México: Declaración final del Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos

@mujeresporlademocracia.blogspot.com

En el marco del seguimiento de la Reunión Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, del 14 al 16 de octubre de 2010 se celebró en la  Ciudad de México el Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos. En dicho Encuentro participaron más de 60 defensoras de derechos humanos de 20 estados de la república mexicana y de diversos movimientos y organizaciones sociales: feminista, indígena, de liberación de presos y presas políticas, de refugios para la atención de la violencia, de defensa de la tierra, de diversidad sexual, de lucha contra el feminicidio, de desarrollo rural, etc.

Esta reunión estuvo convocada por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Asociadas por lo Justo (JASS) y la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.

La declaración final enfatiza que “Que enfrentamos un Estado fallido que ha renunciado a su obligación de garantizar los derechos de la población y que de forma reiterada utiliza a las instituciones y recursos públicos para atacar, criminalizar y vulnerar la labor de las personas que defendemos los derechos humanos. (…) Que han aumentado el riesgo y los ataques contra las defensoras de derechos humanos de todo el país, siendo particularmente preocupante la situación de las defensoras en estados de la república como Chihuahua, Monterrey, Oaxaca, Chiapas y Guerrero . (…) [Y que] El nivel de impunidad en el que permanecen los casos de agresión en contra nuestra es alarmante y sostiene la cultura de violencia contra las defensoras de derechos humanos”.

Para más información

Declaracion final del Encuentro Nacional sobre violencia contra Defensoras en Mexico (octubre de 2010)

 

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Chiapas: Aceptan indígenas tzeltales violadas por el Ejército Mexicano “reparación del daño” con condiciones

El 4 de junio de 1994, tres hermanas, de 12, 13 y 14 años de edad, fueron detenidas junto con su madre, Delia Pérez de González, por un grupo de militares en un retén del municipio de Altamirano. Fueron golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares mientras su madre fue torturada y obligada a presenciar la violación sexual cometida contra sus hijas.

El 30 de junio de 1994, las hermanas presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República que declinó su competencia y envió el expediente a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM). La Secretaría de la Defensa Nacional negó los hechos y se archivó el caso en 1996 bajo el argumeno que no se habían cumplido las diligencias necesarias para continuar con las investigaciones.

Dos años después el caso fue presentado ante la CIDH que lo admitió en noviembre de 1999. En abril de 2001 señaló al Estado mexicano como responsable y le recomendó que investigara los hechos completa, imparcial y efectivamente en la jurisdicción penal ordinaria mexicana (civil), para determinar la responsabilidad de los militares, así como la reparación del daño. Como explicó Mercedes Olivera Bustamante, fundadora y asesora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, en la conferencia de prensa, la CIHD no envió al Gobierno de México una orden sino una recomendación, ya que México aceptó la jurisdicción de la CIDH hasta 1998, dos años antes de haberse radicado la queja. Nueve años después, dicha recomendación no se ha cumplido.

Dieciséis años después después de los hechos, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, ofreció 500 mil pesos a cada una de las hermanas para reparar el daño, además de programas como seguro médico permanente, becas de estudio para sus hijos y otros proyectos.

Las hermanas González Pérez plantearon frente a esta propuesta “Aceptaremos esa propuesta como la única prueba que tenemos de que el gobierno mexicano reconoce públicamente su responsabilidad en la violación a nuestros cuerpos, a nuestros derechos y a nuestra dignidad. Sin embargo la condicionamos a que también se reconozcan los daños causados a nuestra madre”. Agregaron “ No aceptaremos estar presentes en ningún acto público para que el gobierno no use nuestra palabra a su favor. Tampoco aceptaremos los programas que ofrece porque no resuelven los problemas reales del pueblo, nosotras ya estamos organizadas en nuestras comunidades para resolverlos. (…) Exigimos y exigiremos siempre que se castigue a los militares que nos hicieron daño, que se investigue y se determine su responsabilidad por jueces del fuero común y no por militares, como hasta ahora se ha hecho. (…) Exigimos también la salida inmediata de los militares de nuestros pueblos y comunidades en Chiapas, porque siguen violando a las mujeres, traen prostitución, causan terror y daños a las personas”.

