Oaxaca: desmantelamiento del municipio autónomo de San Juan Copala

Copala (foto de archivo (@Frida Guerrera)

El 13 de septiembre, un grupo de 500 hombres fuertemente armados entró disparando y sitió el Palacio Municipal de San Juan Copala, en donde dieron un ultimátum de 24 horas para desalojar a 100 familias. En los días posteriores y en medio de rumores de posible masacre, se multiplicaron las denuncias del Movimiento de Lucha y Unificación Triqui-Independiente (MULT-I) que llegó a informar de varios hechos violentos: el 18 de septiembre fueron asesinados David García Ramírez y Paulino Ramírez Reyes, simpatizantes del MULT-I.  También fueron desaparecidos el mismo día Eugenio Martínez, Jordán González Ramírez, María Agustina Flores y Susana López Martínez, pobladores del municipio autónomo de San Juan Copalá.  Jorge Albino, integrante del municipio autónomo, advirtió durante el fin de semana del 18 de septiembre que los habitantes de San Juan Copalá ya no tenían ni “alimentos ni agua”, aseveración que fue confirmada por Joaquín Rodríguez Palacios, subsecretario general de Gobierno en Oaxaca dos días después. El 19, autoridades de San Juan Copalá realizaron un llamado para la organización de otra caravana de apoyo humanitaria para los pobladores del municipio autónomo.

Según declaraciones de Jorge Albino (MULT-I), el lunes 20 al mediodía entraron militantes del MULT (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui) y de UBISORT (Unión de Bienestar Social de la Región Triqui), a San Juan Copalá y comenzaron a quemar 100 hogares, con el resultado de que los simpatizantes del MULT-I que todavía estaban viviendo en el municipio huyeron.  Para el día 23 de septiembre, ya habían salido todos teniendo como consecuencia a familias enteras desplazadas. El MULT declaró no haber participado en estos hechos.

El 20 de septiembre, para denunciar lo que ocurrido, diez mujeres y nueve niñ@s triquis se declararon en huelga de hambre en el Zócalo de Oaxaca de Juárez, mientras habitantes del municipio autónomo realizaron marchas hacia la Secretaría de Gobernación en Distrito Federal y un mitin frente a la procuraduría de Oaxaca.

En estos mismos días fracasó la mesa de diálogo para distender la violencia en San Juan Copala a la que había convocado la Iglesia. Solo una representación del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (Mult) acudió al llamado hecho por el Obispo de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, y el apoderado legal de la Arquidiócesis, Wilfrido Mayren Peláez. El MULT-I inicialmente dijo que en principio no estaba opuesta a tales negociaciones, pero puso condiciones que se encuentran lejos de cumplirse: “el cese de la violencia y las agresiones, así como garantizar la vida e integridad de los pobladores de San Juan Copala; la presentación con vida de los desaparecidos y permitir el acceso a organismos de derechos humanos y de la sociedad civil, para verificar las condiciones que se viven en la comunidad.”

Frente este contexto alarmante, Amnistia Internacional emitió una acción urgente exigiendo que los el gobierno estatal de Oaxaca tanto como el federal investiguen la agresión y violación sexual dirigida a dos mujeres triquis el 7 de septiembre, además de otras agresiones contra los habitantes de San Juan Copalá, y que se les garanticen sus garantías fundamentales.  De manera similar, declararon el Observatorio Eclesial y el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (Barca) que en caso de que la violencia siga avanzando en la región triqui, la responsabilidad principal será de los gobiernos estatal y federal.  Gabriela Juárez, secretaria ejecutiva del Observatorio Eclesial, dijo que “estamos indignados por lo que ha sucedido en San Juan Copala, porque mientras nuestros hermanos están siendo violentados, el gobierno festeja el bicentenario, como si quisieran que se nos olvidara la violencia.”

En contraste, el 25 de septiembre, en declaraciones hechas a La Jornada, afirmó Ulises Ruiz Ortiz, actual gobernador de Oaxaca, que no hay paramilitares, ni muertos, ni desaparecidos en San Juan Copala: “Eso sólo está en la mente de quienes lo señalan”.  Ulises Ruiz también rechazó que la movilización de la fuerza pública resuelva el conflicto y declaró que: “El problema es de diferencias ideológicas, de límites, políticas, las cuales se solucionarán si los tres grupos están dispuestos a dialogar y acordar”.

