d]escalificó la tasa de 98%, cuestinonando las fuentes oficiales que sostienen dicha cifra“. Según un comunicado de prensa que publicó la DMKRM, el Subsecretarío tampoco reconoció la gran mayoria de los casos de agresiones en contra de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que permanecen en la impunidad. Por su “actitud evasiva“ los integrantes de la DMKRM, entre los que se encuentran Amnistía Internacional y la Oficina Ecuménica para la Paz y la Justicia, exigieron al gobierno mexicano que “[p]lantee un plan concreto de medidas para implementar […] las recomendaciones en materia de DH, que los organismos internacionales han formulado, reconociendo su validez y legitimidad“.

Cabe mencionar que el 9 de junio de 2015 los gobiernos mexicanos y alemanes firmaron una Declaración de Intenciones en el marco de una Comisión Binacional, misma que habla sobre una colaboración estrecha en materia de seguridad, política exterior, desarrollo, medio ambiente, ciencia, educación y cultura. Después de la conferencia “Eesaparición forzada, delito sistematizado; la crisis política en México“, que se llevó a cabo el 25 de octubre de 2015 en Alemania, la DMKRM expresó sus dudas sobre ese proyecto porque México “[s]e encuentra actualmente en una profunda crisis política y jurídica; todos los niveles institucionales están vinculados con el crimen organizado“. Frente a este panorama, consideraron que el gobierno alemán debe plantear al mexicano señales políticas tendientes a la puesta en marcha de puntos de referencia en el tema de derechos humanos.

Para más información

Exigen organizaciones alemanas compromiso con los derechos humanos a Estado (Centro ProDH, 18 de diciembre de 2015)

Indigna a activistas alemanes “postura evasiva” de Peña sobre violación de derechos humanos (Proceso, 17 de diciembre de 2015)

Comunicado de prensa Coordinación alemana por los derechos humanos en México (DMKRM, 16 de diciembre de 2015)

ONG alemanas cuestionan que su país declare a México respetuoso de los derechos (La Jornada, 5 de diciembre de 2015)

Instituciones mexicanas, vinculadas al crimen organizado en todos sus niveles: ONG’s en Alemania (Proceso, 2 de diciembre de 2015)

Para más información de SIPAZ

Nacional/Guerrero: “no más venta de armas a México” – Gobierno alemán (27 de febrero de 2015)

Nacional/Internacional: Activistas alemanes rechazan acuerdo de seguridad con México (6 de febrero de 2015)

México/Nacional: Diputados aprueban Ley Federal de Zonas Económicas Especiales

Ubicación de las Zonas Económicas Especiales. Imagen: @Dinero en Imagen

El pasado 14 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de ley de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), que había sido presentada al Congreso de la Unión en septiembre del año en curso. Estas ZEE pretenden ser regiones con facilidades en cuanto a beneficios fiscales a la inversión y al empleo, para el comercio exterior y con un régimen aduanero especial, todo ello con el objetivo, según el gobierno, de impulsar el desarrollo en el sur del país mediante la atracción de inversiones.

De acuerdo con información de la Presidencia de la República, se prevén realizar obras de infraestructura con una inversión de cerca de 115 mil millones de pesos, para la construcción de gasoductos, ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos. De acuerdo con Chiapas Paralelo, esta inversión provendrá de recursos públicos pero está “diseñada por y para el capital privado, en una lógica de mercado […] en donde la población chiapaneca sólo está presente en el proyecto como mano de obra, dejando de lado que es la dueña de los recursos naturales y materias primas”. Asimismo, se espera la creación de 115 mil empleos directos de calidad en los próximos 10 años, aunque ya hay analistas que señalan que traerá a especialistas de otras partes del país, dejando sólo los empleos más precarios para personas locales.

Las ZEE proyectadas son “Puerto Lázaro Cárdenas”, abarcando municipios colindantes de Michoacán y Guerrero y con la voluntad de favorecer la exportación; el “Corredor Interoceánico de Tehuantepec”, que afectará Coatzacoalcos, Veracruz, Salina Cruz y Oaxaca y que permitirá el tránsito de mercancía entre el Océano Pacífico y el Golfo de México; y por último “Puerto Chiapas” en Chiapas que facilitará la exportación de mercancía a Asia. Los permisos para construir y administrar una zona se podrán otorgar por un periodo de hasta 40 años.

Cabe recordar que organizaciones del Frente Indígena y Campesino de México (FICAM) expresaron su rechazo a la iniciativa de Ley Federal de ZEE, por “considerar que es una nueva embestida en contra de los pueblos y comunidades de este país”, que “busca legalizar el despojo de las tierras en perjuicio de las comunidades” y que “es el complemento de la reforma energética, con la cual se busca dar certeza jurídica a las empresas transnacionales”. Integrantes de FICAM opinaron que las ZEE profundizarán los niveles de marginación, que “sólo hará más ricos a los ricos” y que aprovechará la mano de obra barata de estas zonas, precisamente de las que presentan más altos índices de pobreza a nivel nacional. Finalmente, expusieron que “la propuesta de las Zonas Económicas Especiales sino se acompañan de políticas públicas para la transformación del país, sólo representa poner en charola de plata la riqueza del país para que se sirvan a placer los grandes capitales”.

Para más información:

Diputados aprueban ‘zonas económicas especiales’ en México (Aristegui Noticias, 14 de diciembre de 2015)

Aprueban diputados ley para crear Zonas de “Explotación” Especial (EDUCA, 15 de diciembre de 2015)

Prevé expropiar terrenos el plan de zonas económicas especiales (La Jornada, 1 de octubre de 2015)

Zonas Económicas Especiales, una iniciativa para el despojo (Chiapas Paralelo, 30 de septiembre de 2015)

Zonas Económicas de EPN legalizarán despojo de tierras; complementan la energética para dar certeza a empresas: FICAM (Revolución Tres Punto Cero, 17 de octubre de 2015)

México en el giro de tuerca mundial: Zonas Económicas Especiales (Parte I) (Subversiones, 20 de noviembre de 2015)

Otro eslabón para el despojo (La Jornada, 6 de octubre de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: nueve municipios declaran sus territorios libres de minería e hidroeléctricas (11 de diciembre de 2015)

Oaxaca: En la Costa declaran el rechazo a proyectos hidroeléctricos y de minería (18 de noviembre de 2015)

Guerrero: Representantes de municipios de la Montaña y la Costa Chica rechazan minería (28 de julio de 2015)