Guerrero – breves: PGJE denigra homicidio de Lorenzo Fernández; Sigue presión de ONGs para liberación de Raúl Hernández

 Foto: http://alzatuvozporlalibertadderaul.wordpress.com/ 

A dos años y cinco meses del homicidio de Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés Fernández Ortega, quien fue violada sexualmente por militares en el 2002, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) presentó a un presunto responsable del homicidio. La PGJE concluyó que el homicidio fue consecuencia de un conflicto suscitado durante una borrachera.

La defensa ha argumentado que el pasado 9 de febrero de 2008, Lorenzo fue desaparecido de manera forzada, y un día después, su cuerpo fue hallado sin vida y con visibles huellas de tortura, en el río que cruza la ciudad de Ayutla.Lorenzo era integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y jugó un papel importante en la defensa de los derechos humanos de indígenas de su región. Acompañó de manera activa la denuncia de los hechos ocurridos en contra de su hermana, Inés Fernández, así como la queja que presentaron ante la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (CODDEHUM) los 14 indígenas de El Camalote que fueron esterilizados de manera forzada por la Secretaría de Salud, en el 1998.

En un comunicado del 5 de julio, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red Guerrerense) y la OPIM denunciaron que Tlachinollan, como parte coadyuvante, sólo tuvo un acceso limitado a los avances de la investigación y que la conclusión de que el homicidio fue resultado de una borrachera denigra la trayectoria de Lorenzo Fernández como defensor de derechos humanos.

El mismo 5 de julio, Amnistía Internacional (AI) emitió una Acción Urgente exigiendo la liberación inmediata del preso político Raúl Hernández, integrante de la OPIM. Fue detenido el 17 de abril de 2008 y acusado del asesinato de Alejandro Feliciano García cometido el 1 de enero de 2008 en la localidad de El Camalote, estado de Guerrero. El 30 de junio de 2010, el juez que preside el proceso contra este defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, dio por terminada la fase de presentación de pruebas de su juicio por asesinato. La investigación del lugar del crimen llevada a cabo por el juez confirmó que las declaraciones de los testigos que afirmaban que Raúl Hernández estaba presente en el momento del asesinato no eran fiables. AI pidió a la sociedad civil enviar llamamientos a la PGJE antes del 14 de agosto 2010 para exigir la liberación de Hernández. (véase Acción Urgente abajo).

Finalmente, el 6 de julio, el Solicitor’s International Human Rights Group (SIHRG) publicó un informe sobre la situación de Raúl Hernández. En el informe enfatizó que su encarcelamiento fue basado en mentiras y que no existe prueba ninguna de su participación en los hechos criminales de los cuales fue acusado. El SIRHG expresó su más profunda preocupación por el caso de Hernández y afirmó estar dispuesto a tomar más medidas para proteger los derechos humanos de este defensor.

Para más información:

Comunicado conjunto de Tlachinollan, la Red Guerrerense y la OPIM (5 de julio)

Campaña de Amnistía Internacional para la liberación de Raúl Hernández

 Acción Urgente Amnistía Internacional: Momento clave en el juicio por asesinato contra un activista (5 de julio)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Breves – CECOP recibe medidas cautelares; Informe sobre derechos humanos; Organizaciones civiles siguen pidiendo liberación de Raúl Hernández (3 de julio de 2010)

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Oaxaca: Derriba coalición “Unidos por la Paz y el Progreso” al PRI en elecciones estatales

Eviel Pérez Magaña (@ La Jornada)

El domingo 4 de julio, se llevaron a cabo elecciones del ejecutivo y del legislativo estatal en Oaxaca así como en 12 estados de la República. En el caso oaxaqueño, la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso”, que comprende los partidos PAN, PRD, PT y Convergencia, venció a la alianza PRI-Verde Ecologista, ganando la elección para gobernador, además de la alcaldía de la capital y la mayoría de los puestos para diputados del Congreso estatal.  El candidato para gobernador de esta inusual coalición (al incluir partidos de izquierda y de derecha), Gabino Cué Monteagudo, derrotó al candidato priísta Eviel Pérez Magaña por un margen de 8 puntos porcentuales, poniendo fin a 80 años del PRI en el poder en Oaxaca.  El Instituto Estatal Electoral estimó que la participación fue de un 56%.

