Nacional / Guerrero : Humillan a padres y madres de los 43 en la Basílica de Guadalupe

Peregrinación a 27 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa Foto@: La Jornada Jair Cabrera

El 26 de diciembre, a 27 meses de la desaparición forzada de los jóvenes, se concluyó la Caravana por la Memoria y la Esperanza que había empezado 7 días antes en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Para la actividad de clausura, los padres y madres, diversas agrupaciones solidarias, estudiantes normalistas y ministros de varias denominaciones religiosas iniciaron una peregrinación desde la glorieta de Peralvillo hacia el templo mariano de la Basílica de Guadalupe, donde el obispo de Saltillo, Raúl Vera, y el arzobispo electo de Morelia oficiaron una misa en memoria de los jóvenes.

Cuando el contingente, de alrededor de 500 personas, llegó al atrio de la Basílica, se les fue negado el acceso a la nave central. El coordinador de seguridad del templo no permitió tampoco que los obispos fueran a encontrarlos en la entrada.

Los papas fueron relegados en una de las capillas que se ubica en la parte alta del santuario donde ni se percibía la misa y se les prohibieron que tomaran vídeo y fotografías. Los guardias del templo impidieron la entrada de los periodistas y de las organizaciones que los acompañaban. « No solo los guardias de la basílica, eran los que daban órdenes, también lo hacían dos policías federales que iban protegidos con chalecos antibalas. Uno de ellos se encargaba de registrar imágenes de los padres y madres en su celular y el otro a dar órdenes de que guardaran sus aparatos. En lugar de que se diera un ambiente de oración, los policías llegaron a perturbar esta atmósfera de recogimiento. Fue una misa tensa por el trato humillante de las autoridades de la Basílica hacia los padres de Ayotzinapa.» .

Al terminar la misa, los obispos se acercaron de los padres y madres con fin de darles su bendición y su abrazo fraterno. Les animaron para seguir su lucha y no perder la esperanza de dar con el paradero de sus hijos. El arzobispo de Morelia recordó que “la tragedia de Iguala ha dejado una profunda huella en el estado de Guerrero, y en todo el país, más aún en el mundo entero. Primeramente por lo trágico de la desaparición de los 43, por el dolor y la angustia que han dejado en sus familiares y amigos, pero también porque han dejado entrever la fragilidad de nuestras estructuras en el tema de seguridad.”

Para más información :
Los mercaderes del templo (Centre de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan, a 4 de enero de 2017)
Marginan a padres de los 43 en la Basílica de Guadalupe (La jornada, 27 de diciembre de 2016)

Desdén en la Basílica hacia padres de los 43 (La jornada, 27 de diciembre de 2016)

Para más información de Sipaz:
Nacional: Ayotzinapa, dos años de desasosiego, dolor e impunidad (30 de septiembre de 2016)

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Oaxaca / Nacional :ONGs documentan detenciones arbitrarias de defensoras y defensores, familiares exigen su libertad

Pedro Canché Herrera, Nestora Salgado y Enrique Guerrero Aviña (Foto@: Consorciooaxaca)

El 14 de diciembre de 2016, se presentó en Oaxaca el informe Detenciones arbitraria e ilegal – Criminalización: una política de Estado para inhibir la defensa de los derechos humanos en México elaborado conjuntamente por 11 organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacional. Ese informe analiza el caso de cinco defensores y defensoras de derechos humanos «arrestadas de forma ilegal sin orden de aprehensión y encarceladas por delitos que no cometieron  sino por sus legítimas actividades en defensa de los derechos humanos»: Damián Gallardo Martínez, Enrique Guerrero Aviña, Librado Baños Rodríguez, Pedro Canché Herrera y Nestora Salgado —estos últimos dos ya fueron liberados.

 El Grupo de Trabajo (GT) sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, tras estudiar esos casos confirmó que fueron detenciones arbitrarias y que se realizaron «sin orden de detención ni cargos que se les imputaban ». El GT subrayó las numerosas irregularidades que presentaron los procesos penales. En su opinión, la detención de Librado Baños corresponde a « actos de retaliación y represalia por su activa defensa de los derechos de la población indígena y afrodescendiente de la región.» Cabe mencionar que el Grupo de Trabajo declaró haber solicitado información al Gobierno Mexicano respecto a esos casos, la que no le fue proporcionada en el periodo de tiempo legal a ese efecto.

