Nacional : presentación del informe “Defender los derechos humanos en México, la normalización de la represión política”

El pasado 24 de agosto, el Comité Cerezo México, la organización Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada presentaron el informe Defender los derechos humanos en México: la normalización de la represión política, que da cuenta del periodo junio de 2015 a mayo de 2016. El reporte indica que de 87 actos de violaciones a los derechos humanos de defensores ocurridos en 2011, se pasó a 118 en 2012, 160 en 2013, 225 en 2014 y 302 en 2015. Otros 35 se documentaron en lo que va del año.

Por primera vez, el número de agresiones físicas superó al de las amenazas y hostigamiento contra activistas y defensores de derechos humanos, además de que Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Veracruz concentran la mitad de estos abusos (293 agresiones a activistas de un total de 482). El quinto informe recopiló 41 amenazas de muerte, 3 de desaparición forzada, 186 agresiones físicas, 55 de desalojo, 9 casos donde se produjeron disparos e igual número de daño o robo de bienes.

El documento señala que la mayor parte de las violaciones están relacionadas con el impulso de diversos megaproyectos, donde los activistas y defensores acompañan a movimientos sociales que luchan por sus territorios, agua, bosques y recursos naturales.

Al comentar el informe, Jesús Peña Palacios, de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México, destacó la obligación que tienen el gobierno y sus autoridades para garantizar el trabajo de los defensores de derechos humanos. El sacerdote Miguel Concha consideró que « siempre hay una intencionalidad política para cometer estas violaciones ». Fernando Ríos, de la Red Todas los Derechos para Todas y Todos, denunció por su parte la existencia de una política de Estado caracterizada por descalificaciones, acoso y agresiones contra los defensores nacionales y extranjeros, como en el caso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa.

Para más información :

CONSULTA 5° Informe VDH: Defender los derechos humanos en México:- La normalización de la represión política (Junio de 2015 a mayo de 2016). (Comité Cerezo, agosto de 2016)

Concentran cinco entidades casos de agresión contra activistas: ONG (Revista Proceso, 24 de agosto de 2016)

Superan ya las agresiones físicas a las amenazas contra activistas (La Jornada Maya, 25 de agosto de 2016)

Aumentan ataques a defensores de DH debido a protestas contra reformas estructurales y caso Ayotzinapa: Comité Cerezo (Revolución 3.0, 25 de agosto de 2016)

Normalización de la represión política (La Jornada, 27 de agosto de 2016)

Para más información de SIPAZ :

Nacional/Guerrero: Informes poco favorables sobre corrupción y derechos humanos en México (3 de febrero de 2016)

Anuncios

Nacional/Internacional : Primera visita oficial del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas

Del 29 de agosto al 7 de septiembre, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos realizará su primera visita oficial en México con el propósito de observar que el gobierno mexicano y las empresas cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos. El grupo se reunirá con funcionarios gubernamentales, empresas, personas defensoras de derechos humanos así como con representantes de los pueblos y comunidades indígenas en la Ciudad de México y en los Estados de México, Oaxaca, Jalisco y Sonora.

Con motivo de dicha visita, más de 100 organizaciones, movimientos y redes de la sociedad civil publicaron un informe en el que se da cuenta de las principales violaciones a derechos humanos por parte de las empresas. El reporte recoge la implicación de 99 empresas: 41 nacionales, 50 extranjeras y 8 públicas. Destaca que en más de la mitad de los casos hubo algún tipo de intimidación o ataque contra defensores de derechos humanos y señala que las violaciones más recurrentes fueron contra el derecho a la tierra y territorio; el derecho al acceso a la información; a un medio ambiente sano; por impactos negativos a la salud y falta de cumplimiento de los derechos indígenas. El colectivo de organizaciones denunció que impiden el avance de los Principios Rectores de la ONU la complicidad del Estado con los intereses empresariales por encima de la protección del interés público; reformas estructurales que debilitan la protección de los derechos humanos, como es el caso de la reforma energética; la falta de consulta previa y consentimiento previo, libre, informado, culturalmente adecuado y de buena fe; entre otros.