Concluyeron finalmente: “Ahora, como en 1994, condenamos fuertemente los actos cometidos por el Ejército en contra de nuestros cuerpos y nuestros corazones, cuando pasamos por el retén contrainsurgente en Altamirano, Chiapas. Estos actos, que violan nuestros derechos, demuestran la política de terror que ha usado el ejército en contra del pueblo chiapaneco, utilizando a las mujeres como objetivo de guerra. Por lo cual seguimos y seguiremos luchando en contra de todas las acciones del gobierno que quieren silenciar las justas demandas de nuestros compañeros y compañeras. No dejaremos de exigir que los actos del ejército en contra de los derechos de la población se juzguen por autoridades civiles, porque es la única forma en que reconocerán su culpabilidad. Exigimos que se les castigue como corresponde de acuerdo a la ley y ya no se encubra su culpa con el pretexto de proteger al país. Esto es necesario para evitar que el ejército siga violentando los derechos de nuestros pueblos  y su autonomía”.

Para más información:

– Comunicado de prensa (Carta firmada por las hermanas González Pérez y su madre, 20 de octubre de 2010)

– Indígenas aceptan oferta de gobierno (Cuarto Poder, 21 de octubre)

– La historia de tres niñas indígenas violadas por militares (Proceso, 20 de octubre de 2010)

– Sitio Web del Comité Hermanas Gónzalez Pérez: https://hermanasgonzalez.org/

Oaxaca: nueva emboscada en zona triqui contra individuos que gozaban de medidas cautelares del CIDH

Teresa Ramírez Sánchez, asesinada el 16 de octubre

El sábado 16 de octubre ocurrió una nueva emboscada en la región triqui del noroeste del estado de Oaxaca que dejó dos muertos–Serafín Ubaldo Zurita y Teresa Ramírez Sánchez–y dos lesionados–Domingo Ramírez Ortega y Jordán Ramírez González.  Ramírez Sánchez y Ramírez González, emboscados en el camino hacia la comunidad de Yosoyuxi, gozaban de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su decisión del 7 de octubre que procuraba brindarles protección a 135 habitantes triquis del municipio autónomo de San Juan Copalá.  Según Reina Martínez Flores, portavoz del campamento de mujeres triquis desplazadas que actualmente se encuentra en el Zócalo de Oaxaca de Juárez, los grupos la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) fueron los responsables de esta nueva agresión.

Este ataque viene pocos días después de que miles de integrantes y simpatizantes de MULT marcharan en Oaxaca de Juárez para expresar su  interés en promover la paz en la región triqui.  La marcha, que tuvo lugar el martes 12, fue silenciosa hasta el fin, cuando de repente interrumpieron gritos de “¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional!” y “¿Qué es lo que quiere el MULT?” a lo que respondieron los manifestantes “La paz.” En el mitin que se dio después de la marcha se presentaron delegados de 18 comunidades triquis que  -de darse- deberían participar en la mesa de diálogo convocada por Arturo Lona Reyes, obispo emérito de Tehuantepec, y Romualdo Wilfrido Mayrén Peláez, coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de la arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, con el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULT-I).  Heriberto Pazos Ortiz, dirigente del MULT, anunció que MULT iba a esperar al MULT-I para avanzar en el diálogo, proceso que se ha estancado debido a la violencia que se ha experimentado de manera continua en la región en los últimos meses.  En relación a la cantidad de gente que se juntó en las manifestaciones organizado por MULT el día 12, Pazos Ortiz afirmó que contaba con “unos cuarenta mil militantes” mientras el Tránsito Municipal estimó que fueron alrededor de 10.000 personas.

El mismo día 12 de octubre, se manifestaron en Oaxaca de Juárez unos 150 integrantes de la Alianza del Valle de México, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Movimiento de Artesanos Indígenas Zapatistas más unos cuantos triquis en demanda de que se cumplieran las medidas cautelares emitidas el 7 por la CIDH en favor de los triquis desplazados de San Juan Copalá.

Todo esto se da en un contexto en el que revelaciones recientes presentadas en La Jornada en las que se mencionó la ubicación cerca de San Juan Copalá de once yacimientos de “metales importantes”, entre ellos dos de cobre, dos de hierro, uno de oro y uno de plata.