Las 11 organizaciones y los familiares de las víctimas aseguran que las detenciones, actos de tortura y otras violaciones a derechos humanos a los que han sido sometidos ilustran «un patrón mucho más amplio de criminalización de la protesta social en México que busca inhibir la defensa de derechos humanos y la protesta social, haciéndolas pasar por actividades ilegales y criminales.  Aunado al hecho de que lejos de incidir a erradicar esta práctica el estado mexicano sigue deteniendo e intimidando a defensoras y defensores en el país. »

Los autores del informe resaltan que « la responsabilidad de estas violaciones de los derechos humanos es compartida entre la pluralidad de los actores involucrados directamente o indirectamente en el proceso de criminalización y detención arbitraria de las personas defensoras: el Estado mexicano puede ser involucrado a distintos niveles, federal y estatal, así como la policía, el Ejército, las mismas autoridades gubernamentales, el poder judicial a través de los operadores de justicia, compartiendo la responsabilidad con actores particulares como empresas privadas y terratenientes. »

Durante la presentación del informe, las organizaciones y familiares exigieron: « la inmediata liberación de Damián Gallardo, Enrique Guerrero y Librado Baños así como el cese de la criminalización y reparación integral a los cinco defensores y defensoras de derechos humanos por las numerosas violaciones de derechos humanos a las que han sido sometidos ».

En el informe se aclara que « los cinco casos de detención arbitraria presentados evidencian la grave crisis de derechos humanos que se vive en México. Estos cinco casos son emblemáticos y representan solamente una ínfima parte de las detenciones arbitrarias que ocurren impunemente en el país. »

Para más información :

Inéditas, 5 detenciones arbitrarias de defensores de DDHH reconocidas por la ONU (Aristegui Noticias, 14 de diciembre de 2016)
ONGs documentan detenciones arbitrarias de defensoras y defensores, familiares exigen su libertad (Educa, 15 de diciembre 2016)
Informe : detenciones arbitraria e ilegal (Consorcio Oaxaca, diciembre 2016)

Para más información de Sipaz:
Guerrero/Nacional: Nestora Salgado lanza campaña para exigir la libertad de los presos políticos del país (4 de abril 2016)

 

Nacional : cierre de año legislativo con agenda polémica en el Congreso

Congreso de la Unión (@ADN Político)

El cierre del año legislativo fue marcado por una agenda particularmente sensible en materia de derechos humanos en el Congreso de la Unión. Al fin y al cabo, se aprobaron las reformas a la Ley General de Víctimas. Por otro lado, si bien fueron aprobadas por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se frenaron, en lo inmediato las leyes sobre trata, tortura, y la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, que regula la declaratoria de Estado de excepción en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro fenómeno que ponga en grave peligro o conflicto a la sociedad .

Todos estos temas han sido fuentes de fuertes controversias por sus contenidos y posibles impactos. La reforma de la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ha sido cuestionado por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos por sus modificaciones « regresivas ». Fue criticada en particular una modificación que impediría que un funcionario acusado de tortura fuera separado del cargo.

La iniciativa que generó mayor revuelo fue la posible aprobación de un dictamen para una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional. El debate se volvió aún más intenso después de las declaraciones del Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos quien urgió a que se definiera un marco legal a la actuación de los militares en el combate contra la delincuencia organizada. La Red Todos los Derechos para Todas y Todos exigió una discusión pública sobre este proyecto. Afirmó : « Las iniciativas legislativas que se han planteado en la dirección de normalizar la presencia e intervención militar en el país preocupan. Se pretende normalizar lo que en cualquier democracia sería una excepción: el involucramiento del ejército en tareas de seguridad públicas –desde patrullaje, detenciones hasta la investigación del delito-. Dotar de marco jurídico a las Fuerzas Armadas es, sin duda, importante. Las Fuerzas Armadas han realizado un trabajo que las autoridades civiles no han podido o querido hacer, tareas que constitucionalmente no les corresponden y que no están entrenados para realizar. Esto ha puesto a sus miembros en una situación de vulnerabilidad jurídica. Sin embargo, dicho marco jurídico no puede simplemente plantear -como hacen las propuestas legislativas de Seguridad Interior propuestas por Roberto Gil Zuarth (PAN) y por Cesar Camacho (PRI)- que se normalice y haga permanente lo que hoy sucede de forma inconstitucional. Tampoco se debe abogar por suspender las garantías individuales para que el ejército pueda realizar sin controles y sin transparencia la tarea que corresponde a la autoridad civil ».

