Chiapas/Oaxaca/Nacional: Ante falta de acuerdos sobre la reforma educativa en el diálogo, el magisterio sigue con las movilizaciones

Personas cruzando a pie un bloqueo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Foto: @Oscar León.

En una negociación que duró aproximadamente siete horas, la comisión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Secretaría de Gobernación (SG) resolvieron que “la prioridad en el diálogo sea alcanzar justicia para la población de Nochixtlán, Oaxaca”, según La Jornada. Este medio apuntó a que Gobernación buscará realizar investigaciones exhaustivas sobre los hechos ocurridos en Nochixtlán el pasado 19 de junio, donde nueve civiles perdieron la vida en un enfrentamiento entre magisterio disidente y policías estatales y federales. Asimismo, el gobierno se comprometió a buscar la reparación del daño a las familias de las personas fallecidas.

Paralelamente, las partes dialogantes siguieron la construcción de la agenda de discusión en la cual la CNTE planteó como punto central la abrogación de la reforma educativa. En declaraciones, Adelfo Alejandro Gómez, de la Sección 7 de Chiapas, afirmó que se quiere encontrar una salida “de fondo”, llegando a una solución que “no sea pasajera ni momentánea”. Aseveró que no se detendrán las movilizaciones y bloqueos sino que seguirán con su plan de acción para que se dé marcha atrás a la reforma de la educación. Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reiteró que la abrogación de la reforma no es competencia de su Secretaría: “no es un tema que podamos atender, es un mandato constitucional, es una reforma hecha por los legisladores, por el Constituyente”. También hizo énfasis en la “corresponsabilidad”, refiriéndose a la necesidad de trabajar desde ambas partes para llegar a un acuerdo, solicitando al magisterio que garantice las condiciones de tranquilidad, estabilidad, tránsito para el suministro de insumos y cierre del ciclo escolar. Mientras, persisten los bloqueos en unas 10 carreteras de Oaxaca y 14 de Chiapas, obstruidos por maestras, maestros, familias y sociedad civil simpatizante con la CNTE, tanto en rechazo por la represión policial en Nochixtlán como por la derogación de la reforma educativa. Cabe destacar que la primera mesa de diálogo tuvo lugar tras más de un mes de protestas magisteriales ante la cerrazón gubernamental de entablar comunicación con el magisterio, no concretándose hasta después de la muerte de las 9 personas en el bloqueo en Oaxaca. Por el momento, no anunciaron una próxima fecha para seguir con las negociaciones.

Por otro lado, Roberto Paciencia Cruz, injustamente preso en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) n°5 de San Cristóbal de Las Casas, realizó dos jornadas de ayuno y oración en solidaridad con la CNTE. En una carta pública, el adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), escribió que “un echo tan doloroso como sucedió en Oaxaca que perdieron la vida a nuestros hermanos (sic)” le motivó a solidarizarse con las y los maestros, “que llevan mas de un mes luchando contra la mala reforma educativa”. Asimismo, exigió al presidente de la República mexicana, Enrique Peña Nieto, “que exorte al gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa por la libertad del compañero Alejandro Diaz Santiz”, preso organizado que lleva 17 años en reclusión y tendría derecho a la remisión parcial de la pena para salir bajo libertad condicional.

Para más información:

Las protestas seguirán, dice la CNTE luego de 7 horas de diálogo en Segob; la reforma se mantiene: Osorio Chong (Sin Embargo, 28 de junio de 2016)

Impasse en diálogo entre CNTE y Segob; agendan encuentro por Nochixtlán (Aristegui Noticias, 28 de junio de 2016)

Atención a Nochixtlán, primer acuerdo Segob-CNTE (La Jornada, 28 de junio de 2016)

Inicia bloqueo carretero permanente en ocho puntos estratégicos de Chiapas (Chiapas Paralelo, 27 de junio de 2016)

La CNTE reanuda bloqueos en carreteras de Oaxaca; en Chiapas protesta en frontera con Guatemala (Sin Embargo, 27 de junio de 2016)

Desde el CERESO No 5 Roberto Paciencia inicia ayuno en solidaridad a la lucha magisterial (Grupo de Trabajo No Estamos Todxs, 24 de junio de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Nacional/Internacional: Aumenta apoyo al magisterio al nivel nacional e internacional (23 de junio de 2016)

Chiapas: Roberto Paciencia escribe a Alejandro Díaz (24 de junio de 2016)

BOLETÍN URGENTE: REPRESIÓN MAGISTERIAL EN OAXACA (22 de junio de 2016)

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Chiapas/Nacional: Movilizaciones a 21 meses de la desaparición de “los 43”

Marcha en San Cristóbal de Las Casas el 26 de junio de 2016. Foto: @Sipaz.

