Oaxaca: Red por la Paz de Chiapas condena ataque armado contra caravana de observación en San Juan Copalá

Las organizaciones civiles, que integramos la Red por la Paz Chiapas, condenamos enérgicamente el ataque armado que sufrieron integrantes de la caravana humanitaria conformada por representantes de organizaciones de derechos humanos, periodistas y observadores internacionales. La caravana se dirigía a la comunidad de San Juan Copalá en la región Triqui cuando fue emboscada y agredida con armas de fuego presuntamente por un grupo de la Unidad para el Bienestar Social de la región Triqui (UBISORT), organización vinculada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y señalada como teniendo corte paramilitar. El saldo de la agresión fue de dos muertos, BEATRíZ ALBERTA CARIÑO TRUJILLO, integrante del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos A.C. (CACTUS) y JYRI ANTERO JAAKKOLA, observador internacional originario de Finlandia, así como de varios heridos.

Esta agresión se dio en contra de una caravana humanitaria y pacífica de observación, refrendando el riesgo que corren las y los defensores de derechos humanos, así como los periodistas en México. Vemos con preocupación la situación de vulnerabilidad de las y los que trabajan a favor de la defensa y promoción de los derechos humanos frente a la cada vez más recurrente violencia política, a la criminalización de su labor y a la indiferencia estatal para la protección de su vida e integridad física.

De igual modo nos parece de particular gravedad que, frente a la muerte de Jyri Antero Jaakola de nacionalidad finlandesa durante la agresión, el gobierno del estado de Oaxaca esté cuestionando la observación internacional, mecanismo de intervención civil de paz que ha resultado clave para detener la violencia en varios lugares y contextos.

El gobierno estatal se deslinda de toda responsabilidad en estos hechos de violencia. La impunidad en los numerosos asesinatos y hechos de violencia que se han registrado en la zona triqui han contribuido, mínimamente por omisión, a crear la situación de violencia en la región. Finalmente, nos preocupa que, como se suele dar en Chiapas, la respuesta a este ataque se quede en una atención limitada a restablecer un mínimo de orden publico sin afrontar las causas de fondo detrás de la violencia que ha prevalecido en la zona Triqui.

Ante esta situación, las organizaciones que integramos la Red por la Paz Chiapas, exigimos:

• Inmediata intervención de la Procuraduría de Justicia del estado de Oaxaca y de la Procuraduría General de la República para que realicen una investigación imparcial, frenen la violencia en el lugar, se haga justicia y se castiguen a los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos.
• Actuar de inmediato para atender de fondo la violencia que viven las comunidades Triquis, poniendo especial énfasis en el respeto y garantías al proceso de diálogo interno.

• Que se investiguen y desmantelen los presuntos grupos paramilitares en la región.

• Asegurar condiciones que permitan el restablecimiento de la seguridad para toda la población sin distinción, situación que consideramos no se restablecería por la simple militarización de la zona
• Buscar soluciones a las razones que dieron pie a la organización de esta caravana (falta de acceso a servicios básicos de parte de la población)

Atentamente

Organizaciones integrantes de la Red por la Paz

Educación para la Paz (Edupaz)

Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, A.C. (Ciepac)

Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (Desmi)

Servicio Internacional para la Paz (Sipaz)

Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (Coreco)

Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. (Enlace CC)

Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz)

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH)

Centro de Derechos Indígenas, A.C. (Cediac)

Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. (Frayba)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Ataque a caravana de observación – 2 muertos y 4 desaparecidos (Abril 28, 2010)

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DF: Conclusiones del Tercer Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

El 17 de abril,  en el Distrito Federal, se llevó a cabo el Tercer Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, espacio al que asistieron representantes de 35 organizaciones de la sociedad civil.  Vinieron los participantes de los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Baja California, Distrito Federal, Estado de México y Guanajuato para analizar, según el boletín de prensa que se presentó al concluirse el Encuentro “la situación que viven en el desempeño de su labor cotidiana.”

