Chiapas: Presentación del Informe 2010 de Amnistía Internacional

El domingo 13 de junio, Amnistía Internacional-México presentó su nuevo informe mundial 2010 en San Cristóbal de Las Casas con la participación de varios ponentes, dando más elementos sobre el capítulo México del mismo y profundizando sobre aspectos como los derechos de los migrantes, de los pueblos indígenas, de las mujeres y de los periodistas en el contexto específico de Chiapas.

Alfonso García Castillo, directivo de AI en México, inició la presentación refiriéndose al contexto alarmante en el que trabajan los defensores y defensoras de derechos humanos en México. Apuntaló: La tortura en México disminuye, pero los ataques contra comunidades y luchadores sociales ahora son más violentos y los asesinatos, desapariciones y violaciones no sólo aumentan, sino se consuman de modo más grave, a menudo por el solo hecho de reclamar derechos.  Respecto a Chiapas, señaló: Los megaproyectos que se construyen sin previa consulta y las disputas originadas por el aprovechamiento de los recursos naturales dan lugar a una sistemática violación de los derechos indígenas, en una problemática que ya está generalizándose en la zona sur del país y conlleva no sólo el desplazamiento de comunidades, sino la negación de su identidad.

Fermina Rodríguez Velazco del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova de Tapachula habló sobre la realidad vivida por los migrantes centroamericanos en la frontera Sur, destacando los riesgos y múltiples violaciones a los derechos humanos a los que están sujetos.  Otro ponente denunció la continuación hasta la fecha del racismo y de la discriminación en contra de los pueblos indígenas, especialmente en Chiapas, y otra compartió partes del informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) que arroja elementos de alta preocupación respecto a la violencia en contra de las mujeres mexicanas y chiapanecas. También cuestionó la falta de atención por parte de agencias gubernamentales frente a los asesinatos de mujeres, mexicanas en general y chiapanecas en particular. Isaín Mandujano, corresponsal de la revista Proceso, habló respecto  a las violaciones de derechos humanos (incluyendo el derecho a la vida) para los periodistas, y también aludió a las dinámicas socio-económicas que con frecuencia hacen que los periodistas trabajen por proyectos mediáticos dominantes y conservadores.

Esta conferencia viene unas semanas después de la publicación del nuevo informe anual de AI sobre los derechos humanos en el mundo–El estado de los derechos humanos en el mundo–y la del informe anual sobre la situación en México, a finales de mayo.  Según AI, aumentaron las denuncias por desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza. La parte sobre México de dicho informe subraya que graves violaciones de derechos humanos cometidas por elementos policiacos y militares en México aumentaron este año en México. El informe también resalta el alto nivel de violencia machista, los crímenes del crimen organizado y el acoso a periodistas y activistas pro derechos humanos que se viven en el país.  También señala que “continúa muy arraigada la impunidad” en el país, y concluye diciendo que “[s]e terminó la hora de la retórica, se requieren acciones.”  De hecho, el director ejecutivo de AI en México, Alberto Herrera Aragón, señaló a fines de mayo que pensaba que México estaba 10 años rezagado con relación a la situación de derechos humanos, en comparación con países como Guatemala, Chile y Argentina. Herrera Aragón también destacó que en realidad poca gente tiene acceso al sistema juridical en México.

Para más información:

Aumenta la violencia en los ataques a comunidades: AI (La Jornada, 14 de junio)

México está rezagado 10 años, afirma AI (El Universal, 25 de mayo)

Aumentan violaciones a DDHH en México: AI (El Universal, 27 de mayo)

Crecen abusos de Ejército y policía contra los civiles (La Jornada, 27 de mayo)

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Frontera norte: asesinato de menor en manos de la Patrulla Fronteriza estadounidense

Lloran a Sergio Adrián en Ciudad Juárez (@La Jornada)