Aunque muchos observadores temían enfrentamientos alrededor de los resultados de las elecciones oaxaqueñas, Pérez Magaña aceptó su derrota al día siguiente, aunque destacó en su mensaje que el PRI seguía siendo el partido más popular en Oaxaca, dado que recibió 550 mil votos en estas elecciones, 250 mil más que el PAN.  Enfatizó la necesidad de la reconciliación entre los representantes y electores de ambas alianzas, señalando que era “el momento” de “contribuir a la unidad de los oaxaqueños.” Cué Monteagudo, de igual modo declaró el lunes que “[n]osotros somos promotores de la paz y por ello vamos a llamar a la reconciliación siempre”. El día mismo de su victoria, había declarado que “alcanzamos un sueño histórico” al vencer al PRI pero también llamó a los integrantes del PRI “a no tener miedo” frente a su nueva administración.  Esta posición también fue adoptada por el dirigente del PT, Daniel Juárez, quien opinó que los conflictos que se dieron durante el sexenio del actual gobernador Ulises Ruiz Ortiz en 2006 deberían quedarse atras.

Algunos llegaron a cuestionar que este llamado a la reconciliación podría implicar impunidad para los gobiernos salientes en aras de sostener la gobernabilidad del estado. Ciertamente Cué ha declarado que el próximo gobierno de Oaxaca “estará apegado a la ley” y que “[v]amos a ser intolerantes contra la corrupción.”  También ha prometido  promover una ley de transparencia “que realmente permita a la gente tener la certeza de saber en qué se están gastando los recursos públicos”, pero frente a los cuestionamientos al gobernador saliente Ulises Ruiz, Cué se ha limitado a responder:  “Si hay un delito qué perseguir que se persiga y, si hay un delito qué sancionar que se sancione.”

En la región noroccidental triqui del estado, que ha padecido niveles de violencia altas en meses recientes, se estaba viendo hasta el mismo día 4 si había condiciones para la instalación de casillas electorales.  Rufino Juárez Hernández, dirigente de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), declaró que había necesidad de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) montara un operativo especial para promover la instalación de casillas en Tierra Blanca, Cerro Pájaro y San Juan Copala.  Juárez Hernández anadió que los de UBISORT harían todo lo posible para que los ciudadanos triquis ejercieran su derecho constitucional al voto.

Antes de las elecciones señaló la SSP que el municipio autónomo de San Juan Copalá constituía un “foco rojo” en terminos electorales.  Hasta la fecha las autoridades del municipio no se han declarado en cuanto al resultado de las elecciones, más que denunciar el “aparato electoral” en terminos generales por dar luz a “autoridades despreciables como lo es Ulises Ruiz Ortiz” y otros.

Por su parte, Felipe Calderón acogió con agrado los resultados de las elecciones, afirmando que “[e]l del domingo pasado fue un voto por las instituciones, fue un voto por la legalidad, fue un voto por la democracia, fue un voto por la paz.”

Para más información:

Alcanza participación ciudadana 56%: IEE (El Imparcial, 5 de julio)

Obtiene coalición opositora mayoría en Congreso de Oaxaca (La Jornada, 5 de julio)

Con ventaja de 8.35 pts, Cué quita poder al PRI en Oaxaca tras 80 años (La Jornada, 6 de julio)

Acepto voluntad de los oaxaqueños: Eviel Pérez tras admitir su derrota (La Jornada, 6 de julio)

Llama Cué a reconciliación en Oaxaca (El Universal, 5 de julio)

Pide Cué al PRI reconocer resultado para reconstruir Oaxaca (La Jornada, 4 de julio)

