Chiapas: Agua Azul, nuevos hechos y denuncias

Cascadas de Agua Azul

El día 11 de febrero se dictó auto de formal prisión en contra de 10 indígenas de la comunidad de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, adherentes de La Otra Campaña, tras el enfrentamiento del día 2 de febrero en la zona de Agua Azul, con el saldo de un muerte y varios heridos del lado de los priístas. Los encarcelados de La Otra Campaña son acusados de los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio, daños y atentados contra la paz y la colectividad, informaron fuentes cercanas al caso. Ellos mismos insisten en su inocencia. El mismo día adherentes de la Otra Campaña en el pueblo de Mitzitón bloquearon la carretera en solidaridad con los presos para exigir su liberación.

Según la asamblea de ejidatarios de Bachajón, “los que portaban sus armas de fuego eran del grupo de priístas, con Carmen Aguilar Gómez y su hijo, y sus compañeros, donde estaban disparando contra nosotros, y (ellos) manifiestan que hubo muerto y lesionados, echándoles la culpa a los compañeros de la otra campaña”. Denunciaron también: “La amenaza de una intervención y ocupación policíaca en la zona había sido evidenciada desde febrero de 2010, cuando el Centro de Derechos Humanos ‘Fray Bartolomé de Las Casas’ denunció la presión que las autoridades federales y estatales estaban ejerciendo para obligar a los ejidatarios adherentes de ‘La Otra Campaña’ del Ejido San Sebastián Bachajón, a participar en una mesa de diálogo en la que mañosamente se buscaría la entrega del control de la caseta de cobro de Agua Azul al gobierno del estado, a la par de generar condiciones que justificaran una intrusión militar”.

Por otro lado, la Organización Mundial contra la Tortura  (OMCT) entre otros se pronunció su preocupación por la detención arbitraria y la violación del debido proceso del menor de edad y los otros ejidatarios de San Sebastian Bachajón adherentes a La Otra Campaña. “Se ha denunciado que los 117 ejidatarios no gozaron en ningún momento de la asistencia de un abogado ni de un intérprete, que entendiera el lenguaje y las costumbres tseltales, ni durante el desahogo de pruebas ni durante la prestación de sus declaraciones. Los ejidatarios que prestaron declaración señalan que fueron amenazados por la policía estatal y hostigados por los miembros de la procuración de justicia durante la recepción de las declaraciones”.

En un pronunciamiento público, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas también denunció que: “los hechos ocurridos el 02 de febrero son el pretexto perfecto para que el gobierno, tanto federal como estatal, tome el control de esta zona, la militarice y lleve a cabo lo que durante años intento, la utilización del territorio como centro “ecoturístico” administrado por capital privado sin tomar en cuenta a quienes legítimamente les corresponde ese derecho.Lamentamos el enfrentamiento suscitado entre hermanos indígenas porque con ello se debilita la posibilidad de una resistencia organizada para hacer frente a los intereses oficiales y privados de apropiación y explotación de los recursos naturales que se localizan en la zona”.

Para más información:

Con bloqueos, indígenas de Chiapas exigen liberación de 10 compañeros (Proceso, 10 de febrero de 2011)

Culpa Maderas del Pueblo a la Oppdic de hostigar a ejidatarios de Bachajón (La Jornada, 14 de febrero de 2011)

Habitantes de Chilón y Tumbalá pactan caseta de cobro única en Agua Azul (La Jornada, 14 de febrero de 2011)

Exigen garantías de seguridad e integridad de adherentes encarcelados La Jornada (13 de febrero de 2011)

Alegan inocencia indígenas de Chiapas presos por homicidio (La Jornada, 13 de febrero de 2011)

Dictan formal prisión contra 10 indígenas de la otra campaña;los acusan de homicidio (La Jornada, 12 de febrero de 2011)

Pronunciamientos y acciones urgentes:

OMCT: Detención arbitraria /Ausencia de garantías judiciales/ Hostigamiento/
Temor por seguridad y por integridad personal/ (OMCT,  11 de febrero de 2011)

Comunicado de mujeres organizadas en los colectivos de la zona norte (11 de febrero de 2011)

Privación arbitraria de libertad a ejidatarios en Chiapas -Frayba (11 de febrero de 2011)

CDMCh señala a gobierno estatal de provocar conflicto en Bachajón (7 de febrero)