A 21 meses de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y del asesinato de 6 personas más en Iguala, Guerrero, hubo movilizaciones a nivel nacional. En la Ciudad de México cientos de personas marcharon en exigencia de la aparición con vida de los normalistas, del Antimonumento a los 43 a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR). En todo momento, las madres y padres de los estudiantes se deslindaron de la marcha silenciosa que estaba teniendo lugar cerca de su recorrido, la cual fue convocada por el líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Andrés Manuel López Obrador, en apoyo a la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por la derogación de la reforma educativa. Es de destacar que las madres y padres de los normalistas denunciaron que el autobús en el que viajaban hacia la Ciudad de México fue apedreado cuando transitaba por Cuernavaca, Morelos. Según Sin Embargo, “el ocupante de un carro negro los bloqueó y les tiró piedras, rompiendo dos ventanas del camión en el que iban; informaron que no hubo heridos”.

En San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el sector salud que está en paro por el desabasto de insumos, la falta de personal en los centros de atención médica y por mejores prestaciones sociales, convocó a una marcha que arribó al evento cultural frente al ex palacio municipal, donde se proyectaron documentales y se elaboró un mural. Cabe mencionar que el 22 de junio el sector salud también marchó en alrededor de 70 ciudades de la República mexicana. Según Prensa Libre Chiapas, en San Cristóbal de Las Casas se movilizaron unas 3 mil trabajadoras y trabajadores de la Salud junto con sociedad civil organizada de los barrios y colonias. “Lo que estamos pidiendo es el abastecimiento al cien por ciento de medicamentos en todas las unidades médicas, pues es un problema que las autoridades no han solucionado desde hace cuatro años” declaró uno de los representantes del personal médico en La Jornada. La secretaria general de la sub sección 03 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA) afirmó que tras más de dos semanas de paro de labores, no tenían respuesta positiva del titular de Salud en el estado.

Cabe mencionar que las investigaciones sobre el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 no presentan avances relevantes. Recientemente, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al Ejército mexicano entregar el material que un militar del 27 Batallón de Infantería captó la noche de la desaparición múltiple. Aunque el militar declaró que tomó fotografías y vídeos la noche de los hechos y que los entregó a su superior, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “declaró inexistente esta información”, según Sin Embargo. Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43 estudiantes, aseveró que la PGR despidió a varios funcionarios e inició una investigación contra Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal. Éste fue señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de “tergiversar la realidad” en cuanto a las diligencias en el Río San Juan, lugar donde la fuertemente cuestionada “verdad histórica” -versión oficial del gobierno sobre la desaparición- apuntó a que los restos de los estudiantes fueron esparcidos tras haber sido incinerados en un basurero por parte del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos. Por su parte, Emiliano Navarrete, padre de uno de los 43, reprochó que el gobierno los convoque “a puras reuniones” pero que “no ha hecho nada” para encontrar a sus hijos desaparecidos.

Para más información:

“No existe verdad ni justicia”: padres de los 43 a 21 meses de su desaparición (Proceso, 26 de junio de 2016)

“La lucha sigue a 21 meses del caso Ayotzinapa” #Fotos (Revolución Tres Punto Cero, 26 de junio de 2016)

El INAI ordena al Ejército entregar las imágenes tomadas durante el ataque a los normalistas en Iguala (Sin Embargo, 26 de junio de 2016)

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa denuncian que su autobús fue apedreado en Cuernavaca (Sin Embargo, 26 de junio de 2016)

Mega marcha de trabajadores de la salud en SC (Prensa Libre Chiapas, 22 de junio de 2016)

Personal de salud va a paro de labores en Chiapas (La Jornada, 7 de junio de 2016)

Ayotzinapa a 21 meses, ni perdón ni olvido. (Pozol Colectivo, 26 de junio de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas/México: Sector salud entra en paro contra las reformas del sector salud, la falta de medicamentos y equipo (22 de junio de 2016)