Para más información :

Golpe de Estado silencioso (Proceso, 3 de diciembre de 2016)

Debatir el modelo de seguridad, SIDIDH, 5 de diciembre de 2016

Sociedad civil exige a Diputados no militarizar al país ni legislar sin discusión la suspensión de garantías (Red Todos los Derechos para Todos, 11 de diciembre de 2016)

ONG instan a no apresurar ley sobre militares (La Jornada, 11 de septiembre)

ONG piden al Congreso frenar iniciativas que normalicen presencia militar para seguridad pública (Animal Político, 11 de diciembre de 2016)

Una Ley de Tortura sin contradicciones y que respete ddhh (Animal Político, 12 de diciembre de 2012)

A marchas forzadas, aprueban Ley contra Tortura y de Trata de Personas (Quadratín, 13 de diciembre de 2016)
Cuestiona la ONU cambios a legislación (El Economista, 14 de diciembre de 2016)

Aprueban diputados reforma a Ley General de Víctimas (Aristegui Noticias, 14 de diciembre de 2016)

PRI cierra las puertas a expertos internacionales al aprobarse Ley de Víctimas (Proceso, 14 de diciembre de 2016)

Retira PRI dictamen de reforma a ley de trata y tortura (La Jornada, 14 de diciembre de 2016)

Urgen en Sedena a aprobar la Ley de Seguridad Interior (Proceso, 14 de diciembre de 2016)

Las dos iniciativas de ley de seguridad interior (Aristegui Noticias, 14 de diciembre de 2016)

Para más información de SIPAZ :

Nacional : Pobres resultados diez años después de iniciar la guerra contra el crimen organizado ; El Ejército seguirá en las calles, EPN (16 de diciembre de 2016)

Nacional: Organizaciones sociales se pronuncian sobre ley de tortura (31 de mayo de 2016)

Nacional: Gobierno rechazó visita del relator para la tortura de la ONU (31 de marzo de 2016)

Nacional: Dudas de organismos de la sociedad civil por la iniciativa de Ley contra la Tortura (9 de febrero de 2016)

México: Publicación de la Ley General de Atención a Víctimas (10 de enero de 2013)

Nacional : Pobres resultados diez años después de iniciar la guerra contra el crimen organizado ; El Ejército seguirá en las calles, EPN

Manifestación en la Ciudad de México a 10 años del inicio de la guerra contra la delincuencia organizada (@La Jornada)

 

Este 11 de diciembre se cumplió una década del inicio de la guerra contra la delincuencia lanzada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). Diez años después, los saldos de la violencia son alarmantes: 186 mil muertos, más de 28 mil desaparecidos, decenas de miles de personas desplazadas según las cifras oficiales, un saldo comparable al de los conflictos armados de América Central en los 80s. En el plazo, según medios, se ha gastado más de un billón de pesos sin que se logre reducir la inseguridad y las afectaciones a civiles con un significativo aumento de violaciones a los derechos humanos. Por lo demás, el consumo interno de drogas ha aumentado y, si bien se han detenido a algunos capos, siguen operando nueve cárteles del crimen organizado y 37 células delictivas.

Organizaciones civiles sentenciaron que “el endurecimiento de las medidas de seguridad no ha logrado ni logrará disminuir la violencia en el país. Hoy vivimos en un país mucho más inseguro, con instituciones más débiles y un sistema de justicia penal que no termina de funcionar correctamente”. Uno de los actores más cuestionado en la estrategia contra la delincuencia ha sido el Ejército, que, fuera de su mandato constitucional, ha sido desplegado para desempeñar tareas de seguridad. Del primero de diciembre de 2006 a finales de octubre pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un total de 158 recomendaciones a las fuerzas armadas, de las cuales 121 fueron dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las 37 restantes a la Secretaría de Marina. La mayoría de estas recomendaciones se emitieron por actos violatorios, como cateos y detenciones arbitrarias; uso excesivo, desproporcionado y arbitrario de la fuerza; lesiones, y también por privación de la vida o ejecuciones arbitrarias; desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles e inhumanos, así como por imputar indebidamente hechos a detenidos.