Convocan PAN, PRD, PT y PCD a la reconciliación (El Imparcial, 5 de julio)

Oaxaca: Si Ulises cometió delitos iremos por él: Cué (El Universal, 6 de julio)

Las elecciones dieron un mensaje de rechazo a la violencia: Calderón (La Jornada, 6 de julio)

Si hay seguridad instalamos Casillas: líder de la Ubisort (Diario Despertar, 3 de julio)

Definirá Ubisort instalación de casillas para el 4 de julio (Diario Despertar, 25 de junio)

Identifican autoridades ’20 focos rojos’ previo a elecciones en Oaxaca (La Jornada, 3 de julio)

Paramilitares de la UBISORT balacean a dos mujeres y a una niña en San Juan Copala (28 de junio)

El PRI se desPeñó en Oaxaca, Sinaloa y Puebla, asegura el panista Santiago Creel (La Jornada, 6 de julio)

Chiapas: Denuncias por intimidación y por proyecto contaminante en el municipio de Tila

Placas del PUDEE en Jolnixtie © SIPAZ

El 24 de junio, fue difundida una denuncia pública de los representantes de la organización Kichán Kichañob sobre las altas tarifas de energía eléctrica que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) así como sobre las amenazas de la CFE de cortarles el servicio. Por su parte, representantes de la organización Pueblos Unidos en la Defensa de la Energía Eléctrica (PUDEE) y autoridades ejidales de la comunidad Jolnixtie 1a Sección, en una denuncia pública fechada el día 30 de junio, alertan sobre el proyecto de drenaje y captación de aguas negras al aire libre, mismo que tendría como efecto que ya no se podría usar el agua para uso humano, entre otros.

Según la denuncia de los representantes de Kichán Kichañob, en las comunidades de Limar, Nuevo Limar, Usipá, Cruz Palenque y Jol-Ako, todas en la zona baja del municipio de Tila, la CFE está cobrando tarifas altas que no corresponden al consumo de la población. Comentan que la CFE “al no pagar ya nos intimidan” con la fuerza pública y amenazas de cortes masivos. Los representantes de la organización exigen respeto a su “derecho de estar en la resistencia de no pago por la razón de las altas tarifas”.

En Jolnixtie 1a Sección, otra comunidad de la zona baja del municipio de Tila, los representantes del PUDEE y autoridades ejidales, denuncian el proyecto de construcción de drenaje con captación de aguas negras al aire libre en la comunidad vecina de Libertad Jolnixtie 2a Sección, que contaminaría el arroyo que pasa por Jolnixtie 1a Sección, “afectando y contaminando kilómetros de ríos, arroyos manantiales y mantos acuíferos, que provocará contaminación al medio ambiente, y afectar[ía] los diversos especies de planta y animales que ya están en peligros de extinción, de igual manera dejaremos de utilizar nuestras aguas para preparar nuestros alimentos, lavar la ropa, utilizar para bañarse, que se verá afectadas mas de mil familias, entre ellas las escuelas de nivel básico (preescolar, primaria)“. Explican que este proyecto del actual presidente municipal de Tila, Limber Gutiérrez Gómez, tiene el respaldo de las autoridades ejidales de Libertad Jolnixtie 2a Sección, además de personas que ellos identifican como parte de la organización de corte paramilitar “Paz y Justicia”, vinculados al Partido de la Revolución Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM). “[L]a construcción afectará un predio de una hectárea de terreno cultivado propiedad del Sr. Francisco García Hernández, [al que] llegaron estos grupos paramilitares a limpiar sin respeto y autorización del propietario, dejaron tirado árboles frutales y maderales que tenia sembrado. Insultaron y amenazaron de expulsar en la comunidad si no dejará de construir en su terreno”. Los ejidatarios exigen a las autoridades competentes que cancelen la obra, además alegan que no fueron consultadas sobre dicho proyecto, lo que contraviene lo definido en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la misma materia.