Guerrero/Nacional : Jueces dan por muertos a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa (18 de mayo de 2016)

Guerrero/México: GIEI concluye su trabajo México entregando un segundo informe. (28 de abril de 2016)

Guerrero/ Nacional: EAAF y GIEI reaccionan ante conclusiones sobre fuego en el basurero de Cocula (11 de abril de 2016)

Guerrero: Padres y madres de Ayotzinapa van a la Corte, a 16 meses de la desaparición de sus hijos (27 de enero de 2016)

Chiapas: Enfrentamiento entre campesinos por conflictos agrarios en la zona fronteriza

El día 20 de junio, el Comité Para La Promoción Y Defensa De La Vida “Samuel Ruiz Garcia” (Comité de Derechos Humanos), sacó un boletín denunciando “un enfrentamiento entre ejidatarios del poblado Nueva Independencia municipio de Frontera Comalapa y pobladores familiares de la Sra. Olga Velázquez Morales del predio “El Ensueño” en el mismo municipio”. El enfrentamiento tuvo un saldo de dos muertos y 16 heridos del ejido Nueva Independencia, de los cuales, 5 fueron reportados con lesiones graves y fueron hospitalizados.

A través de una entrevista del Comité de Derechos Humanos con el Comisariado Ejidal, Secretario y tesorero del Ejido Nueva Independencia, el enfrentamiento se derivó por la posesión de 171 hectáreas que el ejido viene laborando desde 1986, fecha en que el Gobierno Federal otorgo a 51 pobladores de esta comunidad quienes por la vía de segunda ampliación venían solicitando. Según el Comité de Derechos Humanos, el acuerdo de los ejidatarios, determinaron “otorgar la posesión de tres hectáreas a la parte afectada (Sra. Olga Velázquez Morales) donde se localiza su vivienda, sin embargo estas personas quedaron inconformes y empezaron […] una serie de acciones en contra, como son: Bloqueo de caminos, amenazas a pobladores que transitaban por el lugar, daños al ganado propiedad de la parte beneficiada, entre otros”. A raíz de los últimos hechos, la Asamblea de ejidatarios de Nueva Independencia determinaron el desalojo de las personas posesionadas para recuperar sus tierras toda vez que las instancias de gobierno no lograron resultados favorables.

El Comité de Derechos Humanos considera urgente la intervención del Gobierno del Estado a fin de “garantizar la paz social en el municipio y la región toda vez que en años anteriores se han registrado casos similares en el municipio de Chicomuselo” y exhorta a las instancias gubernamentales para atender el caso.

Para más información:

BOLETIN: ENFRENTAMIENTO ENTRE CAMPESINOS POR CONFLICTOS AGRARIOS EN LA REGION, URGENTE LA INTERVENCION  DE LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO. (Comité Para La Promoción Y Defensa De La  Vida “Samuel Ruiz  Garcia”, 20 de junio de 2016) 

BOLETÍN URGENTE: REPRESIÓN MAGISTERIAL EN OAXACA

BOLETÍN URGENTE

San Cristóbal de Las Casas
21 de junio de 2016

REPRESIÓN MAGISTERIAL EN OAXACA

El 19 de junio en el estado de Oaxaca elementos policiales reprimieron de forma violenta a maestras, maestros y sociedad civil organizada en rechazo a la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto. Tales hechos causaron la muerte de al menos 6 personas, la detención-desaparición de 22 y heridas de bala a otras 45 entre Nochixtlán y Hacienda Blanca. La atención médica no fue garantizada, ante lo que la población generó puestos de atención para tratar a las y los heridos. En la capital del estado, en los últimos días han estado llegando aviones de la Policía Federal y Gendarmería.

Este hecho es el más reciente en un contexto de escalada de violencia represiva en todas las entidades donde se ha manifestado el movimiento magisterial con apoyo de la sociedad civil (Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Michoacán, Guerrero, entre otros) en las últimas semanas. Todas estas movilizaciones han sido en exigencia de una mesa de diálogo con el gobierno federal acerca de la reforma, mismo que ha mantenido una postura dura de no querer modificarla y amenazando con el cese inmediato de quienes se mantienen en huelga.