En conferencia de prensa, el secretario de la Defensa Nacional, general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, fue directo: “Los militares no estudian para perseguir delincuentes”. Y ante la falta de un marco legal “nuestros soldados ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos (de la delincuencia), con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer, entonces les sale más barato”. Expresó: “Estamos pidiendo que se regularice la actuación de las Fuerzas Armadas”, (que se defina) “qué quieren los mexicanos que hagan las Fuerzas Armadas. Si quieren que estemos en los cuarteles, adelante. Yo sería el primero en levantar no una, sino las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales… (…) Nosotros no pedimos estar aquí… no nos sentimos a gusto, los que estamos aquí con ustedes no estudiamos para perseguir delincuentes… Estamos haciendo funciones que no nos corresponden, todo porque no hay quien las deba de hacer o no están capacitados”. Dijo también: “ falta compromiso de muchos sectores para que esto pueda caminar. No es un asunto que se va a resolver a balazos, requiere de otros componentes que tampoco ha habido los esfuerzos importantes necesarios y presupuestos para atender estas situaciones”.

En este marco, la cúpula empresarial demandó que el Ejército mexicano no regrese a los cuarteles hasta que los gobiernos de los estados tengan la capacidad de enfrentar al crimen organizado, para lo cual urgió al poder legislativo a que apruebe leyes que den mayor certeza jurídica a las fuerzas armadas.

Al finalizar el Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia 2016, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que no se ha logrado el objetivo trazado y afirmó que los soldados seguirán en las calles “en tanto logramos el objetivo de esta asignatura aún pendiente, no solo de ahora, sino desde hace ya varias décadas, de tener un país en condiciones de mayor paz y mayor tranquilidad”.

Mario Patrón, director del Centro Agustín Pro DH ha cuestionado que “en vez de acometer con seriedad el diseño de un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad -como lo han propuesto los mecanismos internacionales en la materia-, se reaviva la idea de generar un marco legal ad hoc para el Ejército y la Marina normalizando el estado de excepción bajo el concepto de la seguridad interior”. Por lo mismo, decenas de organizaciones civiles, académicos e investigadores pidieron a la Cámara de Diputados –que estaban debatiendo este tema en estos mismos días- “a que no apruebe de forma apresurada” la permanencia militar en tareas de seguridad pública y la suspensión de garantías para la población.

Para más información :

El tamaño del fracaso: 186 mil muertos en una década de guerra en México, según datos oficiales (Sin Embargo, 5 de diciembre de 2016)

Diez años de guerra contra las drogas: Civiles se organizan para responder al fracaso del Estado (Sin Embargo, 7 de diciembre de 2016)

Militares no estudiamos para perseguir delincuentes: Cienfuegos (Aristegui Noticias, 8 de diciembre de 2016)

Reprocha Cienfuegos falta de apoyo de Segob; “no estamos a gusto persiguiendo delincuentes”, dice (Proceso, 8 de diciembre de 2016)

Exige Cienfuegos regularizar función de las fuerzas armadas (La Jornada, 9 de diciembre de 2016)

Pide CCE aprobar leyes que den certeza jurídica a fuerzas armadas (La Jornada, 9 de diciembre de 2016)

El baño de sangre en 10 años deja más consumidores de drogas, más cárteles y más líderes criminales (Sin Embargo, 9 de diciembre de 2016)

El Ejército seguirá en las calles: Peña Nieto (El Heraldo de Chiapas, 10 de diciembre de 2016)

Activistas protestan ante “guerra contra el narco” (La Jornada, 11 de diciembre de 2016)

Violencia, dudas y la sombra de la corrupción marcan los 10 años de la guerra contra el narco (Animal Político, 11 de diciembre de 2016)

Con Felipe Calderón, se generó un tsunami de sangre que no teníamos: especialista (Revolucion 3.0, 12 de diciembre de 2016)

Sedena, la que más recomendaciones ha recibido de la CNDH en 10 años (La Jornada, 12 de diciembre de 2016)

Seguridad pública, función de civiles, dice CNDH (La Jornada, 12 de diciembre de 2016)

Especial 10 años de la guerra contra el narco (Vice News, diciembre de 2016)

Para más información de SIPAZ :

Nacional: La CNDH presentó su informe sobre recomendaciones por violaciones a derechos humanos (28 de septiembre de 2016)

Nacional: “Violencia del narco” ha desplazado a 281 mil personas (22 de julio de 2016)

Chiapas/México: CNI y EZLN denuncian agresiones durante consulta indígena

Foto: SIPAZ

Integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) denunciaron, a través de un comunicado del 2 de diciembre, varias agresiones y actos de hostigamiento a participantes de su quinto Congreso, durante la consulta que han estado llevando a cabo en distintos estados del país : “es tanto el miedo de los poderosos, de las empresas extractivas, de los militares, de los narcoparamilitares que nuestra consulta está siendo agredida y hostigada donde nuestros pueblos nos estamos reuniendo para discutir y decidir los pasos a seguir como CNI”.

Denunciaron en particular:

“– Que en la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, Michoacán, se ha recrudecido el hostigamiento narcoparamilitar por parte del cartel de los caballeros templarios, quienes mediante un papel firmado con fecha 19 de noviembre de 2016, misma fecha en que una asamblea regional discutía en la costa michoacana los resolutivos de la primera etapa del V CNI, amenazan con hacer “una limpia” de quienes participen en movilizaciones junto a los comandantes de la policía comunitaria.

– Que los compañeros que por acuerdo de la asamblea del V CNI en el mes de octubre de 2016, se han desplazado por diferentes geografías del país donde los pueblos originarios han querido dialogar con delegad@s de otros pueblos respecto de nuestra propuesta política, han sido víctimas de agresiones y hostigamiento por parte de bandas delictivas o por desconocidos, como es el incendio de viviendas en sus lugares de origen, o agresiones de otros vehículos para tratar de sacarlos de las carreteras donde deben trasladarse.

– Que mientras empresas extranjeras pretenden apoderarse de 12 pozos petroleros en el territorio Zoque del Norte de Chiapas, el pasado 23 de noviembre de 2016, un grupo de hombres armados haciéndose pasar por profesores del gobierno y con anuencia del Subsecretario de Educación Federalizada de Chiapas, Eduardo Campos Martínez y el jefe, Delfino Alegría García, secuestraron a un grupo de profesores indígenas de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) de la zona norte de Chiapas, además de que los atacaron con armas de alto poder a las afueras de la oficina de la Secretaría de Educación en el municipio de Ixtacomitán, Chiapas. El artero ataque cobró la vida del profesor zoque Roberto Díaz Aguilar, originario de Chapultenango, Chiapas y otras tres personas más resultaron heridas.

– Que el profesor Irineo Salmerón Dircio, Coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán y miembro de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) fue secuestrado- desaparecido por un grupo armado en el municipio de Tixtla, Guerrero; y dos días después su cuerpo fue encontrado sin vida  en el municipio de Chilapa, Guerrero, unos días después de que en ese mismo municipio al menos 15 comunidades del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata celebraran una asamblea como parte de la consulta en la que estamos caminando.”.

Para más información:

EZLN denuncia agresiones durante consulta indígena, La Jornada, 2 de diciembre de 2016

A pesar de agresiones contra pueblos indígenas la consulta va, anuncian EZLN y CNI, Radio Formula, 2 de diciembre de 2016

Para más información de SIPAZ:

Chiapas/Nacional : Nuevo comunicado del EZLN aclara propuesta conjunta con el CNI (25/11/2016)

Chiapas/Nacional : Candidata presidencial “no es decisión de una persona” (Subcomandante Moíses) (15 de noviembre de 2016)

Chiapas /Nacional: Polémica después de la propuesta planteada por el EZLN y el CNI en octubre (24 de octubre de 2016)

Chiapas / Nacional : CNI y EZLN realizarán consulta para nombrar a una candidata indígena hacia las elecciones presidenciales de 2018 (15 de octubre de 2016)

Nacional: Informe de Artículo 19 “de lo digital a lo tangible”

A finales de noviembre, la organización por la libertad de expresión, Artículo 19 presentó su “Tercer informe trimestral: de lo digital a lo tangible”, en el que documentó que el 70% de los ataques en contra de la prensa son cometidos por parte de autoridades y que sólo 3 de cada 88 agresiones registradas en contra de medios o periodistas durante el plazo son investigadas por la Procuraduría General de la República.

