Oaxaca: Pobladores en Ixtepec rechazan proyecto minero

“No a la mina” Foto: @Martín Vargas, Istmo Press

 

El 11 de julio, habitantes de Ixtepec lanzaron un mensaje a quienes pretenden instalar el proyecto minero en este municipio istmeño, con la demolición de la mojonera Lote Niza que marcaba 8 mil 150 hectáreas para la explotación de oro y plata. Como acto de rechazo, los pobladores de diferentes barrios, colonias y secciones derribaron una de las 6 mojoneras localizadas en su territorio ubicado en el Cerro Taberna (camino viejo a Shivaguí). En el lugar, miembros del Comité Ixtepecano en defensa de la vida y el Territorio expresaron que “los habitantes de Ciudad Ixtepec no fueron informados ni consultados para realizar la exploración de minerales en la zona, de la que se pretenden extraer Oro, Plomo, Cobre y Zinc, en detrimento de la salud de la población, contaminación de agua, tierra y aire, aseguraron”.

Rubén Valencia, miembro del Comité dijo que Prospecto Minero Ixtepec, “es una concesión por 50 años (del 2008 a 2058) dada por la Dirección General de Minas del Gobierno Federal a la Minera Plata Real”. Dicha concesión, abarca  los cerros Niza Bixhichi, Tablón y Banderilla, así como 10 barrios originarios de Ixtepec; en ese sentido aclaró que aunque el mineral se encuentra en los cerros, la empresa requiere de cierta área para realizar los movimientos propios de la explotación minera, por ello se incluye en el área de actividad zonas habitadas.

El 26 de julio de 2015 la concesión fue vendida a Pablo Ibarra Mora, sin embargo, los abogados de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) han advertido que las empresas mineras “cambian de nombres para evitar ser vinculadas y molestadas, de manera que puedan continuar con los trámites de manera discrecional”. En la siguiente semana, según las y los pobladores, se planteará la fase final de la estrategia para solicitar un Amparo Preventivo Ciudadano, tras obtener datos de la Dirección General de Minas sobre qué autoridades municipales y comunales autorizaron la exploración en años pasados, además de adjuntar más 4 mil 400 nombres y firmas de pobladores que rechazan el proyecto minero.

Para más información

Rechazan proyecto minero en Ixtepec (El Universal, 11 de julio de 2016)

Pobladores rechazan proyecto minero en Ixtepec, derriban mojonera (Istmo Press, 11 de julio de 2016)

Mujeres zapotecas derriban mojoneras de empresa minera en Ixtepec (Educa, 11 de julio de 2016)

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Chiapas: Enfrentamiento entre campesinos por conflictos agrarios en la zona fronteriza

El día 20 de junio, el Comité Para La Promoción Y Defensa De La Vida “Samuel Ruiz Garcia” (Comité de Derechos Humanos), sacó un boletín denunciando “un enfrentamiento entre ejidatarios del poblado Nueva Independencia municipio de Frontera Comalapa y pobladores familiares de la Sra. Olga Velázquez Morales del predio “El Ensueño” en el mismo municipio”. El enfrentamiento tuvo un saldo de dos muertos y 16 heridos del ejido Nueva Independencia, de los cuales, 5 fueron reportados con lesiones graves y fueron hospitalizados.

A través de una entrevista del Comité de Derechos Humanos con el Comisariado Ejidal, Secretario y tesorero del Ejido Nueva Independencia, el enfrentamiento se derivó por la posesión de 171 hectáreas que el ejido viene laborando desde 1986, fecha en que el Gobierno Federal otorgo a 51 pobladores de esta comunidad quienes por la vía de segunda ampliación venían solicitando. Según el Comité de Derechos Humanos, el acuerdo de los ejidatarios, determinaron “otorgar la posesión de tres hectáreas a la parte afectada (Sra. Olga Velázquez Morales) donde se localiza su vivienda, sin embargo estas personas quedaron inconformes y empezaron […] una serie de acciones en contra, como son: Bloqueo de caminos, amenazas a pobladores que transitaban por el lugar, daños al ganado propiedad de la parte beneficiada, entre otros”. A raíz de los últimos hechos, la Asamblea de ejidatarios de Nueva Independencia determinaron el desalojo de las personas posesionadas para recuperar sus tierras toda vez que las instancias de gobierno no lograron resultados favorables.