Para más información:

Boletín del Municipio Autónomo de San Juan Copala (17 de octubre)

Acción Urgente de BARCA frente a los últimos hechos de violencia (Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, 18 de octubre de 2010)

Tenían medidas cautelares de la CIDH los triquis emboscados (Noticias de Oaxaca, 18 de octubre)

Mueren dos triquis que fueron emboscados por grupo armado (La Jornada, 18 de octubre)

Marcha el MULT por paz en la región triqui (La Jornada, 13 de octubre)

Piden triquis cumplir medidas cautelares en San Juan Copala (La Jornada, 13 de octubre)

Marcha MULT en silencio; dice buscar diálogo y paz (Noticias de Oaxaca, 12 de octubre)

Volante del MULT en la marcha del 12 de octubre

Pide CIDH proteger a 135 triquis (La Jornada, 10 de octubre)

Protección a los habitantes de Copala, exige CIDH a México (Noticias de Oaxaca, 9 de octubre)

Emite la CIDH medidas cautelares a favor de personas de Copala (Noticias de Oaxaca, 9 de octubre)

Avaricia minera, trasfondo de San Juan Copala (La Jornada, 9 de octubre)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: desmantelamiento del municipio autónomo de San Juan Copala (28 de septiembre 2010)

México: conclusiones preliminares de la relatora especial para la Independencia de los Magistrados y Abogados

 

Gabriela Knaul (@Naciones Unidas)

El 15 de octubre, al concluir una visita de 15 días en México que la llevó a seis entidades de la República, incluyendo Chiapas, la Relatora especial para la Independencia de los Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, presentó en conferencia de prensa un resumen preliminar del informe que presentará en Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en junio de 2011.

Arraigo, fuero militar, reformas constitucionales en materia de justicia y derechos humanos, la reforma del amparo, autonomía de ministerios públicos, colegiación de jueces y abogados y falta de acceso a la justicia por parte de grupos vulnerables, además de deficiencias estructurales y orgánicas en el sistema de justicia, fueron algunos de los puntos de las apreciaciones preliminares que presentó Gabriela Knaul a la prensa.

Aunque reconoció los esfuerzos de México en los años recientes con los mecanismos de protección de derechos humanos, Knaul citó una lista de aspectos en los que el país está faltando a sus obligaciones en procuración e impartición de justicia, a pesar de las reformas de 1994 y 2008.

Se pronunció por la desaparición del arraigo, a tener cuidado con la utilización de los testigos protegidos y a evitar la presentación de detenidos ante medios de comunicación. Sobre el fuero militar, la relatora especial subrayó que después de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del desaparecido Rosendo Radilla, el Ejecutivo federal se comprometió a presentar una iniciativa de ley para reformar el código de justicia castrense y sus alcances. Sin embargo, advirtió, dicho proyecto sólo excluiría del fuero militar los delitos de desaparición forzada, tortura y violación, pero no al de ejecución extrajudicial, lo cual daría lugar a una reforma insuficiente, en la que además las víctimas de estos abusos o sus familiares siguen sin tener acceso a recursos efectivos de defensa, entre ellos el amparo.

La experta criticó la falta de autonomía del Ministerio Público ante el poder Ejecutivo, “lo cual puede minar la confianza y credibilidad de la autoridad a la que se le encomienda investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales de forma objetiva en todos los casos”. Señaló que en los estados aún es muy frecuente que los jueces de los tribunales superiores de justicia sean nombrados por el gobernador en turno, con la consecuente falta de autonomía y objetividad que ello implica.

Concluyó que “[e]l acceso a la justicia sigue siendo una deuda para muchos mexicanos, especialmente para aquellos que viven en una situación de pobreza, la población indígena, quienes habitan en zonas rurales y remotas, las mujeres y las personas migrantes.”

Para más información:

– Intervención completa de la Relatora especial para la Independencia de los magistrados y abogados (conferencia de prensa, 15 de octubre de 2010)

– El sistema judicial, aún sometido al Ejecutivo: relatora de la ONU (La Jornada, 15 de octubre de 2010)

– ONU pide proteger a MP y Jueces en México (El Universal, 15 de octubre de 2010)

– Informe completo entregado por organizaciones civiles a la relatora en Yucatán (12 de octubre de 2010)

– Informe presentado por organizaciones de derechos humanos y academia a la Relatora en México DF (6 de octubre de 2010)

Chiapas: Red por la Paz presenta informe sobre Zona Fronteriza

Considerando el deterioro de la situación de los Derechos Humanos en Chiapas, a inicios del 2010, las organizaciones civiles que integran la Red por la Paz acordaron realizar visitas de documentación en distintas regiones del estado de donde han recibido testimonios de problemáticas que trastocan el marco internacional de protección y garantía de los Derechos Humanos, poniendo en riesgo las condiciones de paz social.

Las organizaciones de la Red por la Paz en Chiapas constituyeron la “Misión Civil de Observación de Derechos Humanos y Conflictividad Social”, misma que comenzó su trabajo de observación y documentación en cuatro municipios de la Zona Fronteriza de Chiapas: Comitán, Trinitaria, Comalapa y Chicomuselo.