Video testimonio:

http://www.frayba.org.mx/videos.php?ID=1586&language_ID=1&hl=es

Para más información de SIPAZ:

– Chiapas: actualización caso Agua Azul (7 de febrero de 2011)

– Chiapas: enfrentamiento por control de la caseta en Agua Azul deja saldo de un muerto y varios heridos (3 de febrero de 2011)

– Chiapas: Ejidatarios de Bachajón denuncian estrategia de gobierno y recrudecimiento de agresiones de la Opddic (19 de noviembre de 2010)

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Chiapas: 14 Aniversario Melel Xojobal organización para la defensa de los derechos de los niñas, niños y adolescentes

En el marco de su 14 Aniversario la organización social Melel Xojobal A.C. convocó al foro “Violencia  contra las niñas, niños y adolescentes en México. Educación, sociedad y medios de comunicación”.

Durante el evento realizado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Nashieli Ramírez del programa Infancia en Movimiento presentó el panorama de violencia hacia la infancia y adolescencia en México. Presentó cifras alarmantes sobre la llamada “guerra contra el crimen organizado” y la violencia que, por consecuencia, recorre al país. “El impacto que ésta ha tenido en la infancia y adolescencia mencionó a alrededor de 40 mil niñas y niños huérfanos, a más de 30 mil niñas y niños reclutados por el crimen organizado, y finalmente a 34 millones de niñas, niños y adolescentes mexicanos que todos los días miran las noticias y/o participan en juegos que naturalizan la violencia”.

Por su parte, Lourdes Almada de la Red de los Derechos de la Infancia en Juárez, explicó el impacto que la “guerra contra el crimen organizado” ha tenido en la infancia y adolescencia juarense. Almada comentó que entre 2008 y 2010 fueron asesinadas alrededor de 7 mil personas, de las cuales más de 400 eran menores de 18 años, y se estima en más de 13 mil el número de niñas y niños huérfanos.

En la tercera intervención, Patricia Carmona de la Agencia Mexicana de Noticias por los Derechos de la Infancia (AMNDI), presentó datos de su análisis editorial en medios impresos del país sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, realizado en alianza con el programa Infancia y Movimiento.

Los tipos de violencia más reportados en los diarios estatales fueron: violencia en el hogar en primer lugar; en la comunidad y la escuela en segundo y tercer lugar; violencia perpetrada por el crimen organizado en cuarto lugar; y abuso sexual, explotación sexual comercial y trata de personas, en los últimos lugares.

Para cerrar el evento Rosa Poiré Castañeda, de la organización Save the Children México, habló sobre el reto de construir espacios libres de violencia con las niñas, niños y adolescentes.

Para más información:

 

Nota completa: Violencia contra las niñas, niños y adolescentes en México ( Cencos 3 de febrero 2011)

Melel Xojobal A.C

Infancia en Movimiento
Agencia Mexicana de Noticias por los Derechos de la Infancia (amndi)

Save the Children México

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Melel Xojobal presenta el libro “La Infancia Cuenta en México 2007” (2 de febrero de 2008)

Oaxaca: Actos de intimidación contra organizaciones de derechos humanos por parte de militares

Según denuncia pública, el 11 de enero de 2011, aproximadamente a las 6:45 pm, más de 20 elementos del ejército mexicano se introdujeron en el domicilio que ocupan los organismos de derechos humanos Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP), el Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM) y el Centro Regional Indígena de Derechos Humanos (CRIDH) en la Ciudad de Oaxaca de Juárez. De acuerdo con las mismas informaciones, los militares entraron al domicilio haciendo uso excesivo de la fuerza, destruyendo y tirando el portón y sin mostrar orden de cateo y encañonaron a quienes se encontraban en el lugar para interrogarlos sobre la delincuencia organizada y el narcotráfico. Denunciaron que en ningún momento se les presentó orden de cateo o identificación y ubicaron esta agresión como parte de “una estrategia de terrorismo de Estado que sigue el patrón del Plan Colombia que el Gobierno Federal, tanto anterior como actual, ponen en marcha, con el objetivo de destruir diversos organismos”.