Para más información:

La destrucción de Copalá (La Jornada, 27 de septiembre)

En Copala, ni muertos ni paramilitares: Ulises Ruiz (La Jornada, 26 de septiembre)

Cese a la violencia en San Juan Copala, exige el MULTI (La Jornada, 22 de septiembre)

Niños y mujeres triquis inician ayuno contra asedio paramilitar (La Jornada, 21 de septiembre)

Exigen a Ulises Ruiz frenar el “genocidio” (La Jornada, 21 de septiembre)

Convoca pueblo triqui a caravana urgente contra los ataques armados en Copala (La Jornada, 20 de septiembre)

Segundo asesinato en un día de miembros del MULTI en Copala (La Jornada, 20 de septiembre)

Habitantes de San Juan Copala exigen a la SG protección para el municipio autónomo (La Jornada, 18 de septiembre)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: denuncian riesgo de masacre en San Juan Copala (17 de septiembre)

Distrito Federal: en visita a México, los padres de Jyri Jaakkola exigen justicia para el caso de su hijo y el de Bety Cariño (6 de septiembre)

Oaxaca: nueva emboscada en región triqui deja 3 muertos y 2 heridos (1 de septiembre)

Oaxaca: mujeres triquis denuncian contexto que padecen (20 de agosto)

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Guerrero: Con expediente fabricado, se condena a miembros de Radio Ñomndaa a 3 años de prisión.

(Fuente: RadioÑomndaa)

El 27 de septiembre, Genaro Cruz Apóstol, Silverio Matías Domínguez y David Valtierra Arango, miembros fundadores del municipio autónomo de Suljaa´ de Xochistlahuaca, fueron sentenciados a 3 años y 2 meses de cárcel y al pago de una multa de mil 753 pesos. Según el comunicado publicado conjuntamente por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y por Radio Ñomndaa “han estado desde 2004 sujetos a un proceso judicial amañado como presuntos responsables del delito de privación de libertad en agravio de Narciso García Valtierra, afín a la entonces presidenta municipal Aceadeth Rocha Ramírez”.

Cabe subrayar además que “La demanda penal integrada en 2004 fue tan solo la una de las que han enfrentado los integrantes del Municipio Autónomo de Suljaa´, la Radio Ñomndaa y los opositores políticos de la cacique, ya que en 2007 les fue integrada otra causa penal por el presunto delito de privación de la libertad en agravio de Ariosto Aceadeth Rocha, dando lugar a 31 amañadas órdenes de aprehensión en octubre de 2009, sobre las cuales se probó el nulo fundamento obteniendo todos ellos una sentencia absolutoria”.

El comunicado concluye: “La sentencia emitida el día de hoy muestra una vez más que el aparato de justicia carece de imparcialidad y se encuentra vinculado de forma corrupta a intereses caciquiles, persiguiendo a los luchadores sociales que alzan la voz en vez de defender la justicia social. Esta justicia que criminaliza la protesta social, sin embargo otorga impunidad a quienes delinquen desde el poder”. El Centro de Derechos humanos de la Montaña apelará la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSP).

Para más información:

Con expediente fabricado, se condena a miembros de Radio Ñomndaa a 3 años de prisión (Comunicado de prensa del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan y Radio Ñomndaa, 27 de septiembre).

Para más información de SIPAZ

Guerrero: Liberación de David Valtierra (5 de marzo de 2010)

Guerrero: Formal prisión a David Valtierra, fundador de la Radio Ñomndaa (14 de Noviembre de 2009)

Chiapas: Obispo José Raúl López Vera recibe el Premio Rafto 2010

José Raúl López Vera (@ La Jornada)

El 1 de septiembre, se otorgó a José Raúl López Vera, obispo católico de Saltillo, Coahuila, el Premio Rafto 2010, un honor concedido anualmente por la organización civil noruega Fundación Rafto que, según la misma Fundación, “contribuye a crear conciencia sobre la importancia de observar de cerca las violaciones de los derechos humanos y a las personas y comunidades que necesitan la atención del mundo.” En el pasado , este reconocimiento también fue entregado a Aung San Suu Kyi (Birmania), Kim Daejung (Corea del Sur) o Shirin Ebadi (Irán), todos ellos posteriormente galardonados con el Premio Nobel de la Paz.

