El pasado lunes 6 de julio, cinco de los siete indígenas tzeltales miembros de la Otra Campaña del Ejido San Sebastián Bachajón fueron liberados mediante un “desistimiento de la acción penal”. Se trata de una figura jurídica a través de la que se retiran los cargos que se les imputan a los detenidos, y se puede otorgar también una remisión parcial de la pena. Gerónimo Moreno Deara, Alfredo Gómez Moreno, Miguel Demeza Jiménez, Sebastián Demeza Deara y Pedro Demeza Deara fueron encarcelados tres meses “por acciones en defensa de su territorio” informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) y añadió que siguen detenidos los hermanos Gerónimo y Antonio Gómez Saragos “acusados de los delitos de Robo con Violencia y Delincuencia Organizada” en el CERSS 14, “El Amate” en Cintalapa.
El día jueves 9 de julio a las 11:30 a.m. se dará una conferencia de prensa en las oficinas del CDFBC “para informar sobre las condiciones en que fueron liberados, y la situación en la que se encuentran aún dos de sus compañeros.
El día 8 de junio salió una marcha denominada “Liberación de los 12 Presos Políticos de la Región Loxicha”. La marcha se dirige hacia la Ciudad de México para exigir la liberación de los “doce compañeros presos injustamente y que han sido acusados sin pruebas alguna de ser parte del Ejército Popular Revolucionario (EPR)” de la región Loxicha en Oaxaca dicen los familiares de los presos en un comunicado. La marcha será compuesta por los familiares de los 12 presos, y acompañada durante la trayectoria por organizaciones adherentes a La Otra Campaña y otras organizaciones, colectivos, agrupaciones como muestra de solidaridad. Pasará durante su ruta por las siguientes comunidades y ciudades: Miahuatlán, Ocotlán, colonias de la ciudad de Oaxaca, Nochixtlán, Tlaxiaco, Hujauapán de León, Izucar de Matamoros, Puebla y la ciudad de México.
Hace 12 años, los indígenas zapotecos de San Agustín Loxicha fueron encarcelados y acusados de pertenecer al EPR, así como por delitos federales como terrorismo, sabotaje, conspiración y homicidio, cargos que muchos dicen “no fueron comprobados”. Las sentencias que recibieron fueron de entre 13 y 32 años de prisión. Los 12 presos enfrentan, “además de la miseria por el abandono oficial, la represión de las autoridades en forma de detenciones arbitrarias” según un comunicado difundido por el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS). A raíz de la presunta presencia del EPR en la región, más de 130 campesinos han sido detenidos y se calcula que unos 200 viven escondidos por tener órdenes de aprehensión. Muchas familias tuvieron también que migrar “ante el temor a ser detenidos arbitrariamente” señala el mismo comunicado.
Los doce “presos políticos y de conciencia de la región Loxicha, Oaxaca” son:
Álvaro Sebastián
Estanislao Martínez Santiago
Fortino Enríquez Hernández
Abraham García Ramírez
Agustín Luna Valencia
Cirilo Ambrosio Antonio
Ricardo Martínez Enríquez
Mario Ambrosio Martínez
Urbano Ruiz Cruz
Justino Hernández José
Eleuterio Hernández García
Zacarías P. García López
En el marco de las Jornadas de Acción por la Justicia y la Verdad “Acteal 11 años de impunidad ¿y cuántos más?”, la sociedad civil Las Abejas convocó a la sociedad civil, a la prensa nacional, a La Otra Campaña y a las organizaciones a participar en la Jornada de Ayuno y Oración que se realizó el 9 de junio “a partir de las 7:00 a.m. frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” (SCJN). El día 7 de junio, miembros de Las Abejas salieron en una caravana a la Ciudad de México para denunciar a través de oración y ayuno la posible decisión de liberar a 14 personas acusadas y condenadas por haber participado en la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997. Además de denunciar la posibilidad de liberación de los 14, Las Abejas exigieron castigo contra los ex-funcionarios federales Ernesto Zedillo Ponce de León, Emilio Chuayfet Chemot y general Enrique Cervantes entre otros.
En un comunicado a parte las mujeres de Las Abejas hablaron de Acteal como “la semilla de la conciencia para trabajar por la paz”. Señalaron que los detenidos todavía no han reconocido que fueron “culpables ni que fueron cómplices”. Aún así, fueron ellos que “robaron, quemaron las casas, llevaron el maíz y el café, todas las cosas de la casa. Cargaron las armas, fueron cómplices de la masacre porque cooperaron para comprar las armas, ayudaron a que mataran a nuestras hermanas”. Subrayando el dolor y el sufrimiento que han vivido desde la masacre hasta la fecha, las mujeres concluyeron su comunicado reiterando que se oponen a la liberación de los 14 “porque no queremos que vuelvan a matar, ni a nosotros ni a nadie por que solo hemos dicho la verdad y nada más, y seguiremos diciendo nuestra palabra y exigiendo la verdad”.
Información circulada en la prensa ha señalado que la SCJN está por pronunciarse sobre la situación jurídica de 12 presos acusados de participar en la masacre de Acteal próximamente. En un comunicado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) expresó que “lo absurdo es que por la ineficiencia del sistema liberen a los responsables materiales de este crimen de Estado”. A once anos de la masacre, el CDHFBC advierte que la situación de impunidad y tensión en Los Altos de Chiapas no ha mejorado. Al contrario, desde 2008 el ambiente político de Los Altos se encamina “hacia una mayor tensión y temor de la población que pueda pasar un Acteal más”.
El sábado 30 de mayo, habitantes del ejido San Sebastián Bachajón, adherentes a La OtraCampaña, realizaron una marcha de la sede del Municipio Autónomo Zapatista “Primero de Enero” al parque central de la ciudad de Ocosingo, entrada a la Selva Lacandona. El evento se dio en el marco de una jornada nacional e internacional de manifestaciones, mítines y actos culturales para exigir la libertad de Jerónimo Gómez Saragos, Antonio Gómez Saragos, Miguel Demeza Jiménez, Sebastián Demeza Deara, Pedro Demeza Deara, Jerónimo Moreno Deara y Alfredo Gómez Moreno, indígenas tseltales del mismo ejido actualmente presos en el reclusorio CERSS No. 14 “El Amate”.
Los ejidatarios de Bachajón, que sumaron aproximadamente 600 participantes, exigieron la libertad de sus siete compañeros presos, con quienes pudieron comunicarse vía teléfono en el cierre del mitin frente al palacio municipal. Leyeron cartas de solidaridad de diferentes colectivos adherentes a La Otra Campaña, y en varios ocasiones se escuchaba la consigna “Viva el EZLN”, entre otras. Además, en el transcurso de la marcha y durante el mitin fueron repartidos volantes que informaron sobre el motivo de la marcha y sobre el “Centro Integralmente Planeado Palenque – Agua Azul” (CIPP).
Cabe recordar que la detención de los siete indígenas tseltales el pasado 13 y 17 de abril, respectivamente, se da en el contexto de la oposición de los adherentes a La Otra Campaña del ejido de San Sebastián Bachajón a los planes gubernamentales de una autopista de San Cristóbal de Las Casas a Palenque, que atravesaría el ejido, y que forma parte del CIPP. Mientras el gobierno estatal los acusa de ser asaltantes, defensores de derechos humanos denunciaron violaciones a sus derechos, tortura y tratos denigrantes, y que su detención se dio por defender sutierra y territorio.
En la comunidad Jolaco en el municipio de Tila en la zona Norte de Chiapas se está dando una lucha “contra el capitalismo destructor de la naturaleza y la humanidad”. Diego Martínez López, catequista ch’ol y miembro de la organización de retornados en la zona, Kichan Kichañob, adherente de La Otra Campaña, es ejidatario y dueño de unas hectáreas en el ejido que contienen un tesoro particular: un manantial, grutas y un arroyo con unas hermosas cascadas. Ahí desde siempre la gente de la comunidad ha venido a bañarse y convivir. En el corazón de la montaña, se esconde el nacimiento del agua que corre en el arroyo y varios cientos de metros de grutas y cuevas cubiertas de estalactitas y estalagmitas. Ahí en la profundidad de la montaña, las autoridades religiosas de la comunidad se reúnen para rezar y quemar velas cuando hay sequía.