Para más información:

Denuncia completa de los representantes de Kichán Kichañob

Denuncia completa de representantes del PUDEE y autoridades ejidales de Jolnixtie 1a Sección

Cuarto Poder: Señalan intimidaciones por parte de CFE; choles en “resistencia”

Cuarto Poder: Sistema de drenaje vs. medio ambiente, dicen

México: Liberación de los doce presos de Atenco

El 30 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de los 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, que enfrentaban penas de 31 a 112 años de prisión, por el secuestro de policías en mayo de 2006 durante las protestas por un desalojo de vendedores de flores en el Estado de México.

La decisión de la Corte fue tomada por considerar que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) fincó las acusaciones contra los detenidos a partir de premisas falsas y endebles, además de que utilizó pruebas ilícitas para imputarles el delito de secuestro equiparado. Incluso, el ministro Juan Silva Meza afirmó que las sentencias se podían considerar “como una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social, como una forma de castigar el ser oposición”.

En el caso de nueve de los pobladores de Atenco recluidos en el penal estatal de Molino de Las Flores, con penas menores, la liberación fue inmediata. A cambio en el caso de los tres líderes recluidos en el penal federal del Altiplano, el 1ero de julio, la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) informó que Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, permanecerían en prisión al enfrentar todavía cuatro procesos penales más por los delitos de robo agravado, lesiones y daño en los bienes públicos, despojo, y ataques a las vías de comunicación y medios de transporte.

Finalmente fueron liberados llegando a Atenco el 2 de julio, donde unas 500 personas esperaban su llegada acompañados de los otros nueve integrantes del FPDT liberados desde el 30. No asistió la hija de Ignacio del Valle, América del Valle, quien apenas el pasado 24 de junio acudió a la embajada de Venezuela para solicitar asilo político por las dos órdenes de aprensión en su contra por los mismos hechos de 2006.

El gobernador Enrique Peña Nieto dijo que su administración tendrá “absoluto respeto” con la resolución de la Corte de liberar a los presos de Atenco. En entrevista posterior, rechazó que se tratara de un revés para su gobierno y agregó que el interés “no era otro sino el restablecimiento del orden y la paz… y por eso las sanciones a quienes participaron en términos de ley y conforme a la ley se actuó, y conforme a la ley se sancionó”.

Por otro lado, Amnistía Internacional (AI) exigió que se investigara a fondo a los funcionarios que participaron en las indagatorias relacionadas con el caso Atenco, al quedar en evidencia, con la resolución de la Corte, que usaron de manera indebida el sistema de justicia y con ello provocaron la violación del debido proceso de los 12 detenidos por esos hechos.

Para más información

Liberan a los doce presos atenquenses (La Jornada, 1 de julio)

Corte ordena libertad para presos de Atenco (El Universal, 2 de julio)

Continuarán presos tres líderes de Atenco: SSP (Proceso, 1 de julio)

Castigo a funcionarios por caso Atenco, exige AI (Proceso, 1ero de julio)

Reciben en Atenco a los líderes excarcelados del FPDT (La Jornada, 2 de julio)

Para más información de SIPAZ:

Ciudad de México: Arranca segunda fase de la Campaña “Primero Nuestros Presos y Presas” (13 de Mayo de 2010)

Atenco: a 4 años de la represión en San Salvador Atenco (6 de mayo de 2010)

Oaxaca: detención de religioso tras asesinatos de funcionarios príistas en San José el Progreso

Mina San José El Progreso (@elenemigocomun.net)

El pasado 19 de junio, se presentó un enfrentamiento entre las autoridades municipales y habitantes de las comunidades de San José del Progreso, El Cuajilote y Maguey Largo, en el municipio de San José del Progreso, Ocotlán, que resultó en la muerte de dos personas, incluyendo el presidente municipal príista, Óscar Venancio Martínez, y el regidor responsable de la salud, Félix Misael Hernández, más dos heridos y doce detenidos.  Martín Octavio García Ortiz, cura de la zona, fue también detenido cuando iba a celebrar misa en San José el Progreso y fue entregado a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que acusó al sacerdote de instigar los asesinatos cometidos el 19.