El comunicado de prensa que anunció el reconocimiento de este año enfatizó el contexto alarmante que se vive en la República Mexicana: creciente militarización, violaciones de derechos humanos vinculado a la presencia militar, impunidad, corrupción institucional, y represión a periodistas y activistas sociales.  Para la Fundación Rafto, la situación de migrantes centroamerican@s pasando por México en su camino hacia Estados Unidos es particularmente grave, dado todos los secuestros y violaciones experimentados por éstos.  Frente este contexto, la Fundación ve en Raúl Vera una persona que “habla en voz alta y sin miedo contra las violaciones de derechos humanos, la corrupción, los abusos del poder y la ausencia del imperio de la ley.” El trabajo de su vida, añaden, “demuestra una voluntad inquebrantable y fe en la acción concreta para mejorar la calidad de vida de la población pobre, vulnerable y oprimida de México”. El comunicado mencionó también sus esfuerzos para frenar la violencia que padecen los migrantes o para denunciar la falta de protección de los y las periodistas, así como  sus señalamientos en contra de  la corrupción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a otras instancias gubermentales, o su apoyo público a los gays y lesbianas. Durante su estancia como obispo auxiliar en Chiapas entre 1995 y 1999, trabajó conjuntamente con el obispo Samuel Ruiz García para mejorar los derechos de los campesinos pobres y de los pueblos indígenas chiapanecos y mantener el alto al fuego entre el gobierno y los Zapatistas.

En la etapa más reciente, Raúl Vera fue el fundador del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y de la organización Belén, ubicada en Saltillo, misma que da refugio a migrantes centroamerican@s y mexican@s deportados desde los Estados Unidos.  Se estima que Belén ha servido unos 40.000 migrantes desde su inicio en 2002.

En resumen, la Fundación Rafto planteó, Raúl Vera “[u]sa su autoridad como obispo para criticar al gobierno, aunque también se refiere en detalle a las estructuras sociales que llevan a la opresión”, “[t]rabaja sistemáticamente para permitir que los pobres y oprimidos luchen por sus derechos” y, a través de sus organizaciones civiles, “trabaja con la[s] comunidad[es] para llevar ayuda inmediata a las personas en situaciones desesperadas.” En este sentido, Raúl Vera es “la voz de los que no tienen voz”, un actor que, en las palabras de la Fundación, “contribuye a dar a la población más vulnerable de México una vida con dignidad y la esperanza de un futuro mejor.”

Para más información:

Otorgan en Noruega premio Rafto al obispo Raúl Vera (La Jornada, 24 de septiembre)

Comunicado de prensa Fundación Rafto completo (pdf)

Chiapas: liberan a 4 integrantes de la OCEZ-Casa del Pueblo

OCEZ Casa del Pueblo (@Melel Xolobal)

El 18 de septiembre, cuatro integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo (OCEZ-CP) fueron liberados luego de 9 años de permanecer encarcelados, acusados de haber asesinado a ocho militantes priistas en Multajiltic en abril de 2001. En esta masacre, hombres cubiertos con pasamontañas mataron a balazos a ocho campesinos de la organización “Alianza San Bartolomé de los Llanos”, con la cual campesinos de la Casa del Pueblo se disputaban más de 5 mil hectáreas de tierras comunales. En 2006, Ángel Hidalgo Espinosa había sido sentenciado a 37 años de prisión, mientras  los hermanos Enrique, Alberto y Mario Coutiño Morales habían sido condenados a 60 años de cárcel. Organizaciones de derechos humanos documentaron las irregularidades cometidas en el expediente penal, entre ellos el testimonio clave de un menor sordomudo, quien señaló ver unos encapuchados, sin reconocer a nadie en particular.

Su liberación absoluta fue posible luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se desistió de las acusaciones. Los liberados alegaron su inocencia desde el principio y la OCEZ-CP mantuvo en estos nueve años decenas de marchas, bloqueos de carretera y protestas para reclamar su libertad.