El 7 de junio, Sergio Adrián Hernández Güereca, un joven mexicano de 15 años, fue asesinado por elementos de la Patrulla Fronteriza estadounidense en la frontera entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua.  Según representantes policiacos estadounidenses, el disparo que mató Sergio Adrián constituyó un acto de auto-defensa, dado que, en su versión, Sergio Adrián era parte de un grupo de jóvenes que tiró piedras a elementos de la policía fronteriza después de la detención de dos mexicanos que supuestamente estaban intentando cruzar la frontera. Los familiares de Sergio Adrián no concuerdan con esta versión: su madre, María Guadalupe Güereca, declaró recientemente que está “convencida de que no [él] era ningún delincuente, y mucho menos que pretendiera cruzarse a Estados Unidos.” Frente al Ministerio Público, dos testigos aseveraron que Sergio Adrián no era migrante ni pollero, que en vez de eso “tuvo la desgracia de parecer ilegal ante la vista de los agentes de Estados Unidos.”

Agencias gubernamentales de ambos países han lanzado investigaciones sobre los acontecimientos que resultaron en la muerte de Sergio Adrián: la Procuraduría General de la República (PGR) en México y la Oficina Federal de Investigación (FBI) en EEUU.  Los hallazgos iniciales de las investigaciones demuestran que el agente estadounidense responsable de la muerte de Sergio Adrián cruzó la frontera para perseguir al grupo de jóvenes.  De hecho, el FBI ha reconocido que elementos del ejército mexicano ahuyentaron a agentes policiacos estadounidenses que se encontraban investigando el caso del lado mexicano de la frontera.  La PGR ha declarado que se podría demandar la extradición del policía presuntamente responsable del asesinato a México. Legisladores mexicanos de varios partidos han exigido esta semana que el gobierno federal demande esta extradición.

El asesinato de Sergio Adrián ha provocado una fuerte reacción de repudio en México y en algunos sectores de EEUU.  El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) declaró esta semana que el asesinato se dio por el clima de “intolerancia que se vive en Estados Unidos en contra de personas que por su apariencia física son criminalizadas,” lo cual es “producto de expresiones extremas de racismo y xenofobia.” Una agrupación de organizaciones civiles de derechos humanos mexicanas que incluye Amnistía Internacional-Sección México, Sin Fronteras, la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), Idheas, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos criticaron la respuesta del gobierno federal frente a los hechos hasta la fecha, declarando que “hasta hoy el gobierno ha hecho una tibia defensa de las agresiones contra los migrantes; por ello se siguen cometiendo estas atrocidades. Es momento de que se haga un fuerte y contundente reclamo de justicia y castigo para los responsables de esos crímenes.” Emilio Chávez Herrerías, director ejecutivo de Sin Fronteras, enfatizó que el asesinato de Sergio Adrián no es nuevo. Este tipo de agresiones, de crímenes contra mexicanos, suele pasar en Estados Unidos.” La diferencia en este caso, dijo, “es que se grabaron [los acontecimientos], que hay testimonios de denuncia, están identificados los responsables.

Por su parte, la directora de Amnistía Internacional (AI) en Estados Unidos, Susan Lee, denunció la respuesta “gruesamente desproporcionada” de la Patrulla Fronteriza a los tiradores de piedras, y declaró que los disparos que mataron Sergio Adrián “violan las normas internacionales que obligan a las policías a emplear armas de fuego como último recurso en respuesta a una amenaza mortal inmediata.” María Guadalupe, la madre de Sergio Adrián, espera promover una denuncia a nivel internacional para evitar la impunidad, dado que, según ella, “el gobierno mexicano está vendido al de los gringos.”

El asesinato de Sergio Adrián ocurrió una semana después del fallecimiento del migrante mexicano Anastasio Hernández Rojas en un hospital deSan Diego, California, tras haber sido brutalmente golpeado y sometido a choques de pistolas eléctricas por elementos del Patrulla Fronteriza.  Las dos muertes se dan en un contexto de endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos, como quedó reflejado  tanto en abril con la aprobación de una ley anti-inmigrante en el estado de Arizona, como a través del anuncio del presidente Obama a fines de mayo que ordena el despliegue de 1.200 elementos de la Guardia Nacional a la frontera con México.

