Chiapas: periodistas denuncian campaña de infamia en su contra

Mandujano (@ Flickr)

El 23 de julio, los periodistas Isaín Mandujano y Ángeles Mariscal, corresponsales en el estado de Chiapas de la revista Proceso y del diario capitalino La Jornada, respectivamente, denunciaron una campaña de calumnias organizada en su contra para descalificar su trabajo, en la cual señalan, han participado activamente medios dependientes del gobierno estatal de Chiapas.  De hecho, la Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos perteneciente a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), dio a conocer su repudio a la campaña de difamación en contra de Mandujano y Mariscal, dado que, en su análisis, la labor de ambos periodistas  les ha generado hostigamiento e intimidación por parte de autoridades estatales de Chiapas.

Mandujano y Mariscal han revelado que últimamente han dado cobertura a distintas organizaciones sociales de Chiapas que, según el comunicado de CDHDF, “tienen diferencias de percepción y de criterio con las autoridades locales, han expresado críticas, juicios de valor y consideraciones que pueden molestar o incomodar a algunos servidores públicos del Gobierno del estado”. En respuesta han experimentado ellos una campaña de difamación en su contra a través de distintos medios, incluyendo los pertenecientes al gobierno estatal, por ejemplo el Sistema Chiapaneco de Radio.  Frente a ello, la CDHDF declaró que las autoridades tienen la obligación de “abstenerse de ejercer cualquier medida directa o indirecta que pueda acotar el derecho a saber de los gobernados y el derecho a la libertad de expresión de las personas en general, y de los periodistas en particular”. En su comunicado,  la organización denunció que “[h]echos como estos coadyuvan a inhibir el ejercicio periodístico, la libertad de expresión y el derecho a la información, además de que incrementan el riesgo para las personas que ejercen el periodismo en el estado de Chiapas y en todo el país”. Esta posición fue compartida por la Fundación por la Libertad de Expresión, que el 23 de julio exigió “la intervención del gobernador Sabines para que gire las instrucciones a quien corresponda, a efecto de evitar el uso de recursos públicos que puedan limitar la libertad de expresión”.

Para más información:

CDHDF repudia campaña contra corresponsales (El Universal, 23 de julio)

Comunicado CDHDF (23 de julio)

Fundalex reprueba agresiones contra periodistas en Chiapas (Redacción Poblanerías, 23 de julio)

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Chiapas: hostigamiento militar en contra de la OCEZ-RC

El jueves 22 de julio, la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza emitió una acción urgente denunciando una incursión militar en su zona de influencia en el estado de Chiapas.  Según la denuncia, el 21 de julio se introdujo un vehículo de la Secretaría de Marina Armada de México hasta la tranca que la OCEZ-RC había instalado en la entrada a la comunidad; el vehículo contaba con aproximadamente 40 elementos camuflados dirigido por un comandante que no se identificó. Al llegar a la tranca, el responsable del camión, resguardado por 4 elementos de su grupo, se acercó a la casa de guardia de la comunidad y pregunto a los presentes cuantos habitantes, maestros y niños vivían en la comunidad, además de cuántos observadores internacionales se encontraban allí.

Luego de eso, el camión militar volvió a la carretera principal entre el Ingenio Pujiltic y la cabecera Municipal Venustiano Carranza, donde lo interceptó una comisión de la OCEZ-RC que preguntó sobre su presencia. El encargado de la tropa informó que había recidibo ordenes federales para hacer recorridos por la zona, e indicó que se realizarán patrullajes constantes por ordenes federales. Los militares filmaron a los integrantes de la comisión durante este tiempo.

La OCEZ-RC ve en este hecho la falta de cumplimiento de la palabra que dio Juan Sabines Guerrero, gobernador del estado, el 26 de noviembre de 2009, cuando se reunió con la OCEZ-RC en una mesa de distensión, comprometiéndose a conminar a las fuerzas militares y policiacas federales a no penetrar ni acercarse a la zona de influencia de la OCEZ-RC. La operación del 21 de julio probablemente tuvo el apoyo del gobierno estatal, concluyen los de OCEZ-RC, dado que “sabemos bien que únicamente ante la solicitud del Gobierno Estatal, las corporaciones militares Federales pueden moverse en la Entidad y sobre todo en caminos aledaños.” De hecho, el comunicado señaló a Sabines Guerrero como el “RESPONSABLE DE LA DESESTABILIZACIÓN DE NUESTRO MUNICIPIO.”