El Comité de Derechos Humanos considera urgente la intervención del Gobierno del Estado a fin de “garantizar la paz social en el municipio y la región toda vez que en años anteriores se han registrado casos similares en el municipio de Chicomuselo” y exhorta a las instancias gubernamentales para atender el caso.

Para más información:

BOLETIN: ENFRENTAMIENTO ENTRE CAMPESINOS POR CONFLICTOS AGRARIOS EN LA REGION, URGENTE LA INTERVENCION  DE LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO. (Comité Para La Promoción Y Defensa De La  Vida “Samuel Ruiz  Garcia”, 20 de junio de 2016) 

Chiapas: Comunidades de Chicomuselo denuncian incursiones de empresas mineras

Foto @Desinformémonos

 

El 17 de mayo, representantes de comunidades del municipio de Chicomuselo publicaron un boletín de prensa ante la intención de varias empresas mineras de instalar proyectos en sus territorios. Además, las y los denunciantes solicitaron la intervención urgente de las autoridades estatales y federales para evitar que “a cambio de dinero y por medio de engaños y la división de los pueblos, las corporaciones consigan la aceptación a sus obras”. En el boletín dieron a conocer que pobladoras y pobladores de las comunidades de Chicomuselo detuvieron a cuatro personas que se identificaron como empresarios mineros y que llegaron a la región para “promover uno de sus proyectos” en el ejido Grecia. Los cuatro detenidos “se encuentran resguardados por las comunidades”, las cuales están en resistencia desde el asesinato de Mariano Abarca Roblero, quien defendió los recursos naturales ante la explotación minera por la empresa canadiense BlackFire.

Cabe mencionar que desde 2014 se suscribieron varios acuerdos con representantes del gobierno del estado y de las instancias medioambientales, mediante los cuales se ratificó la postura por la no explotación de los recursos minerales en Chicomuselo y la región Sierra de Chiapas. Por otra parte, se firmaron varias minutas de trabajo entre las comunidades y el actual ayuntamiento municipal y de la delegación de gobierno de Frontera Comalapa.

A pesar de esto, según las y los representantes, “las empresas mineras continúan ofreciendo dinero a cambio de que acepten el proyecto, engañan a la gente y dividen a nuestras comunidades, situación que pedimos atender de manera urgente ya que de otra manera las comunidades buscarán los medios necesarios para detener esta problemática social”. Las y los habitantes del municipio de Chicomuselo solicitaron que el gobierno intervenga de forma urgente en la solución del problema, con el fin de prevenir la posible acción de las empresas sobre las comunidades que por años permanecen en resistencia.

Para más información:

Comunidades de Chicomuselo denuncian incursiones de empresas mineras en su territorio (Chiapas Denuncia Pública, 19 de mayo de 2016)

Chicomuselo Chiapas: “Empresas mineras engañan a la gente y dividen a nuestras comunidades” (Radio Pozol, 19 de mayo de 2016)

Empresas mineras continúan con amenazas de proyectos en Chicomuselo (Desinformémonos, 20 de mayo de 2016)

Habitantes de Chicomuselo Detienen y resguardan a 4 promotores mineros (Espoir Chiapas, 20 de noviembre de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Denuncian reinicio ilegal de actividades mineras en Chicomuselo (29 de enero de 2014)

Chiapas: Denuncian renovación de actividades mineras en Chicomuselo (16 de agosto de 2013)

 

Chiapas: Zinacantán contra la privatización de su agua y el despojo de su manantial

Inicio de la peregrinación que partió de la iglesia San Lorenzo @ Koman Ilel

Este 15 de mayo de 2016, los catequistas de la parroquia de de Zinacantán convocaron a una peregrinación para manifestarse en contra la privatización de su agua y el despojo de su manantial. En efecto, según un documental realizado por el colectivo Koman Ilel, un proyecto de privatización del manantial de Zinacantán con fin de poner unas plantas hidroeléctricas está amenazando al pueblo. Hoy en día, los habitantes de Zinacantán tienen libre acceso al agua del manantial y utilizan pipas para llevar agua desde el manantial a sus casas. El proyecto de privatización implicará el cobro de un “impuesto” por el uso del agua. “Nunca hemos pagado impuesto por el agua, el agua es de todos. Sea de cualquier religión, partido político o pensamiento; para nadie está prohibido que agarre agua de aquí” declaró uno de los catequistas entrevistado.

Los catequistas de la parroquia de Zinacantán se están organizando para informar a los demás habitantes de la población que se tiene que defender el agua y para que no se privatice su manantial.