Para más información:

“¿Por qué mi hijo, si nada malo hacía?” (La Jornada, 10 de junio)

Los tiros se hicieron de cerca, en el lado mexicano, afirma forense (La Jornada, 10 de junio)

Pretende la PGR que sea juzgado aquí el agente que mató al menor (La Jornada, 11 de junio)

Ofrece FBI intensa pesquisa del ataque de la Border Patrol (La Jornada, 11 de junio)

Legisladores exigen a Calderón solicitar extradición del homicida de Sergio Adrián (La Jornada, 11 de junio)

Apremian al gobierno federal a asumar postura ‘firme’ y ‘digna’ (La Jornada, 10 de junio)

Tibia respuesta del gobierno federal al asesinato del adolescente, critican ONG (La Jornada, 11 de junio)

Video demuestra la brutalidad contra Anastasio Hernández (La Jornada, 10 de junio)

Para más información de SIPAZ:

México: Frontera Norte, Frontera Sur – paralelismos (marzo de 2010)

Breves sobre Guerrero: Valentina ante la CoIDH- Novedades en el caso del preso de conciencia Raúl Hernández

El 27 de mayo, se realizó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), con sede en San José de Costa Rica, la audiencia del caso de la indígena Valentina Rosendo Cantú, que desde hace ocho años denunció haber sido violada por militares en el municipio de Acatepec, Guerrero. “Espero de los jueces justicia, que los militares estén en la cárcel y que el gobierno acepte que fueron militares los que abusaron de mí”, declaró Rosendo a los medios en un receso de la audiencia ante la Corte, donde su testimonio se presentó de forma privada. Aseguró que “valió la pena ocho años de espera, de tanto sufrimiento, porque llegar hasta aquí fue importante”. Explicó además que que tras interponer denuncias en México recibió amenazas, tuvo que abandonar su comunidad por temor a represalias y que el Estado se ha negado a reconocer responsabilidad alguna.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representante de la víctima ante la CoIDH, ha criticado que este caso se encuentre en el fuero militar. Según CEJIL, el Estado mexicano está en “completo desacato” de una orden de la Corte Interamericana que indica que en México la jurisdicción militar no puede investigar violaciones sobre derechos humanos.

Este es el segundo caso de este tipo por el que México se sienta en el banquillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: en abril pasado los jueces vieron el caso de la indígena Me´phaa Inés Fernández, que denunció abusos por militares también en 2002, y del cual no ha dictado sentencia todavía.

Por otro lado en un boletín conjunto de la OPIM con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan del 1 de junio, se informó que un Juez había constatado falsedad en declaración del principal acusador del preso de conciencia Raúl Hernández de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM)

El Juez de Primera Instancia, Alfredo Sánchez Sánchez, con sede en Ayutla, realizó una inspección ocular en la comunidad me´phaa de El Camalote que permitió verificar que tanto la distancia entre el domicilio del principal testigo y el lugar de los hechos que reportó, así como los accidentes geográficos del terreno y la oscuridad no le podrían haber permitido tener la suficiente visibilidad.