La Misión Civil recorrió estos municipios durante los días 16, 17 y 18 de marzo de 2010. En cada uno de estos municipios, sostuvo entrevistas con actores que aceptaron compartir su testimonio en distintos ámbitos en pro de la defensa de los Derechos Humanos. Los temas de mayor énfasis durante las entrevistas fueron organizados en los ejes de: Migración; Militarización; Tierra y Territorio; Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA); Derechos de las Mujeres y Criminalización de la protesta social. Los resultados de estas entrevistas se encuentran en un informe público que se presentó durante una conferencia de prensa el 7 de octubre.

El 6 de agosto, se realizó un espacio de devolución de lo recopilado con varias de las personas y organizaciones entrevistadas en el marco de la Misión Civil de marzo, proceso que permitió completar y finalizar el documento que se presentó. Dicho Informe se propone ofrecer una valoración de las tendencias y los principales problemas documentados durante la Misión, así como de las Señales de construcción de Paz que a pesar de todo, se vieron presentes en los municipios visitados.

Para más información:

Boletín de prensa de la Red por la Paz (7 de octubre de 2010)

Informe de la Misión Civil de Observación de la Red por la Paz – ZOna Fronteriza (octubre de 2010)

Guerrero: Corte Interamericana condena Estado mexicano por violaciones sexuales sufridas por dos mujeres indígenas me’phaa

Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú

El viernes 1 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió dos sentencias en las que condena al Estado mexicano por las violaciones sexuales que las mujeres indígenas me´phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú sufrieron en 2002. En ellas señala que el Estado debe reparar los daños integralmente, garantizar la seguridad futura de Inés y Valentina, castigar a los responsables en la justicia civil y adecuar la legislación y práctica interna en torno a los tratados internacionales para que lo sucedido a Inés y Valentina no vuelva a suceder. Las dos mujeres indígenas me’phaa fueron violadas sexualmente por elementos del ejército mexicano en 2002. Durante su búsqueda de justicia, tanto las mujeres mismas como sus familiares han sufrido amenazas de muerte, intentos de secuestro e incluso fue asesinado el hermano de Inés en 2008.

Durante una conferencia de prensa del 4 de octubre, en la que participaron Valentina Rosendo, sus representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el ex ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza y el abogado Mario Patrón, Valentina Rosendo dijo: “exijo que el gobierno cumpla la sentencia, si es que todavía le queda un poco de dignidad”. Además explicó su sentir en este momento en el que, después de más de ocho años de búsqueda de justicia vividos en condiciones de adversidad y de riesgo, finalmente la CoIDH le ha dado la razón: “ya que por fin se demostró que siempre dijimos la verdad porque no sabemos mentir, para nosotras y nuestras familias lo más importante ahorita es que nos dejen vivir en paz, con tranquilidad”.

La directora de CEJIL Mesoamérica, Alejandra Nuño, reiteró la importancia de la sentencia para las mujeres a nivel latinoamericano. Señaló: “Dentro del Sistema Interamericano sin duda las sentencias de Inés y Valentina constituirán un referente ineludible sobre los criterios aplicables en casos donde se documenten violaciones sexuales cometidas por agentes estatales. Se trata de dos sentencias de muy significativa trascendencia El viepara las mujeres en América Latina”. Por otro lado, el director de Tlachinollan, Abel Barrera, enfatizó el impacto negativo que genera en los derechos humanos la participación del Ejército en tareas ajenas a su naturaleza. Dijo: “en la Montaña de Guerrero, la militarización que prevalecía cuando Valentina e Inés fueron violadas sexualmente sigue siendo una realidad del presente. La misma CoIDH habla en sus fallos de que en Guerrero las mujeres están en peligro por la violencia institucional castrense. Por eso la reforma del fuero militar es urgente, porque es un modo de afianzar mecanismos para que este poder sin contrapesos que es el Ejército rinda cuentas”.

