Nacional/Internacional: relatores de la ONU y la CIDH sobre Libertad de Expresión llaman a México a redoblar esfuerzos para proteger a periodistas

David Kaye y Edison Lanza, Relatores Especiales sobre libertad de expresión para las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@OAS)

“México debe dar pasos audaces para abordar la violencia que enfrentan quienes ejercen el periodismo”, manifestaron David Kaye y Edison Lanza, Relatores Especiales sobre libertad de expresión para las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente luego de una misión oficial que llevaron a cabo del 27 de noviembre al 4 de diciembre para examinar la situación de la libertad de expresión en México. Durante dicha visita, se reunieron con más de 250 periodistas e integrantes de organizaciones civiles, de 21 estados de la República mexicana.

En una declaración conjunta al finalizar su misión, declararon que “la violencia contra quienes ejercen el periodismo ha sido una crisis para México por más de una década y a pesar de la creación por parte del Gobierno de mecanismos de protección y persecución, todavía la impunidad y la inseguridad siguen caracterizando esta situación a lo largo del país”. Expresaron también que “nos horrorizaron las historias que escuchamos de los periodistas, en las que presentaron una cruda imagen del ambiente hostil que han enfrentado. El acoso sexual contra mujeres periodistas, el desplazamiento forzoso de reporteros, los asesinatos y las desapariciones, así como una impunidad profunda, fueron elementos comunes en sus narrativas”. Alertaron también que “la necesidad de abordar los temas de protección y transparencia será especialmente crítica en 2018, cuando la ciudadanía mexicana votará en elecciones federales, estatales y locales”.

En sus recomendaciones, instaron al gobierno mexicano a “incrementar rápida y sustancialmente los recursos disponibles para los mecanismos que han sido establecidos para proveer de protección y transparencia. México ya ha dado un paso loable creando estas instituciones; ahora debería darles las herramientas para ser efectivas”.

Para más información:

México debe redoblar esfuerzos para proteger periodistas, instan expertos de derechos humanos (Comunicado conjunto de ONU y CIDH, 4 de diciembre de 2017)

Observaciones preliminares (4 de diciembre de 2017)

Urgen ONU y CIDH a frenar violencia contra periodistas en México (La Jornada, 4 de diciembre de 2017)

Periodismo en México se ejerce bajo “condiciones de terror”: Relatores de ONU y CIDH (Aristegui Noticias, 4 de diciembre de 2017)

La ONU alerta sobre la impunidad de los crímenes contra los periodistas en México (El País, 4 de diciembre de 2017)

Para más información de SIPAZ:

Nacional/Oaxaca: Red nacional de periodistas exige detener la violencia contra comunicadoras (17 de octubre de 2017)

Nacional/Internacional: Espionaje a periodistas y activistas en México (27 de junio de 2017)

Nacional/Guerrero: Siguen ataques y homicidios de periodistas y defensores de Derechos Humanos (19 de mayo de 2017)

Nacional: Pronunciamiento de WOLA frente al recrudecimiento de violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos (11 de abril de 2017)

Nacional: Informe de Artículo 19 “de lo digital a lo tangible” (3 de diciembre de 2016)

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Nacional/Internacional: WOLA evidencia el alto grado de impunidad ante violaciones a derechos humanos por soldados en México

Foto @ Desinformémonos

El 7 de noviembre, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus insignias en inglés) publicó su nuevo informe con el título “Justicia Olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidos por soldados en México“. En ese mismo denuncia que “los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México.“

La WOLA destaca que de los 505 casos registrados entre el 2012 y 2016 en las que la PGR ha investigado en contra de miembros de fuerzas armadas, en mayoría debido a violaciones de derechos humanos como tortura y desaparición forzada, tan solo 16 acusados han sido condenados por el sistema de justicia civil. Eso corresponde a un grado de éxito en las investigaciones de 3.2%, ante lo cual la Jornada denuncia la “falta de efectividad para sancionar a militares“.