Los participantes denunciaron que “por el trabajo de promoción y defensa de derechos humanos” que realizan, se encuentran “constantemente en situación de riesgo”–riesgo que se concreta en “amenazas, tortura, intimidaciones, privación ilegal de la libertad, allanamientos e incluso el asesinato.”  Afirmaron que no existen “mecanismos adecuados de protección para nuestra labor,” que muchos defensoras y defensores de derechos humanos han tenido que huir de sus lugares de origen debido a amenazas recibidas, y que los procesos recientes de militarización en el país “ha[n] agravado la situación de vulnerabilidad en que ya nos encontramos.”  También señalaron que este contexto violento afecta particularmente mujeres, indígenas y periodistas.

Exigieron al gobierno mexicano cumplir con la Declaración sobre los defensores de derechos humanos del 9 de diciembre de 1998, y que “las amenazas y la represión” que sufren directamente por parte del estado o “con la anuencia o aquiescencia de éste” cesen inmediatamente.  Demandaron que las fuerzas militares abandonen las labores que “corresponden a instancias civiles,” y que “todos los presos y presas políticos y de consciencia” sean liberados lo más pronto posible.

El boletín de prensa concluyó que la labor de las y los defensores de derechos humanos debería ser reconocido constitucionalmente, y que se debería de construir  “un mecanismo nacional adecuado para la protección de las y los defensores de derechos humanos.”

Para más información:

Boletín del Tercer Encuentro de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (17 de abril)

Video de la conclusión del encuentro

México: ONU, EU y UE señalan carencias en materia de derechos humanos, así como graves violaciones recientes.

En las últimas semanas, el Estado mexicano ha recibido severos cuestionamientos en cuanto a derechos humanos a nivel internacional.

Los días 8 y 9 de marzo en Nueva York, EEUU, se llevó a cabo una sesión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Diez años después de haber presentado su último informe sobre los avances en el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito en 1981, el Gobierno mexicano presentó con 5 años de atraso su Quinto Informe ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Los expertos que conforman el Comité, cuestionaron al estado mexicano sobre la implementación del contenido del Pacto, incluyendo distintos aspectos como son: militarización, fuero militar, arraigo, delitos del pasado y desaparición de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales del Pasado (FEMOSSP), tortura, condiciones carcelarias, jerarquía de los tratados internacionales, violencia contra la mujeres, marco normativo que regula el aborto, periodistas y defensores de derechos humanos, derechos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT), situación de los derechos de los pueblos indígenas y la aplicación del artículo 33.

Por otro lado, el 11 de marzo, el Departamento de Estado de los EEUU publicó el documento “Informes por país sobre prácticas de derechos humanos 2009” . La sección sobre México aunque afirma que de manera general el gobierno respetó los derechos humanos, reconoció un deterioro de la situación de Derechos Humanos en el país con casos entre otros de ejecuciones arbitrarias por las fuerzas de seguridad, abuso físico, malas condiciones carcelarias, detenciones arbitrarias, impunidad en el sistema penal, confesiones arrancadas bajo tortura, ataques a periodistas, así como las denuncias por desapariciones forzadas por parte del ejército.

Finalmente, el mismo 11 de marzo, el plenario de la Eurocámara en Estrasburgo adoptó una resolución titulada “Escalada de la violencia en México” por 53 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones en la que el Parlamento Europeo expresó su preocupación por los niveles de violencia existentes en México, por el clima de impunidad que existe en el país así como por las agresiones contra los defensores de derechos humanos, los periodistas y las mujeres, principalmente. La resolución llamó al Estado mexicano a adoptar políticas que garanticen el ejercicio de una prensa libre, la protección a los defensores de derechos humanos, la seguridad de las mujeres y que pongan fin a la impunidad de las fuerzas del orden y los abusos de poder.