En el acto donde se anunció la liberación de los campesinos, el gobernador Juan Sabines Guerrero afirmó que la liberación “fue una decisión de las más complejas, pero de las más justas, un caso inédito de los tiempos en que la justicia se podía manipular (…) la fabricación de un delito, además del homicidio”. El mandatario pidió al procuraduría estatal reabrir el caso e investigar a fondo para encontrar a los responsables de la masacre de Multajiltic.

Para más información:

Chiapas: liberan a cuatro campesinos apresados en 2001 (La Jornada, 21 de septiembre de 2010)

Liberan a líder de Casa del Pueblo (Cuarto Poder, 19 de septiembre)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: OCEZ Casa del Pueblo levanta plantón y entrega dependencias ocupadas tras 21 días de conflicto (5 de junio de 2010)

Chiapas: Protestas de la OCEZ-Casa del Pueblo por liberación de presos (27 de mayo de 2010)

Guerrero: breves – ONGs presentan escrito a Corte Interamericana sobre caso de ambientalistas; Activista detenido

Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores (@TVSur)

El 10 de septiembre, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentaron un escrito en calidad de “amigo” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso de los activistas ambientales Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores contra los Estados Unidos Mexicanos. El documento enfatiza la importancia de la labor de defensores de derechos ambientales tanto como el patrón de ataques contra defensores en México. El documento concluye solicitando a la CoIDH: – “reconocer la importancia especial que tiene la labor de los señores Cabrera y Montiel Flores […], particularmente por la falta de recursos efectivos existentes en la práctica para la protección ambiental […]”; – “tomar bajo consideración el contexto generalizado de ataques y hostigamientos en contra de las personas defensores de derechos humanos en México […]”; y – “declarar la violación del derecho a la libertad de asociación de los señores Cabrera García y Montiel Flores […]”.

En 1998, Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel fundaron la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) con el fin de proteger los bosques en el Estado de Guerrero. En 1999 fueron detenidos arbitrariamente y torturados a causa de su labor. A pesar de ser liberados en 2001, no fueron declarados inocentes. Los dos activistas acudieron a la CoIDH en 2010, reclamando que las autoridades mexicanas no han hecho nada por repararles el daño y garantizar su seguridad.

Por otro lado, el martes 14 de septiembre, un comando secuestró a Víctor Ayala Tapia, líder del Frente Libre Hermenegildo Galeana, en la comunidad de Papanoa del municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero. En conferencia de prensa, Javier Monroy, dirigente del Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO), informó que Ayala Tapia es integrante de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) y hace una semana encabezó la toma de ese ayuntamiento para demandar solución a demandas de corte social. Monroy acusó: “creemos que la desaparición de nuestro compañero fue una acción concertada entre los policías municipales y el grupo de individuos armados vestidos de civil”. Los familiares de Ayala Tapia emitieron un comunicado, pidiendo a quienes tengan preso al líder lo dejen en libertad sin temor a represalias. “Los familiares, padres, hermanos, esposa y amigos de Víctor Ayala Tapia, le suplicamos y le pedimos a los señores que tienen en su poder a Víctor Ayala le respeten la vida, tenemos fe que ustedes se darán cuenta que Víctor es inocente y sabrán comprendernos lo mucho que estamos sufriendo, su esposa e hijos esperan su regreso con vida. […] Garantizamos a los captores ninguna represalia en contra de nadie.”.El documento termina con los teléfonos: 7424241431 y 7421063324, para quien desee aportar algún informe relacionado al paradero de Ayala Tapia. De igual forma, Enlace Zapatista emitió una Acción Urgente, el día 14 de septiembre, exigiendo se le presente con vida de forma inmediata al activista.

Para más información:

Carta de CEMDA y AIDA a la Corte Interamericana (10 de septiembre)

CEMDA y AIDA presentan escrito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Teodoro Cabrera Carcía y Rodolfo Montiel Flores contra México (Centro Pro, 17 de septiembre)

Claman familiares de Víctor Ayala por su libertad; “es una persona íntegra” (La Jornada, 20 de septiembre)

Acción Urgente Enlace Zapatista

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Breves – Pronunciamiento AI; Foro Defensores Ambientalistas (2 de agosto de 2010)

Chiapas: Autoridades del ejido de Tila denuncian denegación de justicia en su derecho a la tierra; hay amenazas en su contra

video-denuncia de ejidatarios de Tila @ CDHFBC

En un acto frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 30 de agosto, ejidatarios de Tila denunciaron el despojo prolongado de 130 hectáreas del ejido por parte de las autoridades. Reclaman que se les haga justicia, pues el amparo que les fue concedido en diciembre de 2008 y que ordenó a las autoridades restituirles las 130 hectáreas, fue desviado por vía política iniciándose el trámite para la indemnización, procedimiento rechazado por la asamblea general del ejido.