Habitantes de San José El Progreso se han organizando a través de de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Valle de Ocotlán en Defensa de la Naturaleza y la Autonomía Popular y se han manifestado en torno a la defensa de sus territorio y de sus recursos naturales, así como en contra de la explotación de la mina La Trinidad, propiedad de la empresa mexicana-canadiense Cuzcatlán.

La Comisión Diocesana de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (Barca) y la Iniciativa Ciudadana Oaxaca han condenado la emboscada que resultó en la detención de Martín Octavio García y han negado que tenga que ver con los homicidios.  En un comunicado emitido el mismo día 19, Barca contextualizó los hechos en el marco del conflicto que se ha vivido en la zona debido a las divisiones en torno a la cuestión de la explotación minera por parte de la empresa Cuzcatlán.  Barca destacó que dentro de este contexto se ha buscado señalar a Martín Octavio García por su apoyo a los procesos de oposición a la operación de la mina como “alborotador” y “agitador,” hasta se le ha acusado de tener vínculos con el Ejército Popular Revolucionario (EPR). José Luis Chávez Botello, arzobispo de Oaxaca-Antequera, ha declarado su apoyo a Octavio García, como lo han hecho varios representantes de la Iglesia Católica en el pasado frente llamados pidiendo su despido, y se ha comprometido a demostrar su inocencia en el presente caso.

Para más información:

Acción Urgente Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (19 de junio)

Alcalde de San José del Progreso muere en gresca con pobladores (La Jornada, 20 de junio)

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PGJE: hay 10 detenidos por emboscada a ediles (Universal, 21 de junio)

Ordenan arraigar a cura señalado por asesinato de edil y regidor oaxaqueños (La Jornada, 24 de junio)

Oaxaca: rechaza cura acusación de homicidio (La Jornada, 25 de junio)

Exigen la liberación inmediata del padre de San José del Progreso, Martín García Ortiz (ADN Sureste, 25 de junio)

Arzobispo pide indagar la verdad sobre acusaciones a párroco (Crónica de Hoy, 25 de junio)

Minerïa en Oaxaca: Raíz de la violencia (Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios)

Oaxaca: después de la caravana “Bety Cariño y Jyri Jaakkola” a San Juan Copalá

El 8 de junio pasado, la caravana “Bety Cariño y Jyri Jaakkola” de apoyo humanitario, misma que  fue integrada por alrededor de 300 personas, partió desde el municipio oaxaqueño de Huajuapan a San Juan Copalá para llevar entre 30 y 35 toneladas de víveres al municipio  autónomo que desde hace meses se encuentra cercado por miembros del grupo “Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui” (UBISORT), vinculado al Partido Institucional Revolucionario (PRI). No logró entrar al municipio autónomo, debido al plantón que organizaron integrantes de la UBISORT en la carretera hacia San Juan Copalá: encontró un bloqueo de piedras al nivel de La Pavimentada así como un grupo mujeres triquis resguardadas por hombres armados, incluyendo Rufino Hernández Juárez, líder de UBISORT.

Se sumaron en la caravana habitantes de San Juan Copalá, adherentes a la Otra Campaña, diputados del PRD y PT, integrantes de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) y otras organizaciones civiles, miembros de la iglesia católica, grupos de derechos humanos y ambientalistas de varios estados mexicanos, periodistas así como varios observadores europeos. Fue escoltada por 500 elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), quienes según testimonios, recomendaron a los integrantes de la caravana desistir frente el plantón de la UBISORT.  Después de haber oído disparos de armas de fuego cerca del bloqueo, dirigentes de la caravana concluyeron que no había condiciones para continuar el recorrido, y decidieron volver a Huajuapan para garantizar la seguridad de los integrantes de la caravana.