Según Tlachinollan e integrantes de la Organización de Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), eso “resta valor probatorio al testimonio de Fidel Remigio, y en consecuencia debe de haber el desistimiento de la acción penal contra Raúl Hernández, porque queda evidenciado una vez más, que él está preso bajo delitos fabricados y por su trabajo a favor de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

Para más información:

– Caso de Valentina Rosendo Cantú

Indígena exige a CoIDH justicia (El Universal, 28 de mayo)

Aborda la Corte Interamericana de Derechos Humanos caso de indígena guerrerense (La Jornada, 28 de mayo)

– Caso de Raúl Hernández

Comunicado OPIM/Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (1 de junio)

Para más información de SIPAZ:

– Caso de Valentina Rosendo Cantú

Guerrero: Breves – CECOP se manifieste ante Senado / Conferencia de prensa casos Inés y Valentina (21 de mayo)

– Caso de Raúl Hernández

Guerrero: 2º aniversario del encarcelamiento de Raúl Hernández (Abril 19, 2010)

Guerrero: ganan amparo 5 integrantes de la OPIM (Febrero 24, 2010)

Chiapas: Balance anual del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

El día 27 de mayo de 2010, el balance anual del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) fue presentado por Don Samuel Ruiz García, presidente y fundador de este centro, Diego Cadenas Gordillo, director del mismo, y Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ” Red de Todos los Derechos para Todas y Todos” de la cual el CDHFBC forma parte. Este balance, que cubre el periodo de abril de 2009 a marzo de 2010, presenta “la sistematización de un año de trabajo [del CDHFBC] así como del esfuerzo y la creatividad cotidiana de personas y pueblos que luchan por sus derechos y por la construcción de realidades más justas desde el ejercicio de la autodeterminación.” (Introducción del balance)

“[Da] cuenta de la ambición de las empresas por la explotación extensiva de los recursos naturales en Chiapas, particularmente de los ubicados en territorios de los pueblos indígenas, lo cual ha ocasionado que varias comunidades hayan emprendido acciones en defensa del derecho a su territorio. Otros temas importantes que [aborda] este Balance son la criminalización de las organizaciones sociales y civiles que [se oponen] al despojo y destrucción del medio ambiente y al irrespeto a los derechos de los pueblos, la violencia sistemática que se comete contra las mujeres como objetivo de guerra, la continuidad de la estrategia de contrainsurgencia y la memoria histórica que construyen los pueblos ante la violencia y la ausencia de justicia por parte del Estado mexicano.” (Ibid)

Este balance también hace públicos dos informes oficiales, uno con membrete de la Secretaria General de Gobierno de Chiapas y el otro con membrete de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ambos documentos parecen demostrar que el Gobierno está enterado de la actividad de grupos paramilitares en el estado, y además dan una muestra de cómo fichan a los luchadores sociales que la prensa criminaliza.

Luego de algunas palabras de Don Samuel apuntado a la necesidad de acompañar a quienes sufren violaciones a sus derechos para contribuir a la transformación de la sociedad que las generó, Agnieszka Raczinska enmarcó la presentación de este balance en un panorama nacional que se caracteriza por las mismas tendencias que las documentadas por el CDHFBC en Chiapas. Para terminar, un representante de la Sociedad Civil Las Abejas dio unas palabras conmovedoras de agradecimiento al CDHFBC por su acompañamiento en el camino de la lucha por la justicia. Cuando le llamó “hermano mayor” al CDHFBC, Diego Cadenas le respondió que ellos, los pueblos indígenas en lucha, eran los hermanos mayores de aquel centro.

Para más información:

Continúa la estrategia contrainsurgente en Chiapas, asegura el Centro Las Casas (artículo de la Jornada, 28/05/10)

Resumen ejecutivo del balance anual del Frayba (página web del CDHFBC, 27/05/10)

Oaxaca: Nueva actualización en caso de San Juan Copalá

Desde el ataque el 27 de abril a una misión civil de observación que se dirigía al municipio de San Juan Copalá en la región triqui de Oaxaca por presuntos integrantes del grupo Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), varias voces se han levantado para denunciar lo ocurrido. El 12 de mayo, varios relatores especiales de la ONU afirmaron que “[e]stamos profundamente preocupados por el deterioro de la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México.” La Unión Europea también condenó el ataque y demandó que “las autoridades federales, estatales y locales [hagan] todo lo posible para identificar, arrestar y juzgar a los culpables de estos asesinatos.“

