Oaxaca: Resolución de la Suprema Corte en el caso Oaxaca

octubre 22, 2009
La Policía Federal Preventiva en la ciudad de Oaxaca en 2006 Fuente: www.dokumentarfoto.de

La PFP en la ciudad de Oaxaca en 2006 Fuente: http://www.dokumentarfoto.de

El 14 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución sobre violaciones a los Derechos Humanos por parte de las autoridades en el marco del conflicto que tuvo lugar en Oaxaca en 2006 y partes de 2007. De ésta se desprende que el gobernador en aquel tiempo y a la fecha, Ulises Ruiz Ortíz, es responsable de violaciones a los Derechos Humanos.

Con siete votos a favor y cuatro en contra, la SCJN responsabilizó al gobernador oaxaqueño de violaciones a los Derechos Humanos, cometidas por policías estatales en el conflicto de mayo de 2006 hasta junio de 2007. Sin embargo, fue rechazada por la mayoría del pleno la propuesta de los ministros Juan N. Silva Meza, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío, de incluir a Vicente Fox, entonces Presidente de la República, como al entonces Secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y a Eduardo Medina Mora, Secretario de Seguridad Pública del sexenio de Fox, en la lista de responsables por haber permitido una situación de ingobernabilidad en la entidad y así haber expuesto a la población a situaciones que vulneraran sus Derechos Humanos. Ahora le compete al Presidente Felipe Calderón y al Congreso de la Unión determinar si se procederá a un juicio político en contra del gobernador oaxaqueño, expresó el ministro de la SCJN, José Ramón Cossío, después de la resolución.

Ruiz Ortíz se manifestó en contra de la resolución tomada por la SCJN, cuestionando que no se hubiera incluido a Fox. Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que había demandado la renuncia de Ulises Ruiz en el conflicto de 2006 y 2007, insistieron en la responsabilidad del mandatario estatal por las violaciones a Derechos Humanos. Gabriel López Chiñas, secretario de organización de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), destacó que deberían ser sometidos a juicio tanto el gobernador como Jorge Franco Vargas, ex secretario general de Gobierno de Oaxaca, y la ex procuradora de Justicia Rosa Lizbeth Caña Cadeza, por ser los operadores “de la represión desatada en contra del pueblo” oaxaqueño. La Sección 22 del SNTE, que aglutina a maestras y maestros de toda la entidad de Oaxaca, había sufrido represión de parte del gobierno estatal el 14 de junio de 2006, lo que derivó en la conformación de la APPO, integrada por diversas organizaciones sociales, políticas e indígenas, que se enfrentó a las autoridades estatales en el segundo semestre de 2006 para exigir la renuncia del gobernador, a quien acusaron de reprimir a las organizaciones sociales, políticas e indígenas.

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Oaxaca: Campaña por el castigo de los asesinos de Lorenzo Sampablo Cervantes

octubre 5, 2009

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En 2006, el arquitecto Lorenzo Sampablo Cervantes, padre de 4 hijos y miembro de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) solía acudir a las marchas, llevaba víveres en los plantones y mantenía “una idea firme en contra de los abusos cometido por parte del gobierno”. Fue matado el 22 de agosto de 2006 “a quema ropa y sin posibilidad de defenderse” según se ha denunciado por balas de “grupos paramilitares al mando de Aristeo López”, ex funcionario policiaco de José Murat en Oaxaca. Fue la primera pesona en ser asesinada en los hechos violentos que sacudieron al estado entre 2006 y 2007.

El día 8 de agosto pasado, a tres años de su muerte, y por decisión de sus familiares, inició la Campaña por el Castigo de los Asesinos de Lorenzo Sampablo Cervantes en la Ciudad de Oaxaca con una velada en la que se pidió justicia en su caso. Las actividades realizadas en el marco de esta campaña apuntan a “la exigencia de castigo a los responsables del asesinato de Lorenzo Sampablo Cervantes” señalando como autores materiales e intelectuales a “los jefes policíacos, y funcionarios gubernamentales Manuel Moreno Rivas, Lizbeth Caña Cadeza, Jorge Franco Vargas “el Chuckie”, Bulmaro Rito Salinas, Lino Celaya Luría, Aristeo López Martínez, Ulises Ruiz entre otros; no olvidando a quienes integraron las Caravanas de la Muerte que le quitaron la vida a Lorenzo Sampablo”.