Cabe recordar que la ONU creó este Grupo de Trabajo en 2011, después de aprobar por unanimidad los “Lineamientos sobre Empresas y Derechos Humanos”, los cuales obligan a los Estados a proteger a sus ciudadanos “de los abusos a los derechos humanos en sus territorios, incluyendo a las empresas”. Estos últimos establecen que los gobiernos deben “tomar las acciones necesarias para prevenir, investigar, castigar y reparar” los abusos perpetrados por las empresas, así como legislar para que éstas respeten a los derechos humanos en sus operaciones. Esta guía también insta a las empresas –“sin que importen su tamaño, sector, contexto operacional, dueños o estructura”– a no “contribuir a impactos negativos a los derechos humanos a través de sus actividades” y a identificar con anticipación las afectaciones a los derechos humanos que podrían generar.

Al final de su misión, los expertos ofrecerán una conferencia de prensa para compartir las observaciones preliminares de su visita, mismas que servirán de base para publicar posteriormente un informe.

Para más información :

Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos visitará México (Boletín oficial de la ONU, 24 de agosto de 2016)

ONU verificará respeto a derechos humanos en empresas y gobiernos de México (Revista Proceso, 24 de agosto de 2016)

Verificarán expertos de la ONU que empresas eólicas o mineras no violen DH en Oaxaca (Página3.mx, 24 de agosto de 2016)

BOLETÍN E INFORME: Pide sociedad civil a la ONU documentar violaciones a derechos humanos por parte de empresas (ProDesc, 28 de agosto de 2016)

Empresas ¿versus? Derechos Humanos (Revista Proceso, 29 de agosto de 2016)

Nacional/Oaxaca: Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto

Convocatoria jornada internacional de lucha contra la megaminería en defensa de la vida y del agua. (Foto:@OtrosMundos)

En el marco del Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, que se conmemoró este 22 de julio, se llevaron a cabo varios eventos en diferentes partes del país. En Oaxaca por ejemplo, colectivos de la región istmeña, participaron en el foro “Estrategias de lucha para la defensa de la Madre Tierra y el territorio” en la capital de Oaxaca. Ese evento fue parte de la campaña nacional en Defensa de la Madre Tierra la cual articula la experiencia de cientos de pueblos asechados por los proyectos mineros en el territorio mexicano. Otras organizaciones colectivas, el Colectivo de Abogados y defensores del Interés Público, Fronteras Comunes y Greenpeace México presentaron el manual “Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de pueblos y comunidades frente a 
los megaproyectos mineros en México” como una herramienta para hacer frente a los abusos de los proyectos mineros en todo el país.

Un día antes, en el marco de resistencia, autoridades comunales y agrarias, comunidades y organizaciones de Oaxaca y otros estados de la República, se reunieron en Oaxaca para instaurar el Día Estatal de Rebelión Contra la Minería. Sacaron un comunicado en el cual manifestaron su “decisión de luchar juntos para detener esos atropellos y afirmar nuestras maneras propias de vivir y gobernarnos”. Se preocuparon “porque esos atropellos causan inmensos daños a la Madre Tierra y desgarran el tejido social de las comunidades provocando divisiones y enfrentamientos”.

De acuerdo a datos publicados en El Universal en 2014, a nivel estatal actualmente se estima una superficie concesionada para minería metálica de 793 mil 525 hectáreas. Entonces la quinta parte de México está concesionada al sector minero. Marisa Jacott, directora de Fronteras Comunes explicó que “la destrucción masiva de los recursos naturales provocada por la actividad minera son múltiples como la contaminación del aire, el agua y el suelo a gran escala; despojos con violencia, represión y crimen contra las formas de defensa del territorio y organización comunitaria; deterioro de la salud de los habitantes cercanos a las minas; además del impacto que sufren los trabajadores mineros por laborar en condiciones de alto riesgo y por el uso intensivo de materiales peligrosos y sustancias químicas”.

Es por ello que el manual DESCA aborda las relaciones y tensiones que provoca la minería, y plantea que es “a partir de la sobreexplotación, deterioro y afectación de los recursos naturales que el Estado mexicano privilegia el beneficio de intereses privados y extranjeros sobre los sociales, quebrantando así los derechos colectivos”. Sin embargo, el manual propone la utilización de herramientas jurídicas y no jurídicas para las comunidades, a fin de fortalecer sus luchas por la defensa de su territorio, patrimonio y su salud frente al auge minero depredador en México.