Para más información:

Zinacantán se moviliza contra la privatización del agua (El ciudadano, 23 de mayo 2016)
Zinacantán se moviliza contra la privatización del agua (Koman Ilel, 20 de mayo 2016)

Guerrero: San Miguel del Progreso exige se determine inconstitucionalidad de Ley Minera

Imagen de la conferencia de prensa. Foto: @La Opinión.

La comunidad de San Miguel del Progreso -Júba Wajiín en su lengua indígena Me’phaa-, del municipio de Malinaltepec, Guerrero, logró frenar, mediante la organización comunitaria, la entrada de dos empresas mineras que tenían concesiones en sus territorios. Éstas comprendían 168 mil hectáreas, afectando 7 municipios integrados por 240 comunidades, parte de las cuales se hubiera destinado a explotaciones mineras a cielo abierto.

El pueblo me’phaa de Júba Wajiín lleva años organizándose para la defensa de su tierra y territorio. Un juzgado ya había fallado a favor de esta comunidad en 2014 mediante una “sentencia inédita”, según Desinformémonos, la cual consideró que los derechos de las y los pobladores “fueron violados por el gobierno federal, luego de que éste entregó concesiones mineras a compañías transnacionales sin que primero consultara a sus habitantes”, apuntó La Jornada. El mismo medio destacó la importancia de esta resolución porque abrió “la puerta a que otros pueblos logren obtener amparos en contra de megaproyectos de este tipo”. Cabe señalar que el derecho a la consulta a los pueblos indígenas sobre acciones en sus territorios está amparado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, señalando especialmente la realización de consulta “antes de la prospección o explotación de los minerales y los recursos del subsuelo”. Posteriormente a la sentencia, en 2015 las dos empresas mineras renunciaron de forma simultánea a las concesiones.

En el proceso, la comunidad orientó su lucha hacia la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Minería de México teniendo en cuenta la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el país, para no sólo cancelar la entrada de estas dos empresas mineras a sus territorios sino para que sirva para todas las comunidades afectadas por el otorgamiento de concesiones mineras en sus territorios. En un boletín del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se señaló al Ejecutivo Federal de buscar impedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estudiara la inconstitucionalidad de la Ley Minera, apuntando a que “las compañías transnacionales, la Cámara Minera y la Secretaría de Economía buscaron evitar el análisis de la Ley Minera ante la SCJN con las referidas cancelaciones. En efecto, ante la posibilidad de que se evidenciara que la Ley Minera contraviene la Constitución y los Tratados Internacionales, las empresas y el Gobierno Federal optaron por operar la cancelación de los títulos concesorios”. En su situación actual, en la que los terrenos fueron liberados para que nuevas empresas puedan presentar concesiones, la comunidad tendría que impugnar nuevamente todo el proceso si otras empresas solicitaran concesiones en sus tierras. La comunidad Júba Wajiín junto con representantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) y Tlachinollan, llamaron a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que continuara estudiando el caso y que considerara la evaluación de la constitucionalidad y la adecuación a los tratados internacionales de la Ley de Minería.

Para más información:

BOLETÍN | Comunidad indígena Me’phaa logra cancelación de concesiones mineras en la Montaña de Guerrero. (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 18 de mayo de 2016)

Comunidad indígena logra la cancelación de concesiones mineras en La Montaña (La Jornada de Guerrero, 18 de mayo de 2016)

Comunidad indígena Me’phaa logra cancelación de concesiones mineras en la Montaña de Guerrero (Centro Nacional de Comunicación Social, 19 de mayo de 2016)

Pueblos Me’phaa de Guerrero impulsan inconstitucionalidad de la Ley de Minería ante Suprema Corte (Desinformémonos, 18 de mayo de 2016)

San Miguel del Progreso, un pueblo que paró a las mineras (Trinchera Política y Cultura, 12 de abril de 2015)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Comunidad indígena pide a la SCJN revisión de la Ley Minera (2 de julio de 2014)

Guerrero: Indígenas de la Montaña piden amparo contra minera de Gran Bretania (15 de noviembre de 2013)

Guerrero: Representantes de municipios de la Montaña y la Costa Chica rechazan minería (28 de julio de 2015)

Guerrero: ONG emite Acción Urgente para proteger Evelia Bahena García, Diana Coralina Brito y Félix Rodríguez Navarrete (10 de agosto de 2015)

Nacional: Irrupciones en territorios indígenas para la implementación de megaproyectos: San Francisco Xochicuautla y Atenco

Derribo de una de las viviendas en Xochicuautla custodiado por granaderos. Foto: @FJXochicuautla.