Frente la situación actual de crisis humanitaria padecida en San Juan Copalá, representantes de la comunidad autónoma anunciaron el 13 de mayo la organización otra caravana de apoyo humanitario, integrada por al menos 300 participantes. Prevista inicialmente para finales de mayo, fue reagendada para el 8 de junio. En homenaje a los dos activistas que perdieron la vida en el ataque contra la caravana en abril, se nombrará la nueva caravana “Bety Cariño y Jyri Jaakkola.” Jorge Albino Ortiz, un representante y integrante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULT-I), comentó que las “condiciones humanitarias” vividas en San Juan Copalá eran “extremas” ya que los habitantes de la comunidad siguen siendo cercados por elementos de UBISORT.

De hecho, las autoridades de la comunidad recientemente pidieron la intervención de la Cruz Roja Internacional y la Cruz Roja Mexicana para que comprobaran la crisis humanitaria que se vive en San Juan Copalá, y la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Oaxaca y el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (Barca) demandaron la presencia “inmediata” de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en San Juan Copalá, frente a las “graves violaciones a los derechos humanos” existentes en el municipio.

Un acontecimiento alarmante que se dio recientemente fue el secuestro y posterior liberación de once habitantes de San Juan Copalá el 14 de mayo presuntamente por miembros de UBISORT.  Los secuestrados eran seis mujeres, tres niñas, dos niños y un bebé, integrantes de un grupo más amplio del municipio autónomo que fueron plagiados mientras volvían a su comunidad desde la cabecera de Santiago Juxtlahuaca. Fueron emboscados por hombres armados en La Sabana. Según sus testimonios, dispararon al aire, les amenazaron de muerte, y les robaron dinero y víveres.

Existen dudas serias respecto a la seguridad con la que contarían integrantes de una nueva caravana. Rufino Juárez Hernández, dirigente de UBISORT, anunció que no existen ni las más mínimas condiciones de seguridad para una nueva caravana, y que, por ser asi, “pueden occurir hechos lamentables.” De manera final, añadió que la presencia de observadores “de ojos azules y cabellos largos” no iba a resolver la situación en la región, y que de hecho “[n]o hay la seguridad para que transite la gente.” Evencio Nicolás Martínez Ramírez, secretario de Gobierno de Oaxaca, advirtió el 13 de mayo que “[q]uienes intenten acercarse a la zona triqui se pondrían en riesgo.”

Para más información:

Comunicado de prensa de la OACNUDH sobre situación en México (12 de mayo)

Convocan triquis nueva caravana humanitaria a Copala (La Jornada, 17 de mayo)

Otra caravana humanitaria intentará cruzar el cerco paramilitar en Copala (La Jornada, 18 de mayo)

El 30 de mayo partirá nueva caravana a San Juan Copala (La Jornada, 14 de mayo)

Piden a Cruz Roja en San Juan Copala (El Universal, 18 de mayo)

Piden a CNDH acudir a San Juan Copala (El Universal, 17 de mayo)

Plagia Ubisort a 11 mujeres y niños de San Juan Copala en la sierra triqui, denuncian (La Jornada, 16 de mayo)

Libera la Ubisort a mujeres y niños (La Jornada, 17 de mayo)

Corren riesgos quienes acudan a la zona triqui (La Jornada, 14 de mayo)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Actualización de información sobre ataque a caravana de observación (1 de mayo)

Guerrero: Breves – CECOP se manifieste ante Senado / Conferencia de prensa casos Inés y Valentina

El 19 de mayo, los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP) se manifestaron ante el Senado de la República en la Cuidad de México para exigir la cancelación de la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota. Unos 300 manifestantes de 28 pueblos del Núcleo de Cacahuatepec y los ejidos de Dos Arroyos y los Huajes, del municipio de Acapulco, se pararon en frente del Senado mientras una delegación de 10 miembros del CECOP asistieron a la audiencia con los diputados Agustín Guerrero y Avelino Méndez, del PRD, y el priísta Silvio Lagos. Exigieron que se respetara la voz de los pueblos expresada en la asamblea del 12 de agosto de 2007, cuando fue rechazado el proyecto hidroeléctrico. El 12 de mayo, el CECOP también presentó una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) solicitando la nulidad de la asamblea del 18 de abril de 2010. En la misma, personas a favor del proyecto aprobaron la expropiación de las tierras para la construcción de La Parota, mientras la presencia de más de 600 policías impedía a los opositores entrar en dicha asamblea.