El informe señala que “han pasado más de diez años en México de una estrategia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada sostenida fuertemente en el despliegue de militares y en el uso de la fuerza, pero no en la justicia. El fortalecimiento de instituciones civiles como la policía y el Ministerio Público se ha dejado en segundo plano. Estados Unidos también apoyó este enfoque durante los primeros años de la asistencia en materia de seguridad a México, pues a través de la Iniciativa Mérida una parte significativa de los recursos se destinaron a las fuerzas armadas mexicanas.“

Las tres graves consecuencias en la estrategia de seguridad militarizada mexicana han sido según el informe:

1. El aumento de violencia en México y la constante violación de derechos humanos.

2. La disminución de la urgencia y presión para una reforma policial.

3. Que la rendición de cuentas a sido prácticamente inexistente, debido a la impunidad.

Según Proceso el gobierno mexicano rechazó el informe y publicó un comunicado en el que niega “que exista violación a los derechos humanos“.

Para más información:

Informe de WOLA expone “impunidad” en violaciones por parte de soldados; gobierno responde (Aristegui Noticias, 8 de noviembre del 2017)

Peña rechaza informe de WOLA sobre abuso militar y pide a EU estudio sobre tráfico de armas (Proceso, 8 de noviembre del 2017)

Sólo 16 condenas en 505 investigaciones contra militares: WOLA (La Jornada, 7 de noviembre del 2017)

Justicia Olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidos por soldados en México (WOLA, 7 de noviembre del 2017)

Para más información en SIPAZ:

Nacional/Internacional: México ocupa el primer lugar de impunidad en América (12 de septiembre del 2017)

Guerrero: Ayotzinapa, tercera audiencia de oficio en la CIDH: “el gobierno federal no quiere resolver el caso” (26 de octubre del 2017)

Nacional/Internacional: Ejército y fuerzas de seguridad involucradas en asesinatos extrajudiciales, tortura, desaparición forzada: EU (10 de julio del 2015)

Nacional : informes de organizaciones de derechos humanos contrastan con avances señalados en el Quinto Informe de Gobierno

Lo que no dice el Informe de Peña “cuenta, y cuenta mucho”
Proceso

El 1ero, de septiembre, fue presentado el Quinto Informe de Gobierno presumiendo avances en materia de pobreza, empleo, educación y respeto a derechos humanos.

En contraste, pocos días antes, se publicó el Sexto informe de violaciones de derechos humanos contra personas defensoras de los derechos humanos que abarca el periodo de junio de 2016 a mayo de 2017 y que documenta que en el plazo “cada día ocurrieron 4 violaciones a los derechos humanos en contra de personas defensoras de derechos humanos en México”. Dicho informe informa que “a un año y medio de terminar el periodo de Enrique Peña Nieto, están documentadas 2426 detenciones arbitrarias” desde el inicio de su sexenio. En cuanto a ejecución extrajudicial, indica que mientras durante el periodo del ex presidente Felipe Calderón fueron documentadas 67, “en el periodo que llevamos con EPN se ha incrementado esta modalidad represiva a casi el doble sumando 123 ejecuciones”. En materia de desaparición forzada, señala 11 casos en el periodo que abarca el informe. Ante estos datos, el informe concluye “En general, el informe nos dice que el uso de la ejecución extrajudicial es la modalidad represiva más usada por el Estado en el periodo que abarca este informe con respecto a años anteriores, (…) Esto muestra claramente que el Estado incrementa la intensidad de la represión por motivos políticos ante la voluntad de las personas defensoras de mantener su trabajo”.

Denuncia además que “el perfeccionamiento de las técnicas represivas incluye acciones como mantener la impunidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas, lo que implica que el Estado cubre los huecos de las investigaciones de los casos más graves de VDH para evitar que lleguen a las instancias internacionales, es decir, no investiga, sino que sólo en apariencia cumple con lo que dicta la ley, sin que eso se refleje en un avance en las investigaciones. Al mismo tiempo, acepta las visitas de las instancias internacionales de DH, pero descalifica los informes que realizan dichos representantes internacionales. Además desprestigia aún más la defensa de los derechos humanos de dos maneras: permitiendo una campaña que equipara a las personas defensoras de derechos humanos como defensores de delincuentes y, la segunda manera, debilita el sistema internacional de derechos humanos, fortaleciendo el derecho internacional humanitario, que juzga personas y no estructuras estatales, aduciendo que las VDH son actos individuales, de sujetos infiltrados o estresados, pero que nunca ha habido una orden de las estructuras estatales de violar derechos humanos”.