En su comunicado, la OCEZ-RC exigió que Felipe Calderón, presidente de la República, “ordene a sus corporaciones Militares [que] se abstengan de entrar en nuestro territorio” y exigió que Sabines Guerrero “cumpla a cabalidad todo lo que ofreció” en la mesa del 26 de noviembre del año pasado respecto a la “DESMILITARIZACIÓN DE NUESTRO TERRITORIO”, “REPÀRACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR LOS OPERATIVOS MILITARES Y POLICIACOS, CATEOS, DETENCIONES ARBITTRARIAS Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS CONTRA LA OCEZ-REGIÓN CARRANZA”, “SOLUCIÓN A NUESTRAS DEMANDAS AGRARIAS” y “DEMANDAS SOCIALES DE LA OCEZ RC”.

Para más información:

Comunicado completo de la OCEZ-RC, 22 de julio

Chiapas: Detención y posterior arraigo domiciliar de varios integrantes de la Sección VII del magisterio

Víctor Hugo Zavaleta en una manifestacion en San Cristóbal @ Moyses Zúñiga, La Jornada

El 16 de julio, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez fueron detenidos los maestros Pedro Gómez Bamaca y Carlos Misael Palma López, del Bloque Democrático Magisterial de Chiapas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) perteneciente a la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como el médico Víctor Hugo Zavaleta, de la Sección 50 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, y el dirigente de la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ), Caralampio Gómez Hernández, así como seis integrantes más de esta última organización. De acuerdo a una Acción Urgente emitida por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, las detenciones se dieron de forma arbitraria y se deben a la movilización del magisterio en la capital chiapaneca, así como a la solidaridad que recibieron de otras organizaciones.

Entre las demandas del Bloque Democrático, estaba la liberación del profesor Alberto Mirón Vázquez, detenido el 7 de julio pasado, supuestamente por el delito de asociación delictuosa durante un plantón y una movilización en mayo y junio pasado. Uno de los motivos de las movilizaciones ha sido el manejo controvertido de la caja de ahorro del magisterio. Además, el Bloque Democrático ha denunciado la imposición de Rosendo Galíndez Martínez como nuevo secretario de la Sección VII del SNTE, de acuerdo a uno de sus comunicados.

Hasta la fecha, permanecen bajo arraigo domiciliar Alberto Mirón Vázquez, Pedro Gómez Bamaca, Carlos Misael Palma López, mientras quedaron en libertad seis integrantes de la OPEZ, así como Víctor Hugo Zavaleta.

Respecto a Caralampio Gómez Hernández, la OPEZ denunció públicamente su arraigo y posterior traslado al CERSS. No. 14 “El Amate”, en Cintalapa de Figueroa; a causa de un motín en este penal, temen por la seguridad del dirigente de la OPEZ.

Para más información:

• Denuncia pública de la OPEZ por seguridad de Caralampio Gómez Hernández (23/07/2010)
• Cuarto Poder: Demandan liberación de maestros detenidos (21/07/2010)
• Cuarto Poder: Replantear la política ante líderes, solicitan (21/07/2010)
• La Jornada: En diez días, cinco dirigentes sociales detenidos en Chiapas (18/07/2010)
• Acción Urgente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (pdf) (17/07/2010)
• La Jornada: Detienen a dirigente de la CNTE en Chiapas (08/07/2010)
• Blog Observatorio Ciudadano: Maestros de la CNTE exigen libertad del profesor Alberto Mirón Vásquez

Oaxaca: desalojo violento de vendedores vinculados a la APPO en Oaxaca de Juárez

El zócalo de Oaxaca de Juárez, tras la operación policiaca (@ Noticias de Oaxaca)