Antecedentes:

En 2013, el gobierno federal aprobó la reforma educativa, incluida en el paquete de reformas impulsadas desde el “Pacto por México” -un acuerdo entre los principales partidos políticos planteando la construcción de una sociedad de derechos y libertades, crecimiento económico, seguridad, justicia, transparencia, combate a la corrupción y gobernabilidad democrática-. Desde su anuncio por parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la reforma de la educación causó inconformidad entre el magisterio. Fue presentada por el gobierno como una mejora del sistema educativo a partir de la evaluación de las y los docentes; también busca promover la autonomía de las familias de las y los estudiantes en la gestión de las escuelas, en la práctica implicando la asunción de los gastos de mantenimiento de las escuelas. Fue interpretada por un sector amplio del magisterio como una reforma laboral -más que de contenidos educativos- y que permitiera despidos selectivos de docentes, así como el inicio de la privatización de la educación en el país.

A raíz de ello, las y los profesores disidentes organizaron múltiples protestas en varios estados en busca de diálogo con el gobierno federal para la derogación de dicha reforma. Varias de las movilizaciones  fueron reprimidas por fuerzas policiales, causando la muerte de 3 docentes (uno de Chiapas y dos en Guerrero en 2015 y 2016).

Organizaciones de la sociedad civil de Oaxaca denunciaron la “criminalización del magisterio”, con ejemplos como “campañas mediáticas de difamación” o la detención de al menos 75 personas -entre las cuales figuran varios líderes magisteriales-, quienes se encuentran “en situación de prisión política”. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas valoró que varias de las detenciones fueron dirigidas contra defensoras y defensores de derechos humanos y se llevaron a cabo en condiciones de arbitrariedad. Además, parte de las y los detenidos fueron trasladados a centros penitenciarios de alta seguridad competentes a delitos graves del fuero federal.

Asimismo,  la sociedad civil oaxaqueña rechazó las decenas de órdenes de aprehensión emitidas hacia integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) -conocida por exigir la cancelación de la reforma educativa y por ser parte destacada del movimiento social oaxaqueño-, buscando “desarticular el movimiento”. Ante todo ello, diversos relatores de las Naciones Unidas emitieron “llamados urgentes a las autoridades mexicanas” por las violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones sin órdenes de aprehensión ni de cateo y ante el uso de tortura.

Desde el 15 de mayo del año en curso, el magisterio opositor se declaró en paro de labores, cerrando buena parte de los centros educativos, con porcentajes superiores al 95% en los estados de Chiapas y Oaxaca. Sumado al paro, las y los docentes han organizado marchas, bloqueos carreteros, plantones, tomas simbólicas de ayuntamientos y de radiodifusoras, entre otras acciones, las cuales han contado con el creciente apoyo de madres y padres de familia, así como de la sociedad civil en general. Actualmente el magisterio mantiene un plantón en el zócalo de Oaxaca de Juárez, el cual está siendo custodiado mediante barricadas en el centro histórico de la ciudad y por bloqueos carreteros de puntos estratégicos para evitar la entrada de fuerzas policiales.

La Sociedad Civil de Oaxaca publicó una Acción Urgente divulgando la emisión de una Alerta Humanitaria “por ataque armado del Estado a la población civil”. En ella se solicita el cese a la fuerza y la represión contra el magisterio y la población, la instalación de una mesa de diálogo, la atención médica inmediata, el cese a la criminalización de las y los maestros, la cancelación de las órdenes de aprehensión, la liberación de las y los detenidos, así como el castigo a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.

Desde el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), mostramos nuestra alta preocupación ante las violaciones a los derechos humanos en el marco de las movilizaciones magisteriales, por lo que las y los invitamos a firmar la Acción Urgente del Espacio Civil de Oaxaca en la página de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TdT).

Asimismo, valoramos que la situación no nada más en Oaxaca sino también en Chiapas es de alta tensión, por lo que invitamos a la sociedad nacional e internacional a mantenerse al pendiente de los sucesos en este estado.

Para más información:

AU: Sociedad Civil de Oaxaca emite Alerta Humanitaria por ataque armado del Estado a la población civil

 

Chiapas: 20 años de la desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres, el caso sigue impune

Foto:@Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Han pasado 20 años, sin que sus familiares y la sociedad conozcan el paradero de Minerva Guadalupe Pérez Torres (Minerva). Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC), “los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de Minerva se encuentran protegidos por la impunidad provocada por el Estado mexicano”.

El 20 de junio de 1996, Minerva fue detenida en un retén de revisión del “grupo paramilitar” Desarrollo Paz y Justicia ubicado en la comunidad de Miguel Alemán, municipio de Tila; en el retén se encontraban aproximadamente 50 personas armadas. Fue “detenida y posteriormente llevada a una casa en donde estuvo tres días. En este lugar fue torturada sexualmente por más de 30 personas del grupo paramilitar Paz y Justicia. Finalmente fue llevada rumbo a la comunidad de Masojá Chico, Tila, sin conocerse la ubicación exacta de su paradero”. La familia de Minerva sigue exigiendo al Estado mexicano acciones inmediatas que lleven a la búsqueda y localización de Minerva, “ya que la omisión en las investigaciones y la falta de mecanismos eficaces por parte de las autoridades de procuración de justicia han mantenido la desaparición forzada”; que se conozca la verdad, para alcanzar la justicia con dignidad, se castiguen a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y que el Estado mexicano “reconozca su responsabilidad en esta política de destrucción, violencia y muerte”.

Cabe mencionar que el caso de Minerva, junto con siete casos más de la zona Norte de Chiapas, es conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se encuentra en la etapa de estudio sobre fondo. Este caso “se cometió en el marco del Conflicto Armado Interno iniciado en enero de 1994” y “se encuentra vinculado con la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94 y del Plan de Campaña Chiapas 2000”.

Para más información:

Se cumplen 20 años de la desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres (CDHFBC, 20 de junio de 2016)

Se cumplen 20 años de la desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres (Kman Ilel, 21 de junio de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Minerva, la mitad de su vida desaparecida sin justicia (25 de junio de 2015)

Chiapas: A 18 años de la desaparición de Minerva Pérez, su caso sigue en impunidad (20 de junio de 2014)

Chiapas: A 17 años de la desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres, se admite el caso ante la CIDH (22 de junio de 2013)

Chiapas: Denuncia Alejandro Díaz Santiz malos tratos hacia los reclusos

Denuncia de Alejandro Díaz Santiz. Foto: @Chiapas Denuncia.

El injustamente preso Alejandro Díaz Santiz, actualmente privado de su libertad en el penal federal n°15 de Villa Comaltitlán, Tapachula, Chiapas, denunció amenazas, abuso de poder por parte de las y los custodios, así como humillaciones verbales y físicas. Mediante una carta, el adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) e integrante del grupo “Solidarios de la Voz del Amate”, afirmó que “[e]n las carceles de nuestro pais y estados los presos en diferentes penales o ceferesos sufren malos tratos por parte de las autoridades”, ejemplificando que “[m]ucho de mis compañeros an cido golpiados casi sin motivos” (sic). En su carta detalló el maltrato físico propinado a un interno de unos 60 años de edad, completamente desnudo, por tener vasos desechables en su celda. La carta de Díaz Santiz finalizó pidiendo al Presidente de la República exhortar a los gobernadores de Veracruz por su libertad, además de exigir al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, “que cumpla su promesa donde el se comprometio ver mi caso ante las autoridades de veracruz” (sic), la cual tiene casi 3 años sin ser cumplida.

Cabe recordar que Alejandro lleva más de 17 años en encierro por “un homicidio que no cometió”, además de que en el “momento del arresto no hablaba español, fue torturado, nunca tuvo acceso a un traductor y no podía contar con dinero suficiente para una defensa legal adecuada”, según los Solidarios de la Voz del Amate. En septiembre del pasado año fue trasladado de un penal estatal a un penal de máxima seguridad, aunque el delito por el que cumple condena no pertenece al fuero federal ni es un interno de alta peligrosidad. El Grupo de Trabajo “No Estamos Todxs” calificó este traslado de “venganza política” por “apoyar y concientizar a los demás presos y no callarse ante los abusos de las autoridades penitenciarias”. Actualmente está pendiente la resolución de un amparo que podría excarcelar a Díaz Santiz por remisión parcial de la pena.

Desde inicios del año en curso hasta mayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 800 quejas por el funcionamiento del sistema penitenciario nacional y centros de internamiento, según La Jornada. El mismo medio apuntó que las quejas son por “deficiente atención médica, tortura y malos tratos, deficiente alimentación, actividades laborales y educativas insuficientes, instalaciones con carencias y falta de higiene”. Asimismo, dicho organismo señaló que Chiapas se encuentra entre los seis estados en los cuales se concentran un 80% de las quejas recibidas.