Para más información:

• Aumentaron los casos de violaciones a los derechos humanos en México, afirma EU (Jornada, 12 de marzo)
• Preocupa al Parlamento Europeo la escalada de violencia en México (Jornada, 12 de marzo)
• Condena UE creciente violencia en México (Reforma, 12 de marzo)
• Eurocámara llama a frenar violencia en México (Universal, 12 de marzo)
• Preocupa a Parlamento Europeo violencia e impunidad en México (Revista Proceso, 11 de marzo)
• Critica Parlamento Europeo falta de compromiso para defender DH de las mujeres (CIMAC Noticias, 10 de marzo)

México: Declara AI presos de consciencia a activistas contra altas tarifas de luz

Sara Lopez ©AI

El pasado 4 de marzo, Amnistía Internacional (AI) declaró presos de consciencia a Sara López González, Guadalupe Borjas y Joaquín Aguilar del Movimiento de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica de Candelaria, Campeche, quienes desde el 10 de julio de 2009 se encuentran presos en el penal de San Francisco Kobén, Campeche, por luchar a favor de una tarifa justa de la energía eléctrica. Por su parte, la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica anunció varias actividades en todo el país, después de haber celebrado su Segundo Encuentro a nivel nacional, el pasado 27 y 28 de febrero en la Ciudad de México.

Joaquín Aguilar ©AI

En su declaración sobre los tres encarcelados de Campeche, AI resalta que “Estas tres personas fueron detenidas en julio de 2009 en relación con su participación en el movimiento. La Procuraduría General de la República acusa a los tres dirigentes de retener presuntamente como rehén a un empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mexicana. Los cargos se basaron en una querella interpuesta por el representante legal de la CFE por obstrucción de servicio público, un delito menor. La querella se presentó tras una reunión de los dirigentes con la CFE para pedir la reconexión del suministro de electricidad. Sin embargo, la Procuraduría General de la República fabricó después el cargo adicional de toma de rehén, un delito grave por el que no se puede conceder la libertad bajo fianza. […] ‘Los cargos penales presentados contra Sara, Joaquín y Guadalupe son totalmente infundados y parecen haberse presentado únicamente para detener su campaña contra las elevadas tarifas eléctricas’, ha afirmado Rupert Knox, investigador sobre México de Amnistía Internacional.”

Guadalupe Borjas ©AI

Por su lado, la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica anunció una campaña internacional para exigir la liberación de los presos de consciencia de Candelaria. Además, expresó que participará en actos de solidaridad con el movimiento de resistencia a las presas hidroeléctricas en el Día Internacional contra las Represas y por los ríos, el próximo 14 de marzo, y se sumará a las acciones de la “Huelga Política Nacional”, convocada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y anunciada para el próximo 16 de marzo. Denunció una “coalición” entre la CFE y la Procuraduría General de la República para “fabricar delitos e inventar acusaciones falsas” en contra de quienes luchan por una tarifa justa, así como “las órdenes de aprehensión que se han girado en contra de integrantes de nuestra Red Nacional en Ixtepec y Santa María Xhadani, Oaxaca; Minatitlán y Tatahuicapan, Veracruz; Candelaria, Campeche, así como de integrantes de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos”.

Para más información:

• AI: “Líderes de protestas castigados por luchar contra elevadas tarifas eléctricas en México” (04/03/2010)
• Boletín de prensa de la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica sobre la declaración de AI (05/03/2010)
• Boletín de prensa de la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica tras su Segundo Encuentro (03/03/2010)
• Entrevista con Sara López González, Guadalupe Borjas y Joaquín Aguilar en el penal de San Francisco Kobén, Campeche, realizada por el Comité de Derechos Humanos “Digna Ochoa” de Tonalá, Chiapas (video) (12/02/2010)

Más información de SIPAZ:

• “¡La luz es del pueblo!” (SIPAZ Informe Vol. XIV No. 3, noviembre de 2009)
• Campeche: Encuentro Nacional por la Liberación de los Presos Políticos de Candelaria, Campeche (01/10/2009)
• Chiapas: Pronunciamientos de solidaridad con los 5 detenidos en Candelaria, Campeche (16/07/2009)
• Campeche: Detención violenta de integrantes del Movimiento Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica en Candelaria, Campeche (13/07/2009)
• México: Se constituye la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica (19/05/2009)