Por otro lado, cubriendo del inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto a 31 de julio de 2017, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), conformada por 84 agrupaciones de 23 estados del país, llega a conclusiones parecidas en el informe La esperanza no se agota. Situación de las personas defensoras de derechos humanos durante la presidencia de Enrique Peña Nieto publicado a principios de septiembre. Detalla que los gobiernos estatales son los que más los vulneran derechos humanos con un 39% de los casos, seguido por la administración federal con un 32%; agentes municipales y comunitarios con un 20%, y funcionarios de procuración de justicia con un 18%. Señala también que 69% de los casos se dieron en siete de las 30 entidades analizadas: Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Puebla y estado de México.

Para más información :

Desaparecieron 81 activistas y mataron a 106 este sexenio: ONG (6 de septiembre de 2017)

Informe completo « La esperanza no se agota. Situación de las personas defensoras de derechos humanos durante la presidencia de Enrique Peña Nieto » (Red Tdt, septiembre de 2017)

Boletín de prensa e informe completo – Sexto informe de violaciones de derechos humanos contra personas defensoras de los derechos humanos. “Defender los derechos humanos en México: La ejecución extrajudicial como respuesta del Estado. Junio de 2016 a mayo de 2017” (29 de agosto de 2017)

Lo que no dice el Informe de Peña “cuenta, y cuenta mucho (Proceso, 1ero de septiembre de 2017)

¿Qué dice el V Informe de Peña? Estos son los 5 ejes del texto (documento completo) (Animal Político, 1ero de septiembre de 2017)

Peña Nieto en su 5to Informe de Gobierno, ¿mentiras o verdades? (Animal Político, 4 de septiembre de 2017)

Los cinco ejes del informe de Gobierno de EPN (Sdp Noticias, 4 de septiembre de 2017)

Para más información de SIPAZ :

Nacional : cuarto informe del gobierno de Peña Nieto(12 de septiembre de 2016)

Nacional: Múltiples críticas a la presentación del Tercer Informe de Gobierno de Peña Nieto (8 de septiembre de 2015)

Oaxaca: Se exige justicia para el defensor comunitario Bernardo Vásquez Sánchez, asesinado hace 5 años

“¡EXIGIMOS JUSTICIA!” Foto@EDUCA

El 15 de marzo de 2012, hace cinco años, fue asesinado el defensor comunitario Bernardo Vásquez Sánchez por su oposición a la implementación del proyecto minero “San José”, en San José del Progreso, Oaxaca. El asesinato de Bernardo, portavoz de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), fue “presuntamente operado por la compañía minera Fortuna Silver Mines y las autoridades municipales de San José del Progreso”. En este mismo atentado, fueron heridos de gravedad Rosalinda Dionisio Sánchez y Álvaro Andrés Vásquez Sánchez. Hasta el momento, no existe ninguna persona detenida por dicho atentado.

Según Servicios para una Educación Alternativa, A.C. (EDUCA), “[e]sta condición exhibe la impunidad existente en el sistema de justicia, sobre todo relacionada con agresiones hacia defensoras y defensores de derechos humanos”. Cabe mencionar que desde 2010 Bernardo Vásquez estuvo denunciando a las autoridades estatales y federales que era objeto de constantes amenazas, además de la presencia de grupos armados en la comunidad, “contratados por el ayuntamiento y la empresa minera”. Según EDUCA, en respuesta las autoridades correspondientes “hicieron caso omiso a dicha situación”.

En el marco de el aniversario de su asesinato, EDUCA hizo una ofrenda por la vida de Bernardo y exigió a las autoridades correspondientes justicia para Bernardo Vásquez y la comunidad de San José del Progreso.

Para más información:

EDUCA exige justicia para el defensor comunitario Bernardo Vásquez Sánchez, asesinado hace 5 años (EDUCA, 15 de marzo de 2016)

Homicidio de Bernardo Vásquez, caso de impunidad contra defensores: Educa (Despertar de Oaxaca, 17 de marzo de 2017)

59 mineras, presuntas evasoras de impuestos y obligaciones (Contralínea, 5 de marzo de 2017)

Descarga el Informe de la Misión Civil de Observación: Justicia para San José del Progreso

“Lo más importante es seguir en la lucha”: Rosalinda Dionisio Sánchez (EDUCA, 3 de marzo de 2013)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: A 3 años del asesinato de Bernardo Vásquez, Fortuna Silver espera mayores ganancias (26 de marzo de 2015)

Oaxaca: presentan el informe “Justicia para San José del Progreso” (11 de marzo de 2014)