Para más información

Crean en Oaxaca Día contra la Minería y denuncian saqueo de transnacionales (26 de julio de 2016Ciudadanía Express, 26 de julio de 2016)

Concesiones mineras acaparan 47 mil hectáreas en el istmo (Istmo Press, 23 de julio de 2016)

En México 300 conflictos mineros vulneran derechos de los pueblos (Desinformémonos, 22 de julio de 2016)

Se concesionó a mineras 12.7% del territorio nacional, alerta Greenpeace (Diario contra poder en Chiapas, 21 de julio de 2016)

Presentan manual para la defensa de las comunidades frente a impactos de la minería en México (Greenpeace México, 21 de julio de 2016)

Manual de defensa de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de pueblos y comunidades frente a los megaproyectos mineros en México

Página de la campaña nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio

Para más información de SIPAZ

Oaxaca: Se llevó a cabo Foro Regional “La minería en Oaxaca. Impactos sociales y ambientales” (29 de abril de 2016)

Oaxaca: Encuentro estatal de comunidades y organizaciones en resistencia a proyectos mineros (4 de febrero de 2016)

Nacional: Mitin ante Senado en el marco del Día mundial contra la minería toxica (25 de julio de 2013)

Nacional: “Violencia del narco” ha desplazado a 281 mil personas

La violencia en el país está aumentando por la presencia del “narco” (Foto:@Economia hoy)

Según una investigación del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados, la situación de violencia generalizada en la cual se encuentran diversas zonas del país, ha conllevada al aumento de número de personas que se han tenido que desplazar forzadamente en el país. Según el Cesop ”la violencia que generan los cárteles de droga a lo largo del país” es una de las razones más reconocidas porque la gente se ve obligado de huir de sus tierras. A pesar de las discrepancias de las cifras y de no contar con estadísticas oficiales, se estima que entre 2011 y 2015 “281 mil 418 personas se vieron obligadas a escapar” de sus hogares. De acuerdo con los resultados de dicha investigación, los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, entre otro, son las entidades que presentan el mayor número de desplazados.

Las “organizaciones criminales ya no solo se pelean por las rutas de tráfico de drogas, sino también aspiran a controlar cada vez más territorio en general“. De acuerdo con los Principios Rectores de los desplazamientos internos de la ONU, el desplazamiento forzado sucede con “personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”. En la mayoría de los casos, las familias han sido desplazadas dentro de México. Mientras en el ámbito internacional existen amplios reglamentos y un base jurídico para la protección de desplazados, en el ámbito de los desplazados forzados internos no existen instrumentos jurídicos equivalentes.

Por tal razón, y con la finalidad de seguir abonando en el análisis de esta problemática, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó el “Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México” en mayo de este año. Dice que “el gobierno federal reconoció que entre los factores que más han influido en el incremento de la violencia destacan las disputas en y entre organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico”. “Sin embargo destaca la importancia de la protección de los derechos humanos de las y los desplazados”, concluye la investigación. Tras reconocer que no existe una cifra global del desplazamiento interno generado por la violencia en los cárteles de la droga, se advierte que “las autoridades mexicanas han minimizado o ignorado el problema” hasta hoy. En el documento del Cesop resalta que así como sucede con la información incluida en reportes sobre secuestro de migrantes, el Estado mexicano ha desacreditado las cifras sobre desplazamiento interno.

Para más información

Violencia del narco ha desplazado a 281 mil (Milenio, 18 de julio de 2016)

El gobierno minimiza el creciente problema de las personas desplazadas, afirma el Legislativo (La Jornada, 18 de julio de 2016)

Los desplazados del narco (Vanguardia, 15 de julio de 2016)

El Estado mexicano se contradice ante el desplazamiento interno forzado (Animal Político, 4 de julio de 2016)

Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México (CNDH, 1 de mayo de 2016)

Para más información de SIPAZ

Nacional: CNDH lamenta más de 35 mil víctimas de desplazamiento forzado interno en el país (16 de mayo de 2016)

Oaxaca: Organizaciones de Derechos Humanos presentan informe sobre represión en Nochixtlán