Para más información:

–  El Estado mexicano es responsable de tortura y violación sexual de Inés y Valentina, deberá reparar y sancionar daños: CoIDH (Comunicado Tlachinollan, OPIM y CEJIL, 1 de octubre)

– Las sentencias de la CoIDH permitirán a Inés y Valentina acceder a la justicia negada por México (Comunicado Tlachinollan y CEJIL, 4 de octubre)

– Declaración Pública de Amnistía Internacional (5 de octubre)

– Reconoce que fueron violadas por militares en 2002 (CIMAC Noticias, 1 de octubre)

– Que el gobierno admita que fueron militares los que me violaron; que vayan a la cárcel (La Jornada, 5 de octubre)

– Weblog sobre los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo

– Sentencias dictadas por la Corte Interamericana

Para más información de SIPAZ:

– Breves sobre Guerrero: Valentina ante la CoIDH- Novedades en el caso del preso de conciencia Raúl Hernández (5 de junio de 2010)

– Guerrero: breves – Ataque a líder de la OFPM; intentan secuestrar a la hija de Inés Fernández (2 de septiembre de 2010)

Chiapas: tormenta tropical Matthew provoca desastres en varias partes del estado

Inundaciones en San Cristóbal de Las Casas (@Expreso Chiapas)

En días recientes,  los pueblos del sureste de la República Mexicanahan sufrido los efectos agudos de lluvias intensas provocadas por la depresión tropical Matthew.  Más que nada se ha experimentado estos efectos en el estado de Chiapas, que, al haber recibido 2000 mm3 de lluvias en lo que va del presente año, ha sido el estado que ha experimentado el nivel más alto de lluvias de todos los estados de México este año.

Según el Instituto de Protección Civil (IPC), para el 28 de septiembre, las lluvias de Matthew yahabían afectado 1.013 viviendas en 11 municipios del estado de Chiapas. Un articulo del diario capitalino La Jornada aseveró que el 27 de septiembre, 200 casas fueron inundadas por el desbordamiento del río Chulhá en Yajalón, más de 150 casas se vieron inundadas en Chilón, y unos 350 más fueron afectadas por el desbordamiento del río Amarillo en San Cristóbal de Las Casas.  En total, el IPC estima que 4.500 personas fueron desalojad@s de sus casas en Chiapas por los efectos de la depresión tropical.  Las inundaciones provocaron cortes de luz en una tercera parte de Yajalón la semana pasada, y también que se dañó el sistema que provee agua potable a los habitantes de San Cristóbal, por lo que varias colonias de la ciudad se quedaron sin agua hasta el 30 de septiembre.  Los otros municipios chiapanecos fuertamente afectados por inundaciones fueron San Juan Cancuc, Salto de Agua, Tumbalá, Comitán, Ocosingo, Jiquipilas, Simojovel y Soyalo. Además, derrumbes provocados por las lluvias han dañado tramos carreteros de Yajalón, Chilón, Playas de Catazaja, Palenque, Comitán, La Concordia, La Trinitaria, Maravilla Tenejapa, Pichucalco, Ocozocoautla, Pantelhó, Sitalá, Simovojel, Pueblo Nuevo y Jitotol.  Varias comunidades alejadas de los municipios principales del estado están incomunicadas por Matthew, y parece que en varias hay gran necesidad de ayuda humanitaria.

En total el gobierno estatal de Chiapas estima que 25 personas han perdido la vida debido a los recientes fenómenos metereológicos en el estado.  Unos 16 indígenas zoques murieron en las comunidad Reforma y Planada del municipio de Amatán cuando se provocó un derrumbe el jueves 30, mientras otro deslave dejó tres muertos en Nueva Colombia, municipio de Ángel Albino Corzo, el miércoles 29.  Habitantes y clérigos de Yajalón señalaron que todavía quedaban 30 desparecid@s.

Frente a los desastres provocados por Matthew, Juan Sabines Guerrero, gobernador del estado, visitó a varias comunidades afectadas y se ha comprometido proveer recursos a l@s chiapanec@s damnificad@s. Se ha activado un programa público que temporalmente brinda empleo a ciudadan@s que se involucran en proyectos de remediación y reconstrucción.  Con relación a los deslaves experimentado en el estado–se estima que han ocurrido unos 180 en total desde el inicio de las lluvias–Sabines Guerrero enfatizó que tiene responsabilidad la deforestación de laderas montañosas, promovido por campesin@s sembrando maíz.

Para más información:

Se multiplica la lista de muertos (Cuarto Poder, 1 de octubre)

Derrumbe deja 16 muertos (Cuarto Poder, 30 de septiembre)

Deslave en Chiapas cobra la vida de al menos 19 personas (La Jornada, 30 de septiembre)

Sepultaron al menos a 25 personas (Expreso Chiapas, 1 de octubre)

El gobierno de Chiapas otorgará pensiones vitalicias a familiares de 5 fallecidos por lluvias (La Jornada, 29 de septiembre)

Van siete muertos por Matthew en Chiapas; daños en más de mil casas (La Jornada, 28 de septiembre)

Lluvias por Matthew dejan 8 muertos en cinco estados (La Jornada, 27 de septiembre)