En los últimos días se han llevado a cabo por lo menos dos irrupciones en territorios de pueblos originarios para la entrada de megaproyectos. Por un lado, unos 700 elementos de la policía irrumpieron en la comunidad otomí-ñathó de San Francisco Xochicuautla, en el municipio de Lerma, Estado de México, para garantizar la entrada de maquinaria de demolición de una empresa constructora. Esta comunidad ha estado en resistencia contra la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan y mediante la movilización popular y dos amparos logró la suspensión definitiva del decreto presidencial expropiatorio de casi 38 hectáreas de sus tierras. A pesar de ello, fuerzas policiales entraron a la comunidad brindando seguridad a la empresa que derribó el Campamento de la Paz y la Digna Resistencia y varias casas que se encontraban en el trazado de la carretera. Según declaraciones del vocero de la comunidad, José Luis Fernández, desalojaron y golpearon a 25 personas, entre ellas una mujer de casi 80 años.

Como indicó Proceso, la obra “es edificada por Autovan-Teya, filial de Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los principales contratistas del gobierno federal y cuyas operaciones financieras en paraísos fiscales fueron descubiertas por tras la investigación de los Papeles de Panamá”. Además, dicho grupo empresarial ha sido señalado por varios medios de comunicación como el contratista principal del Estado de México desde que era gobernado por el actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y como “proveedor de las residencias de lujo de la esposa del mandatario y de Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, según La Jornada.

Por otro lado, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) denunció la irrupción de una tanqueta del Ejército en tierras ejidales de Atenco, en el Estado de México, escoltando un grupo de trabajadores de “una empresa privada que realiza estudios para la construcción del Nuevo Aeropuerto. Todo esto se realizó de manera ilegal y amedrentando a los pobladores que nos reunimos al percatarnos de la incursión, aún así logramos expulsarlos de nuestro territorio de manera pacífica”. Ante ello, José Antonio Lara Duque, director general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), declaró: “Consideramos que el Gobierno local está intentando justificar la denominada ‘Ley Eruviel’ en el terreno de los hechos. Es decir: provocar a los pueblos que han venido defendiendo su tierra, territorio y bienes naturales. Si algún pueblo cayera en la provocación se legitimaría el uso de la fuerza letal para controlar a personas que están defendiéndose”. Cabe recordar que la lucha del pueblo de Atenco en 2006 contra la construcción de un aeropuerto en sus tierras, fue reprimida con violencia. En las protestas dos jóvenes perdieron la vida, más de 200 personas fueron detenidas y por lo menos 26 mujeres fueron torturadas sexualmente por policías.

Para más información:

Irrumpe Higa con fuerza pública a Xochicuautla; derriba viviendas pese a amparos (Proceso, 11 de abril de 2016)

Editorial / Xochicuautla, atropello a la legalidad (La Jornada, 13 de abril de 2016)

Sociedad civil resiste en Xochicuautla e Higa se niega a detener las demoliciones ilegales (Sistema Integral de Información en Derechos Humanos, 13 de abril de 2016)

Constata ONU violación de órdenes judiciales en obras de la autopista Naucalpan-Toluca (La Jornada, 13 de abril de 2016)

Declaración de alerta máxima del CNI, ante la cobarde traición a la comunidad indígena Ñatho de San Francisco Xochicuautla (Enlace Zapatista, 13 de abril de 2016)

Hay un acuerdo para suspender las obras en Xochicuautla: habitantes (Animal Político, 14 de abril de 2016)

Frente por la Libertad de Expresión condena desalojo de la comunidad de San Francisco Xochicuautla (Noticias MVS, 12 de abril de 2016)

Policías en Xochicuautla y ayer, militares en Atenco; “nos están provocando”, dicen comuneros (Sin Embargo, 13 de abril de 2016)

Denuncian en Atenco que militares escoltan a trabajadores de constructora (Proceso, 12 de abril de 2016)

Ejército irrumpe en tierras ejidales de San Salvador Atenco (Desinformémonos, 12 de abril de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Nacional: Xochicuautla obtiene cancelación de la autopista (17 de marzo de 2016)