Oaxaca: Misión Civil de Observación a San José del Progreso (Noviembre de 2012)

Oaxaca: Aniversario luctuoso de Bernardo Vásquez (19 de marzo de 2013)

Oaxaca: Asesinato del vocero de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (17 de marzo de 2012)

Nacional: Amnistía Internacional presenta su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo. México, “en una de las peores crisis de derechos humanos y justicia”

El 21 de febrero pasado, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional presentó su informe anual. En la sección que corresponde a lo ocurrido en México en 2016, AI resumió: “Diez años después del inicio de la denominada “guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada” se seguía empleando personal militar en operaciones de seguridad pública, y la violencia en el país continuaba siendo generalizada. Seguían recibiéndose informes de tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Persistía la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. México recibió la cifra más alta de solicitudes de asilo de su historia, la mayoría de personas que huían de la violencia en El Salvador, Honduras y Guatemala. Se llevaron a cabo intensas campañas de difamación contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra observadores independientes, y siguieron denunciándose homicidios y amenazas contra periodistas debido a su trabajo. La violencia contra las mujeres seguía suscitando honda preocupación, y se declararon alertas de violencia de género en los estados de Jalisco y Michoacán. El Congreso rechazó uno de los dos proyectos de ley presentados que permitirían a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio y adoptar niños o niñas”.

En la presentación del informe en la Ciudad de México, Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de la sección mexicana de AI fue aún más sintética: “Estamos en una de las peores crisis de derechos humanos y justicia en México”.

El 28 de febrero, el Gobierno de México se pronunció ante dicho informe, reconociendo “los desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos, al tiempo que refrenda su compromiso ineludible para dar respuesta a cada uno de ellos”.

Para más información:

Informe anual de Amnistía Internacional/México 2016-2017 (AI, 21 de febrero de 2017)

Estas son las fallas de Mexico en derechos humanos durante 2016 (Animal Político, 22 de febrero de 2017)

México enfrenta una de las peores crisis de derechos humanos en todo el hemisferio, dice Amnistía Internacional (New York Times, 22 de febrero de 2017)

Grave crisis de derechos humanos en México a diez años de la “guerra contra el narcotráfico”: AI (Desinformémonos, 23 de febrero de 2017)

Vive México la peor crisis de derechos humanos, acusa Amnistía Internacional (La Jornada, 23 de febrero de 2017)

Posición del gobierno mexicano respecto al informe de la organización Amnistía Internacional (Comunicado SEGOB-SRE-PGR, 1 de marzo de 2017)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Amnistía Internacional acusa PGR de falta de investigación acerca de involucramiento del Ejército en caso Ayotzinapa (23 de enero de 2015)

Nacional: Amnistía Internacional “Defender Derechos Humanos: Necesario, Legítimo y Peligroso” (12 de diciembre de 2014)

Chiapas : Frayba presenta su informe anual “Los caminos de la resistencia”

El 19 de diciembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) presentó su “Informe anual: Los caminos de la resistencia”, en un evento que contó con la participación de Marina Pagés, coordinadora del Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ); Ana Valadez Ortega, integrante del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM); Rafael Landerreche Morín, integrante del Equipo Pastoral de Chenalhó; Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel y coordinador de la Pastoral Social de la Provincia de Chiapas, así como Pedro Faro Navarro, director del CDHFBC.

El objetivo del libro es “hacer visibles a hombres y mujeres, pueblos y comunidades organizadas en la construcción de sueños y esperanzas que agrietan el sistema, generan vida y dignidad, caminos de resistencia frente a esta realidad cruel y sanguinaria que vivimos en México”.

Cuenta con cinco capítulos: “Despojo y megaproyectos, impactos a los derechos humanos”, “El desplazamiento forzado en un contexto de guerra”, “De la desacreditación a la represión” (enfocado en defensoras y defensores de derechos humanos), “Del conflicto armado interno a una violencia generalizada”, y “En medio del silbido de las montañas, el llamado a la verdad y la justicia” (sobre memoria histórica y la “Otra Justicia”).