Defensores y defensoras de Derechos Humanos. Foto:@CentroProDH

El 8 de julio, diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CODIGO DH) y Fundar, presentaron el “Informe preliminar sobre violaciones de Derechos Humanos el 19 de junio en Oaxaca“. Se basa en la investigación y documentación realizada por dichas organizaciones, quienes entrevistaron a personas testigos y víctimas de los hechos represivos ocurridos el pasado 19 de junio, embates derivados de las decisiones políticas de los gobiernos estatal y federal, al enviar un operativo para limpiar vialidades. Según el informe mismo, “responde a la necesidad de dar a conocer la cronología de hechos y violaciones a derechos humanos ocurridos en Nochixtlán, y lugares cercanos a la Ciudad de Oaxaca como Hacienda Blanca, Viguera, San Pablo Huitzo y San Francisco Telixtlahuaca, algunos de ellos realizados simultáneamente“. Por la seguridad de las personas que compartieron sus testimonios, se han omitido los datos personales de ellos. Empezando con una introducción al contexto siguen capítulos sobre los hechos en dichos lugares cercanos a la Ciudad de Oaxaca, después viene un listado de las violaciones a los Derechos Humanos y recomendaciones urgentes.

Un día después de la publicación del informe, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Comisión de Autoridades de diversos municipios se reunieron en el “Encuentro Magisterial y Popular“ el pasado sábado 9 de julio, junto con autoridades agrarias, sindicatos y organizaciones sociales para “ofrecer un contexto de la información sobre la situación del movimiento magisterial y popular, operar los acuerdos del pasado encuentro de autoridades celebrado en Nochixtlán y construir una agenda de los pueblos contra las reformas estructurales“. Uno de los acuerdos que salió es realizar una caravana motorizada a la Ciudad de México el próximo domingo 17 de julio para llegar allá el 19 de julio, cuando cumple un mes “la masacre de Nochixtlán“.

Para más información

La Minuta del 11 de julio (EDUCA A.C., 11 de julio de 2016)

Acuerdan maestros, ediles y grupos sociales “caravana motorizada” a la CDMX el día 17 (La Jornada, 10 de julio de 2016)

INFORME PRELIMINAR SOBRE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS 19 DE JUNIO EN OAXACA (EDUCA A.C., 8 de julio de 2016)

El asalto a Nochixtlán (Ojarasca La Jornada, 8 de julio de 2016)

La Minuta del 8 de julio (EDUCA A.C., 8 de julio de 2016)

Para más información de SIPAZ

Chiapas: Miles de creyentes peregrinan en apoyo al movimiento magisterial (5 de julio de 2016)

BOLETÍN URGENTE: REPRESIÓN MAGISTERIAL EN OAXACA (22 de junio de 2016)

Chiapas/Oaxaca: Actualización de las protestas magisteriales; al menos 6 muertos en Oaxaca (21 de junio de 2016)

Oaxaca: Comisión de la Verdad presentó su informe final

Foto:@Comisión de la Verdad Oaxaca

El 17 de mayo la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) presentó su informe final sobre los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos contra el pueblo oaxaqueño durante las revueltas de 2006 y 2007. El documento, con título “¡Ya sabemos! No más impunidad en Oaxaca”, consta de 1,250 páginas y se divide en cuatro capítulos que tratan sobre la denuncia de hechos por parte de las víctimas, la represión del Estado, las consecuencias sociales de las violaciones a los derechos humanos y la procuración de justicia de las autoridades y reparación del daños, siendo la conclusión de los trabajos iniciados por la CVO en noviembre de 2014. La Comisión reportó que “en el contexto del conflicto social oaxaqueño de 2006 y 2007, ocurrieron 28 muertes […], algunos de los homicidios acaecidos podrían ser clasificados como ejecuciones extrajudiciales”, siendo una ejecución extrajudicial “la privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de estos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga”.

Respecto a los señalamientos en contra del ex gobernador priista de Oaxaca, Ulises Ruiz (2004- 2010), Nayely Guillén, integrante de la CVO y especialista en derechos humanos, puntualizó que los delitos de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales son de lesa humanidad, por lo que no prescriben. “Ulises Ruiz no está a salvo de sus crímenes y no se ha salvado de sentarse en el banquillo de los acusados. Hay pruebas de las múltiples violaciones a los derechos humanos que realizó el ex gobernador”, enfatizó Guillén. Al respecto, el padre Alejandro Solalinde, ex presidente de la CVO, detalló a Revolución 3.0, “hasta el momento las instituciones del gobierno de Oaxaca no han dado señales de acoger el informe, es más, el gobierno de Gabino Cué ni siquiera ha dado señales de la existencia de este documento”. Los ex comisionados destacaron que el documento es “la voz de las víctimas”, considerando que a partir de la presentación del mismo “las víctimas deben darle seguimiento, nosotros ya brindamos las herramientas, falta que ellos se empoderen del informe y luchen por la justicia”.

Para más información:

Ulises Ruíz no está a salvo de sus crímenes ni de sentarse en el banquillo de los acusados: Comisión de la Verdad (Revolución 3.0, 18 de mayo de 2016)

INFORME FINAL ¡YA SABEMOS! NO MÁS IMPUNIDAD EN OAXACA (Comisión de la Verdad Oaxaca, 17 de mayo de 2016)

Denuncian ejecuciones extrajudiciales en Oaxaca, durante conflicto con APPO (Aristegui Noticias, 12 de mayo de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: Anuncia Comisión de la Verdad de Oaxaca pronta publicación de su informe final (3 de febrero de 2016)

Oaxaca: Más de 500 casos de tortura y 26 ejecuciones: Comisión de la Verdad (16 de junio de 2015)

Oaxaca: denuncian amenazas contra integrantes de la Comisión de la Verdad conformada para investigar el conflicto político-social del 2006 (23 de abril de 2015)

Oaxaca: A 8 años del conflicto de 2006, sigue la impunidad. Se conforma Comisión de la Verdad (27 de noviembre de 2014)

Nacional: CNDH lamenta más de 35 mil víctimas de desplazamiento forzado interno en el país

Gráfica del Informe. Foto: @CNDH

El 11 de mayo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México (DFI), fenómeno no reconocido oficialmente y vinculado a distintas violaciones a los derechos humanos. El Informe es el resultado de un trabajo de muestreo basado en cuestionarios y visitas a las 32 entidades federativas del Estado. Según el informe hay al menos 35,433 personas desplazadas por la violencia en el país. El ombudsman nacional de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, señaló que se trata sólo de un “muestreo” para “llamar la atención” de las autoridades ante la problemática, ya que la cifra podría ser mucho mayor pues “no existe información completa, actualizada y verificable sobre el número de personas víctimas de desplazamiento forzado interno en México”. Detalló que el DFI implica la vulneración, directa e indirecta, de derechos humanos como los relativos a la circulación y residencia, a la salud, seguridad personal, seguridad pública, seguridad alimentaria, al trabajo y a la educación.

Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Chihuahua son las entidades que acumulan el mayor número de municipios y comunidades expulsoras de personas como consecuencia de la delincuencia en el país. El presidente de la CNDH urgió a “establecer las condiciones de seguridad frente a la delincuencia organizada, así como el retorno voluntario de la población desplazada a su zona de origen o su reubicación en nuevas zonas de asentamiento”. González Pérez subrayó la necesidad de que el Estado mexicano “reconozca oficialmente la existencia de este problema, adopte una postura unívoca respecto del mismo y emprenda acciones específicas para su atención, como la creación de una ley general en la materia”. Según él, la CNDH ya cuenta con una propuesta de Protocolo de Atención a las personas víctimas de DFI, que en breve será presentada. Entre las medidas aconsejadas, la CNDH llamó a la coordinación de “los tres niveles de gobierno, los organismos internacionales, la sociedad civil organizada y el sector privado” para atender el desplazamiento forzoso, la formulación de protocolos de atención, el reconocimiento de los derechos de las y los desplazados en apego a la Ley General de Víctimas, la garantía de acceso a trabajo, capacitación y educación, entre otras.

Para más información:

Las cifras, las comunidades y las causas del desplazamiento forzado interno en México (Animal Político, 14 de mayo de 2016)

Propone la CNDH crear ley general sobre desplazamiento forzado (Proceso, 11 de mayo de 2016)

INFORME ESPECIAL SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO DE LA CNDH (CNDH, 11 de mayo de 2016)

Más de 35 mil víctimas de desplazamiento forzado interno en México, detecta la CNDH (Aristegui Noticias, 11 de mayo de 2016)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Familias desplazadas siguen su camino exigiendo justicia (26 de febrero de 2016)

Chiapas: Familias desplazadas de Primero de Agosto denuncian cercado de sus tierras Primero Agosto (19 de abril de 2016)

Chiapas: Foro de diálogo sobre Cultura de Paz, Desarrollo Local y Desplazamiento Interno de Personas (11 de marzo de 2011)