México: Centro ProDH presenta informe “Violencia e impunidad, rostros del México actual”

A principios de marzo, el Centro Prodh publicó un nuevo informe titulado “Sociedad amenazada. Violencia e impunidad, rostros del México actual”. A partir de casos de los últimos dos años (incluyendo varios de Chiapas), aborda temas como: las mujeres indígenas ante el sistema de justicia, la falta de controles civiles sobre el ejército, la importancia de los sistemas universal e interamericano para exigir al Estado mexicano el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, las violaciones a DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales) -en concreto las políticas de vivienda y el desalojo forzoso provocado por la realización de megaproyectos- y las formas de acción del estado contra quienes exigen, promueven y defienden los derechos humanos.

En el resumen ejecutivo, se subraya: “Hay en México un clima de impunidad observable en el sistema de justicia, en los centros penitenciarios y en los abusos, detención, hostigamiento, tortura y asesinato de defensores de derechos humanos. Este clima no es nuevo, pero se ha renovado con la creciente militarización del territorio bajo el pretexto de la “lucha contra el tráfico de drogas”. Con la participación militar en tareas de seguridad pública han aumentado las violaciones a derechos humanos; la impunidad se refleja en la falta de castigo a los responsables y al mismo tiempo la violencia asuela diversas regiones del país. En el informe Sociedad amenazada. Violencia e impunidad, rostros del México actual se analiza la situación de los derechos humanos desde los campos de acción del Centro Prodh a fin de mostrar la responsabilidad gubernamental en la creación o mantenimiento de las condiciones que hoy amenazan a la sociedad”.

Para más información:

Consulta el índice y la introducción del informe

Consulta el resumen ejecutivo

Descarga el informe completo en versión pdf

Guerrero: CIDH condena Estado mexicano en caso paradigmático de desaparición forzada

En su sentencia del 23 de noviembre de 2009 hecha pública en diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) determinó la culpabilidad del Estado Mexicano en la desaparición forzada del luchador social guerrerense Rosendo Radilla Pacheco ocurrida en 1974, y denunció la existencia de un contexto de violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos durante la llamada “Guerra Sucia”. La sentencia también cuestiona el fuero militar y ordena a las autoridades mexicanas adoptar reformas para garantizar que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares en contra de civiles sean juzgadas en tribunales ordinarios.

La CoIDH condenó al Estado Mexicano a continuar con la búsqueda del campesino desaparecido, reconocer públicamente su responsabilidad en este caso, realizar una semblanza de su vida, otorgar atención sicológica a sus familiares, y pagar el equivalente de 238 mil 300 dólares como parte de la reparación de daños.

En las semanas siguientes a la publicación de la sentencia de la CoIDH, el Gobierno fue exhortado a atacarla por múltiples voces tanto oficiales como civiles: la CNDH (cuyo ombudsman calificó de “vergonzoso” la necesidad de recurrir a organismos internacionales de justicia para casos como éste), la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Amnistía Internacional, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos… Frente a eso, el Secretario de Gobernación, que durante la audiencia pública del caso consideró que el tribunal no debía juzgar al país por un caso ocurrido hace 35 años, informó que acatará la sentencia, pagará la indemnización y realizará el acto público. Pero “Tita Radilla, quien dio la lucha ante la justicia nacional e internacional, afirmó que una placa en honor a su padre no es suficiente, lo que demandan es una investigación para encontrar sus restos.” (Milenio)

Para más información:

Condenan a México por ‘‘guerra sucia’’ (artículo, Informador, 15/01/10)

Acatar orden de la CIDH en torno a Radilla Pacheco, pide la Permanente a Gobernación (artículo, La Jornada, 13/01/10)

Nueva sentencia de la CIDH ratifica la culpabilidad del Estado en el caso Radilla (artículo, La Jornada, 16/12/09)