Señaló también que en 9 meses de 2016 se han registrado 10 asesinatos de periodistas en México, una cifra que supera los homicidios de comunicadores de 2015.

Por lo demás y como lo evoca el título del informe, se ha observado un aumento de amenazas usando Internet y las redes sociales: “Las agresiones en el espacio digital tienen como objetivo y infundir miedo, sentimiento de persecución e inseguridad ante la percepción de un riesgo inminente. Además, logran extender la sensación hacia los círculos cercanos como familiares y amigos e incluso las fuentes de los periodistas. Esta virulencia se pudo documentar con mayor claridad durante el tercer trimestre, donde se observan ataques directos contra quienes defienden derechos humanos y comparten información crítica de los gobiernos, principalmente”, denunció. Del total de amenazas recibidas por periodistas entre julio y septiembre, 6 de cada 10 fueron realizadas a través de redes sociales como Twitter.

Para más información:

2016 bate récord de periodistas asesinados durante gobierno de Peña: van 10 en 9 meses (Animal Político, 30 de noviembre de 2016)

Sólo 3 de las 88 agresiones a la prensa del último trimestre son investigadas por PGR: Artículo 19 (Sin Embargo, 30 de noviembre de 2016)

Tercer Informe Trimestral: De lo digital a lo tangible (Artículo 19, 30 de noviembre de 2019)

Para más información de SIPAZ:

Nacional : amenazan por Twitter al Centro Miguel Agustín PRODH (3 de octubre de 2016)

Oaxaca/Nacional: Allanan casa de fotoperiodista que cubrió hechos en Nochixtlán(14 de septiembre de 2016)

Oaxaca: Asesinaron a dos comunicadores en una semana (30 de junio de 2016)

Chiapas/Nacional : Nuevo comunicado del EZLN aclara propuesta conjunta con el CNI

Subcomandante Galeano (@SIPAZ archivo)

El 17 de noviembre, a 33 años de su fundación, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) publicó un extenso comunicado titulado “Una historia para entender”, en el que sigue dando elementos sobre la propuesta de consulta a los pueblos que integran el Congreso Nacional Indígena (CNI) para ver la conveniencia de nombrar a un concejo nacional de gobierno y a una candidata mujer indígena para las elecciones del 2018.

El Subcomandante Galeano aclaró que, si bien la propuesta fue lanzada por el EZLN, “el CNI es quien va a decidir si participa o no con una delegada propia, y, dado el caso, contará con el apoyo del zapatismo”. Pero, “No, ni el EZLN como organización, ni ninguno de sus integrantes, va a participar por un cargo de elección popular en el proceso electoral del 2018. No, el EZLN no se va a convertir en un partido político. No, el EZLN no va a presentar a una mujer indígena zapatista como candidata a la presidencia de la República en el año del 2018. No, el EZLN no ha dado un giro de los grados que sean, ni seguirá su lucha por la vía electoral institucional”. Ratificó que “el EZLN no lucha para tomar el Poder”.

El Subcomandante Galeano añadió que al lanzar la propuesta al CNI, el EZLN planteó “que no importaba si ganaban o no la Presidencia de la república, que lo que iba a importar era el desafío, la irreverencia, la insumisión, el quiebre total de la imagen del indígena objeto de la limosna y la lástima -imagen tan arraigada en la derecha y, quién lo dijera, también en la izquierda institucional del ‘cambio verdadero’ y sus intelectuales orgánicos adictos al opio de las redes sociales-, que su atrevimiento cimbraría al sistema político entero y que tendría ecos de esperanza no en uno, sino en muchos de los Méxicos de abajo… y del mundo”.

Para más información:

Comunicado “Una historia para tratar de Entender (EZLN, 17 de noviembre de 2016)

Lo importante es la insumisión, no ganar la presidencia con candidata indígena: EZLN (Proceso, 17 de noviembre de 2017)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas/Nacional : Candidata presidencial “no es decisión de una persona” (Subcomandante Moíses) (15 de noviembre de 2016)

Chiapas /Nacional: Polémica después de la propuesta planteada por el EZLN y el CNI en octubre (24 de octubre de 2016)

Chiapas / Nacional : CNI y EZLN realizarán consulta para nombrar a una candidata indígena hacia las elecciones presidenciales de 2018 (15 de octubre de 2016)