En una conferencia de prensa el día 27 de julio un miembro del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) en Tataltepec de Valdés y el presidente del comisariado de bienes ejidales de Paso de la Reina, comentaron que la asamblea general había revocado y cancelado la autorización que el 27 de junio de 2007 otorgaron por escrito a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras dependencias para ir haciendo estudios de campo. La paraestatal CFE ha venido ignorando la oposición de varias comunidades indígenas y mantienen la decisión de construir el proyecto de presa hidroeléctrica en tierras ejidales que atraviesa el río Verde en el Istmo de Oaxaca, aun cuando los afectados exigen cancelar la obra y ya se movilizaron para detener los trabajos preparatorios.
El representante de los ejidatarios del Copudever, Juan Gómez Gómez demandó a las autoridades respetar el derecho ejidal y la decisión “libre e informada” de los pueblos indígenas, como lo prevén los convenios internacionales suscritos y ratificados por el gobierno mexicano.
El 21 de julio se dio una agresión en el ejido de Mitzitón, municipio de San Cristóbal de Las Casas, cuyo resultado fue de un muerto y cinco heridos, todos adherentes a La Otra Campaña convocada por el EZLN y habitantes de esta comunidad tsotsil. La confrontación se enmarca en el contexto de un posible despojo de partes del ejido por el proyecto de la autopista San Cristóbal de Las Casas – Palenque, que justamente iniciaría en el territorio de Mitzitón.
Se dio un primer conflicto el día 19 de julio: los ejidatarios adherentes a La Otra Campaña estaban en un trabajo de medición de su terreno, cuando fueron insultados y amenazados por un grupo de aproximadamente 40 personas encabezados por Carmen Díaz López, armados con palos, machetes y resorteras. El grupo agresor les advirtió que tenía el respaldo del gobierno y que dejaran de medir sus tierras. El mismo día, en la mañana el mismo grupo agresor había perseguido, detenido y amenazado con el machete en el cuello al ejidatario Mauro Díaz Jiménez.
Cabe mencionar que el grupo agresor fue desconocido por la mayoría de los ejidatarios ya que no cooperaban en los asuntos de la comunidad. Carmen Díaz López por su parte fue expulsado de la comunidad y privado de sus derechos agrarios hace 8 años por tráfico de personas indocumentadas.
Cuando un grupo de ejidatarios llegó al terreno en disputa el 21 de julio a las 9.30 horas de la mañana, fueron interceptados por 60 personas “no cooperantes”, armados con piedras, palos y resorteras. En ese momento, llegó una camioneta azul del grupo agresor que con alta velocidad atropelló a varios de los ejidatarios. Aparte, los ejidatarios fueron agredidos con armas de fuego y destruida una camioneta de su propiedad. El saldo de la agresión fue la muerte de Aurelio Díaz Hernández; Fernando Heredia Heredia, Javier Gómez Heredia, Raymundo Díaz Heredia, Jose Heredia Jiménez y Marcelino Jiménez Hernández quedaron heridos.
Dado que Díaz López y los “no-cooperantes” son feligreses de la religión evangélica “Alas de Águila” (que ha sido señalado por tener una estructura cuasi-militar), y los ejidatarios adherentes a La Otra Campaña profesan la religión católica, desde diversos medios locales y el gobierno estatal se ha tratado el conflicto como religioso, lo que contrasta con la versión de defensores de Derechos Humanos, según la que el fondo del conflicto es el rechazo de los ejidatarios a la autopista que se pretende construir sobre su terreno.
Destaca que el enfrentamiento es el más reciente en una serie de conflictos (Chinkultic, San Sebastián Bachajón) que se han dado en torno a los planes del gobierno estatal de promover el turismo mediante inversiones y proyectos de infraestructura, en los cuales la autopista San Cristóbal – Palenque es una pieza clave.
El día 9 de julio de 2009, representantes de los indígenas tseltales Adherentes de La Otra Campaña del ejido San Sebastián Bachajón, ofrecieron una conferencia de prensa conjunta con el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” (CDHFBC) en las oficinas del mismo. El motivo fue la liberación de cinco de los siete indígenas de este ejido que habían sido detenidos en abril pasado y torturados para autoinculparse de asaltos a camiones turísticos en la región de Agua Azul.
En representación de los recién liberados, Gerónimo Moreno Deara, relató los sucesos de la detención, el arraigo y el encarcelamiento en la carcel estatal “El Amate”, en Cintalapa. Comentó que fueron torturados durante dos días y que al ser internados, tuvieron que realizar trabajos de “talacha” para otros presos para no ser agredidos.
Dos de las autoridades del ejido, en representación de la comisión de vigilancia y de los principales (autoridades tradicionales), hablaron sobre el origen de la división dentro del ejido y cómo fue que se integraron a La Otra Campaña. Advirtieron que van a seguir luchando por la liberación de los dos compañeros que todavía están presos.
Por su parte, el CDHFBC, defensor de los siete indígenas que habían sido detenidos en abril pasado, agradeció la solidaridad nacional e internacional, que había logrado la reciente liberación de los cinco, y pidió a los solidarios seguir insistiendo en la liberación de Antonio y Jerónimo Gómez Saragos, recluidos en “El Amate”. Asimismo, informó que está a la espera de la resolución de la apelación en contra del auto formal de prisión, que se va a dar en fechas próximas.
Con la participación de casi 200 asistentes, el día 18 de mayo, un Espacio Amplio de Reflexión y Análisis sobre el tema “Amenazas sobre la tierra y el territorio indígena y campesino en el sur sureste de México” se llevó a cabo en el CIDECI-Universidad de la Tierra en San Cristóbal de Las Casas. La exposición de diferentes experiencias de organización en torno a la defensa de la tierra y del territorio en los estados de Chiapas, Oaxaca y en Guatemala, permitió visibilizar una problemática común que comparte la población rural, mayoritariamente indígena, del sur de México con los pueblos indios del país vecino: la reivindicación de su derecho a la tierra y al territorio ante la imposición de proyectos de explotación de recursos naturales por parte de los gobiernos y las empresas.
Iniciando con el estado de Chiapas, Luis Abarca del Movimiento de Resistencia Popular del Sureste (MRPS) habló de la experiencia que esta organización ha tenido en la lucha por la defensa de la tierra y el territorio como la resistencia civil contra las altas tarifas de la luz y contra programas de privatización como el PROCEDE, entre otros. Mercedes Oliveira del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas enfocó su ponencia en la situación de las mujeres indígenas chiapanecas, resaltando que a pesar de participar en esta lucha, son pocas las mujeres propietarias y que siguen sufriendo exclusión y discriminación por parte de los hombres.
Ana María García de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) expuso los problemas que enfrentan los pueblos indígenas oaxaqueños. Al igual que en Chiapas, las comunidades se ven confrontadas con recibos de luz muy altos; también existen proyectos de presas hidroeléctricas como la del “Paso de la Reina” y minas, que estarían acabando con los territorios de los pueblos, quienes se han estado organizando para impedir que se lleven a cabo.
Ampliando la perspectiva de la temática del foro hacia el sur, los participantes de Atch Mol explicaron el caso de la minería Montana en el departamento de San Marcos en Guatemala, que se extiende sobre un territorio de 20 km² y entre otras cosas contamina el agua de la región. En varias de las comunidades ya se hizo trabajo de conscientización y se llevaron a cabo consultas, que evidenciaron el rechazo rotundo al proyecto. En el país vecino, la construcción de presas hidroeléctricas y la siembra de la palma africana como agro-combustible son otros problemas que comparte con el sur mexicano.
Cabe mencionar que en el espacio participaron representantes de varias comunidades chiapanecas que tomaron la palabra para denunciar los problemas que tuvieron que ver con la problemática tratada. Un representante de los Adherentes de La Otra Campaña del ejido de San Sebastián Bachajón denunció los planes de construcción de la autopista San Cristóbal – Palenque, que afectaría el ejido. Por organizarse en defensa de su territorio, los Adherentes recientemente han sufrido una fuerte represión, encontrándose presos actualmente siete de ellos. De la región de Motozintla, fue denunciado la explotación de la mina de Chicomuselo que afecta a las comunidades colindantes. La participación de los mencionados y de representantes de otras comunidades enriqueció el encuentro, pues complementó el análisis de los ponentes y dio espacio a los actores locales para informar sobre sus problemas concretos.
El Espacio Amplio de análisis fue convocado por Servicio y Asesoría para la Paz (Serapaz), la Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO), el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” y Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ).
El día 6 de mayo, pobladores que habían bloqueado las entradas del proyecto de la empresa minera Cuzctalán en el municipio de San José del Progreso desde el 16 de marzo de este año, fueron desalojados por efectivos de la policía estatal y federal. Movimientos y organizaciones en Oaxaca como Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL), El centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C. (BARCA-DH) y la Comisión Diocesana Justicia y Paz, denunciaron el uso excesivo de la fuerza pública ante la resistencia de ciudadanos exigiendo el derecho a su tierra, tanto como el abuso y violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas.
Doce pobladores fueron detenidos en el desalojo y un policía herido según algunas fuentes. VOCAL señaló en su denuncia que “según información de compañeros que se encuentran en el lugar, aproximadamente 1500 policías desalojaron el plantón que exige la suspensión definitiva de los trabajos de la minera, 12 compañeros fueron detenidos (desconocemos sus nombres), 4 compañeros tienen Orden de Aprehensión, 5 comunidades se encuentran cercadas por la policía hasta estos momentos.”