Vigilará ombudsman se cumpla fallo de la CIDH (artículo, Milenio, 18/12/09)

CIDH condena a México por guerra sucia (artículo, El Universal, 15/12/09)

Caso Radilla Pacheco Vs. México. Sentencia del 23 de noviembre de 2009 (Corte Interamericana de Derechos Humanos)

Para más información de SIPAZ:

Impunidad en Guerrero: Un Problema endémico (Documento de SIPAZ, septiembre de 2007)

MEXICO: A 61 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Conferencia en la Red Guerrerense (@Tlachinollan)

A 61 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a 11 de la declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, varios organismos de defensa y promoción de los derechos humanos se fueron posicionando respecto al contexto que prevalece en sus estados respectivos o a nivel nacional.

En Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas publicó un boletín especial en el que denuncian que en el estado “la defensa de los Derechos Humanos es objeto de intimidaciones, ataques y asesinatos”. Haciendo un recuento de hostigamientos a defensoras y defensores de Derechos concluyen: “En este año la labor de defensa de los derechos humanos se ha criminalizado al grado de considerar a las defensoras y defensores de derechos humanos como parte de la delincuencia organizada o como parte de una supuesta red de subversión que para el año 2010 desestabilizará al Estado”.

En Oaxaca, el Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C. Difundió un pronunciamiento público en el que destaca que el estado se encuentra “hundido en la impunidad, corrupción, violaciones a los derechos humanos y descomposición social”. Cuestionó al gobierno del estado denunciando: “En su V Informe que emite el Gobierno del Estado de Oaxaca queda en evidencia que es un gobierno para su grupo, con un proyecto explícito de apropiación del territorio para hacer del pueblo de Oaxaca una dictadura”.

En Guerrero, en una conferencia de prensa realizada en la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos,  en Chilpancingo, múltiples organizaciones sociales, campesinas, indígenas y de derechos humanos presentaron un pronunciamiento conjunto. El documento, titulado “Personas y derechos pisoteados” plantea “En Guerrero se sigue reeditando la etapa sombría de la guerra sucia, porque los gobiernos consintieron que el Ejército sentara sus reales en las regiones pobres donde se habían suscitado levantamientos armados. (…) Hoy la reaparición del Ejército en todo el estado de guerrero sigue siendo para reprimir a los nuevos movimientos insurgentes. (…) Las organizaciones sociales y civiles que hemos documentado graves violaciones a los derechos fundamentales de la población más vulnerable, enfrentamos, no solamente una campaña de desprestigio sobre nuestro trabajo como defensoras y defensores, sino que padecemos la persecución, el hostigamiento y las amenazas, que tienen como único fin frenar nuestro trabajo, amordazar nuestras denuncias, y violentar el derecho a defender los derechos y a ejercer a plenitud la libertad de expresión”.

A nivel nacional, la Red de Alerta Temprana junto con otras organizaciones publicaron un informe titulado Panorama de la situación de los defensores de derechos humanos en México. En las conclusiones, alertan: “Consideramos que se esta implementando una estrategia de identificación de los defensores de derechos humanos y de sus organizaciones como “enemigos” del sistema y de identificación entre la afiliación política del defendido y la del defensor, promoviendo así una criminalización de sus acciones. A través de la implementación de las amenazas, hostigamientos, intentos de asesinatos, detenciones arbitrarias y aplicaciones de órdenes de aprehensión en contra de los mismos se pretende fomentar un clima de tensión y de temor con el claro objetivo de polarizar el trabajo de las organizaciones en su conjunto, crear divisiones y llegar a una disminución o extinción de la labor. Existe un patrón de agresiones correspondiente a una operación psicológica de terror”.

Para más información:

• Boletín especial del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Chiapas (9 de diciembre de 2009)

• Pronunciamiento público de BARCA, Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C., Oaxaca

• Pronunciamiento en Guerrero: “Personas y derechos pisoteados”

• Panorama de la situación de los defensores de derechos humanos en México (documento completo)