En actos públicos Petra González Garnica, la viuda de Lorenzo Sampablo, ha reafirmado la importancia de seguir trabajando por la justicia, por no olvidar a los 26 asesinados, a los más de 500 detenidos y a los 300 procesados en el marco de la represión que se desató en Oaxaca entre 2006 y 2007. Petra González no ha aceptado la indemnización que se le ha ofrecido y ha afirmado que no la aceptará hasta que se haya hecho justicia. En un encuentro con familiares de presos, asesinados y lesionados como consecuencia de los enfrentamientos en 2006-2007, los familiares contaron con mucha indignación y dolor sobre las consecuencias de la impunidad en sus vidas a 3 años de los hechos violentos que cambiaron sus vidas, dejándolas truncadas, a medias. El sufrimiento sigue y la petición de no dejar los muertos y las injusticias en el olvido sigue clara y contundente.

Para más información:

Blog: “Campaña por el Castigo de los Asesinos de Lorenzo Sampablo Cervantes”

”Justicia para Oaxaca: Lorenzo Sampablo Cervantes Presente Ahora y Siempre” (31/08/2009)


Oaxaca: Demandan reparación del daño moral por privación arbitraria de la libertad y tortura

agosto 7, 2009
Conferencia de prensa - Fuente: LIMEDDH

Conferencia de prensa - Fuente: LIMEDDH

El 5 de agosto, en una conferencia de prensa, la Liga Mexicana Por la Defensa de los Derechos Humanos-Filial Oaxaca (LIMEDDH), la Comisión Magisterial de Derechos Humanos (COMADDH) de la Sección XXII de Oaxaca del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Comité de Familiares de Detenidos, Asesinados y Presos Políticos (COFADAPPO) presentaron su postura con respecto al informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre violaciones a Derechos Humanos durante el conflicto social en Oaxaca, abarcando el periodo de mayo de 2006 hasta julio de 2007. Además anunciaron que en este año, 63 personas que fueron detenidos el 25 de noviembre de 2006, a través de la LIMEDDH han demandado a las autoridades estatales la reparación del daño moral por privación arbitraria de la libertad y tortura.

Según el boletín de prensa, emitido por la LIMEDDH el mismo 5 de agosto, “[g]raves violaciones al marco constitucional de garantías individuales y derechos humanos quedan sin ser investigadas y en el anonimato, tras la conclusión del informe preliminar de la investigación […] de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del conflicto político social de 2006 […]en la entidad oaxaqueña.” Detenciones Arbitrarias, Ejecuciones Extrajudiciales, Desapariciones Forzadas y Violaciones del principio del Derecho al Debido Proceso son algunas de las violaciones a Derechos Humanos cometidas por las autoridades estatales y federales, denunció la LIMEDDH. Enfatizó la importancia del trabajo de las organizaciones no gubernamentales en materia de Derechos Humanos ante el clima de impunidad existente. Recordó que hay varios informes públicos, realizados por organizaciones internacionales de derechos humanos que contrastan con el informe de la SCJN y que evidencian las graves violaciones cometidas en el marco del conflicto.

Asimismo, la LIMEDDH informó que en lo que va del año 2009, 63 personas que fueron detenidas el 25 de noviembre de 2006 y que han sido víctimas de violaciones a Derechos Humanos, han demandado a las autoridades estatales la reparación del daño moral por privación arbitraria de la libertad y tortura, entre otras, sumando una cantidad de 58,400,000.00 $ (Pesos Mexicanos), siendo 940,000.00 $ por cada una de las víctimas. Destacó que “[n]o se trata de ponerle precio a la libertad personal o a la integridad física o psicológica, sino de reivindicar el derecho que tienen las víctimas a ser indemnizadas por el Estado perpetrador; además constituye la pena pública que el Gobierno del Estado de Oaxaca debe compurgar, independientemente y sin menoscabo de la responsabilidad penal y administrativa, en que hayan incurrido los funcionarios públicos responsables.” Además, la LIMEDDH hizo un llamado a las autoridades estatales y federales de abstenerse de cualquier tipo de hostigamiento en contra de los defensores de Derechos Humanos, víctimas y familiares; de lo contrario, considerarían cerradas las vías institucionales nacionales para obtener justicia y acudirían a instancias internacionales de Derechos Humanos para denunciarlo.