De acuerdo a la denuncia, “[e]n el año de 1975 un comisariado ejidal falso solicitó la creación del fundo legal y con firmas falsas fue presentada la solicitud ante el Tribunal Unitario Agrario, junto con el asesor jurídico del ayuntamiento municipal de Tila […], pero [eran] personas ajenas del ejido porque no están reconocidas en la asamblea general. […][C]on estos documentos falsificados y sin fundamento el C. Gobernador Juan Sabines Gutiérrez emitió [el] decreto número 72 para la expropiación de nuestras 130 hectáreas”, violando los derechos de los ejidatarios. Prosigue la denuncia: “Por esta razón presentamos [el] amparo 259/1982 ante el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Chiapas para impugnar el decreto número 72 y la publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 17 de diciembre de 1980. Este amparo causó ejecutoria desde el 14 de enero de 2009. Pero el cumplimiento del amparo se ha desviado por vía política ofreciendo un pago de 40, 087, 044 pesos como pago de indemnización. La asamblea general de ejidatarios rechaza todo tipo de indemnización respecto de nuestras tierras ejidales, porque no son negociables. Reclamamos la restitución y entrega material [de] la superficie de 130-39-53 hectáreas que fue expropiada inconstitucional y que se nos fue dotada […] mediante una resolución presidencial [el] 30 de julio [de] 1934”.

El 2 de septiembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) publicó un informe que da cuenta de la situación jurídica actual en el caso de la restitución de las 130 hectáreas del ejido de Tila. El documento señala que el “juicio de amparo agrario promovido por el ejido Tila, en contra de diversos actos del Estado mexicano, ha sido el recurso adecuado, de acuerdo con la ley interna vigente para combatir los actos de despojo de sus tierras”. Sin embargo, el CDHFBC denuncia una “total denegación de justicia”, que consiste en los actos de dilación, incumplimiento y omisión, entre otros, de parte de las autoridades y los órganos de justicia, respectivamente.

Cabe señalar que los ejidatarios de Tila han recibido amenazas por reclamar la restitución de las tierras, según refieren testimonios incluidos en el informe del CDHFBC: “Asimismo, [los ejidatarios] señalan que existe el riesgo de que se reactiven las agresiones armadas del grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia para inhibir sus acciones de defensa del territorio: “[…] Ya estamos escuchando que están volviendo a reorganizar a los grupos paramilitares de paz y justicia, están empezando a hacer reuniones y andan diciendo que en pronto empezarán los enfrentamientos y que a quien van a matar primero es al Comisariado Ejidal’ ”.

Por su parte, varios grupos de diferentes comunidades del estado expresaron su apoyo a los ejidatarios de Tila. Los adherentes de La Otra Campaña del ejido San Sebastián Bachajón se sumaron a las demandas de los ejidatarios de Tila mediante una denuncia con fecha del 2 de septiembre. Asimismo, los Comités de Derechos Humanos como subequipo Ch’ol de las parroquias de Palenque, Salto de Agua y Playas de Catazajá, emitieron una denuncia en apoyo a la lucha de los ejidatarios de Tila, destacando la violación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los pueblos indígenas, por parte de las autoridades.

Para más información:

Denuncia de los ejidatarios de Tila sobre intención de despojo de parte de su territorio (30/08/2010)

Informe del CDHFBC: Estado mexicano pretende despojar parte del territorio del pueblo Ch’ol de Tila (02/09/2010) (pdf)

Denuncia de adherentes de La Otra Campaña de San Sebastián Bachajón en solidaridad con los ejidatarios de Tila (02/09/2010)

Denuncia de Comités de Derechos Humanos parroquiales de Palenque, Salto de Agua y Playas de Catazajá en apoyo a los ejidatarios de Tila (04/09/2010)