En una Acción Urgente, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) “manifestó su seria preocupación por el uso de la violencia de las fuerzas armadas en contra de los defensores de derechos humanos en el marco del combate contra la delincuencia organizada” y solicitó “a las autoridades competentes realizar una investigación completa, independiente, exhaustiva e imparcial sobre los hechos mencionados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones previstas por la ley”.

Para más información:

– Acción Urgente de la FIDH/OMCT, 18 de enero de 2011

– CODEP acusa irrupción del Ejército en Oaxaca (El Universal, 13 de enero de 2011)

– Denuncia al ejército mexicano (Denuncia pública de CODEP, CODEM y CRIDH, 12 de enero de 2011)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Asesinato de miembro de la APPO (9 de junio de 2009)

Guerrero: breves – Preocupación por la seguridad de los habitantes de La Morena; OSC envían carta a Segob por las recientes amenazas contra la OPIM; Monitor Civil documenta 384 casos de violación a los derechos humanos por parte de la policía; CIDH falla a favor de campesinos ecologistas

Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Foto @El Universal

El 7 de diciembre, alrededor de 35 efectivos militares a bordo de 3 carros Hummer incursionaron en la comunidad de La Morena, municipio de Petatlán, haciendo uso de sus armas de fuego y provocando pánico entre los habitantes. Según testimonios, los hombres y adolescentes corrieron hacia los cerros cercanos, mientras las mujeres, niños y ancianos se concentraron en sus casas, mismas que fueron hallanadas por los militares. En el mes de febrero fue asesinado por militares Adolfo Torres Rosas, y también fueron detenidos Anselmo Torres Quiróz y Huber Vega Correa, que actualmente se encuentran presos en el penal de Acapulco por supuestos delitos contra la salud. En los últimos meses, el hostigamiento a la familia Torres Cruz se ha centrado en la presencia intermitente y amenazante de militares en su comunidad y la promoción del rumor de que la familia Torres Cruz está involucrada en secuestros, sin que esto se canalice debidamente ante las autoridades civiles correspondientes.

En un comunicado de prensa del 7 de diciembre, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y el Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO), exigieron a las autoridades, entre otras cosas: el alto al hostigamiento a la familia Torres, la salida inmediata del Ejército de la Comunidad de La Morena, y que no se utilizara el discurso de la lucha contra el narcotráfico para encubrir actos de hostigamiento e intimidación en contra de las comunidades de la Sierra de Guerrero. De igual forma, el 21 de diciembre, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), expresó su preocupación por la situación en La Morena por medio de una acción urgente. Reiteró que hasta la fecha no se conoce nada nuevo sobre la investigación en torno a las circunstancias de la muerte del señor Adolfo Torres Rosas, y denunció la violencia ejercida durante el arresto y detención de los señores Anselmo Torres y Húber Vega, quienes habrían sido víctimas de malos tratos y torturas.

Por otra parte, el 15 de diciembre, Organizaciones Sociales y Civiles (OSC), enviaron una carta al Secretario de Gobierno (SEGOB), expresando su preocupación por las amenazas ocurridas el 28 de noviembre en contra de integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM). L@s integrantes de la OPIM han acompañado a Inés Fernández y a Valentina Rosendo, mujeres indígenas me’phaa quienes fueron violadas por militares en el 2002, cuyos casos fueron recientemente resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado Mexicano. Las OSC enfatizaron que “a la luz de las recientes amenazas, el pronto y cabal cumplimiento de las sentencias [de la CoIDH en contra del Estado Mexicano] deviene fundamental para evitar que se consumen nuevos hechos que lamentar”.

Por otro lado, a tres años de instalado, el Monitor Civil de la Policía y de los Cuerpos de Seguridad Pública en la Montaña de Guerrero (Monitor Civil), hizo público el hecho que documentó 384 casos de abuso policial. Destacó que es la policía investigadora ministerial la autoridad que más viola los derechos fundamentales de la  ciudadanía en la región de Montaña (179 casos registrados). Desde la experiencia del Monitor Civil, las condiciones institucionales de esta corporación son las que más propiciaron abusos policiales, pues la ausencia de mecanismos internos y externos de control y rendición de cuentas permite a los elementos ministeriales infringir los derechos humanos y la legalidad sin que sus actos tengan consecuencias sancionatorias. Las violaciones más recurrentes perpetradas por las corporaciones policiales fueron la detención arbitraria (122 casos), la extorsión (87 casos) y los tratos crueles inhumanos y degradantes (59 casos), destacando otro tipo de violaciones en menor cantidad como la tortura (6 casos), la ejecución extrajudicial (3 casos), ataques a la inviolabilidad del domicilio (22 casos) y la imposición de multas excesivas (31 casos). Monitor Civil preparó un informe sobre la situación de la policía en la Montaña de Guerrero a través del que se pretende establecer pautas para una reforma democrática de la policía.