Para más información :

Informe completo “Los caminos de la Resistencia” (CDHFBC, diciembre de 2016)

Lucha de EZLN por DH de indígenas, blanco de ataques: Frayba (La Jornada, 20 de diciembre de 2016)

« Andamos los caminos de la resistencia » (Boletín de prensa, CDHFBC, 19 de diciembre de 2016)

Persisten violaciones a derechos a 19 años de masacre de Acteal: Frayba (Proceso, 19 de diciembre de 2016)

Los caminos de la resistencia: Informe Frayba 2016 (Audios, Radio Zapatista, 19 de diciembre de 2016)

Documenta Frayba, despojos, megaproyectos y ataques contra defensores de DH; en Chiapas, “ocasionadas por el Estado mexicano” (Revolucion 3.0, 20 de diciembre de 2016)

Para más información de SIPAZ :

Nacional : presentación del informe “Defender los derechos humanos en México, la normalización de la represión política” (31 de agosto de 2016)

Oaxaca / Nacional :ONGs documentan detenciones arbitrarias de defensoras y defensores, familiares exigen su libertad

Pedro Canché Herrera, Nestora Salgado y Enrique Guerrero Aviña (Foto@: Consorciooaxaca)

El 14 de diciembre de 2016, se presentó en Oaxaca el informe Detenciones arbitraria e ilegal – Criminalización: una política de Estado para inhibir la defensa de los derechos humanos en México elaborado conjuntamente por 11 organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacional. Ese informe analiza el caso de cinco defensores y defensoras de derechos humanos «arrestadas de forma ilegal sin orden de aprehensión y encarceladas por delitos que no cometieron  sino por sus legítimas actividades en defensa de los derechos humanos»: Damián Gallardo Martínez, Enrique Guerrero Aviña, Librado Baños Rodríguez, Pedro Canché Herrera y Nestora Salgado —estos últimos dos ya fueron liberados.

 El Grupo de Trabajo (GT) sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, tras estudiar esos casos confirmó que fueron detenciones arbitrarias y que se realizaron «sin orden de detención ni cargos que se les imputaban ». El GT subrayó las numerosas irregularidades que presentaron los procesos penales. En su opinión, la detención de Librado Baños corresponde a « actos de retaliación y represalia por su activa defensa de los derechos de la población indígena y afrodescendiente de la región.» Cabe mencionar que el Grupo de Trabajo declaró haber solicitado información al Gobierno Mexicano respecto a esos casos, la que no le fue proporcionada en el periodo de tiempo legal a ese efecto.

Las 11 organizaciones y los familiares de las víctimas aseguran que las detenciones, actos de tortura y otras violaciones a derechos humanos a los que han sido sometidos ilustran «un patrón mucho más amplio de criminalización de la protesta social en México que busca inhibir la defensa de derechos humanos y la protesta social, haciéndolas pasar por actividades ilegales y criminales.  Aunado al hecho de que lejos de incidir a erradicar esta práctica el estado mexicano sigue deteniendo e intimidando a defensoras y defensores en el país. »

Los autores del informe resaltan que « la responsabilidad de estas violaciones de los derechos humanos es compartida entre la pluralidad de los actores involucrados directamente o indirectamente en el proceso de criminalización y detención arbitraria de las personas defensoras: el Estado mexicano puede ser involucrado a distintos niveles, federal y estatal, así como la policía, el Ejército, las mismas autoridades gubernamentales, el poder judicial a través de los operadores de justicia, compartiendo la responsabilidad con actores particulares como empresas privadas y terratenientes. »

Durante la presentación del informe, las organizaciones y familiares exigieron: « la inmediata liberación de Damián Gallardo, Enrique Guerrero y Librado Baños así como el cese de la criminalización y reparación integral a los cinco defensores y defensoras de derechos humanos por las numerosas violaciones de derechos humanos a las que han sido sometidos ».

En el informe se aclara que « los cinco casos de detención arbitraria presentados evidencian la grave crisis de derechos humanos que se vive en México. Estos cinco casos son emblemáticos y representan solamente una ínfima parte de las detenciones arbitrarias que ocurren impunemente en el país. »

Para más información :

Inéditas, 5 detenciones arbitrarias de defensores de DDHH reconocidas por la ONU (Aristegui Noticias, 14 de diciembre de 2016)
ONGs documentan detenciones arbitrarias de defensoras y defensores, familiares exigen su libertad (Educa, 15 de diciembre 2016)
Informe : detenciones arbitraria e ilegal (Consorcio Oaxaca, diciembre 2016)

Para más información de Sipaz:
Guerrero/Nacional: Nestora Salgado lanza campaña para exigir la libertad de los presos políticos del país (4 de abril 2016)