Desde tiempo gente de ciudad y de otros lados se han acostumbrado a venir a la cascada para bañarse. Diego nunca ha tomado medidas en contra de la gente que llega de fuera, aunque sí se ha molestado con personas que llegan y ensucian el arroyo. Últimamente sin embargo, Diego y la organización Kichan se han encontrado con una nueva problemática. Ya en 1998 el gobierno intentó pavimentar un camino que cruzaría un campo de cafetales perteneciendo a Diego para entrar a las cascadas. Se le prometieron 50.000 pesos para construir el camino y él aceptó. Derrumbaron árboles frutales y cafetales, pero nunca lo indemnizaron por las pérdidas. Finalmente se suspendieron los planes de carretera. Hace menos de un año, volvieron a abrirse en el marco de un nuevo proyecto eco-turístico impulsado por el gobierno. Los planes dividieron la comunidad. Diego y Kichan Kichañob decidieron no optar por el proyecto, mientras la otra parte estuvo a favor de la construcción de una carretera y un complejo eco-turístico en la orilla del arroyo. También se dice que el gobierno municipal de Tila planteó una propuesta para dejar entrar a una empresa embotelladora en el manantial.
Diego sigue insistiendo en que la cascada y el arroyo pertenecen a sus antepasados y a sus familiares, tanto como a la comunidad. No quiere vender su terreno y dice que seguirá hasta que pueda defendiendo su derecho. La otra parte de la comunidad sin embargo insiste en que la cascada es un bien comunal que pertenece a toda la comunidad, y por lo tanto están exigiendo la aceptación del proyecto eco-turístico. El conflicto parece estancado vulnerando la autonomía en la comunidad entre los dos grupos y el desacuerdo que les divide acerca del futuro de la cascada.
El 7 de mayo de 2009, la Junta de Buen Gobierno “Corazón del arcoíris de la esperanza” del Caracol IV “Torbellino de nuestras Palabras” de Morelia publicó un nuevo comunicado exigiendo la libertad inmediata de los detenidos de Bachajón que se encuentran actualmente en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 14 (EL AMATE), y denunciando “la campaña de contrainsurgencia” llevada a cabo por el gobierno de Sabibes en varios municipios de la zona Zot’z Choj.
Respecto a los detenidos, denunciaron: “Por incapacidad de Juan Sabines de sus represores han torturado compañeros nuestros injustamente mientras los verdaderos delincuentes están gozando la libertad en sus casas y públicamente queremos demostrar la incapacidad de gobierno represor. (…) En cambio nosotros los que trabajamos en la Junta del Buen Gobierno, con humildad, queremos demostrar nuestra capacidad de aplicar la justicia verdadera”. Afirmaron tener en su custodia a dos personas que denunciaron a su vez a los que los contrataron, “los verdaderos asaltantes”. Agregaron al respecto: “Estas personas son los verdaderos asaltantes que han venido violando el libre tránsito Ocosingo Palenque, y las policías que patrullan este tramo sólo han servido de estorbo porque no han hecho nada, pero sí son muy buenos para violar los derechos de nuestros compañeros”.
El 8 de mayo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas informó que se le notificó que se les había dictado el auto de formal prisión a Alfredo Gómez Moreno, Gerónimo Gómez Saragos, Antonio Gómez Saragos, Pedro Demeza Deara, Sebastián Demeza Deara, Gerónimo Moreno Deara, Miguel Demeza Jiménez, integrantes de La otra Campaña y a Miguel Vázquez Moreno, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), del ejido San Sebastián Bachajón del municipio de Chilón.
En la mañana, alrededor de 350 ejidatarios de San Sebastian Bachajón, habían realizado una marcha-mitin en la cabecera municipal de Ocosingo para exigir la liberación de los 8 indígenas tseltales que permanecen presos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 4 de Cintalapa, Chiapas.
Escrito por SIPAZ 