Por último, el 20 de diciembre, la CoIDH condenó al Estado mexicano por haber violado los derechos a la libertad, a la integridad, a las garantías judiciales y protección judicial de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, conocidos como “campesinos ecologistas”. La sentencia de la corte señaló que el Estado mexicano deberá realizar una investigación penal sobre los actos de tortura que denunciaron Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Además, en un plazo de dos meses, tiene que indemnizar a los campesinos ecologistas por los daños sufridos y cubrir el costo de los tratamientos médicos y psicológicos que han recibido.

En 1999, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron detenidos por miembros del Ejército, por su lucha en contra de la tala de árboles en la sierra de Petatlán, y de acuerdo con sus testimonios, fueron torturados. En 2004, el caso de los “campesinos ecologistas” llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el 2009 fue retomado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). La sentencia de la CoIDH también ratificó el llamdo a que México reforme el Código de Justicia Militar, para excluir de la competencia del fuero militar los delitos relacionados con violaciones a derechos humanos.

Para más información:

– México: Preocupación por la seguridad de los habitantes de la comunidad de La Morena en Petatlán, en particular por los familiares del Sr. Javier Torres Cruz, Estado de Guerrero, México. (Acción Urgente Organización Mundial contra la Tortura, OMCT, 21 de diciembre)

– OSC envían carta a Segob por las recientes amenazas contra la OPIM entorno a las sentencias de la CoIDH (CENCOS, 15 de diciembre)

– A tres años de trabajo Monitor Civil documenta 384 casos de violación a los derechos humanos por parte de la policía (CENCOS, 17 de diciembre)

– CIDH falla a favor de campesinos ecologistas (El Universal, 20 de diciembre)

Para más información de SIPAZ:

– Guerrero: breves – Nuevas amenazas a dirigentes de la OPIM; inclusión de recursos en presupuesto federal destinados a La Parota; Invitación al sexto aniversario de Radio Ñomndaa (6 de diciembre)

– Guerrero: breves – ONGs presentan escrito a Corte Interamericana sobre caso de ambientalistas; Activista detenido (22 de septiembre de 2010)

– Guerrero: El Monitor Civil documenta 117 casos de abuso policiaco (29 de noviembre de 2008)

Chiapas: Encuentro de Mujeres en Resistencia y Esperanza para defender nuestra Madre Tierra y el Territorio

Los días 6 y 7 de noviembre, mujeres de distintos pueblos y organizaciones de Chiapas, se reunieron en el Encuentro de Mujeres en Resistencia y Esperanza para Defender Nuestra Madre Tierra y el Territorio, que tuvo lugar en las instalaciones del CIDECI – Unitierra. Las mujeres intercambiaron experiencias sobre el respeto a la madre tierra, la situación que viven en sus familias y cómo ven la justicia en sus pueblos. En la declaración final definen la madre tierra como fuente de alimentación, de costumbres y tradiciones y de su historia como pueblo. Por otra parte destacan varios problemas relacionados a la defensa de la madre tierra a los que tienen que enfrentarse como mujeres.

En el pronunciamiento, explican que las mujeres, por ejemplo, se resisten a proyectos del gobierno y de las grandes empresas que afectan sus tierras: “[el proyecto de la ciudades rurales] sólo nos obliga a dejar en manos del gobierno y de las empresas los recursos naturales de las tierras que nos quitan para que ellos lo aprovechen, violando así nuestros derechos a vivir como lo han hecho nuestras abuelas y abuelos. Otros proyectos que ponen en riesgo nuestras comunidades son las represas que se pretenden construir en nuestros territorios y sacarnos de nuestras tierras. Pero también hay otros recursos, como los minerales, que están debajo de nuestra madre tierra, por eso rechazamos a las grandes empresas mineras que explotan nuestras tierras, que perjudican la salud de nuestras hijas e hijos, por contaminar nuestros ríos y comunidades, porque destruyen los caminos, traen división entre las comunidades por causa del dinero que ofrecen, y porque traen muerte para las personas que enfrentan a estas empresas extranjeras”.