Para más información:

Más información de SIPAZ:


Oaxaca: liberan a dos presos activistas de la APPO

junio 8, 2009

Dos presos de la APPO liberados

Tras más de dos anos y medio en prisión, los activistas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) Miguel Ángel García y Víctor Hugo Martínez Toledo fueron liberados el 4 de junio de la prisión Santa Maria Ixcotel. Azael Santiago Chepi, el secretario general de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), informó que los dos miembros de la APPO habían salido y comentó que habían sido detenidos “ilegalmente en 2007” acusados por violación tumultuaria de una mujer. Más bien dijo que su detención fuera una represalia por su participación en el movimiento.

Los dos liberados fueron acompañados por un gran grupo de gente al Zocalo de la Ciudad de Oaxaca donde se incorporaron al Plantón de Familiares y Amigos que desde el 15 de mayo esté instalado por varios movimientos y organizaciones exigiendo la libertad de sus presos. Quedan dos presos en Santa María Ixcotel, Pedro Castillo Aragón, acusado de secuestro y de vínculos con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y Juan Manuel Martínez Moreno, acusado de haber asesinado el camarógrafo estadounidense Bradley Will.

Para más información:

Oaxaca: Libres Víctor Hugo Martínez Toledo y Miguel Ángel García Presos Políticos de la APPO, Kaos en la Red (06/06/2009)

Liberan a dos appistas acusados en 2007 de violación tumultuaria, La Jornada (05/06/2009)


Oaxaca: plantón en San José del Progreso desalojado por policía estatal y federal

mayo 6, 2009

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El día 6 de mayo, pobladores que habían bloqueado las entradas del proyecto de la empresa minera Cuzctalán en el municipio de San José del Progreso desde el 16 de marzo de este año, fueron desalojados por efectivos de la policía estatal y federal.  Movimientos y organizaciones en Oaxaca como Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL), El centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C. (BARCA-DH) y la Comisión Diocesana Justicia y Paz, denunciaron el uso excesivo de la fuerza pública ante la resistencia de ciudadanos exigiendo el derecho a su tierra, tanto como el abuso y violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas.

Doce pobladores fueron detenidos en el desalojo y un policía herido según algunas fuentes. VOCAL señaló en su denuncia que “según información de compañeros  que se encuentran en el lugar, aproximadamente 1500 policías desalojaron el plantón que exige la suspensión definitiva de los trabajos de la minera, 12 compañeros fueron detenidos (desconocemos sus nombres), 4 compañeros tienen Orden de Aprehensión,  5 comunidades se encuentran cercadas por la policía hasta estos momentos.”

Cabe recordar que el 14 de marzo 600 afectados por las minerías canadienses Fortuna Silver Inc y Continuum Resources Ltd, a través de la subsidiaria mexicana, “Compañía Minera Cuzcatlán” decidieron organizarse para frenar el avance de los proyectos. Estas empresas abarcan aproximadamente 54.000 mil hectáreas en el pueblo San Jerónimo Taviche, municipio de Ocotlán. En una asamblea solicitaron el apoyo de sus representantes “salvaguardar sus territorios”, petición que fue negada por el presidente municipal. Frente a ello, la decisión de cerrar “de forma ordenada y pacífica las instalaciones de la mina” fue tomada e implementada por estas 600 personas en un bloqueo que se estableció el 16 de marzo. Desde el día 20 de marzo se denunció que el bloqueo había sido amenazado por efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal en varios operativos policíaco-militares.

Para más información:

Desalojan a opositores de la mina en San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, denuncia, VOCAL (6/5/2009)

Boletín de prensa sobre el desalojo en San José del Progreso, BARCA-DH (6/5/2009)

Acción Urgente: Riesgo inminente de represión al movimiento de resistencia contra Empresa Minera Cuzcatlán, BARCA-DH (24/3/2009)

Desaloja policía a pobladores en una mina en Oaxaca; hay 12 detenidos, La Jornada (6/5/2009)

Policías desalojan a comuneros que se oponen a cosntrucción de mina, Olor a mi tierra (6/5/2009)

Levantan a bloqueo en Sa José del Progreso sin incidentes, Las Noticias de Tuxtepec (6/5/2009)

Preparan el operativo en cuartel de la policía; se dirígen a San José del Progreso, Ocotlán, ADN Sureste (6/5/2009)

Habitantes de Magdalena Ocotlán bloquean la carretera; demandan la liberación de detenidos en desalojo, ADN Sureste (6/5/2009)


Oaxaca: incursión militar en San Miguel Panixtlahuaca

abril 24, 2009

El día 23 de abril, dos fuentes distintas informaron de una incursión militar en la comunidad indígena Chatina de San Miguel Panixtlahuaca, distrito de Juquila en la costa de Oaxaca. Voces Oaxaqueñas construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL) denunciaron que “a partir de las nueve de la mañana 15 camiones tipo torton llenos de soldados armados y encapuchados del ejercito federal arribaron” sitiando la comunidad “con retenes (…) no dejando entrar ni salir a nadie y además empezaron  a catear las casas de los pobladores en busca de armas”.

En el portal “Punto y Aparte” también se menciona que el operativo forma parte de una “campaña nacional de despistolización”. Sin embargo, integrantes de la Sección XXII informan que más allá de una campana rutinaria, la presencia de los 300 efectivos castrenses “que traían la cara cubierta” estaba vinculada con el hecho que traían fotos de “tres personas específicas a quienes estarían buscando en relación con un supuesto campamento guerrillero que opera en la zona desde el 2000”. Se teme que el estado se vaya convirtiendo en “un laboratorio para el ejército mexicano, que tiene como prioridad por órdenes de Felipe Calderón, encontrar y liquidar a miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR).”

El operativo parece haber acabado sin un saldo de detenidos pero dejó la población alarmada. VOCAL sigue denunciando en su comunicado que la incursión militar forma parte de “la represión que los malos gobiernos federal y estatal siguen lanzando contra las comunidades, las personas y las organizaciones que se levantaron en 2006 en contra del mal gobierno del asesino Ulises Ruiz porque esta comunidad tuvo una participación destacada en el 2006, año cuando empezó el levantamiento de los pueblos de Oaxaca”. Por otro lado destacan en su comunicado que también tiene que ver con la oposición que este pueblo ha mostrado al sistema hidráulico de usos Múltiples “Paso de la Reina” incluyendo tres grandes presas que están por ser impulsadas en tierras de pueblos indígenas en Oaxaca.

Más información:

Ejército federal sitia la comunidad de San Miguel Panixtlahuaca, VOCAL (23/04/2009)

Militares ponen en estado de sitio a la población de San Miguel Panixtlahuaca, Punto y Aparte (24/04/2009)

Denuncian sitio militar en Panixtlahuaca; versiones de que buscarían eperristas, Centro Prodh (24/04/2009)

Ver también:

México: Informe sobre la militarización en Oaxaca, Red de información para organizaciones indígenas de México


Oaxaca: Amnistía Internacional da testimonio de secuestro y tortura de miembro de la APPO

marzo 12, 2009

Fuente: losotrosdelaotra.blogspot.com

El 4 de marzo, Marcelino Coache Verano, integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) fue secuestrado en la ciudad de Oaxaca y torturado durante varias horas informó Amnistía Internacional en la Acción Urgente (Índice AI: AMR 41/014/2009) difundida el 9 de marzo. El organismo internacional expresó preocupación por la seguridad de Marcelino Coache, quien fue detenido por tres hombres que lo llevaron atado y con un saco sobre la cabeza a un lugar desconocido.

“Los hombres le propinaron puñetazos, lo golpearon repetidamente con la culata de un arma y lo quemaron con cigarrillos en los pezones y los genitales. Unas horas después, oyó que un hombre entraba en la habitación y decía: “éste es uno de los revoltosos”. En respuesta, otro dijo: “entonces lo matamos”, y amartilló un arma. A continuación introdujeron a Marcelino Coache en un vehículo y se lo llevaron. Lo dejaron en libertad en el municipio de Zaachila, a unos 30 km de la ciudad de Oaxaca, hacia las tres y media de la madrugada del 5 de marzo. Consiguió que un taxi lo llevara directamente a un hospital para recibir atención médica.”

Dos días después, Marcelino Coache convocó una conferencia de prensa para denunciar el incidente. El día 11 de marzo, decenas de integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y miembros de la APPO marcharon para protestar por la detención ilegal y tortura de Marcelino Coache Verano.

El otro día se solicitó medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No es la primera vez que Marcelino Coache sufre intimidación y agresiones físicas. Ya en el inicio de la creación de la APPO en diciembre de 2006, Marcelino Coache “fue detenido junto con otros dirigentes de la APPO y acusado de incendio provocado, sedición y resistencia a la detención. Fue absuelto tras pasar más de seis meses en prisión.”

Más información:

Temor por la seguridad de Marcelino Coache y su familia, Acción Urgente, Amnistía Internacional (Índice AI: AMR 41/014/2009) (09/03/2009)

Protestan decenas en Oaxaca contra la represión del appista Coache Verano, La Jornada (12/03/2009)