Según el análisis de Jorge Albino Ortiz, representante del municipio de San Juan Copalá y coordinador de la caravana, la policía estatal tendió un “cerco” en la carretera hacia el municipio autónomo el 8 de junio precisamente para proteger a laUBISORT. Aseveró que las acciones policiacas frente a la caravana demuestran el apoyo del gobierno estatal a esta organización y añadió que la administración estatal se comporta así para desaparecer el proyecto autónomo que se ha desarrollado en el municipio desde 2007.

Según Romualdo Wilfrido Mayrén Peláez, coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de la arquidiócesis de Oaxaca, desde el 8 de junio, se ha buscado la posibilidad de que la Cruz Roja Internacional y la Organización de Naciones Unidas entreguen las varias toneladas de víveres en San Juan Copalá.  También se ha mencionado la posibilidad de organizar otra caravana, esta vez compuesta sólo por mujeres.

El contexto de alta tensión se mantiene en la zona. En las palabras del activista triqui Marcos Albino, “los niños triquis no han tenido infancia por el clima de violencia que ha fomentado el gobernador Ulises Ruiz”. Mayrén Peláez, apoderado legal de la arquidiócesis oaxaqueña, ha aseverado que “lo que se vive en San Juan Copala es una guerra; hay desaparecidos, muertos y agresiones.” Por su parte, el legislador perredista Alejandro Encinas anunció a principios de junio que esperaba que la Organización de Estados Americanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos designen un representante para documentar las violaciones a los derechos humanos en la zona.

Marchas de solidaridad se dieron en el Distrito Federal, Queretaro y Oaxaca de Juárez el día 8.  Las manifestaciones en el D.F., organizadas por mujeres triquis, estudiantes y miembros de organizaciones sociales civiles, se toparon con granaderos que agredieron a unos de sus integrantes . En Queretaro, los manifestantes exigieron garantías de seguridad para la caravana, y que se aceleren las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en San Juan Copalá.  En Oaxaca de Juárez, integrantes de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL) realizaron un bloqueo de carretera, durante propaganda electoral promoviendo la candidatura de Eviél Perez Magaña (PRI-Verde Ecologista) en las elecciones estatales por realizarse a principios de julio fue quemada.  Según David Venegas, integrante de VOCAL, estas actividades fueron coordinadas con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

En un comunicado publicado el 10 de junio, los redactores de La Jornada aseveraron que la impunidad que se experimenta en Oaxaca en relación a la zona triqui refleja que “el estado de derecho [allí] resulta inexistente”.  Por su parte, Miguel Concha, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, declaró que la imposibilidad de la nueva caravana para llegar a San Juan Copalá confirma que hay grupos armados que o están fuera de control o son protegidos por el gobierno de Oaxaca, una conclusión que lo comparte David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, quien dijo en una entrevista que “en esa región de Oaxaca hay ausencia del estado de derecho […].  [A]hí quien manda es un grupo armado, es claramente paramilitar.”  Añadió Peña que “[n]o podemos concebir que un grupo armado tenga más poder y control en esa región que ambos gobiernos [es decir, estatal y federal].”

Para más información:

Con bloqueos y tiros impiden a caravana humanitaria llegar a San Juan Copala (La Jornada, 9 de junio)

Los protegen con cerco policiaco (La Jornada, 10 de junio)

Contra los pueblos indígenas, la verdadera guerra del gobierno mexicano: Un reporte especial (La Jornada, 12 de junio)

Pedirán a la Cruz Roja Internacional que lleve víveres a San Juan Copala (La Jornada, 10 de junio)

Analizan enviar caravana femenina a Copala (La Jornada, 9 de junio)

Empeora seguridad en San Juan Copala; ataques llegan a otras comunidades, acusan (La Jornada, 3 de junio)

Marchan en 3 entidades en solidaridad a Caravana (La Jornada, 8 de junio)

Granaderos de la capital obstruyen marcha en apoyo al envío de ayuda (La Jornada, 9 de junio)

Copala: violencia y vacío de poder (La Jornada, 10 de junio)