Saludo de América del Valle (FPDT, Atenco) a ejidatarios de Tíla y organizaciones de Chiapas en Lucha (video)

Más información de SIPAZ:

Chiapas: marchan ejidatarios de Tila en defensa de su territorio (20/04/2010)

Chiapas: Continúan violaciones del derecho al territorio al Pueblo Ch´ol de Tila (04/02/2010)

Oaxaca: Misión Civil de Observación “El Agua es Vida, Defendamos su Existencia”

Ocotlán de Morelos

Del 16 al 18 de agosto se llevó a cabo una misión civil de observación en los valles centrales del estado de Oaxaca que investigó la problemática del agua en esta región.  Nombrada “El Agua es Vida, Defendamos su Existencia”, la misión, convocada por el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., visitó las comunidades indígenas El Porvenir, San Pedro Mártir, San Pedro Apóstol, La Barda Paso de Piedra, San Felipe Apóstol y San Antonino Castillo Velasco en los distritos de Ocotlán de Morelos y Zimatlán de Álvarez.

Los organizadores de la misión presentaron sus principales hallazgos y conclusiones en una conferencia de prensa que se dio en Oaxaca de Juárez el 19 de agosto.  Dirigiéndose a “los medios de comunicación nacionales y estatales”, “a los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca”, “a los organismos de derechos humanos y de la sociedad civil” y “a la sociedad en general”, destacaron los “graves problemas de violación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales” que sufren los habitantes de las comunidades visitadas , sobre todo por “escasez de agua, contaminación de ríos, arroyos, pozos de agua potables.” Según los integrantes de la misión, estos problemas están vinculados con la bajada “alarmante” de producción agraria en la región y también con el fenómeno de “creciente migración.” Además, los autores del comunicado observaron que “[l]a mayoría de las comunidades no cuenta[n] con recursos económicos específicos encaminados a desarrollar acciones que contribuyan a resolver los problemas ambientales”, aunque sí enfatizaron que frente los problemas relacionados con el agua en la región, los campesinos indígenas “no se han quedado con los brazos cruzados” sino que “están desarrollando acciones determinantes para recargar los mantos acuíferos; construyendo bordos de captación, ollas de filtración, represas, limpieza de los caminos, arroyo, ríos”, con el resultado que se ha “permitido la recarga de agua al subsuelo, lo que ha significando que crezca el nivel del agua.”

La misión civil de observación criticó las políticas gubernamentales y empresariales relacionadas con el tema del agua en la zona: “la mayor parte” de los problemas de la “contaminación del ambiente, la escasez de agua, la migración, [la] falta de proyectos adecuados y de recursos económicos” se atribuyen “a la ausencia de políticas públicas por las autoridades federal y estatal”. Subrayó la importancia en este sentido de la “ausencia de sensibilidad en los servidores públicos” como factor no menor.   Ademas se criticó la política de beneficiar a las grandes empresas transnacionales, especialmente las de minería, que han recibido concesiones para aprovecharse de los recursos naturales que se ubican en el centro del estado de Oaxaca, tanto como la tendencia gubernamental de reprimir acciones de oposición por parte de los campesinos en contra de la contaminación que resulta de las operaciones de empresas de minería.  De la misma manera, el comunicado expresó preocupación por la falta de tratamiento del Río Atoyac, por donde fluyen las aguas negras de Oaxaca de Juárez.

Frente la problemática del agua que investigó la misión, el comunicado exigió:  “El respeto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades indígenas del Valle de Ocotlán de Morelos y Zimatlán de Álvarez”; “[e]l reconocimiento del trabajo de cuidado integral del ambiente de fortalecimiento del acuífero que realizan las comunidades indígenas del Valle e Ocotlán y Zimatlán”; “[e]l reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos originarios sobre los recursos naturales, tierra y territorio; como depositarios y guardianes de los recursos naturales”; “[l]a inmediata implementación del proyecto de saneamiento del Rio Atoyac” y “[e]l reconocimiento y estricto respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada, la libre determinación, que tienen las y los campesinos de Valles Centrales de Oaxaca.”

Para más información:

Boletin de prensa, 19 de agosto

Video de conferencia de prensa, 19 de agosto

Video Misión Civil de Observación “EL AGUA ES VIDA, DEFENDAMOS SU EXISTENCIA”