El martes 19 de julio – uno de los primeros días de la celebración de la fiesta tradicional Guelaguetza en el estado de Oaxaca – occurieron enfrentamientos en el zócalo y la Alameda de León en Oaxaca de Juárez entre comerciantes ambulantes y asentados y elementos de la policía municipal.  Según testimonios, a las 11 de la mañana del día 19 llegaron inspectores municipales apoyados por elementos policiacos a la Alameda que demandaban que comerciantes informales de la organización “14 de Junio” se retiraran del lugar, demanda que los vendedores se negaron a cumplir. A raíz de esta negativa, un operativo policiaco para desalojar a casi un centenar de comerciantes del zócalo fue realizado con la entrada de entre 100 y 300 elementos policiacos que emplearon gases lacrimógenos y de pimienta.  En respuesta, de acuerdo a testigos, algunos de los comerciantes arrojaron piedras, sillas y mesas  al restaurante Terranova, propiedad de familiares de la ex-candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal, Beatriz Rodríguez Casasnova, mientras jóvenes encapuchados se enfrentaron con los policías.  En cuanto que terminó el operativo, elementos policiacos se estacionaron en ambos lugares para impedir que los vendedores se reinstalaran.  El saldo del enfrentamiento fue de dos heridos, ocho personas fueron detenidos, entre ellos cuatro menores de edad.

Los que fueron desalojados, y que sufrieron el desmantelamiento de sus puestos por parte de la policía, pertenecen a las organizaciones sociales Venustiano Carranza, 14 de Junio, Organización de Comerciantes Conscientes en Apoyo al Magisterio, y a la APPO, además de los que son comerciantes independientes.  Los vendedores desalojados se habían instalado en el zócalo y la Alameda el viernes pasado antes de los festejos por la celebración de la Guelaguetza.  Alberto Quezadas Jiménez, jefe de la policía estatal, dijo que se había ordenado el despliegue de policías a petición de las autoridades municipales, dado que estos vendedores no tenían permiso oficial para instalarse en la plaza.  El actual gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, dijo en una entrevista el martes mismo que el desalojo buscaba “garantizar la seguridad del turismo y de los oaxaqueños”. Tras los acontecimientos, hizo un llamado a la tranquilidad y declaró que las celebraciones de la Guelaguetza deberían continuar sin pausa.

Para más información:

Desalojo en el Zócalo (El Imparcial, 20 de julio)

Violenta Guelaguetza (El Imparcial, 20 de julio)

Desalojo de ambulantes del zócalo de Oaxaca deja 8 detenidos (La Jornada, 19 de julio)

Desalojan vendedores en la capital de Oaxaca; 2 heridos y 8 detenidos (La Jornada, 19 de julio)

Ulises Ruiz recorre el zócalo luego del desalojo de ambulantes (Noticias de Oaxaca, 19 de julio)

Oaxaca: Actualización del caso del Padre Martín

Padre Martín Octavio García Ortiz (@ Ciudadanía Express)

Martín Octavio García Ortiz, sacerdote de la parroquia de San Pedro Apostól en la comunidad de San José el Progreso, municipio de Ocotlán, Oaxaca, fue liberado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Oaxaca en la madrugada del miércoles 30 de junio tras haber sido retenido por la PGJE después de haber sido secuestrado por un grupo de militantes el 19 de junio, el mismo día en que un enfrentamiento en San José el Progreso resultó en la muerte de dos funcionarios gubermentales y la detención de 11 personas.  La PGJE había detenido al Padre Martín supuestamente por 48 horas “para resolver su situación jurídica”. Ha sido señalado como “agitador” en contra de las operaciones de la empresa minera Cuzcatlán. Tras los esfuerzos por parte de la Iglesia católica y organizaciones civiles de derechos humanos exigiendo su libertad, finalmente fue liberado al fin del mes por falta de elementos que comprobaran su participación en los asesinatos del 19 de junio.