Por otro lado, el 19 de mayo, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la Ciudad de México, acerca de los casos de violación sexual en 2002 de las mujeres indígenas me’phaa Valentina Rosendo Cantú y Inés Fernández Ortega. Por la falta de respuestas adecuadas por parte del Estado mexicano, los casos han quedado impunes, por lo que en 2004, decidieron presentar sus casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). El 17 de abril se realizó una audiencia de la CoIDH en el caso de Inés en Lima, Perú. La conferencia de prensa del 19 de mayo se dio a pocos días de la audiencia en el caso de Valentina (27 de mayo, en Costa Rica). El comunicado de prensa fue suscrito por varias organizaciones de derechos humanos entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Amnistía Internacional sección México. Enfatizó el carácter paradigmático de estos dos casos al visibilizar “la múltiple discriminación y el alto grado de violencia que enfrentan las mujeres indígenas -particularmente cuando han sido víctimas de violencia sexual por parte de agentes estatales- que intentan hacer efectivo el acceso al sistema de justicia y a los servicios de salud en México”.

Para más información:

Caso de la Parota

– Comunicado de prensa: “Exigen comuneros de la CECOP cancelación definitiva de La Parota ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión (19 de mayo)

– Lleva Cecop su movimiento al Senado (La Jornada de Guerrero, 20 de mayo)

Caso de Valentina:

– Comunicado de prensa: Valentina Rosenda, otra mujer me’phaa de Guerrero que sentará en el banquillo de los acusados al Estado mexicano ante la CoIDH (19 de mayo)

– México, al banquillo de los acusados, ahora por la violación de la me’phaa Valentina (La Jornada de Guerrero, 20 de mayo)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: resurgimiento de la conflictividad por posible construcción de la presa de La Parota (21 de abril)

Guerrero: Frente a la CoIDH, el Estado mexicano niega que militares hayan violado a Inés Fernández

El 15 de abril, en Lima, Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó  los alegatos finales orales del Caso Fernández Ortega vs. México (Integridad personal y acceso a la justicia). Inés Fernández, es activista indígena guerrerense que ha denunciado haber sido violada por elementos militares en 2002. Frente la CoIDH, representantes del gobierno mexicano respondieron afirmando que Inés estaba mintiendo.  El director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Negrín, quien representa el estado mexicano, afirmó que negamos la acusación, pues no existen pruebas.

Por su parte, Gisela de León, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), quien forma parte del equipo de defensa para Fernández, dijo que era grave que el gobierno no reconociera el crimen, “frente todos los elementos de prueba.”  La abogada destacó que, además del testimonio de la misma Inés, estaba el de sus hijas que estuvieron presentes durante los acontecimientos. Además se le hizo una prueba médica que comprobó la presencia de semen en su cuerpo así como un examen sicológico que de igual modo demostró que Fernández había sufrido un evento traumático.  La abogada recalcó además que se pudo confirmar la presencia de elementos militares en la fecha y hora del delito.

Los representantes legales del estado y de Fernández tendrán hasta el 24 de mayo para presentar alegatos finales por escrito; después de esto, la CoIDH considerará el caso y emitirá su decisión.

Para más información:

Miente la indígena que afirma fue violada por militares, dicen autoridades ante la CIDHla (La Jornada, 16 de abril)

Para más información de SIPAZ: