México: Foro “Cooperación Militar, Proceso Democrático y Derechos Humanos”

El 19 de mayo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) convocó a un foro cuyo objetivo era “reabrir el debate, desde diversas perspectivas, sobre el impacto de la ayuda militar estadounidense en la militarización y el respeto a los derechos humanos en México hoy.” Al empezar el día, el director del Centro ProDH expresó una gran preocupación frente a la militarización creciente en el país.

El Centro ProDH destacó que la elaboración misma de acuerdos político-militares bilaterales se puede considerar como una primera violación a los derechos de los pueblos por la falta de participación ciudadana que implican (derecho de acceso a la información y derecho a la consulta). En la actualidad, subrayó que resulta preocupante que a pesar de que no se respetaron los requisitos de derechos humanos incluidos en la Iniciativa Mérida para el 2009 (congelando el 15% de los fondos prometidos), se están negociando fondos adicionales (entre 66 y 470 millones de dólares) sin contemplar ningún condicionamiento de derechos humanos.

Todos coincidieron en que la actual política militarista no sólo provoca violaciones directas a los derechos humanos sino que oculta los temas de fondo que afectan esos derechos, y en particular los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Según el ex General F. Gallardo, la mayor amenaza que enfrenta México hoy no tiene que ver con la defensa de su territorio sino con el colapso de sus sistemas de salud, educación y justicia debido al fallo del proceso democrático y la ilegitimidad de sus dirigentes. El Centro de Derechos Humanos Tlachinolan expuso varios casos que evidenciaron las grandes fallas del sistema judicial mexicano. El Centro ProDH propuso elaborar una base de datos (“No más abusos”) común a todas las organizaciones de derechos humanos para documentar esas graves violaciones y desarrollar una incidencia política más visible.

Para más información:

Página web del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

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México: organizaciones civiles mandan carta sobre la Iniciativa Mérida al Congreso de los EEUU

El día 6 de mayo, cientos de organizaciones civiles de México mandaron una carta a los encargados del Senado de los Estados Unidos instándoles a reconsiderar el financiamiento militar incluido en la Iniciativa Mérida. Este semana, el Congreso de los EEUU está considerando aumentar el apoyo militar y policiacó a México en el marco de dicha Iniciativa.

La carta, firmada por varias organizaciones de derechos humanos y organizaciones no-gubernamentales, subrayó el aumento de violaciones de derechos humanos que ha acompañado la militarización en el marco de la guerra contra el narco-trafico. Propusieron que los fondos no deberían ir a las fuerzas armadas sino que deberían ayudar a fortalecer instituciones civiles. La carta destacó que “En particular hacemos un llamado para que se considere cómo los Estados Unidos puede llegar a dar una respuesta integral al tema de la seguridad, basada en atender las causas de fondo de la violencia en México y el respeto a los derechos humanos, y no en una lógica bélica.”

La carta subrayó que en vez de continuar con la militarización y la guerra armada contra el narco-trafico, los gobiernos de los EEUU y México deberían enfocarse en mejorar lel tratamiento para drogadictos, reducir el flujo de armas hacía México, abordar las causas estructurales como la pobreza, la desigualdad, la falta de educación, y además deberían fortalecer las instituciones civiles y promover mejores sistemas de justicia.

Para Más Información:

Para leer la carta de las organizaciones civiles

Más Información de SIPAZ:

México: Los EEUU aprueban otros 300 millones de dólares para México en el marco de la Iniciativa Mérida, Blog SIPAZ, 12/3/09.

México-EEUU: Iniciativa Mérida. Entrevistas y reportaje de SIPAZ, Blog SIPAZ, 18/8/08.

México: Iniciativa Mérida, nueva fase en la lucha contra el narcotráfico, SIPAZ Informe, Agosto de 2008

Oaxaca: plantón en San José del Progreso desalojado por policía estatal y federal

El día 6 de mayo, pobladores que habían bloqueado las entradas del proyecto de la empresa minera Cuzctalán en el municipio de San José del Progreso desde el 16 de marzo de este año, fueron desalojados por efectivos de la policía estatal y federal.  Movimientos y organizaciones en Oaxaca como Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL), El centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C. (BARCA-DH) y la Comisión Diocesana Justicia y Paz, denunciaron el uso excesivo de la fuerza pública ante la resistencia de ciudadanos exigiendo el derecho a su tierra, tanto como el abuso y violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas.

Doce pobladores fueron detenidos en el desalojo y un policía herido según algunas fuentes. VOCAL señaló en su denuncia que “según información de compañeros  que se encuentran en el lugar, aproximadamente 1500 policías desalojaron el plantón que exige la suspensión definitiva de los trabajos de la minera, 12 compañeros fueron detenidos (desconocemos sus nombres), 4 compañeros tienen Orden de Aprehensión,  5 comunidades se encuentran cercadas por la policía hasta estos momentos.”

Cabe recordar que el 14 de marzo 600 afectados por las minerías canadienses Fortuna Silver Inc y Continuum Resources Ltd, a través de la subsidiaria mexicana, “Compañía Minera Cuzcatlán” decidieron organizarse para frenar el avance de los proyectos. Estas empresas abarcan aproximadamente 54.000 mil hectáreas en el pueblo San Jerónimo Taviche, municipio de Ocotlán. En una asamblea solicitaron el apoyo de sus representantes “salvaguardar sus territorios”, petición que fue negada por el presidente municipal. Frente a ello, la decisión de cerrar “de forma ordenada y pacífica las instalaciones de la mina” fue tomada e implementada por estas 600 personas en un bloqueo que se estableció el 16 de marzo. Desde el día 20 de marzo se denunció que el bloqueo había sido amenazado por efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal en varios operativos policíaco-militares.

Para más información:

Desalojan a opositores de la mina en San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, denuncia, VOCAL (6/5/2009)

Boletín de prensa sobre el desalojo en San José del Progreso, BARCA-DH (6/5/2009)

Acción Urgente: Riesgo inminente de represión al movimiento de resistencia contra Empresa Minera Cuzcatlán, BARCA-DH (24/3/2009)

Desaloja policía a pobladores en una mina en Oaxaca; hay 12 detenidos, La Jornada (6/5/2009)

Policías desalojan a comuneros que se oponen a cosntrucción de mina, Olor a mi tierra (6/5/2009)

Levantan a bloqueo en Sa José del Progreso sin incidentes, Las Noticias de Tuxtepec (6/5/2009)

Preparan el operativo en cuartel de la policía; se dirígen a San José del Progreso, Ocotlán, ADN Sureste (6/5/2009)

Habitantes de Magdalena Ocotlán bloquean la carretera; demandan la liberación de detenidos en desalojo, ADN Sureste (6/5/2009)

Chiapas: nueva Acción Urgente sobre los ocho indígenas tzeltales detenidos en El Amate

En una Acción Urgente del 4 de mayo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) denunció nuevamente la situación jurídica en la que se encuentran los ocho indígenas tzeltales del Ejido San Sebastián Bachajón. Las faltas de un debido proceso en todo los casos fueron evidenciados por la documentación realizada por el CDHFBC. Una preocupación para el futuro juicio tiene que ver con el hecho de que los ocho hayan firmado sus declaraciones desconociendo su contenido por falta de traductor. Aunque la legislación prohíbe tales declaraciones, fueron aceptadas por el Ministerio Público.

El CDHFBC llamó la atención sobre el hecho que “el Juez de la causa tiene hasta el viernes 8 de mayo para dictar auto de formal prisión o concederles la libertad”. Señaló que el juicio podrá formar parte de la represión “que el gobierno de Juan José Sabines Guerrero ha implementado, inicialmente a través de la Fiscalía Especial Para la Delincuencia Organizada (FECDO) en contra de los integrantes de La Otra Campaña de San Sebastián Bachajón y del Base Zapatista del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de la Región de Agua Azul y Agua Clara”.

Para más información:

Acción Urgente: Riesgo que el juez de la causa dicte auto de formal prisión ante de la detención arbitraria, de ocho indígenas tseltales de la región de Agua Azul, CDHFBC (4/5/2009)

Acción Urgente: Temor de ausencia de garantías judiciales/Alegaciones de malos tratos/Preocupación por malos tratos/Preocupación por seguridad e integridad personal, OMCT (6/5/2009)

En condiciones inhumanas, 8 tzeltales esperan sentencia en penal de Chiapas, La Jornada (5/5/2009)

Abogado de indígenas consignados en el penal El Amate denuncia ‘falta de ética’  en el caso, La Jornada (6/5/2009)

Chiapas: los ocho indígenas tzeltales de San Sebastián Bachajón trasladados a El Amate

El día 1 de mayo los ocho indígenas tzeltales del Ejido San Sebastián Bachajón arraigados durante 19 días en la casa de arraigo “Quinta Pitiquitos”, fueron consignados ante un juez en Tuxtla Gutiérrez y luego trasladados al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No 14, El Amate, (CERSS No. 14 El Amate) en el municipio de Cintalapa. Según informó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) se les ejercitó acción penal por los delitos de robo con violencia y delincuencia a los seis adherentes de La Otra Campaña, el base de apoyo zapatista y otra persona sin vinculación organizativa declarada.

En esta ocasión sus fotografías fueron nuevamente publicadas en medios, identificándolos como parte de “una banda delictiva, dedicada al asalto carretero en el tramo Ocosingo-Palenque”, lo cual constituye en una vulneración al principio constitucional de presunción de inocencia además de estigmatizarlos ante la sociedad. El CDHFBC informó que “existen violaciones al debido proceso en la procuración de justicia, siendo la más grave la falta de un traductor en su idioma, por lo que los 8 detenidos fueron obligados a firmar documentos sin saber su contenido, los cuales resultaron en declaraciones autoinculpatorios, sin obviar que 7 de ellos declararon bajo tortura”.

Según demuestra la investigación y documentación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), el “uso sistemático de tortura” vinculado a casos de personas durante el traslado, el arraigo y la declaración ministerial, demuestra una grave debilidad en la protección y respeto de los derechos humanos de personas bajo sospecha de haber cometida un crimen en Chiapas.

Para más información:

Denuncian abusos legales de autoridades chiapanecas en contra de ocho indígenas, La Jornada (3/5/2009)

Tras 19 días de detención arbitraria, consignan ante Juez a los ocho indígenas tseltales de la región Agua Azul, boletín Frayba (4/5/2009)

Guerrero: Foro Internacional sobre la Criminalización de los Defensores de Derechos Humanos y de la Protesta Social

Los días 20 y 21 de abril de 2009, se llevó a cabo el “Foro Internacional sobre la Criminalización de los Defensores de Derechos Humanos y de la Protesta Social” en Chilpacingo, capital del estado de Guerrero, convocado por varias organizaciones guerrerenses de derechos humanos y la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, de los Estados Unidos), con el fin de posicionarse frente a la grave situación enfrentada por los defensores de derechos humanos en México, y en Guerrero en particular, así como trabajar sobre las posibles respuestas frente a ella. El largo título del foro se debe al concepto amplio de defensores de derechos humanos manejado (el de la ONU), concepto que va más allá del trabajo jurídico y integra a muchos movimientos de protesta social.

Katya Salazar, directora del DPLF, y Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, introdujeron el foro denunciando la tendencia general de criminalización de los defensores de derechos humanos en el país que empeoró en los últimos meses y se agudizó particularmente en Guerrero con los casos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) que fueron secuestrados, torturados y ejecutados el mes de febrero, el cierre de la oficina de Tlachinollan en Ayutla por razones de seguridad, y las amenazas y violaciones sufridas por integrantes de la Organización de Pueblos Indígenas Me pahaa (OPIM). Emilie Joly, del DPLF, subrayó que en Guerrero existe un patrón de criminalización de los defensores de los derechos humanos en tres pasos : cierre de los canales de diálogo y negociación, represión de las protestas civiles y pacíficas y uso del poder judicial en contra de los defensores de derechos humanos (delitos desproporcionados o fabricados en contra de ellos y falta de investigación de las amenazas o violaciones sufridas por ellos).

El lunes, se realizaron tres paneles:

-Panel 1: los alcances del sistema interamericano

-Panel 2: Experiencias comparadas de América Latina

-Panel 3: Experiencias de México

El día siguiente las mesas de trabajo para analizar la realidad y valorar estrategias de acción concluyeron con una declaración final incluyendo varias denuncias y exigencias.

Oaxaca: incursión militar en San Miguel Panixtlahuaca

Fuente: http://www.enlacedelacosta.com

El día 23 de abril, dos fuentes distintas informaron de una incursión militar en la comunidad indígena Chatina de San Miguel Panixtlahuaca, distrito de Juquila en la costa de Oaxaca. Voces Oaxaqueñas construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL) denunciaron que “a partir de las nueve de la mañana 15 camiones tipo torton llenos de soldados armados y encapuchados del ejercito federal arribaron” sitiando la comunidad “con retenes (…) no dejando entrar ni salir a nadie y además empezaron  a catear las casas de los pobladores en busca de armas”.

En el portal “Punto y Aparte” también se menciona que el operativo forma parte de una “campaña nacional de despistolización”. Sin embargo, integrantes de la Sección XXII informan que más allá de una campana rutinaria, la presencia de los 300 efectivos castrenses “que traían la cara cubierta” estaba vinculada con el hecho que traían fotos de “tres personas específicas a quienes estarían buscando en relación con un supuesto campamento guerrillero que opera en la zona desde el 2000”. Se teme que el estado se vaya convirtiendo en “un laboratorio para el ejército mexicano, que tiene como prioridad por órdenes de Felipe Calderón, encontrar y liquidar a miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR).”

El operativo parece haber acabado sin un saldo de detenidos pero dejó la población alarmada. VOCAL sigue denunciando en su comunicado que la incursión militar forma parte de “la represión que los malos gobiernos federal y estatal siguen lanzando contra las comunidades, las personas y las organizaciones que se levantaron en 2006 en contra del mal gobierno del asesino Ulises Ruiz porque esta comunidad tuvo una participación destacada en el 2006, año cuando empezó el levantamiento de los pueblos de Oaxaca”. Por otro lado destacan en su comunicado que también tiene que ver con la oposición que este pueblo ha mostrado al sistema hidráulico de usos Múltiples “Paso de la Reina” incluyendo tres grandes presas que están por ser impulsadas en tierras de pueblos indígenas en Oaxaca.

Más información:

Ejército federal sitia la comunidad de San Miguel Panixtlahuaca, VOCAL (23/04/2009)

Militares ponen en estado de sitio a la población de San Miguel Panixtlahuaca, Punto y Aparte (24/04/2009)

Denuncian sitio militar en Panixtlahuaca; versiones de que buscarían eperristas, Centro Prodh (24/04/2009)

Ver también:

México: Informe sobre la militarización en Oaxaca, Red de información para organizaciones indígenas de México