Por otro lado, las mujeres se pronunciaron en contra de la militarización y de la presencia de policías en sus regiones: “también nuestro Territorio se ve afectado por la presencia de la policía y los militares, ellos llegan según para ayudar o cuidar pero lo que vemos es que sólo llegan para controlarnos en nuestra vida diaria, en los retenes buscan información, nos faltan el respeto, en los lugares que ellos ponen sus campamentos se da la prostitución, el alcoholismo, drogadicción y problemas con la comunidad”. Las mujeres también señalaron los patrones culturales de sus propias comunidades como causas de desigualdad entre mujeres y hombres: “las costumbres de algunas comunidades no todas son buenas porque son los hombres los que siguen teniendo el control y poder sobre las tierras, siendo que nosotras también las trabajamos; incluso en algunas comunidades, en donde la mayoría de las autoridades son hombres, buscan imponer acuerdos que no toman en cuenta la palabra de todas y todos, quieren controlar hasta las personas con quienes nos vamos a casar, no reconocen aún nuestros derechos como mujeres”.

Para más información:

Pronunciamiento, audios y videos del Encuentro (Denuncia pública, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas)

Encuentro femenil llega a Las Casas (Cuarto Poder, 10 de noviembre)

Chiapas: Aceptan indígenas tzeltales violadas por el Ejército Mexicano “reparación del daño” con condiciones

El 4 de junio de 1994, tres hermanas, de 12, 13 y 14 años de edad, fueron detenidas junto con su madre, Delia Pérez de González, por un grupo de militares en un retén del municipio de Altamirano. Fueron golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares mientras su madre fue torturada y obligada a presenciar la violación sexual cometida contra sus hijas.

El 30 de junio de 1994, las hermanas presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República que declinó su competencia y envió el expediente a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM). La Secretaría de la Defensa Nacional negó los hechos y se archivó el caso en 1996 bajo el argumeno que no se habían cumplido las diligencias necesarias para continuar con las investigaciones.

Dos años después el caso fue presentado ante la CIDH que lo admitió en noviembre de 1999. En abril de 2001 señaló al Estado mexicano como responsable y le recomendó que investigara los hechos completa, imparcial y efectivamente en la jurisdicción penal ordinaria mexicana (civil), para determinar la responsabilidad de los militares, así como la reparación del daño. Como explicó Mercedes Olivera Bustamante, fundadora y asesora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, en la conferencia de prensa, la CIHD no envió al Gobierno de México una orden sino una recomendación, ya que México aceptó la jurisdicción de la CIDH hasta 1998, dos años antes de haberse radicado la queja. Nueve años después, dicha recomendación no se ha cumplido.

Dieciséis años después después de los hechos, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, ofreció 500 mil pesos a cada una de las hermanas para reparar el daño, además de programas como seguro médico permanente, becas de estudio para sus hijos y otros proyectos.

Las hermanas González Pérez plantearon frente a esta propuesta “Aceptaremos esa propuesta como la única prueba que tenemos de que el gobierno mexicano reconoce públicamente su responsabilidad en la violación a nuestros cuerpos, a nuestros derechos y a nuestra dignidad. Sin embargo la condicionamos a que también se reconozcan los daños causados a nuestra madre”. Agregaron “ No aceptaremos estar presentes en ningún acto público para que el gobierno no use nuestra palabra a su favor. Tampoco aceptaremos los programas que ofrece porque no resuelven los problemas reales del pueblo, nosotras ya estamos organizadas en nuestras comunidades para resolverlos. (…) Exigimos y exigiremos siempre que se castigue a los militares que nos hicieron daño, que se investigue y se determine su responsabilidad por jueces del fuero común y no por militares, como hasta ahora se ha hecho. (…) Exigimos también la salida inmediata de los militares de nuestros pueblos y comunidades en Chiapas, porque siguen violando a las mujeres, traen prostitución, causan terror y daños a las personas”.