El 5 de julio, el párroco emitió un comunicado dirigido “a todos los pueblos de la parroquia de San Pedro Apostól” y a “amigos y amigas que han seguido mi caso”.  En el comunicado, escrito “desde algun lugar de[l] exilio” del sacerdote, el Padre Martín se deslindó de la presentación de la realidad de San José el Progreso que, según él, promueven los medios de comunicación y los tres niveles de gobierno–municipal, estatal y federal.  Declaró que “la parroquia nunca, en todo este proceso, ha dicho o ha insinuado siquiera que seamos los líderes en la lucha en contra de la empresa minera Cuzcatlán”, y refiriéndose “a los hermanos de la comunidad de San José”, afirmó que “no puede de ningún modo ser su líder,” que “los que viven en los pueblos tienen que ser los principales protagonistas de su organización”. Destacando que no es “el que comanda [la] organización” de Pueblos Unidos del Valle Ocotlán, pidió perdón a los miembros de esta organización, dado que él no “quier[e] que piensen que [él se quisiéra] apoderar de su trabajo y esfuerzo ya que en los medios [le] han señalado a [él] siempre como el líder único de todo el movimiento que ustedes han generado.”  El Padre Martín denunció la tendencia común que tiene el gobierno e intereses dominantes de señalar a un “güerito mestizo” como “el ideólogo de todo” el proceso organizativo, “que manipula a los pobres indios [sic] que no saben nada.”

El sacerdote reconoció que ha participado en el movimiento de oposición en contra de operaciones de minería en San José, lo que lo hace “solamente responsable de haber dado a conocer los bienes y los males del trabajo de extracción minera”.  En este contexto el Padre Martín enfatizó que “la cuestión ecológica, es una de las que hemos privilegiado mucho debido a lo emergente de la situación en la que vive nuestra region” especialmente frente a “uno de los peligros más grandes”: la mineria.  Opinó que el gobierno, la empresa Cuzcatlán y “sus marionetas […] [v]en con peligro que la gente por acción de la parroquia conozca y defienda sus derechos” y que la gente “se vuelva crítica frente a la realidad y a las acciones de los poderosos de nuestro tiempo”.  Terminó su carta pidiendo a sus lectores que no participen en la compra de productos de origen mineral, dado que allí en tales productos hay “millones de litros de agua contaminada con cianuro o con sulfuros”, y que las operaciones de mineria implican “las lágrimas de madres, esposos, padres, hombres y mujeres que tiene[n] a algún familiar encarcelado o [que] ha sido torturado a causa de defender su tierra y territorio de las empresas mineras”.  El padre enfatizó además que “ahora es el momento de seguir adelante, no es momento de tener miedos”:  “Aunque han herido al pastor, las ovejas deben seguir siempre tan organizadas y caminando en su trabajo”.  Concluyó diciendo que “[e]s la hora de que la espada sea desenvainada para iniciar la lucha más fuerte”.

Para más información:

Solución pacífica de conflictos comunitarios (La Jornada, 10 de julio)

Libera PGJE al padre Martín García Ortiz (Ciudadanía Express, 30 de junio)

Comunicado completo del Padre Martín, 5 de julio (MS Word)

Para más informacion de SIPAZ:

Oaxaca: detención de religioso tras asesinatos de funcionarios príistas en San José el Progreso (26 de junio)

Chiapas: Red por la Paz expresa preocupación por posible detención de defensor de Derechos Humanos

Marcha del movimiento en contra de las altas tarifas en Tonalá, el 8 de marzo de 2010 @ Consejo Regional Autónomo de la Zona Costa de Chiapas

La Red por la Paz, integrada por organizaciones civiles y de Derechos Humanos del estado de Chiapas, en un pronunciamiento expresó su preocupación por un proceso judicial abierto en contra de Nataniel Hernández Nuñez, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, el cual podría derivar en su detención. A continuación reproducimos el boletín completo:

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

13 de julio del 2010

Pronunciamiento de la Red por la Paz

• Preocupación por criminalización del trabajo de defensor de Derechos Humanos
• Llamado a respetar el trabajo de acompañamiento a procesos organizativos

Las organizaciones civiles que integramos la Red por la Paz en Chiapas, manifestamos nuestra profunda preocupación por el proceso judicial que inculpa a Nataniel Hernández Nuñez, director del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, en la ciudad de Tonalá, Chiapas.

La acusación se presentó en contra de Hernández Nuñez por su presencia como observador de Derechos Humanos en una manifestación pacífica, realizada por el Consejo Autónomo de la Zona Costa el 13 de abril de 2010. A través de la misma, ésta última organización, que forma parte de La Otra Campaña, denunciaba el robo de cables eléctricos que habían sufrido dos comunidades pertenecientes al Consejo Autónomo. Además, exigían a la Comisión Federal de Electricidad la reinstalación del servicio eléctrico que había dejado a más de 150 familias (en resistencia a las altas tarifas de la luz) sin energía eléctrica por más de una semana.