Para más información:

Malos tratos en el CEFERESO 15 de Villa Comaltitlán (Chiapas Denuncia Pública, 6 de junio de 2016)

“Siempre estamos bajo amenazas, humillaciones físicas y verbales”, preso tsotsil de Chiapas, Alejandro Díaz Santiz. (Pozol Colectivo, 6 de junio de 2016)

Preso indígena denuncia “malos tratos” en penal de Chiapas (La Jornada en línea, 7 de junio de 2016)

La CNDH ha recibido este año 800 quejas contra el sistema penitenciario (La Jornada, 30 de mayo de 2016)

El profundo descuido del sistema penitenciario en México (Animal Político, 15 de febrero de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Alejandro Díaz Santiz ayuna por 17 años de encarcelamiento (13 de mayo de 2016)

Chiapas: Jornada por la liberación de Alejandro Díaz Santiz y las y los presos políticos (19 de abril de 2016)

Chiapas: Exigen la liberación de Alejandro Díaz Santiz (11 de marzo de 2016)

Chiapas: Trasladan a Alejandro Díaz Sántiz, junto a 386 presos, a penal de alta seguridad (15 de septiembre de 2016)

Guerrero: Inconformidad tras un año del asesinato de Antonio Vivar

Multitudinario funeral de Antonio Vivar en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en junio de 2015. Foto: @SIDIDH.

A un año del asesinato de Antonio Vivar, decenas de organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron la falta de investigación en torno a los hechos ocurridos durante la jornada electoral en el estado de Guerrero, en junio del pasado año. Durante la jornada fue “ejecutado arbitrariamente el joven activista Antonio Vivar Díaz y decenas de personas fueron objeto de detenciones arbitrarias y tratos crueles e inhumanos”, según apuntó el Sistema Integral de Información en Derechos Humanos (SIDIDH). Las organizaciones defensoras recordaron que la conflictividad social en el estado “no encontró canales de diálogo” y llegaron a darse “una serie de hechos violentos entre elementos de las fuerzas policiales y castrenses junto a grupos de personas armadas vinculadas a partidos políticos, que se enfrentaron con integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) en la ciudad de Tlapa de Comonfort”.

Asimismo, señalaron que la investigación del asesinato de Antonio Vivar “no ha tenido avances significativos y ha omitido realizar diligencias de especial importancia, además de que no ha integrado la información que la Comisión Nacional de Derechos Humanos obtuvo sobre la participación de las fuerzas federales”. Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan dijo, “el ministerio público de la federación desestimó esta acción delincuencial de los policías federales y se avocó a recabar sus testimonios, desvirtuando los hechos para que aparecieran como agraviados”. En un comunicado detallaron que los policías federales declararon no haber portado armas de fuego, afirman haber sido retenidos por varias horas en una capilla y haber sabido del asesinato hasta el siguiente día, a través de la prensa. Sumado a ello, denunciaron que la Procuraduría General de la República (PGR) intentó archivar el caso en febrero sin notificar a la familia del integrante del MPG. Ante ello, las organizaciones firmantes urgieron a la PGR iniciar una investigación diligente e identificar la responsabilidad de los elementos de la policía federal.

Para más información:

Tlachinollan | Exigen investigación diligente a un año de violencia electoral del 7 de junio en Guerrero (Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, 6 de junio de 2016)

Denuncian organizaciones falta de investigación por el asesinato del activista Antonio Díaz (Sistema Integral de Información en Derechos Humanos, 7 de junio de 2016)

ONG de Tlapa bloquean puente para exigir que resuelvan el caso de Toño Vivar (La Jornada Guerrero, 6 de junio de 2016)

OPINIÓN | Permiso para matar (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 6 de junio de 2016)

OPINIÓN | Pelear contra la impunidad y la desigualdad en la Montaña de Guerrero (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 8 de junio de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Marchan en Tlapa de Comonfort a un mes del asesinato de Antonio Vivar Díaz (10 de julio de 2015)

Guerrero: Gana PRI elecciones en contexto de violencia (9 de junio de 2015)

Chiapas: Muere un maestro en los enfrentamientos de oposición a la evaluación magisterial (10 de diciembre de 2015)