Cabe recordar que el 14 de marzo 600 afectados por las minerías canadienses Fortuna Silver Inc y Continuum Resources Ltd, a través de la subsidiaria mexicana, “Compañía Minera Cuzcatlán” decidieron organizarse para frenar el avance de los proyectos. Estas empresas abarcan aproximadamente 54.000 mil hectáreas en el pueblo San Jerónimo Taviche, municipio de Ocotlán. En una asamblea solicitaron el apoyo de sus representantes “salvaguardar sus territorios”, petición que fue negada por el presidente municipal. Frente a ello, la decisión de cerrar “de forma ordenada y pacífica las instalaciones de la mina” fue tomada e implementada por estas 600 personas en un bloqueo que se estableció el 16 de marzo. Desde el día 20 de marzo se denunció que el bloqueo había sido amenazado por efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal en varios operativos policíaco-militares.
En una Acción Urgente del 4 de mayo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) denunció nuevamente la situación jurídica en la que se encuentran los ocho indígenas tzeltales del Ejido San Sebastián Bachajón. Las faltas de un debido proceso en todo los casos fueron evidenciados por la documentación realizada por el CDHFBC. Una preocupación para el futuro juicio tiene que ver con el hecho de que los ocho hayan firmado sus declaraciones desconociendo su contenido por falta de traductor. Aunque la legislación prohíbe tales declaraciones, fueron aceptadas por el Ministerio Público.
El CDHFBC llamó la atención sobre el hecho que “el Juez de la causa tiene hasta el viernes 8 de mayo para dictar auto de formal prisión o concederles la libertad”. Señaló que el juicio podrá formar parte de la represión “que el gobierno de Juan José Sabines Guerrero ha implementado, inicialmente a través de la Fiscalía Especial Para la Delincuencia Organizada (FECDO) en contra de los integrantes de La Otra Campaña de San Sebastián Bachajón y del Base Zapatista del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de la Región de Agua Azul y Agua Clara”.
Entrevista a comisionado del ejido de San Sebastián Bachajón
El día 24 de abril se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) con ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes a La Otra Campaña convocada por el EZLN. Los ejidatarios de San Sebastián Bachajón denunciaban la incomunicación y arraigo de 8 “compañeros” detenidos entre el 13 y el 18 de abril así como la actitud de miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos de los Indígenas y Campesinos (OPDDIC) que según la denuncia colaboraron con las fuerzas federales y estatales durante el intento de desalojo del bloqueo carretero, y la destrucción y robo de la caseta de cobro en Agua Azul el 17 de abril.
El CDHFBC expresó por su parte su preocupación por la militarización que se ha dado en el estado y por el uso de las fuerzas públicas y leyes en el intento de “desanimar a la población que se organiza para la defensa y ejercicio de sus derechos humanos”. También denunció que “en los últimos meses hemos monitoreado que el Gobierno Mexicano, a través de sus tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, ha implementado una política de persecución y criminalización en contra de movimientos y organizaciones sociales disidentes”.
“Los pobladores del ejido San Sebastián Bachajón, Adherentes de La Otra Campaña son parte del movimiento indígena, que se contrapone a los planes neoliberales de despojo del territorio y depredación de los recursos naturales. La región de Agua Azul ha sido por muchos años zona turística cuyas cuantiosas utilidades son aprovechadas por intereses ajenos al pueblo tseltal de Bachajón. Región clave del proyecto ecoturístico y arqueo-eco-turístico como parte de la Rivera Maya, que está recibiendo un fuerte impulso del gobierno del estado para la inversión extranjera.”
El caso de los tzeltales de San Sebastián Bachajón además fue contextualizado como un ejemplo de lo que está sucediendo en toda América Latina con pueblos originarios “que reivindican su derecho al territorio y a la autodeterminación”.
“El contexto de los eventos mencionados se dan en una clara postura de contrainsurgencia, implementada por el Gobierno Mexicano, mediante acciones coordinadas de información y operación por el Ejército Mexicano y las Fuerzas de Seguridad Pública Federal y Estatal”. El CDHFBC subrayó que el “operativo policíaco fue motivado a partir de información facilitada por inteligencia militar, como lo reconocieron a este Centro de Derechos Humanos, funcionarios del gobierno estatal”.
Se mencionó finalmente que los ocho arraigados siguen en la casa de arraigo “Quinta Pitiquito” en el municipio Chiapa de Corzo. El Centro denunció que el sistema de arraigo, que desde la entrada de la reforma penal en junio de 2008 es constitucional en México, sigue siendo una “sistemática violación a los derechos humanos” y las casas de arraigo “un espacio de coerción y tortura”.
Escrito por SIPAZ 