Blog del Municipio autónomo de San Juan Copala

CIBERACCIÓN POR SAN JUAN COPALA: TOD@S CON LA CARAVANA BETY CARIÑO Y JYRI JAAKKOLA

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: A unos días de la “Caravana Internacional y Nacional Humanitaria Bety Cariño y Jyri Jaakola” a San Juan Copala (5 de Junio de 2010)

Chiapas: Presentación del Informe 2010 de Amnistía Internacional

El domingo 13 de junio, Amnistía Internacional-México presentó su nuevo informe mundial 2010 en San Cristóbal de Las Casas con la participación de varios ponentes, dando más elementos sobre el capítulo México del mismo y profundizando sobre aspectos como los derechos de los migrantes, de los pueblos indígenas, de las mujeres y de los periodistas en el contexto específico de Chiapas.

Alfonso García Castillo, directivo de AI en México, inició la presentación refiriéndose al contexto alarmante en el que trabajan los defensores y defensoras de derechos humanos en México. Apuntaló: La tortura en México disminuye, pero los ataques contra comunidades y luchadores sociales ahora son más violentos y los asesinatos, desapariciones y violaciones no sólo aumentan, sino se consuman de modo más grave, a menudo por el solo hecho de reclamar derechos.  Respecto a Chiapas, señaló: Los megaproyectos que se construyen sin previa consulta y las disputas originadas por el aprovechamiento de los recursos naturales dan lugar a una sistemática violación de los derechos indígenas, en una problemática que ya está generalizándose en la zona sur del país y conlleva no sólo el desplazamiento de comunidades, sino la negación de su identidad.

Fermina Rodríguez Velazco del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova de Tapachula habló sobre la realidad vivida por los migrantes centroamericanos en la frontera Sur, destacando los riesgos y múltiples violaciones a los derechos humanos a los que están sujetos.  Otro ponente denunció la continuación hasta la fecha del racismo y de la discriminación en contra de los pueblos indígenas, especialmente en Chiapas, y otra compartió partes del informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) que arroja elementos de alta preocupación respecto a la violencia en contra de las mujeres mexicanas y chiapanecas. También cuestionó la falta de atención por parte de agencias gubernamentales frente a los asesinatos de mujeres, mexicanas en general y chiapanecas en particular. Isaín Mandujano, corresponsal de la revista Proceso, habló respecto  a las violaciones de derechos humanos (incluyendo el derecho a la vida) para los periodistas, y también aludió a las dinámicas socio-económicas que con frecuencia hacen que los periodistas trabajen por proyectos mediáticos dominantes y conservadores.

Esta conferencia viene unas semanas después de la publicación del nuevo informe anual de AI sobre los derechos humanos en el mundo–El estado de los derechos humanos en el mundo–y la del informe anual sobre la situación en México, a finales de mayo.  Según AI, aumentaron las denuncias por desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza. La parte sobre México de dicho informe subraya que graves violaciones de derechos humanos cometidas por elementos policiacos y militares en México aumentaron este año en México. El informe también resalta el alto nivel de violencia machista, los crímenes del crimen organizado y el acoso a periodistas y activistas pro derechos humanos que se viven en el país.  También señala que “continúa muy arraigada la impunidad” en el país, y concluye diciendo que “[s]e terminó la hora de la retórica, se requieren acciones.”  De hecho, el director ejecutivo de AI en México, Alberto Herrera Aragón, señaló a fines de mayo que pensaba que México estaba 10 años rezagado con relación a la situación de derechos humanos, en comparación con países como Guatemala, Chile y Argentina. Herrera Aragón también destacó que en realidad poca gente tiene acceso al sistema juridical en México.

Para más información:

Aumenta la violencia en los ataques a comunidades: AI (La Jornada, 14 de junio)

México está rezagado 10 años, afirma AI (El Universal, 25 de mayo)

Aumentan violaciones a DDHH en México: AI (El Universal, 27 de mayo)

Crecen abusos de Ejército y policía contra los civiles (La Jornada, 27 de mayo)