El día 11 de junio del 2010, la AFI se presentó en el domicilio de Nataniel Hernández Nuñez a dejar un citatorio, para que se presentara el día 15 de junio del las 10:00 horas, en la ciudad de Arriaga, Chiapas. En este citatorio se le informó que existía la Averiguación Previa No. AVP/PGR/032/2010 en su contra, averiguación en la que se le imputa el delito de ataque a las vías de comunicación, situación que pone al afectado en un estado de vulnerabilidad permanente: “El estado procesal en que se encuentra [Nataniel Hernández Nuñez] es la integración de la averiguación previa, estando en espera para que se realice la consignación y se solicite al Juez de Distrito la orden de aprehensión, si es que hay los elementos necesarios.”

Como defensoras y defensores de Derechos Humanos, vemos con preocupación la denuncia penal interpuesta por el gobierno estatal en contra del defensor de derechos humanos, misma que pareciera una muestra más de la recurrente criminalización del trabajo de defensa y acompañamiento que realizan las organizaciones de derechos humanos a distintas organizaciones y comunidades que apuestan a la transformación civil y pacífica en Chiapas.

Hacemos un llamado a las autoridades competentes y los gobiernos estatal y federal que:

1. Se cancele de inmediato el proceso judicial en contra del director del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, por ser un delito claramente ideado para criminalizar y obstaculizar su trabajo.
2. Cese la vigilancia y hostigamiento en contra de Nataniel Hernández Nuñez, así como en contra de las y los demás integrantes del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”.
3. Se respete el trabajo de las y los defensores de Derechos Humanos en todo el territorio mexicano.

Atentamente

Organizaciones integrantes de la Red por la Paz

Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, A.C. (Ciepac)

Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (Desmi)

Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (Coreco)

Enlace Capacitación y Comunicación, A.C. (Enlace CC)

Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz)

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH)

Centro de Derechos Indígenas, A.C. (Cediac)

Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. (Frayba)

Educación para la Paz (Edupaz)

Para más información:

Boletín conjunto del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa (pdf) (16/06/2010)

Más información de SIPAZ:

Chiapas: Hostigamiento Judicial a Defensor de Derechos Humanos (21/06/2010)

Chiapas: último comunicado del preso Alberto Patishtán Gómez, y cobertura por La Jornada

El 5 de julio el preso  Alberto Patishtán Gómez, adherente de la Otra Campaña encarcelado por 10 años que actualmente se encuentra detenido en el Hospital Vida Mejor en Tuxtla Gutiérrez, emitió una carta pública  en la que denunció que “[d]ecir la  verdad y defender el derecho del prójimo y de todo reclamo social, en México y sus estados  sigue siendo un delito”. En dicha carta, Patishtán Gómez señaló su experiencia ha sido que las “autoridades institucionales” sentencian a los y las mexicanas “por muchos años y [les obligan] a cumplir  de un lugar a otro arbitrariamente”. Se refiere a su propia experiencia  “en este cautiverio  del hospital” donde ya ha permanecido “por casi 6 meses aislado de todo”.  Añadió que durante su estancia en el hospital ha empeorado su situación de salud, y exigió poder volver al penal No. 5  de San Cristóbal de Las Casas así como su libertad inmediata.

LLamativamente y en contraste, el sábado 10 de julio, el diario capitalino La Jornada publicóun artículo sin firmar sobre la situación actual de Patishtán Gómez.  Supuestamente refiriéndose al comunicado de Patishtán del 5 de julio, el artículo erróneamente afirmó que Patishtán había rechazado “que permane[ce] secuestrado en el Hospital Vida Mejor”, y “aseguró [él] que ha recibido adecuada atención médica por parte del gobierno de Chiapas.”

Para más información:

Denuncia de Alberto Patishtán, 5 de julio (Chiapas Denuncia)

Alberto Patishtán reconoce que ha recibido “la mejor atención médica” (La Jornada, 10 de julio)

Para más informacion de SIPAZ:

Chiapas: desatención médica en caso de Alberto Patishtán (25 de marzo de 2010)

Chiapas: Entrega del reconocimiento JTatic Samuel JCanan Lum a Alberto Patishtan (30 de enero de 2010)