Chiapas/Nacional: Comunidad de Xochicuautla denuncia proyecto carretero y se solidariza con pueblos indígenas de Chiapas que enfrentan despojo (20 de enero de 2016)

Chiapas/Nacional: Marcha en solidaridad con la comunidad de San Francisco Xochicuautla (29 de julio de 2015)

Nacional: El FPDT de Atenco inicia movilizaciones después de anuncio de próximo aeropuerto (4 de septiembre de 2014)

Nacional: A 8 años de impunidad en Atenco, continúa amenaza de construcción del aeropuerto (8 de mayo de 2014)

Nacional: Caravana por la Vida y el Territorio acusa despojo de los pueblos originarios

Foto @ Tsilinkalli Ediciones

El 28 de marzo, una serie de caravanas salió de los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Morelos con el objetivo de llegar a la Ciudad de México y exigir a la Secretaría de Gobernación (Segob), frenar la insistencia de desarrollar megaproyectos en esas zonas. El Frente Indígena y Campesino de México (Ficam), organizador de la Caravana, detalló que “el contexto de despojo en contra de los pueblos se mantiene, sobre todo tras la aprobación de la reforma energética y sus leyes secundarias”. Francisco Jiménez Pablo, integrante de la Comisión Política Nacional del Ficam, denunció que “el gobierno es la principal entidad que ha violentado los derechos de los pueblos, sobre todo al no garantizar la aplicación de una consulta libre, previa e informada a las comunidades para conocer si aprueban o no los megaproyectos”.

En el mismo marco se llevó a cabo una manifestación contra la instalación de una minera en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Encabezados por el Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI) adherido a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) provenientes del estado de Chiapas, los manifestantes expresaron su exigencia a los derechos humanos en México. “No a la minería, si a la vida”, dijeron sus pancartas en mano. Además aclararon, que “no queremos proyectos que dañen nuestro medio ambiente, rechazamos todo proyecto minero que intente instalarse en México”. En conjunto, los dirigentes de organizaciones civiles que participaron en el evento, lamentaron el clima de violencia y persecución que han estado viviendo en los últimos años por la defensa de su tierra y territorio. Dijeron que “en el estado de Chiapas y Oaxaca aunque se niegue, existen decenas de presos políticos que víctimas de la judicialización son encarcelados para callas protestas”.

Cabe mencionar que en diciembre del año pasado, el Congreso nacional aprobó instalar las llamadas Zonas Económicas Especiales (ZEE) en Guerrero, Michoacán, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Esas zonas son una redición de viejos programas, como el Plan Puebla Panamá (PPP) y además se ubicarán en áreas ricas en diversidad biológica, tal como ricas en recursos naturales. De acuerdo con la iniciativa aprobada en el Congreso, las regiones son “con alto potencial productivo, logístico y con posibilidades de enlazarse con el resto del país y nuevos mercados internacionales”. Para el Ficam, las ZEE profundizarán los niveles de marginación, que “sólo hará más ricos a los ricos”. Expertos ven los megaproyectos y el aumento de una presencia de empresas transnacionales como parte del plan de las ZEE. Chiapas Paralelo llama la iniciativa como “una iniciativa para el despojo”.

Para más información

Pueblos de Chiapas y Oaxaca se unen en Zanatepec contra la minería (IstmoPress, 31 de marzo de 2016)

Inician campesinos de varios estados Caravana por la Vida y el Territorio (La Minuta, 28 de marzo de 2016)

Gobierno amenaza con usar al Ejército y la PF para imponer megaproyectos en comunidades indígenas: Ficam (Revolución Tres Punto Cero, 11 de marzo de 2016)

MANIFIESTO ZAPOTECA POR LA DEFENSA DE NUESTRA MADRE TIERRA Y DE LA VIDA DE NUESTRO PUEBLO (EDUCA, 11 de marzo de 2016)

Zonas económicas especiales, amenaza para las riquezas bióticas y etnológicas (La Jornada, 6 de enero de 2016)

Zonas Económicas Especiales, una iniciativa para el despojo (Chiapas Paralelo, 30 de septiembre de 2015)

Para más información de SIPAZ

Oaxaca: Encuentro estatal de comunidades y organizaciones en resistencia a proyectos mineros (4 de febrero de 2016)

Chiapas: Encuentro Chiapaneco de afectadas y afectados por represas y minería (2 de febrero de 2016)

México/Nacional: Diputados aprueban Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (18 de diciembre de 2015)