Concluyeron finalmente: “Ahora, como en 1994, condenamos fuertemente los actos cometidos por el Ejército en contra de nuestros cuerpos y nuestros corazones, cuando pasamos por el retén contrainsurgente en Altamirano, Chiapas. Estos actos, que violan nuestros derechos, demuestran la política de terror que ha usado el ejército en contra del pueblo chiapaneco, utilizando a las mujeres como objetivo de guerra. Por lo cual seguimos y seguiremos luchando en contra de todas las acciones del gobierno que quieren silenciar las justas demandas de nuestros compañeros y compañeras. No dejaremos de exigir que los actos del ejército en contra de los derechos de la población se juzguen por autoridades civiles, porque es la única forma en que reconocerán su culpabilidad. Exigimos que se les castigue como corresponde de acuerdo a la ley y ya no se encubra su culpa con el pretexto de proteger al país. Esto es necesario para evitar que el ejército siga violentando los derechos de nuestros pueblos  y su autonomía”.

Para más información:

– Comunicado de prensa (Carta firmada por las hermanas González Pérez y su madre, 20 de octubre de 2010)

– Indígenas aceptan oferta de gobierno (Cuarto Poder, 21 de octubre)

– La historia de tres niñas indígenas violadas por militares (Proceso, 20 de octubre de 2010)

– Sitio Web del Comité Hermanas Gónzalez Pérez: https://hermanasgonzalez.org/

México: conclusiones preliminares de la relatora especial para la Independencia de los Magistrados y Abogados

 

Gabriela Knaul (@Naciones Unidas)

El 15 de octubre, al concluir una visita de 15 días en México que la llevó a seis entidades de la República, incluyendo Chiapas, la Relatora especial para la Independencia de los Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, presentó en conferencia de prensa un resumen preliminar del informe que presentará en Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en junio de 2011.

Arraigo, fuero militar, reformas constitucionales en materia de justicia y derechos humanos, la reforma del amparo, autonomía de ministerios públicos, colegiación de jueces y abogados y falta de acceso a la justicia por parte de grupos vulnerables, además de deficiencias estructurales y orgánicas en el sistema de justicia, fueron algunos de los puntos de las apreciaciones preliminares que presentó Gabriela Knaul a la prensa.

Aunque reconoció los esfuerzos de México en los años recientes con los mecanismos de protección de derechos humanos, Knaul citó una lista de aspectos en los que el país está faltando a sus obligaciones en procuración e impartición de justicia, a pesar de las reformas de 1994 y 2008.

Se pronunció por la desaparición del arraigo, a tener cuidado con la utilización de los testigos protegidos y a evitar la presentación de detenidos ante medios de comunicación. Sobre el fuero militar, la relatora especial subrayó que después de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del desaparecido Rosendo Radilla, el Ejecutivo federal se comprometió a presentar una iniciativa de ley para reformar el código de justicia castrense y sus alcances. Sin embargo, advirtió, dicho proyecto sólo excluiría del fuero militar los delitos de desaparición forzada, tortura y violación, pero no al de ejecución extrajudicial, lo cual daría lugar a una reforma insuficiente, en la que además las víctimas de estos abusos o sus familiares siguen sin tener acceso a recursos efectivos de defensa, entre ellos el amparo.

La experta criticó la falta de autonomía del Ministerio Público ante el poder Ejecutivo, “lo cual puede minar la confianza y credibilidad de la autoridad a la que se le encomienda investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales de forma objetiva en todos los casos”. Señaló que en los estados aún es muy frecuente que los jueces de los tribunales superiores de justicia sean nombrados por el gobernador en turno, con la consecuente falta de autonomía y objetividad que ello implica.

Concluyó que “[e]l acceso a la justicia sigue siendo una deuda para muchos mexicanos, especialmente para aquellos que viven en una situación de pobreza, la población indígena, quienes habitan en zonas rurales y remotas, las mujeres y las personas migrantes.”

Para más información:

– Intervención completa de la Relatora especial para la Independencia de los magistrados y abogados (conferencia de prensa, 15 de octubre de 2010)

– El sistema judicial, aún sometido al Ejecutivo: relatora de la ONU (La Jornada, 15 de octubre de 2010)

– ONU pide proteger a MP y Jueces en México (El Universal, 15 de octubre de 2010)

– Informe completo entregado por organizaciones civiles a la relatora en Yucatán (12 de octubre de 2010)

– Informe presentado por organizaciones de derechos humanos y academia a la Relatora en México DF (6 de octubre de 2010)